El Gobierno de EE.UU. avisó hoy que llevará ante la Justicia a todos los inmigrantes que entren de manera ilegal en el país, incluidos los centroamericanos que llegaron la semana pasada a California tras haber recorrido México durante semanas como parte de una caravana.

"El presidente está vigilando la situación. Una nación soberana que no puede defender su frontera no será una nación soberana durante mucho más", afirmó la portavoz de la Casa Blanca, Sarah Huckabee Sanders, al comienzo de su rueda de prensa diaria.

"El Gobierno de Trump -continuó- está comprometido con hacer cumplir las leyes migratorias, tanto si la gente es parte de la caravana o como si no. Si has entrado a EE.UU. ilegalmente, has incumplido la ley y nosotros haremos cumplir la ley mediante tu enjuiciamiento".

Al respecto, Sanders avisó de que el presidente Donald Trump está comprometido a hacer "todo lo que pueda" en la frontera para proteger a Estados Unidos, pero instó al Congreso a aprobar una ley que acabe con las "rendijas ilegales" que, a su juicio, permiten la entrada de inmigrantes irregulares y ponen en peligro a los estadounidenses.

Trump planteó hoy condicionar el acuerdo sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TCLAN) al endurecimiento del control migratorio por parte de México.

"México, cuyas leyes de inmigración son muy estrictas, debe evitar que la gente pase por México y entre en Estados Unidos. Debemos hacer esto una condición del nuevo acuerdo sobre el TLCAN", afirmó Trump en referencia al acuerdo que renegocia Estados Unidos con México y Canadá.

Medios estadounidenses informaron de la llegada la semana pasada a California de 50 miembros de una caravana de inmigrantes centroamericanos que durante semanas recorrió México y acabó oficialmente su recorrido a principios de abril en Ciudad de México.

La caravana llegó a estar compuesta por 1.500 personas y, coincidiendo con su avance, Trump ordenó el despliegue en la frontera con México de la Guardia Nacional, un cuerpo de reserva de las Fuerzas Armadas que actualmente tiene unos 900 miembros en la zona limítrofe, según datos de la Patrulla Fronteriza de EE.UU.

La secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, publicó hoy un comunicado, en el que se hace eco de las palabras de la portavoz de la Casa Blanca, pero añade que el Gobierno está tomando una serie de medidas para garantizar que todos los casos migratorios se resuelvan lo antes posible en las cortes.

Entre otras cosas, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) ha enviado a la frontera con México una cantidad adicional de funcionarios para que tramiten los casos de asilo.

También se han desplazado a la frontera abogados del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), encargado de detener a los indocumentados, así como jueces y fiscales especializados en inmigración y que se encargarán de tramitar las detenciones y expulsiones de los inmigrantes.

En su nota, la secretaria de Seguridad Nacional invita a las personas que están buscando asilo a reclamarlo en "el primer país seguro en el que ingresen, incluido México". 

Pablo Lyle, acusado de homicidio involuntario en Estados Unidos, se enteró que el argumento de defensa propia fue descartado por el Juez Alan Fine porque este consideró que en ningún momento vio a la víctima, Juan Ricardo Hernández, agresivo durante el incidente de tránsito en el que fue golpeado por el mexicano.

La defensa del actor de "Mirreyes vs. Godínez" recibió la notificación por escrito en la que el magistrado estadounidense observó que el cubano puso sus manos en posición de defensa tras ver a Lyle bajar del auto y dirigirse a él.

"El cubano regresaba a su carro estaba gesticulando y hablando y en ningún momento hizo algo que pudiera ser interpretado como una amenaza de muerte para el actor o su familia", asegura uno de los textos del oficio emitido por el regulador de leyes y que publicaron algunos medios locales.

El documento de tres páginas resume el por qué el juez rechazo el argumento de defensa propia que presentaron los abogados de Lyle por golpear a una persona de 63 años de edad que permaneció en un hospital y a los pocos días falleció.

En base a esto, el juicio seguirá su curso y el histrión tendrá que comparecer frente a un jurado, el próximo 9 de diciembre, el cual determinará si es culpable o no tuvo intención de asesinar a una persona.

El abogado Brice Leher al terminar la última audiencia de dicho caso comentó que analizarán el documento para ver las posibilidades legales de presentar un recurso de apelación.

Y mientras que todo esto pase, Pablo Lyle seguirá en arresto domiciliario y con un grillete electrónico atado a su tobillo.

El pasado jueves se llevó a cabo la audiencia donde el caso de Pablo Lyle sería analizado por un juez para obtener la libertad por defensa propia o continuar con el proceso jurídico tras ser acusado de homicidio involuntario.

El actor de "Mirreyes vs. Godínez" por un problema de tránsito en donde agredió físicamente al cubano Juan Ricardo Hernández, quien murió días después en un hospital de Miami a causa del golpe que le propinó, al contar los hechos al juez no pudo evitar llorar por lo cual tuvo que tomar un descanso.

Mediante un video que el programa "Suelta la sopa" subió a YouTube, donde se explica qué fue lo que pasó en la audiencia, se puede ver a Lyle que trata de recrear ese instante en donde aseguró que sintió miedo por su hijo y que por tal motivo tuvo que defenderse. En las imágenes se puede ver al mexicano hablar y mientras lo hacía no pudo contener el llanto.

A pesar de las declaraciones de la esposa del actor, de varios testigos y del llanto de Lyle, no se logró el objetivo y será sometido a juicio ya con un jurado de por medio para decidir si es o no culpable. Por el momento se mantendrá el arresto domiciliario con un grillete electrónico en su tobillo.

Debido a que el día de ayer, aproximadamente a las 10 de la mañana, cerca de 20 migrantes provocaron un incendio en el interior del albergue del Instituto Nacional de Migración (Inami), que se encuentra en el fraccionamiento Residencial La Esmeralda; las autoridades revisan los videos para determinar el grado de responsabilidad.

La mayoría de centroamericanos, prendieron fuego a colchones y sabanas, por lo que 51 refugiados tuvieron que ser desalojados y los presuntos responsables fueron turnados a la autoridad federal.

Ante ello, el Instituto Nacional de Migración que varios de los migrantes cuentan con antecedentes delictivos, por lo que posiblemente sean retornados a su país de origen.

El capo Rafael Caro Quintero solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que al ministro Luis María Aguilar Morales se le declare impedido para conocer del amparo en revisión 528/2016 por el que busca frenar su extradición a Estados Unidos.

Es la segunda ocasión que el fundador del "Cártel de Guadalajara" interpone este recurso para retrasar la sentencia del máximo tribunal; la primera fue en noviembre de 2016 cuando reclamó que el ahora presidente de la SCJN, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea elaborará el proyecto de sentencia.

El recurso fue presentado el pasado martes y fue admitido a trámite y turnado al ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.

En agosto de 2013, Caro Quintero fue dejado en libertad luego de que un tribunal colegiado le concedió un amparo, sin embargo, la PGR impugnó la resolución ante la Suprema Corte y logró que la primera sala revocara la sentencia. Está acusado del secuestro y homicidio del agente de la DEA, Enrique Camarena Salazar "Kiki" y del piloto, Alfredo Zavala Avela.

Después de salir de la cárcel en agosto de 2013, el capo rechazó que se haya reintegrado al narcotráfico y dispute el liderazgo del "Cártel de Sinaloa", con los hijos de "El Chapo". No obstante, la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos (DEA por sus siglas en inglés) reconoce a Caro Quintero como el verdadero líder del "Cártel de Sinaloa" después de Miguel Ángel Félix Gallardo "El jefe de jefes" y tras la caída de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

La DEA ve al "Narco de Narcos" como el único que puede conciliar a los jefes del narcotráfico en México, pues junto con Ismael "El Mayo" Zambada y Juan José Esparragoza Moreno "El Azul" fueron forjadores de la estirpe del tráfico de drogas en México.

Agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos lamentan que con la llegada a la frontera de miles de familias con sus hijos pequeños han pasado de detener indocumentados y criminales e incautar droga a cuidar niños, una tarea para la que no se alistaron ni están preparados.

Numerosas estaciones de la Patrulla Fronteriza se han visto inundadas de niños, muchos de ellos bebés, madres y padres, unidades familiares que alteran la labor diaria de unos uniformados que quieren ser más agentes del orden y menos niñeras o trabajadores sociales que atienden a esta crisis humanitaria.

"Muchas cosas cambiaron en los últimos meses, ahora estamos inundados de casos de familias y niños solos. Algunas estaciones están a su máxima capacidad y nosotros tenemos que asegurarnos que se encuentren en buen estado de salud y procesarlos", dice un agente fronterizo que prefirió no ser identificado.

Este agente de la estación de Ajo (Arizona), que cuenta con siete años de servicio en la agencia federal, explicó que cuentan con la ayuda de paramédicos y técnicos de emergencia para garantizar la salud de los detenidos en una situación que, reconoce, es algo para lo que no estaban "preparados".

Y es que el paradigma de la inmigración ha cambiado. Si antes la principal misión de los agentes era buscar y capturar a inmigrantes solos, la mayoría hombres, y algunos con antecedentes criminales, e incautar droga, ahora es recoger y atender a miles de familias que se entregan nada más cruzar la frontera para pedir asilo.

Precisamente, este sábado agentes de la estación de Ajo detuvieron a 216 personas que viajaban en grupos familiares cerca de Quitobaquito Springs, al oeste de Lukeville, Arizona. El grupo estaba formado por 99 adultos y 117 niños, 20 de ellos no acompañados.

Más de 76.000 migrantes cruzaron irregularmente la frontera de Estados Unidos con México en febrero pasado, doblando el registro del mismo mes de 2018, en el dato mensual más elevado en los últimos 12 años. De ellos, 40.325 fueron familias y 7.249 eran menores no acompañados.

El agente dice que mientras ellos se ocupan del bienestar de los niños, los traficantes se aprovechan para cruzar la droga por otros puntos.

"Estamos viendo que cada vez dejan a los grupos más al oeste, obligándonos a mover más agentes, camionetas para transportarlos, utilizar mucha más logística mientras ellos (los traficantes) posiblemente están cruzando droga por otro lado", considera.

Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) en el sector de San Diego publicó este mes un video en el que se ve a supuestos traficantes de personas pasando a EE.UU. a niños a través de la valla divisoria mientras que por otro lado una decena de personas cruzaban sin poder ser detenidos por unos agentes que habían ido a atender a los menores.

Ante la imparable llegada de centroamericanos, la Administración del presidente Donald Trump afirmó que regresarían a la polémica política que tanto habían criticado en el pasado de detener y liberar a los inmigrantes que cruzan la frontera ilegalmente.

Desde el martes pasado algunas familias fueron liberadas en el Valle de Río Grande, en Texas, en lugar de ser entregadas a la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para una detención potencialmente más prolongada, dijeron funcionarios del gobierno sobre una política muy criticada por los agentes fronterizos.

En una entrevista reciente con Efe, el vicepresidente del Sindicato Nacional de la Patrulla Fronteriza, Art Del Cueto, aseguró que mientras no haya "consecuencias" para el cruce irregular esta llegada masiva no se detendrá.

En opinión de Del Cueto, "catch and release" es uno de los principales impulsores de la inmigración indocumentada.

Eso es lo que los agentes quieren hacer, salir a detener a los indocumentados que cruzan de manera ilegal la frontera y no esa "política sin sentido", tal como definió Del Cueto en una audiencia en el Congreso federal.

Carla Provost, máxima responsable de la Patrulla Fronteriza, testificó ante el Congreso que el cruce masivo de familias y menores no acompañados dejan a los agentes menos tiempo para llevar a cabo su misión principal de garantizar la "seguridad fronteriza".

"Estamos comprometidos a atender esta necesidad humanitaria, pero sabemos que cuando los agentes están ocupados, narcotraficantes, criminales, miembros de pandillas entre otros aprovechan la oportunidad para violar nuestras fronteras", dijo.

Todos ellos se alinean con las políticas de Trump para dificultar la inmigración indocumentada, ya sea con la construcción de un muro a lo largo de toda la frontera con México como las nuevas políticas a la hora de pedir asilo.

El Gobierno quiere que los pedidos de asilo se hagan solo en los puestos fronterizos y que, en lugar de permitir a los inmigrantes permanecer en el país mientras se resuelva su caso, estos aguarden en México, en una nueva política que ya ha llegado a los tribunales.