Las autoridades estadounidenses deben poner fin de inmediato tanto a la separación de niños de sus parientes como a la detención de las familias cuando llegan a la frontera de Estados Unidos con México, exigió hoy Amnistía Internacional (AI).

"Y al mismo tiempo, deben reunificar sin demora a las miles de familias que continúan separadas como consecuencia de las políticas ilegítimas y lesivas del Gobierno de Donald Trump", agregó la ONG en un boletín.

AI denunció que "a pesar de la orden ejecutiva firmada por el presidente Trump la semana pasada, miles de menores de edad asustados continúan separados de sus angustiados progenitores, que no tienen ni idea de cuándo volverán a verlos".

El jefe de la Casa Blanca puso en días recientes fin a una polémica política que llevó a la separación de más de 2.300 menores de sus padres inmigrantes indocumentados.

"Al poner a estos niños y niñas en jaulas o enviarlos en avión a albergues situados a miles de kilómetros, las autoridades estadounidenses les están infligiendo deliberadamente un sufrimiento mental profundo y duradero, en un intento de disuadir a familias desesperadas de solicitar asilo", manifestó hoy Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de AI.

Asimismo, consideró que la orden del presidente de Estados Unidos de "encarcelar a hijos e hijas con sus progenitores en lugar de separarlos no hace más que sustituir un castigo traumático por otro".

Por todo ello, las autoridades estadounidenses deben liberar de inmediato a las familias que aspiran a solicitar asilo, y respetar su derecho a hacerlo en condiciones "justas y humanas", agregó el texto.

"Ningún menor de edad debe ser arrancado de los brazos de su padre o su madre ni obligado a crecer entre rejas. Es hora de acabar definitivamente con las prácticas inhumanas de separar y detener a las familias", reafirmó Guevara Rosas.

En la orden ejecutiva que firmó el 20 de junio, el presidente Trump ordenó que se mantengan a los hijos con sus progenitores en centros de detención para inmigrantes mientras se tramitan sus solicitudes de asilo.

Para poder implementar la orden, que entra en conflicto con la legislación estadounidense, el Gobierno intenta obtener una exención del Acuerdo Flores, dictado por un tribunal, que exige poner en libertad sin demora a los menores de edad detenidos, en un plazo máximo de 20 días.

Desde entonces, el Departamento de Seguridad Nacional ha emitido una serie de declaraciones en las que deja claro que las separaciones familiares podrían continuar en un futuro próximo, incluso mientras los solicitantes aguardan el resultado de sus peticiones de asilo, informó AI.

Asimismo, la orden preliminar dictada el 26 de junio por un tribunal federal estadounidense para reunificar a las miles de familias separadas a la fuerza es una "noticia positiva", a pesar de que el Gobierno de Trump aún esté a tiempo de impugnar esta orden, indicó el texto.

De acuerdo con cifras del Departamento de Seguridad Nacional divulgadas por AI, del 5 de mayo al 9 de junio, 2.342 niños y niñas habían sido separados de sus familiares en la frontera de Estados Unidos con México en aplicación de una "política de tolerancia cero".

AI pidió al Congreso de Estados Unidos que presione al Departamento de Seguridad Nacional para que este reagrupe con la mayor rapidez posible a las familias separadas, ponga fin de inmediato a la separación forzada de las familias y garantice que esta práctica no se va a reanudar.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, insistió este domingo en pedir a los migrantes que tratan de entrar en el país por la frontera sur que no lo hagan: "No vengan, la frontera no está abierta". 

En una entrevista en la CNN, Mayorkas utilizó la misma frase que un año antes en plena crisis migratoria para tratar de disuadir a quienes emprenden viaje a Estados Unidos. Una expresión que usó también entonces la vicepresidenta, Kamala Harris.

Su mensaje ahora, dijo Mayorkas, es "el mismo, porque la frontera no está abierta". "No vengan", reiteró.

Recordó que sigue vigente el Título 42 -la norma sanitaria aprobada al inicio de la pandemia que permite la expulsión rápida de migrantes en las fronteras terrestres de Estados Unidos- y también las normas migratorias por las que no puede pasar quien no tenga un permiso "válido" de entrada.

Pero sobre todo, recalcó, "no deberían poner sus vidas en riesgo ni en manos" de las mafias que trafican con los inmigrantes.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades estadounidenses (CDC, en inglés) anunciaron recientemente su plan de rescindir el próximo 23 de mayo el Título 42, aunque el pasado 27 de abril un juez de Louisiana suspendió por 14 días los preparativos de la Administración para acabar con esa norma.

El magistrado ha fijado una audiencia para el próximo día 13 de mayo en la que podría adoptar una resolución definitiva sobre el futuro del Título 42.

En los primeros seis meses del actual año fiscal, que comenzó en octubre de 2021, las autoridades han detenido en la frontera sur a poco más de un millón de inmigrantes, de los cuales 549 mil fueron expulsados del país en aplicación del Título 42, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

En la entrevista, Mayorkas aseguró que el gobierno se prepara para los distintos escenarios posibles y por eso ha presentado un plan de seis puntos para reforzar la frontera con México.

Ante las previsiones de que puede llegar a haber 18 mil migrantes al día cuando se levante la citada norma, reconoció que esa cifra supondría una importante "presión" para el sistema pero por eso, aseguró, se están preparando desde hace meses y trabajan también con sus socios del sur porque este, recalcó, es un "problema regional" que requiere del esfuerzo de todos.

Mayorkas está siendo el principal blanco de los republicanos por la cuestión migratoria e incluso miembros de ese partido han amenazado con promover en el Congreso un proceso de destitución contra él, pero aseguró en la entrevista que no está preocupado por ese tema, sino concentrado en sus tareas.

El pasado viernes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, trató de coordinar con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, una estrategia común ante el flujo "sin precedentes" de migrantes que está llegando a la frontera común.

Ambos acordaron la visita a Washington este lunes del canciller mexicano, Marcelo Ebrard, para seguir trabajando en estas cuestiones. 

La pandemia del COVID-19 generó cambios en la forma en que se brinda atención en la casa del Migrante Scalabrini, dónde actualmente se atiende a unas 35 personas.

El director de la Casa del Migrante de Tijuana, Pat Murphy, indicó que solo los lunes, miércoles y viernes abren las puertas del lugar y reciben únicamente a cinco personas.

"Apenas hace tres semanas abrimos y solo tres días recibimos personas, pero diario entregamos 25 desayunos y 80 cenas", refirió.

Señaló que ha sido un año difícil, más allá de la pandemia, los gobiernos, federal y estatal, han "cortado" los apoyos para la manutención de la casa que desde 1987 apoya a los migrantes en esta ciudad fronteriza.

Indicó que el 95 por ciento de las personas que actualmente están en la casa salen a trabajar, la gran mayoría, mexicanos desplazados por la violencia.

También dijo que en la casa se cuida a 21 niños, algunos son hijos de exhuéspedes de la Casa del Migrante.

Relató que los deportados son enviados al albergue del gobierno además, reconoció que los días que abren la puerta han tenido que rechazar al sexto solicitante de apoyo.

Lo enviamos a otros albergues que han colaborado con nosotros, explicó el director de la Casa del Migrante. Resaltó que gracias a los donativos de personas y organismos internacionales siguen brindando servicio.

Por último el padre Par Murphy, dijo que en los próximos días sabrán si el gobierno estatal podrá seguir subsidiando el servicio de agua.

 Al menos 1.065 inmigrantes que están actualmente recluidos en centros de detención bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos tienen coronavirus, según la contabilidad que lleva esta agencia federal hasta este martes.

Según ICE, desde el comienzo de la pandemia se han registrado en total 4.417 casos de la COVID-19 en estas instalaciones, cifra que incluye cuatro muertos: uno en el centro de detención de Stewart (Georgia), otro en el centro de detención del Condado Glades (Florida); otro en el de Otay Mesa (California) y uno más en Farmville (Virginia).

ICE tiene en la actualidad a 21.494 inmigrantes bajo su custodia en los centros de detención del país, a la espera del trámite de deportación. La cifra de detenidos ha ido bajando gradualmente desde que al comienzo de la pandemia había más de 32.000 indocumentados bajo su custodia.

La oficina del gobernador de Virginia, Ralph Northam, indicó que un equipo de 10 científicos de los Centros para Prevención y Control de Enfermedades (CDC) llegó este lunes a Farmville para atender el peor brote de coronavirus en los centros de detención de ICE, después que la agencia indicara que casi todos los 259 migrantes allí recluidos están bajo observación por una posible infección.

Este centro registra un total de 339 casos de coronavirus.

El equipo de CDC, que incluye médicos clínicos, epidemiólogos y laboratoristas, inició hoy la evaluación de las tareas para conducir pruebas en la comunidad, y para procesar la secuencia genética que identifique las personas que puedan haber estado expuestas al virus.

Una demanda legal iniciada el mes pasado ante el Tribuna del Distrito Federal de Alexandria alegó que los detenidos dormían hacinados aun después que varios de ellos tuvieron resultados positivos en la prueba de detección del virus.

Según el informe más reciente de ICE, los sitios donde se han confirmado más casos de COVID-19 entre inmigrantes detenidos son Farmville 339, Bluebonnet (Texas) con 293; Eloy (Arizona) con 247; Montgomery (Texas) con 206, y El Paso (Texas) con 168.

ICE indicó, asimismo, que 45 de sus empleados que trabajaban en los centros de detención han tenido casos confirmados de COVID-19, además de 153 de sus empleados no asignados a esos centros.

Estados Unidos alcanzó este lunes la cifra de 5.085.821 casos confirmados de la COVID-19 y la de 163.370 fallecidos, de acuerdo con el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.

Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción afirma que por falta de apoyo gubernamental, cerrarán albergues de migrantes a lo largo de la frontera.

Los albergues de migrantes están cerrando sus puertas para protegerse de la pandemia, mientras Estados Unidos no ha dejado de repatriar migrantes a México, ahora incluso de manera exprés.

Temerosos del COVID-19, albergues en ambas fronteras dejaron de recibir migrantes porque no tienen las condiciones sanitarias ni han recibido apoyo de los gobiernos para prepararse.

Mientras eso sucede, en las últimas tres semanas ha habido un aumento de mexicanos repatriados de Estados Unidos. De acuerdo con información oficial generada por el Instituto Nacional de Migración (INM) a la que tuvo acceso Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), del primero al 18 de marzo han sido repatriadas 13 mil personas de Estados Unidos, más de los que llegaron en todo el mes de febrero, cuando fueron repatriadas 12 mil 400 personas.

Refugios de migrantes en Baja California, Tamaulipas, Coahuila y Chiapas cerrarán sus puertas en un intento por evitar una contingencia sanitaria en una población que ya de por sí es vulnerable por el proceso que viven. 

Esmeralda Siu, vocera de la Coalición Pro Defensa del Migrante, dijo que la red conformada por seis refugios en Baja California —Casa del Migrante, Ejército Nacional, Casa Madre Asunta, Casa Puerta, YMCA, Albergue del Desierto — no recibirá más migrantes.

Al 23 de marzo Baja California tenía más de 360 migrantes en los refugios. La semana pasada el número que llegó a los albergues de la Coalición subió a 200, cuando el máximo que reciben en una semana es 180. Ese aumento es atribuido a las deportaciones exprés que anunció el pasado 20 de marzo la ADMINISTRACIÓN de Donald Trump para “evitar” la propagación del coronavirus.

“Es una preocupación por no contar con un protocolo para atenderlos porque las autoridades sanitarias emiten medidas para la población en general, pero no hay un protocolo específico de qué hacer con los migrantes”, dijo Sui.

En el albergue Senda de la Vida, en Reynosa, Tamaulipas hay 200 migrantes, pero desde la semana pasada decidieron cerrar sus puertas y poner en lista de espera a aquellos que llegan de Estados Unidos.

Mari Lu de Silva, una de las encargadas del albergue, dijo que, al igual que en otras partes del país, están tratando de evitar mayor concentración de gente, ya que ni siquiera cuentan con un médico de planta para detectar y atender a migrantes enfermos de coronavirus.

En Saltillo, Coahuila, la Casa del Migrante anunció que aunque por años han recibido a miles de personas, ante la epidemia y el abandono de las autoridades se ven en la necesidad de cancelar los ingresos.

“El estado no ha mostrado interés alguno de intervención durante la pandemia. Cerca de 100 personas permanecen resguardadas”, publicaron en su cuenta de Twitter.

Lo mismo sucede en la frontera Sur, donde el albergue Jesús del Buen Pastor del Pobre Migrante tiene 500 personas, pero ya no recibirán más.

El fiscal general de California, Xavier Becerra, instó este martes al Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD) de EE.UU. a desechar su plan de prohibir ayudas económicas a familias pobres con un miembro sin estatus migratorio legal en el país.

Este martes culmina el plazo para que se presenten los comentarios públicos acerca del plan de HUD de retirar el subsidio de vivienda a familias beneficiadas que tengan al menos un miembro indocumentado residiendo con ellos.

Los esfuerzos del Gobierno hacen parte de la política del presidente Donald Trump para limitar al máximo que los indocumentados puedan verse beneficiados de políticas de ayuda destinadas a estadounidenses.

"La Administración de Trump está poniendo en peligro innecesariamente e imprudentemente el acceso a la vivienda para las familias estadounidenses en todo el país", dijo Becerra en un comunicado.

"Solo en California, esta propuesta obligará a decenas de miles de personas a tomar una decisión impensable entre desalojar a sus seres queridos y quedarse sin hogar", agregó el procurador, excongresista federal por el Partido Demócrata.

La organización National Low Income Housing Coalition (NLIHC) estima que unas 25.000 familias se verían afectadas por la medida del Gobierno.

La mayoría de estas familias viven en California, Nueva York y Texas, advierte NLIHC.

Además de las familias mixtas con indocumentados, la propuesta elimina los fondos de asistencia de vivienda para familias que tienen a una persona beneficiada con el Estatus de Protección Temporal (TPS) o visas de trabajo, de estudiante y aquellas de no inmigrante para víctimas de delitos.

Becerra participó en los comentarios públicos asegurando que la medida afectaría a casi 40.000 californianos, incluidos niños ciudadanos que merecen el subsidio, y que la propuesta aumenta la carga económica de las agencias estatales.

Un estudio de 2016 realizado por la American Psychological Association que examinaba las consecuencias de las políticas de cero tolerancia en las ayudas de vivienda advirtió que "estas medidas llevan a las personas desalojadas a experimentar regularmente una falta de vivienda prolongada", señala el documento.

El fiscal advierte que "las consecuencias de esta regla propuesta agravarían la crisis de vivienda de California", que ha visto un aumento de personas viviendo en la indigencia en grandes urbes como Los Ángeles y San Francisco.

En el Estado Dorado 436.340 familias reciben asistencia en la vivienda, para un total de 936.830 personas beneficiadas.

Según los cálculos del fiscal 37.280 de estas personas están en riesgo de acabar en la calle o de sufrir separación familiar.

"En lugar de separar a las familias, deberíamos estar haciendo todo lo posible para apoyarlas", recalcó Becerra.

El llamado de Becerra se une a los pedidos del estado de Nueva York, el Distrito de Columbia, y el Caucus Hispano del Congreso que han pedido al gobierno que desista del plan.