Ante "el aumento significativo de cruces ilegales" en la frontera con México, el fiscal general de EE.UU., Jeff Sessions, valoró hoy positivamente la decisión del presidente, Donald Trump, de enviar a la Guardia Nacional para reforzar la seguridad y paliar la "crisis" en la zona.

El fiscal general participó hoy en el encuentro anual de la Coalición de Sheriffs del Área fronteriza Suroeste, celebrado en la ciudad de Las Cruces (Nuevo México), cerca de la frontera con Texas y con México, de quienes destacó la "importancia" de su trabajo, puesto que "lo que sucede" puede afectar a la nación entera.

"Una frontera de 2.000 millas (3.220 kilómetros) convierte al país vulnerable a organizaciones criminales como carteles de drogas, pandillas callejeras y otros criminales que traen drogas, armas de fuego y violencia de pandillas a nuestras comunidades", manifestó.

Sessions alabó la decisión de Trump de militarizar la zona fronteriza para, entre otras razones, frenar la oleada de droga que sufre el país, alegando que estas sustancias vienen en su totalidad "del otro lado de la frontera".

El responsable de Justicia tampoco perdió la ocasión de expresar una vez más la necesidad de construir un muro de concreto entre Estados Unidos y México, y lamentó que esta medida "no avance" en el Congreso generando un clima de incertidumbre e indecisión.

En su discurso, ante 31 alguaciles de los estados de California, Arizona, Nuevo México y Texas, insistió en que la falta de un muro en la frontera sur motiva a los inmigrantes indocumentados a entrar al país aprovechándose de "las lagunas judiciales generadas por la anterior administración".

Según datos oficiales, el pasado mes de marzo se produjo un aumento del 37 % en los cruces fronterizos ilegales con más 50.000 personas, el triple que en el mismo período el año pasado.

Por su parte, a las puertas de la reunión, diversas organizaciones defensoras de los derechos de los latinos se manifestaron, con cánticos en español, por la presencia del fiscal general en la ciudad.

Ya en una visita similar en 2017, Session definió a la región fronteriza, tal y como ocurrió en la jornada de hoy, como el "punto cero" en la lucha contra los cárteles y los traficantes de personas.

El director ejecutivo de la Organización Fronteriza para los Derechos Humanos (BNHR, por sus siglas en inglés), Fernando García, y uno de los organizadores de las protestas, expresó que la animadversión contra Sessions se produce porque trata la región como "una zona de guerra".

"Se equivocó entonces y continúa equivocado", dijo García en un comunicado difundido por su organización, al tiempo que prometió movilizaciones "para asegurar que no se falte al respeto" a las comunidades de la región fronteriza.

Los cuatro estados fronterizos con México han anunciado hasta ahora el despliegue de unos 2.000 militares de la Guardia Nacional en cumplimiento de la orden del presidente, Donald Trump, de combatir la inmigración irregular en la región.

Por el momento, Texas cuenta con unos 300 soldados en el terreno, aunque ya ha anunciado que alcanzará los 1.000 efectivos, Arizona anunció que su dotación estará compuesta por 338 militares y Nuevo México se comprometió a desplegar 80 guardias como primer envío de un contingente que alcanzará los 250 militares.

Y California, que mantiene un agrio litigio migratorio con el Gobierno, anunció hoy que enviará 400 soldados de la Guardia Nacional a la frontera con México, pero aclaró que no desempeñarán labores relacionadas de alguna manera con la inmigración irregular.

La Corte Suprema de Estados Unidos acordó autorizar temporalmente a los agentes de la patrulla fronteriza a cortar o retirar las vallas de alambre de púas que las autoridades de Texas colocaron en parte de la frontera del estado con México, gobernado por los republicanos, para impedir el cruce ilegal.

Con una votación de 5 votos a favor y 4 en contra, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos otorgó la razón a una demanda del gobierno del presidente Joe Biden y permitió que agentes de la patrulla fronteriza remuevan el alambre de púas instalado por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, en la frontera con México.

“Se concede la solicitud para anular la orden judicial presentada ante (el juez Samuel) Alito y referida por él a la Corte”, sentenció el máximo tribunal en una resolución de sólo dos párrafos de extensión.

La resolución de la Corte, que incluyó los votos a favor del presidente del tribunal, John Roberts, y de los magistrados Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Amy Coney Barrett, y Ketanji Brown Jackson, una de las más conservadoras de Estados Unidos

Los magistrados Clarence Thomas, Samuel Lito, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, que forman parte del bloque conservador pro republicano dentro de la Corte Suprema, votaron para rechazar la solicitud de la administración de Biden.

BREAKING: The Supreme Court has ruled 5-4 that Border Patrol agents *are* allowed to remove razor wire installed by Texas.

The invasion goes on.

After a desperate request filed by Biden to open the flood gates, the Court decided that the illegal surge should continue by… pic.twitter.com/c4WmWnhCs7

— Collin Rugg (@CollinRugg) January 22, 2024

La instalación de alambre de púas, ordenado por Abbott, implementado por la Guardia Nacional de Texas, forma parte de las polémicas acciones del gobernador republicano para contener la llegada de inmigrantes indocumentados a territorio de la entidad, junto al emplazamiento de boyas a lo largo del río Bravo.

La Corte de Apelaciones del 5º Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, que emitió el controvertido fallo provisional, tiene previsto escuchar los argumentos el 7 de febrero sobre si los agentes de la patrulla fronteriza violaron la ley de Texas al cortar la barrera de alambre de púas.

Dicha inmunidad protege al gobierno federal de demandas civiles y procesos penales.

Texas demandó a la administración en octubre de 2023 por lo que consideraba una práctica intensificada por parte de los agentes de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos de cortar, destruir o dañar de cualquier otro modo las vallas que el Estado había colocado estratégicamente en terrenos privados con el permiso de los propietarios.

Los republicanos han criticado duramente las políticas de inmigración de Biden y el flujo de entradas ilegales a través de la frontera de Estados Unidos con México, un tema que sin duda cobrará fuerza de cara a las elecciones del 5 de noviembre, en las que el presidente demócrata aspira a permanecer otros cuatro años en el cargo.

Con información de Reuters.

Decenas de hombres armados y con radios, custodian la entrada a los ejidos y ciudades de Tamaulipas que colindan con el Río Bravo, en los puntos donde el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó que se construya o refuerce el muro fronterizo.

A lo largo de la carretera Reynosa-Nuevo Laredo, estos vigilantes, o halcones, como se les conoce dentro de los cárteles, reportan cualquier entrada a la zona, incluyendo la de fuerzas armadas.

La región es dominada por cárteles locales que se pelean la plaza desde hace décadas, y tras el reforzamiento del muro, se dejará a miles de migrantes a merced de las organizaciones criminales que se disputan el tráfico de personas.

El proyecto del gobierno estadunidense trata de diez puntos colindantes con el condado de Starr, Texas, y el estado de Tamaulipas, en México. Comenzando por ciudades como Ciudad Mier y Nueva Ciudad Guerrero, controladas por el Cártel del Noreste, hasta Ciudad Camargo y Gustavo Díaz Ordaz, del Cártel del Golfo.

El reforzamiento de los obstáculos fronterizos busca hacer más difícil el paso para los migrantes que buscan cruzar la zona sin documentos migratorios. 

​Del otro lado del Río Bravo se extiende gran parte de un santuario natural: El Refugio Nacional de Vida Silvestre de Rio Grande Valley, Texas.

Así, del lado mexicano, los halcones siempre atentos al paso de los migrantes que buscan pasar por su territorio, siempre y cuando hayan pagado la cuota exigida. O listos para alertar de la incursión de algún extraño que pudiera pertenecer a un cártel rival.

Los migrantes, una de las comunidades más vulnerables, es la que ha quedado en medio de la disputa por la plaza de los cárteles y las políticas migratorias en Estados Unidos que buscan regular la migración.

La mayoría de ellos, han sufrido secuestros, abusos y extorsiones antes de llegar a la ciudad fronteriza de Reynosa, donde ahora esperan una cita con las autoridades estadunidenses para solicitar asilo, a través de la aplicación CBP One.

“Alguien se ofreció a ayudarnos y llevarnos a una casa y confiamos en esa persona y no fue así, nada más nos vendió prácticamente (…) cuando tú no das mucha información de tu familia te maltratan, te maltratan horrible, físicamente, verbalmente, a veces se sufre de actos sexuales también, por parte de ellos. Me tuvieron un mes, como por 20 días”, contó a Milenio una migrante de El Salvador que actualmente se encuentra en uno de los albergues en Reynosa.

Recuerda que su padre, actualmente en Estados Unidos, tuvo que pagar 8 mil dólares para que la dejaran ir. Pero no pasó lo mismo con un compañero hondureño que viajaba con las otras cinco personas con las que la secuestraron. De él no volvió a saber nada.

Durante su trayecto, además, los cárteles van cobrando cuotas a los migrantes que quieren pasar por su territorio. “Al llegar a ciertos puntos solo te toman y te preguntas a dónde vas, y hay que pagarles piso, le llaman ellos, por pasar a ciertos lugares”, recuerda Adolfo, un migrante guatemalteco que salió de su país ya que el paladar hendido y el labio leporino que padece, le eran un obstáculo para progresar.

Así como hay migrantes centroamericanos, también hay migrantes mexicanos, desplazados internos. Ciudadanos que esperan en la frontera a que el gobierno estadunidense les otorgue una cita para solicitar protección en Estados Unidos tras sufrir la violencia armada de primera mano en sus estados de origen.

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Trabajadores de Estados Unidos comenzaron a reforzar el muro fronterizo en Ciudad Juárez, donde los migrantes que han llegado en la última oleada récord se dicen desalentados y temerosos por la medida.

En la urbe, fronteriza con la ciudad estadunidense de El Paso, Texas, iniciaron los trabajos que anunció la semana pasada la administración de Joe Biden para elevar aún más la estructura construida por el gobierno de Donald Trump, algo que había rechazado el actual mandatario de EU.

Las obras de reforzamiento del muro cerca del centro de Ciudad Juárez consisten en nuevas secciones de la barrera en donde antes no había y justo en el lugar donde hace meses se instaló un campamento de migrantes de Venezuela.

Defensores de derechos humanos reconocieron que la crisis migratoria ha crecido tanto que Estados Unidos seguirá haciendo todo para protegerse, mientras que migrantes que buscaban cruzar la frontera expresaron su desánimo y resignación a esperar una cita con las autoridades estadunidenses mediante la aplicación CBP One.

“Extender el muro es algo que se va a seguir dando a través del tiempo porque la migración sigue aumentando, usted ve las noticias vienen personas de Centroamérica, hay una caravana grande aproximándose a esta frontera, reforzar el muro es algo que tarde o temprano iba a suceder”, dijo el pastor Juan Fierro García.

El director del albergue El buen samaritano opinó que la afluencia migrante ha ido creciendo y esto puede transformarse en una situación agresiva en la frontera.

“De alguna forma tienen que proteger los intereses del país y de los ciudadanos de Estados Unidos. Esta situación está en aumento y cada día vemos un caminar de olas migratorias que vienen hacia el norte para cruzar”, dijo el activista.

Entre migración y política

México y Centroamérica afrontan un flujo migratorio "sin precedentes" hacia Norteamérica, según la Organización Internacional de las Migraciones (OIM), con hasta 10 mil migrantes que llegan a diario a la frontera con Estados Unidos, de acuerdo con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

La inconformidad de México con las nuevas obras del muro fronterizo, que Biden argumenta que debe ejecutar porque el Congreso ya había aprobado ese presupuesto, fue un tema central del Diálogo de Seguridad de Alto Nivel entre ambas naciones que ocurrió en la capital mexicana la semana pasada.

"No se van a construir los 36 kilómetros y ellos (EU) no quieren hacerlo, eso es lo que nos expresaron, quieren cumplir la ley, pero no están de acuerdo con la construcción de muros, eso no resuelve nada. Es una medida, más que nada, publicitaria”, afirmó López Obrador en su rueda de prensa del viernes pasado.

Pero el pastor Fierro García y los migrantes ven otros datos en la frontera.

Ante las obras y las medidas antiinmigrantes, el venezolano Marlon Brandek que ha decidido esperar en Ciudad Juárez en lugar de intentar internarse a Estados Unidos de manera irregular.

“No sé de qué forma impactará el que refuercen el muro, si reducirá de una u otra forma la migración que hay hacia allá ahorita, yo creo que es por el desorden que ha habido, según lo que he visto en algunas noticias”, añadió.

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El presidente estadunidense, Joe Biden, dijo este jueves que no cree que el muro levantado en la frontera con México sea efectivo, pero afirmó que no puede evitar que se refuerce.

En una reunión en la Casa Blanca con sus asesores de Seguridad Nacional, apuntó que el dinero asignado para el muro fronterizo no puede redirigirse a otras labores.

"Intenté que se reapropiara, que se redireccionara ese dinero. No lo hicieron. No lo harán. Mientras tanto, la ley no establece nada más que utilizar el dinero para lo que fue considerado. No puedo detener eso", apuntó el mandatario demócrata un día después de que su Administración ordenara reforzar esa barrera en una de las áreas donde más se han registrado cruces irregulares de migrantes.

Preguntado si pensaba que el muro es efectivo, Biden se limitó a decir que no.

Las labores de construcción, que se llevarán a cabo en varias zonas del valle del Río Bravo, incluirán la edificación tanto de barreras físicas como de vías para "prevenir la entrada" irregular de migrantes a territorio estadunidense, detalla el escrito publicado en el registro federal.

Los fondos asignados para esa labor fueron aprobados por el Congreso en 2019, cuando Biden aún no había llegado a la Casa Blanca.

Esta área fronteriza, al sureste de Texas, es la segunda zona donde se han registrado más detenciones de migrantes en los últimos meses, según datos de la Oficina de Aduanas y Control Fronterizo (CBP).

Entre octubre de 2022 y agosto de este año las autoridades estadunidenses han detenido allí a más de 245 mil personas que intentan cruzar la frontera con México.

Para poder llevar a cabo su refuerzo, que tendrá lugar en el condado de Starr, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) eximirá el cumplimiento de más de una veintena de leyes federales, incluyendo normativas referidas a protecciones ambientales, de salud pública y de conservación cultural.

A principios de mes, la Oficina de Supervisión del Gobierno (GAO), una agencia no partidista de vigilancia, apuntó que el muro construido bajo la Administración del ex presidente Donald Trump en la frontera con México provocó daños en terrenos tribales y tuvo también un impacto medioambiental negativo.

Las palabras de Biden lo ponen en contradicción directa con su secretario de Seguridad nacional, Alejandro Mayorkas, quien se encuentra de visita de trabajo en México precisamente para abordar temas migratorios.

“Existe en este momento una necesidad aguda e inmediata de construir barreras físicas y caminos en las cercanías de la frontera de Estados Unidos para evitar entradas ilegales a en las áreas del proyecto”, escribió Mayorkas.

De inmediato, Trump tundió a Biden. 

“Como he dicho a menudo, durante miles de años, solo hay dos cosas que han funcionado consistentemente: ¡las ruedas y las paredes! ¿Joe Biden se disculpará conmigo y con Estados Unidos por tardar tanto en ponerse en movimiento?" escribió en Truth Social.

Aunque Biden había prometido en su campaña presidencial del 2020 “ni un pie más” del polémico muro de Trump y tomó decisiones al inicio de su gobierno para frenar su construcción, el DHS decidió reanudarlo discretamente y desde el año pasado revisaba otros proyectos de barreras fronterizas, a pesar de fuertes críticas de grupos ambientalistas.

La activación del nuevo segmento del muro fue acelerada por el reciente repunte en la llegada de inmigrantes indocumentados a la frontera con México, en momentos que Biden busca su reelección con una de las calificaciones más bajas por su manejo de las emergencias migratorias.

Durante la era Trump se edificaron más de 700 kilómetros de muro en la franja fronteriza de Arizona y Nuevo México. Cuando llegó a la Casa Blanca, Biden emitió una orden ejecutiva que suspendió su construcción y devolvió más de 2 mil millones de dólares al Pentágono.

En este marco, abogados del gobierno de Texas presentaron una moción ante la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito (federal) para mantener las polémicas boyas emplazadas en el río Bravo para contener la entrada de migrantes indocumentados a ese estado y que Washington exige se retiren, se espera un veredicto en cuestión de semanas.

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El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, aseguró este jueves desde México que la administración de Joe Biden se opone a la construcción del muro fronterizo y que las informaciones sobre su reanudación fueron "sacadas de contexto".

"Quiero ser totalmente claro: no hay una nueva política de la Administración sobre el muro de la frontera. Lo repito. No hay una nueva política de la Administración sobre el muro", dijo en una rueda de prensa en el Palacio Nacional de México.

El presidente Biden argumentó que los fondos ya habían sido asignados por el Congreso. “Intenté que se reapropiara, que se redireccionara ese dinero. No lo hicieron. No lo harán. Mientras tanto, la ley no establece nada más que utilizar el dinero para lo que fue considerado. No puedo detener eso”. Cuestionado sobre si cree que los muros funcionen, dijo: “No”.

Después de asumir el cargo en enero de 2021, se comprometió a que “no se desviarían más dólares de los contribuyentes estadounidenses para la construcción de un muro fronterizo” y anunció una revisión de todos los recursos previamente comprometidos.

Los fondos asignados para reformar el muro fronterizo fueron aprobados por el Congreso en 2019, cuando Biden aún no había llegado a la Casa Blanca y gobernaba el republicano Donald Trump.

En una rueda de prensa, la portavoz presidencial, Karine Jean-Pierre, argumentó que la Casa Blanca no puede retrasar más esas obras en el muro con México y, ante la negativa del Congreso para desviar los fondos a otras partidas, el Ejecutivo debe “cumplir con la ley”.

La portavoz rechazó confirmar si ha habido o no contactos con el gobierno del presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, que tradicionalmente se ha mostrado muy crítico con el muro.

López Obrador, en su conferencia matutina, acusó que en EU se está actuando “muy irresponsable” ante las elecciones del próximo año y rechazó la construcción de un muro. “No se trata de estar reteniendo con barreras, con muros, yo creo que vamos a tratar esta asunto también, y yo mañana voy a hablar del tema, de esta propuesta que se dio a conocer el día de ayer para permitir la construcción de un muro en la frontera. Además, el Presidente apostó por atender las causas para atender la migración.

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