La esposa del mexicano deportado tras vivir 30 años en EE.UU. aseguró hoy que su familia está "devastada" después de que su marido fuera expulsado del país este lunes.

"Estoy tratando de ser fuerte; sólo quiero que nuestra historia salga a la luz porque mi esposo no es un criminal", señaló hoy en una entrevista con la cadena CNN Cindy García, mujer de Jorge, el mexicano deportado.

El hombre de 39 años, que residía en el estado de Michigan, fue deportado a México después de vivir en EE.UU. durante los últimos 30 años.

Jorge García llegó a EE.UU. a la edad de 10 años de manera ilegal con sus padres y estuvo trabajando desde 2005 para tratar de obtener el permiso de residencia, según apuntaron los medios locales.

Sin embargo, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ordenó en noviembre a Jorge, que era demasiado mayor para acogerse al programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA), regresar a México después de recibir prórrogas del plazo para su expulsión bajo el mandato del presidente Barack Obama.

"Fue este año, durante nuestra visita anual con ellos, en la que nos dijeron que iban a detenerlo", detalló la esposa, que aseguró que ambos entraron "en pánico" al conocer la noticia.

Las autoridades migratorias revisaron posteriormente el caso de Jorge, que no tiene antecedentes de ningún tipo, y le otorgaron otra extensión para quedarse hasta este 15 de enero, cuando fue deportado.

"Fue muy triste, sabiendo que teníamos que enfrentar esto de frente y no había más extensiones que venían", añadió.

El video de la familia, compuesta por Cindy y sus dos hijos en común, de 12 y 15 años, despidiéndose de Jorge y llorando en el Aeropuerto Metropolitano de Detroit (Michigan) se volvió viral este lunes.

"Es muy difícil porque él -el niño de 12 años- no comprende lo que hizo el Gobierno con su padre ni entiende por qué motivo se lo llevaron, ya que no es un criminal", concluyó la esposa.

La deportación de Jorge García se produce cuando los legisladores intentan negociar con la Casa Blanca una solución para los "soñadores", jóvenes indocumentados que estaban protegidos de la deportación gracias al programa migratorio DACA, eliminado por el presidente Donald Trump.

Ismael Zambada Imperial, conocido como Mayito Gordo, uno de los hijos del líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, fue trasladado a custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) luego de obtener su libertad y ahora lucha por permanecer en Estados Unidos. 

Luego de ser liberado de prisión el pasado 21 de julio, de acuerdo con información del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, ahora enfrenta la deportación y está luchando para quedarse en Estados Unidos, confirmaron fuentes al tanto del caso a VICE World News. 

El Mayito Gordo fue detenido en Culiacán en 2014 tras un operátivo dirigido por elementos de la Secretaría de Marina y fue extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2019. Desde entonces había permanecido recluido en el Centro de Detención Metropolitano de San Diego, en el estado de California acusado de narcotráfico. 

El jueves de la semana pasada fue liberado del penal, pero no se le permitió caminar libremente por las calles de San Diego así como así. La Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California, que lo liberó, ordenó a Zambada Imperial diversas condiciones, como no cometer otro delito, no poseer ilegalmente una sustancia controlada, someterse a una prueba de drogas dentro de los 15 días posteriores a su liberación y al menos dos pruebas periódicas, según lo determine el tribunal. También debe participar en un programa contra la violencia doméstica. 

A finales de junio, Zambada Imperial fue sentenciado a nueve años de prisión por el juez Danna Sabraw, de la Corte Federal del distrito sur de California. Antes, en abril del 2021, se declaró culpable de importar y distribuir toneladas de metanfetamina, cocaína y mariguana a Estados Unidos a nombre de la organización de su padre. 

En ese sentido también se le acusó de conspirar para transportar la droga, luego lavar y transferir las ganancias hacia México "en beneficio de los miembros del Cártel de Sinaloa y asociados". Pero se le tomó como crédito a su condena por el tiempo cumplido en prisión desde noviembre del 2014, cuando fue capturado en Culiacán, Sinaloa, por la Marina, y tras lograr un acuerdo con los fiscales, sólo le resta poco más de un año de sentencia, la cual cumplirá en libertad condicional. 

Su liberación, ocurrida apenas seis días después de la captura del narcotraficante Rafael Caro Quintero, ha despertado la suspicacia de una colaboración con Estados Unidos para obtener beneficios legales.

Desde que fue liberado de prisión la semana pasada, Zambada Imperial, de 37 años de edad, pasa los días en el Centro de Detención Metropolitano de San Diego a la custodia del ICE como reportan medios estadounidenses. 

Se sabe que esa cárcel del ICE es operada por una empresa privada de prisiones, el Grupo GEO, cerca de Victorville, California. Se espera una decisión sobre su deportación en los próximos días. 

La información sobre su destino no es del todo clara, luego de que el semanario ZETA de Tijuana reportó que la deportación de Zambada Imperial ocurrirá presuntamente, según fuentes del gobierno estadunidense, este miércoles 27 de julio, a través de la garita de San Ysidro, sin que se conozca el horario. 

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El juez estadounidense Robert Summerhays otorgó este viernes una orden judicial preliminar para impedir que la administración de Joe Biden ponga fin al Título 42, por la que se realizaban deportaciones exprés, que expiraba el lunes.

El Departamento de Justicia, que esperaba evitar problemas de última hora durante el fin de semana, le había pedido al juez federal de distrito Summerhays que se pronuncaira el viernes sobre si mantendrá en vigor el llamado Título 42 mientras seguía el litigio. Así se aplazan los planes para terminar con la controvertida autoridad de salud pública.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, tuiteó: "El Tribunal Federal impide que Biden ponga fin al Título 42. El tribunal otorgó una orden judicial a nivel nacional para mantener el Título 42 en su lugar".

Cómo afecta el Título 42 a México y otros países

El Título 42 ha afectado en gran medida a personas de México, Guatemala, Honduras y El Salvador, muchas de las cuales han estado esperando en las ciudades fronterizas mexicanas después de que el gobierno de Estados Unidos les negara el derecho a solicitar asilo. México acordó aceptar inmigrantes de esos tres países centroamericanos devueltos por Estados Unidos y el mes pasado también comenzó a aceptar un número limitado de cubanos y nicaragüenses que han sido rechazados por las autoridades estadounidenses.

Alrededor del mediodía del viernes, en el principal refugio para migrantes de Eagle Pass, un viejo autobús escolar se llenó de personas que fueron liberadas por la Patrulla Fronteriza e hicieron una breve parada antes de dirigirse a sus destinos finales en los EU. Otro autobús llegó al refugio a la misma hora. tiempo con unos 70 migrantes más que acababan de ser liberados.

Los recursos legales para apelar la decisión del Título 42

Los funcionarios federales podrían apelar. Pero la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EU, que recibe casos de Louisiana, ha fallado repetidamente en contra de la administración Biden en una variedad de políticas.

En el caso ante Summerhays, los fiscales generales de Arizona y otros estados dicen que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades no siguieron los procedimientos administrativos adecuados que requieren notificación pública y recopilación de comentarios antes de pasar a poner fin a las restricciones bajo el Título 42. Argumentan que si se levanta el Título 42, aumentarán los cruces fronterizos y los estados fronterizos sufrirán una mayor presión sobre los sistemas de atención médica, educación y aplicación de la ley.

La administración Biden ha argumentado que el Título 42 no es una política de inmigración, sino una restricción de salud pública que ya no es necesaria.

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Las Naciones Unidas, a través de las Organización Internacional para las Migraciones (OIM), hizo un llamado a los Estados Unidos para que termine de manera definitiva y lo antes posible con el programa migratorio 'Quédate en México'. 

Esto luego de que recientemente dos personas fueran expulsados desde El Paso hacia Ciudad Juárez tras la reactivación de la política, creada en 2019 por el ex presidente Donald Trump, bajo el nombre de Protocolos de Protección al Migrante (MPP). 

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Human Rights Watch (HRW), una organización mundial no estatal de defensa de los derechos humanos con sede en Washington, denunció ayer que el gobierno de México deportó a Afganistán, vía Turquía e Irán, a un matrimonio afgano—una embarazada y su esposo—que ingresaron a territorio mexicano y pidieron asilo para huir de la crisis política que sacude a su país.

Sin embargo, ante la denuncia del hecho, por parte de Instituto de las Mujeres para la Migración (IMUMI), la autoridad mexicana decidió ya dar protección humanitaria a Nilo y Zabbih, una pareja de esposos y ella con casi 7 meses de embarazo.

La pareja se encuentra ahora en el aeropuerto de Estambul, Turquía, a donde llegaron ayer tras ser deportados desde México. La ruta: Ciudad de México-Cancún-Estambul.

Gretchen Kuhner, directora de IMUMI, relató que a la aerolínea Turkish Airlines, les retuvo los pasaportes a la pareja y en Estambul les dio 8 horas para buscar solución a su situación, de lo contrario serían llevados a Teherán, Irán, y de ahí por tierra a Afganistán.

Fue el pasado 13 de octubre que esta pareja de afganos llegó a la Ciudad de México, con una visa de turistas.

De acuerdo con fuentes gubernamentales, la visa les fue entregada antes de la llegada de los talibanes al gobierno afgano.

Aparentemente, a su llegada a México dijeron que llegaron para pasar su luna de miel, y no solicitaron la protección humanitaria en la embajada mexicana en Irán o al llegar a la Ciudad de México.

El hecho se conoció porque la organización IMUMI lo denunció a través de las redes sociales, lo mismo hizo Human Rights Watch que encabeza José Miguel Vivanco.

El gobierno mexicano está ya en comunicación con la pareja, que espera le sean devueltos sus pasaportes y que funcionarios mexicanos en Estambul, les otorguen la protección que requieren, para viajar nuevamente a México en donde amistades Nilo y Zabbih les esperan.

Ella ha trabajado como periodista en Afganistán y él es un ingeniero civil, ambos con estudios de posgrado.

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Estados Unidos extenderá la exención de deportación y los permisos de trabajo para más de 300.000 salvadoreños, hondureños y otros inmigrantes en el país e inscritos en un programa conocido como Estatus de Protección Temporal (TPS), según un anuncio del jueves.

Las prórrogas para El Salvador, Haití, Honduras, Nepal, Nicaragua y Sudán durarán hasta el 31 de diciembre de 2022, según los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (UCSIS) y fueron necesarias como parte del litigio en curso sobre los intentos del expresidente Donald Trump de poner fin a la mayoría de las inscripciones en el programa.

La "extensión asegura el continuo cumplimiento de varias órdenes judiciales emitidas por las cortes de distrito federal", dijo el anuncio de USCIS.

Los beneficiarios actuales bajo las designaciones de TPS no necesitan pagar una cuota ni presentar ninguna solicitud para mantener su TPS y su documentación relacionada con TPS se extiende automáticamente durante el período designado.

La medida decepcionará a algunos demócratas y activistas pro-inmigrantes que habían presionado al gobierno del presidente Joe Biden para que ampliara el programa y así incluir a cientos de miles de inmigrantes adicionales, en vez de simplemente extenderlo para aquellos que ya están inscritos.

Biden, un demócrata, ha defendido y ampliado el programa TPS, que otorga permisos de trabajo y exención de deportación a inmigrantes en Estados Unidos que provienen de países golpeados por la violencia o desastres naturales. Trump, un republicano, intentó ponerle fin pero fue bloqueado en un tribunal federal. Varias de las designaciones se han renovado durante décadas.

Desde que Biden asumió el cargo el 20 de enero, su administración ha otorgado exención de deportación a alrededor de 500.000 venezolanos y haitianos a través del programa TPS. La administración también ha extendido las protecciones a miles de personas de Myanmar, Somalia, Siria y Yemen.

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