Esta historia es inaudita. Terquedad pura. No obstante sus padres, quienes lo apoyaron cuando el joven perdió su empleo, le ofrecieron mil 100 dólares para que pudiera buscar un lugar nuevo dónde vivir, ¡los rechazó!

Así que no quedó más remedio. Demandan a su hijo de 30 años. 

El matrimonio Christina y Mark Rotondo interpusieron una demanda ante las autoridades de Nueva York para que su hijo, Michael Rotondo, abandonara el hogar familiar luego de habérselo solicitado a través de cartas y éste hiciera caso omiso.

Michael Rotondo, 30, speaks with reporters after a judge rules he must move out of his parents' home. https://t.co/zD9s4F6rv9 pic.twitter.com/upaHi1iDl4

— syracuse.com (@syracusedotcom) 22 de mayo de 2018

Sucedió cuando Michael volvió a casa de sus padres hace ocho meses debido a que no tenía trabajo ni un lugar donde quedarse. Si bien sus padres lo apoyaron, meses después le pidieron a través de varias cartas que se fuera.

El joven, de 30 años de edad, no se negó a salir del hogar paterno; sin embargo, tampoco apresuró su salida, por lo que sus padres tomaron la decisión de demandarlo para de esta forma obligarlo a “abandonar el nido”.

Incluso, según consta en la carpeta, los padres le ofrecieron mil 100 dólares para que pudiera buscar un lugar.

Presentan jubilados queja ante CEDH en contra del Gobernador de BC

Jubilados y pensionados del Grupo Gestor Águila, presentaron una formal queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos un Mexicali debido a la falta de pago de su pensión, la queja es en contra del Gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid, contra el Director de Issstecali, Javier Meza López y contra el Secretario de Planeación y Finanzas del Estado, Bladimiro Hernández Díaz, así lo indicó Javier Gutiérrez Piceno, Coordinador del grupo Gestor Águila. 

Así mismo comentó que se encuentran en suspensión de clases, pero no apoyando a los plantones instalados en las oficias del Ejecutivo en el Estado, pues quienes los representan tienen otros intereses, los cuales no apoyan. 

Intereses del Gobernador e intereses de la dirigente de la Sección 37, María Luisa Gutiérrez Santoyo. 

Comento que todo el paro que sé está dando es para parar 800 jubilaciones pendientes, pues el fondo de retiro de la SNTE, no tiene el recurso suficiente para ello. 

Incluso se tiene una demanda por desviación de recursos, pues la Federación ya envió el recurso necesario para que sé de el proceso de jubilación de quien ya cumplió con sus años de labores.

El Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros celebró el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) a favor de su líder Napoleón Gómez Urrutia por el que avaló su candidatura al Senado de la República.

"Once veces fue absuelto Napoleón Gómez Urrutia de acusaciones falsas en materia penal con motivo de infundadas imputaciones relacionadas con el Fideicomiso Minero. Fue una persecución política que incluso así la calificó Interpol Internacional en Lyon, Francia de manera oficial. Ahora es tiempo de servir al país", aseveró la organización a través de un comunicado.

Los mineros aseguraron que no quieren en el gobierno más intereses de empresarios como Germán Larrea, Alberto Bailleres y Alonso Ancira, pues, aseguraron, estos "pisotean los derechos de sus trabajadores al amparo de complicidades de ese México que aspiramos dejar atrás", y añadieron que el país no necesita "ese tipo de hombres de negocios".

También agradecieron a los defensores de Gómez Urrutia, como el abogado Marco Del Toro, y a Marcos del Rosario, quien además auxilió a la defensa en el ámbito electoral, y a Carlos de Buen, en los asuntos laborales.

"El Sindicato Minero está firme y ve hacia el futuro. Seremos leales a nuestra patria y, unidos con Napoleón Gómez Urrutia en su liderazgo, nos sumamos al proyecto de Nación de Andrés Manuel López Obrador, de libertad, de desarrollo económico y social, de comercio justo, con empresarios honestos", sostuvieron.

Una jueza federal estadounidense desestimó hoy la demanda civil presentada por el exjefe de campaña del presiente Donald Trump, Paul Manafort, contra el fiscal especial que investiga la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016, Robert Mueller.

La jueza Amy Berman Jackson consideró que la vía escogida por Manafort, la de una demanda civil, no era "el vehículo apropiado para abordar lo que un investigador ha hecho en el pasado o lo que hará en el futuro" en un proceso criminal, según reza su decisión.

Además, la magistrada también explicó que existe un principio por el que un tribunal no debe ejercer sus poderes "equitativos" para "interferir o participar en una investigación criminal en proceso" cuando el acusado tiene la oportunidad de "retar" cualquier "defecto" en la investigación durante el juicio o con un recurso directo.

"Por todas estas razones, el caso civil de Manafort será rechazado y sus preocupaciones sobre la investigación del fiscal especial serán abordadas en el caso criminal", concluyó.

Manafort presentó en enero una demanda contra el fiscal especial y contra el fiscal general adjunto, Rod Rosenstein, que avaló a Mueller para que dirigiera la investigación, y contra el propio Departamento de Justicia.

En el documento, el exdirector de la campaña de Trump para los comicios presidenciales de 2016 alegaba que el Departamento de Justicia violó la ley al nominar a Mueller para que liderase la investigación en mayo de 2017.

La demanda consideraba que la orden para nombrar a Mueller "excede el alcance de la autoridad de Rosenstein para nombrar a un fiscal especial, así como restricciones concretas relativas a nombramientos como ese".

También se centraba en una parte de la petición de Rosenstein a Mueller de investigar "cualquier aspecto que emerja o pueda emerger directamente" de la causa, lo que desde el equipo de Manafort consideran un exceso de competencias al dar "carta blanca" de acción al fiscal especial.

Hace tres semanas Manafort pidió a la jueza que retirara los cargos que presentó en su contra Mueller con objeto de librarse de los treinta cargos criminales que presentó en su contra el fiscal especial en la corte del Distrito de Columbia y en la corte del distrito este de Virginia, por lo que podría llegar a ser condenado a decenas de años de cárcel.

Manafort, en régimen de arresto domiciliario desde que se entregó al FBI el pasado octubre, tendrá que enfrentarse a dos juicios: uno fijado para el 10 de julio en Virginia y otro que comenzará el 17 de septiembre, apenas dos meses antes de las elecciones legislativas de noviembre.

En ambas cortes, Manafort se ha declarado no culpable de todos los cargos.

Mueller investiga desde mayo de 2017, de manera independiente al Gobierno, los posibles lazos entre miembros de la campaña de Trump y el Kremlin, al que las agencias de inteligencia de EE.UU. acusan de interferir en las elecciones de 2016.

Según Mueller, Manafort trabajó entre 2006 y 2017 para Gobiernos extranjeros, incluido el Ejecutivo prorruso del expresidente ucraniano Víktor Yanukóvich (2010-2014) y otros oligarcas rusos, a los que ayudaron a mejorar su imagen en Washington sin comunicárselo al Gobierno de EE.UU., lo que constituye un crimen.

El proceso contra él es producto de la investigación de Mueller sobre los supuestos lazos entre Rusia y miembros de la campaña de Trump, pero no está relacionada directamente con las actividades que desempeñó entre mayo y agosto de 2016 como jefe de la campaña del ahora mandatario.

Manafort, que trabajó como jefe de la campaña de Trump entre junio y agosto de 2016, tuvo que dimitir tras descubrirse que había ocultado a las autoridades un pago de 12,7 millones de dólares que recibió por asesorar a Yanukóvich, vinculado a Rusia.

La familia de Rolando Fraga, una de las seis personas que murieron tras desplomarse un puente peatonal en construcción en Miami, demandó por negligencia a las dos empresas a cargo de la obra, informaron hoy sus abogados.

El puente, encomendado por la Universidad Internacional de Florida (FIU) para dar seguridad a los estudiantes en una avenida aledaña al centro estudiantil, se derrumbó el pasado 15 de marzo durante el día.

Si ambas compañías "simplemente hubieran cerrado la carretera mientras los trabajadores estaban ajustando los cables de tensión, tantas vidas no se habrían perdido", se lamentó el abogado Christos Lagos, a cargo de la demanda.

La querella alega "negligencia" por parte de las firmas MCM Construction y FIGG Bridge Design, que estaban a cargo del proyecto, la construcción y la instalación del puente de FIU, detalla un comunicado de los abogados.

La demanda civil está amparada bajo la Ley de Muerte Injusta de Florida y fue presentada por la esposa de Fraga, Ana María Oviedo, al considerar que habían "suficientes señales de advertencia de que existía un peligro para la seguridad pública".

Además de Oviedo, a Fraga, de 60 años, le sobrevive un hijo de 15 años de la pareja. Ambos viven en Panamá.

La demanda, la primera de una de la seis víctimas fatales, se suma a otras dos interpuestas por una estudiante y un ciclista, que hacen parte de la decena de heridos que dejó la caída del puente de 950 toneladas de peso y 53 metros de largo.

El puente, que conectaba una zona del suburbio de Sweetwater con el campus de la FIU, empleó la "construcción acelerada", una tecnología novedosa.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) de EE.UU. y otros organismos siguen investigando para determinar las causas del accidente y deslindar responsabilidades.

El gigante de internet, Google Incorporated, puede ser juzgado por autoridades mexicanas a pesar de que su domicilio se encuentre en Estados Unidos.

Por primera vez en la historia, la multinacional puede ser juzgada por una autoridad mexicana quien analizará si fue o no responsable de la difusión de información falsa sobre el abogado Ulrich Richter Morales.

La demanda fue presentada contra Google a quien se le acusó de daño moral, pues mantuvo en línea un blog en el que se difundió información sobre un supuesto "lavado" de dinero cometido por Richter Morales.

Google alegó que el juez mexicano no es competente para resolver el asunto porque la empresa se somete a la jurisdicción de los jueces estadounidenses.

El asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero la multinacional se desistió por lo que el amparo concedido a Richter por el Juez Décimo Primero de Distrito en materia Civil en la Ciudad de México en el que considera que los tribunales mexicanos sí son competentes, ha quedado firme.

"Cuando se plantea la afectación de derecho como el honor y la reputación por la divulgación en internet de datos o información de una persona que se aducen como falsos, si bien tal extremo no se encuentra regulado entre los supuestos que rigen la competencia de las autoridades jurisdiccionales, lo cierto es que es jurídicamente factible que los juzgadores mexicanos conozcan del asunto", indicó el juez de Distrito.

En su escrito de desistimiento, al que EL UNIVERSAL tuvo acceso, la multinacional dijo estar convencida "de la impartición de justicia de los tribunales mexicanos, la cual es y debe ser siempre imparcial y apegada a derecho".