El Gobierno de Estados Unidos anunció hoy la apertura de un nuevo proceso criminal contra el narcotraficante Rafael Caro Quintero, al que responsabiliza del secuestro, tortura y asesinato en 1985 del agente de la DEA Enrique "Kiki" Camarena.

En una rueda de prensa en la sede de la DEA, las autoridades estadounidenses también anunciaron la inclusión en la lista de fugitivos más buscados del FBI a Caro Quintero, apodado como "Narco de Narcos" y uno de los narcotraficantes mexicanos más importantes en la década de 1980.

Es bastante inusual que el FBI incluya a un capo de la droga en su famosa lista de diez fugitivos más buscados, un dudoso privilegio que no detentó ni siquiera el mexicano Joaquín "el Chapo" Guzmán, al que Estados Unidos consideró su enemigo público número uno tras la muerte de Osama Bin Laden.

"Sigue siendo responsable de tráfico de drogas a Estados Unidos, está escondido y necesitamos la ayuda del público para encontrar a este fugitivo que es una amenaza para la sociedad", destacó el "número dos" del FBI, David Bowdich, quien avisó: "no pararemos hasta ponerle entre rejas, donde pertenece".

El nuevo caso contra Caro Quintero se encuentra en la corte del distrito este de Nueva York y, en su escrito de acusación, el Gobierno de Estados Unidos afirma que Caro Quintero sigue activo y lo acusa de delitos de narcotráfico entre 1980 y 2017.

En 1992, un tribunal federal de California (EE.UU.) ya emitió una orden de captura contra Caro Quintero.

El Departamento de Estado de EE.UU. anunció también hoy una recompensa de hasta 20 millones de dólares, una de las "más altas jamás ofrecidas", según destacó en rueda de prensa James Walsh, subsecretario de Estado en la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley (INL) de Estados Unidos.

"Kiki" Camarena y el piloto mexicano Alfredo Zavala fueron secuestrados por un grupo de hombres armados el 7 de febrero de 1985 en el occidental estado de Jalisco, cuya capital era el principal centro de operaciones del extinto cártel de Guadalajara, fundado entre otros por Caro Quintero.

El secuestro de "Kiki" Camarena se produjo supuestamente en venganza por su colaboración, como agente encubierto, en una operación de las autoridades mexicanas contra el rancho El Búfalo, en el norteño estado de Chihuahua y donde el cártel de Guadalajara sembraba marihuana.

Por la muerte de "Kiki" Camarena y otros crímenes, Caro Quintero fue condenado en México a 40 años de prisión, pero en 2013 consiguió la libertad tras 28 en la cárcel y después de que un tribunal federal mexicano desechara por un error de forma varias causas en su contra, incluida la del agente de la DEA.

Ese fallo fue luego revocado por la Suprema Corte de Justicia en México, pero para entonces Caro Quintero ya se había fugado. 

El capo Rafael Caro Quintero fue trasladado del penal del Altiplano al hospital “Adolfo López Mateos”, en Toluca, Estado de México, para ser atendido de una hipertrofia de próstata grado IV que le fue diagnosticada por médicos especializados.

De acuerdo con fuentes federales, al llamado “Narco de Narcos”, detenido el año pasado por la Marina Armada, se le sometió esta mañana a una cirugía que ya tenía programada, por lo que convalece bajo un fuerte dispositivo de seguridad de la Guardia Nacional al exterior del nosocomio de la capital mexiquense.

En julio pasado, el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, inició los trámites para que el capo sinaloense recibiera la atención médica requerida, luego de que se le detectó un problema en la próstata, que padece desde hace 20 años.

Caro Quintero fue detenido en julio del año pasado en el municipio de Choix, Sinaloa, derivado de una orden de aprehensión con fines de extradición, pues es requerido por el gobierno de los Estados Unidos, por su presunta participación en el secuestro y asesinato del agente especial de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena, en 1985.

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El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que esta tarde fue detenido Carlos, integrante de un grupo delincuencial que opera en el norte del país en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Se le aseguró un vehículo sin placas y un arma de fuego.

De acuerdo con el Registro Nacional de Detenciones, el nombre es Carlos Caro Quintero, quien, según información consultada, es el hermano de Rafael Caro Quintero.

Esta tarde compañeros de @SSC_CDMX detuvieron en @AlcaldiaMHmx a Carlos “N”, integrante de un grupo delincuencial que opera en el norte del país, se le aseguró un vehículo sin placas y un arma de fuego. La Policía de la CDMX está alerta ante cualquier situación. pic.twitter.com/SvJE9hJVOA

— Omar Garcia Harfuch (@OHarfuch) February 6, 2023

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Las extradiciones a Estados Unidos de Ovidio Guzmán, alias El Ratón, y de Rafael Caro Quintero, El Narco de Narcos, pueden tardar hasta dos años.

Existe la posibilidad de negociar algunos conceptos para que se produzca una entrega consentida por parte del imputado o que vaya previamente negociado a aceptar los cargos de Estados Unidos, explicó Jorge Lara, exsubprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la otrora Procuraduría General de la República (PGR).

“En ambos casos la estrategia es retrasar lo más posible la extradición… Sabemos que las fiscalías de aquel país trabajan con mucha fuerza y seriedad las imputaciones, eventualmente las sanciones que podrían enfrentar son muy severas como lo vimos en el caso de El Chapo Guzmán, entre otros”, aseveró.

El especialista dijo a EL UNIVERSAL que es una estrategia de fondo y la defensa legal trata de que en un momento dado tampoco proceda la solicitud de extradición. Destacó que fundamentalmente compran tiempo, no hay un lapso determinado y la extradición se da en dos momentos, uno ante el juez de Distrito que conoce el caso y dos ante la Secretaría de Relaciones Exteriores. Lara refirió que en los tramos hay la posibilidad de recurrir al amparo y no necesariamente existe un tiempo límite, podría calcular un año ocho meses o dos años: “Con Ovidio podría llegar a que no se entregue en este gobierno”, detalló.

Alberto Nava, abogado penalista, indicó que el hecho de que se demore la entrega de estos capos a EU es una consecuencia secundaria. “El margen de maniobra de una defensa, de extradición, es muy pequeño porque no se trata de reproducir un juicio, de aportar todas las pruebas, simplemente se analizan cosas verdaderamente básicas, que el delito exista en los dos países y no esté prescrito”, apuntó.

Jorge Olvera, quien fue uno de los abogados del exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, precisó que el procedimiento de extradición es de corte administrativo y se presenta ante un juez federal, en el cual se hace una solicitud de detención con fines de extradición y el juzgador ordena la captura.

“En este procedimiento el presunto extraditado tiene derecho a aportar pruebas… se tiene que llevar una audiencia para que se informe la solicitud definitiva de la extradición por parte de Estados Unidos elaborada en México, en la cual se agregue la documentación que tienen haciendo la petición”, dijo.

El Ratón es señalado por las autoridades estadounidenses por conspiración para distribuir cocaína, metanfetamina y marihuana de 2008 a 2018.

Ayer, el Juzgado Sexto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México concedió a Guzmán la suspensión provisional contra su extradición.

Estados Unidos tiene 60 días para formalizar la petición de extradición de El Ratón, en tanto que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha presentado acusaciones en su contra.

El juez dijo que la suspensión es para que no se ejecute la orden de extradición y quede a disposición del órgano jurisdiccional de amparo, con objeto de no ser entregado al gobierno de EU.

El acuerdo refiere que se decreta la suspensión provisional para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y el quejoso quede a disposición del juzgado de Distrito por lo que a su libertad se refiere: “Quedando como consecuencia de esta determinación a disposición de cuya autoridad se encuentra, para la continuación del procedimiento que se le sigue”.

El juez estableció a las 14:06 horas del 12 de enero para la celebración de la audiencia incidental. Ovidio Guzmán permanece en el Cefereso 1 en Almoloya, Estado de México.

La falta de combustible fue la causa del desplome de uno de los helicópteros de la Marina que participó en julio en el operativo de recaptura del capo Rafael Caro Quintero, en el que murieron 15 marinos de la Unidad de Operaciones Especiales, en Sinaloa.

Así le notificó la empresa fabricante de la aeronave tipo Black Hawk a la Fiscalía General de la República (FGR), tras haber revisado y analizado la caja negra del aparato en los Estados Unidos.

La FGR informó este jueves que la empresa determinó que “fue la falta de combustible la causa de la caída” del helicóptero cuando los elementos regresaban al aeropuerto de Los Mochis, Sinaloa, luego de haber cumplido la misión en la localidad de Choix, también en Sinaloa.

En agosto pasado, la Fiscalía General de la República envió a Estados Unidos la caja negra del helicóptero que se desplomó después de participar en el operativo de recaptura de Caro Quintero, quien está preso en el penal del Altiplano, Estado de México, en espera de extradición a Estados Unidos.

Tras el desplome del helicóptero, la FGR inició una carpeta de investigación, que cuenta con el dictamen en materia de incendios de explosión, que indica que no hubo ningún ataque de carácter externo, ni ninguna explosión por algún artefacto ajeno a la aeronave.

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Rafael Caro Quintero, fundador del cártel de Guadalajara, promovió un amparo contra supuestos actos de tortura en su contra. El capo alegó que ha sufrido malos tratos y vejaciones tras ser recluido en penal del Altiplano, en el Estado de México, luego de ser detenido el 15 de julio cerca de la comunidad de San Simón, del municipio Choix, Sinaloa.

El juicio de garantías se promovió ante un juez de distrito con sede en Toluca. El escrito fue presentado por una persona que se identificó como José Mora León. El texto menciona como autoridades responsables al Director General del Altiplano y a otras autoridades.

En el juicio de amparo se lee que es víctima de “incomunicación, segregación, aislamiento, cautiverio con tormentos físicos y psicológicos, malos tratos, abuso de autoridad, tortura y lesiones que ponen en riesgo la vida”.

El juez de Amparo decretó de plano y oficio la suspensión contra los actos reclamados a favor de Rafael Caro Quintero. En el juicio de garantías se estableció que la autoridad responsable debe de emitir un informe sobre los señalamientos y el cumplimiento de las medidas de protección en un lapso no mayor a 24 horas.

El ex líder del cártel de Guadalajara logró mediante un amparo evitar su extradición, aunque sea de forma momentánea, en lo que el juicio de garantías se resuelve. Rafael Caro Quintero es requerido en Estados Unidos por el asesinato de Enrique Kiki Camarena, agente de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés); crimen ocurrió en 1985.