Un juzgado de Uruguay condenó este lunes a cuatro años y cuatro meses de cárcel a 13 mexicanos que admitieron que participaron en asalto a una joyería en este país en febrero pasado en el balneario uruguayo de Punta del Este.

La condena fue impuesta esta tarde por el juez penal de la sureña ciudad uruguaya de Maldonado, Diego González Camejo.

Acusados de rapiña especialmente agravada por el uso de armas y la pluriparticipación en el asalto, los 13 comparecieron en una audiencia que se inició hoy en horas de la mañana en el Juzgado de Ejecución y Sentencia de Cuarto Turno de Maldonado, en el sur de Uruguay.

En un informe que envió esta tarde de lunes a EL UNIVERSAL, el periódico "El País", de Uruguay, reportó que "los imputados comparecieron con sus respectivos abogados y el ministerio público estuvo representado por la fiscal Adriana Sampayo".

González Camejo fue informado en la audiencia, por la defensa y por la Fiscalía (Ministerio Público), que los mexicanos "optaron por definir su situación aceptando la autoría mediante un proceso abreviado", precisó el rotativo.

"La aceptación de los hechos por parte de los imputados fue considerada por la fiscal para disminuir la pena hasta una tercera parte de la aplicable al caso", subrayó.

Los 13 son parte de una organización criminal integrada por decenas de mexicanos, creada en 2010 y dirigida por un núcleo central desde la Ciudad de México para asaltar joyerías. La banda atacó en Estados Unidos, Canadá, Francia y Costa Rica en 2017 y 2018.

En una vista el pasado 21 de mayo, el Ministerio Público (Fiscalía General) y la defensa notificaron al juez González Camejo que los mexicanos admitieron los cargos y optaron por abreviar el proceso.

A los mexicanos se les atribuyó un asalto que ocurrió el 6 de febrero en la joyería Sensation De Temps, en el Hotel Enjoy Conrad de Punta del Este, y en el que se apropiaron de un botín de tres millones de dólares que ya fue recuperado. En febrero se informó oficialmente que en total hay 15 mexicanos presos.

Entre los 15 hay 13 hombres y dos mujeres. Según el rotativo, los mexicanos son: Jorge Luis Vargas Duarte, Jonathan Valdez Sánchez, Víctor Edgar Domínguez Vergara, Luis Aaron Máquez Muñoz, José Isaac Baltazarez Valencia, Edgar Alexis Bernal Álvarez, Leonardo Salvador Álvarez Vidal, Óscar Ashley Gutiérrez Chávez, Carlos Apolo Castro Hernández, Guillermo Ariel Hernández Fajardo, Eric Xavier Mata Moren, Gustavo Uriel Regalado Díaz y Eric Munive Granados.

Por el momento no se informó la identidad de las mujeres, presas por “encubrimiento”, ni su situación jurídica.

Un hombre fue condenado a 178 años de prisión en un juicio oral por su culpabilidad en los delitos de violación espuria, violación genérica calificada y aborto, en agravio de dos menores de edad.

El sentenciado, Alejandro "N", utilizó chantaje emocional, coerción, engaño y manipulación para fomentar una relación habitual incestuosa con las dos menores, señaló la Unidad de Atención Integral para las Mujeres (UNAIM) de la Fiscalía Regional "C" con sede en Celaya.

"Las conductas abusivas no se limitaron a actos aislados, sino que fueron recurrentes en los últimos 2 años, que incluyeron contacto físico y una serie de circunstancias que agravaron la pena", agregó.

Alejandro "N" violó a una de las niñas en reiteradas ocasiones desde 2017, y en consecuencia resultó embarazada. En octubre de 2018 obligó a la menor a tomar medicamento en pastillas, con lo que provocó que expulsara el producto de la gestación, describió la fiscalía.

En el juicio el Ministerio Público especializado en juicio oral presentó las pruebas científicas que demuestran la participación del imputado en "los aberrantes actos sexuales" a los que sometió a sus víctimas, por lo que el juez dictó la sentencia, que además contempla el pago de una multa y la reparación del daño.

Con las pruebas científicas recabadas por el equipo multidisciplinario de la Agencia de Investigación Criminal se pudo acreditar la comisión de los delitos.

Al enfrentar un proceso en el sistema penal del país, las mujeres pueden recibir sentencias de 23 años de prisión en promedio por delitos graves, mientras que los hombres obtienen castigos de 17 años por los mismos ilícitos.

El Diagnóstico sobre la percepción del desempeño de la defensoría penal en México, realizado por la organización Reinserta con 2 mil 503 encuestas de hombres y 570 de mujeres, demuestra que, aunque ambos sexos son procesados por delitos similares, la población femenina tiene un promedio de sentencias más elevado.

Este fenómeno se presenta en Baja California Sur, Estado de México, Nuevo León, Quintana Roo y Tamaulipas, entidades donde se hicieron las encuestas.

El informe destaca además que las mujeres reciben con más frecuencia condenas de 25 años, mientras que las penas más recurrentes para los hombres son de cinco años.

La desigualdad entre sexos no sólo se presenta en las sentencias, sino en la calidad de los abogados privados y de oficio que trabajan para las presuntas delincuentes, así como el dinero que deben invertir en su defensa.

Mientras los hombres cambian de abogado una vez durante el proceso judicial en promedio, las mujeres lo hacen hasta en tres ocasiones, pues consideran que no son bien representadas.

El reporte detalla que en promedio una mujer gasta 155 mil 593 pesos en su defensa legal, en contraste con los hombres, que invierten cerca de 100 mil 521 pesos.

Robo, secuestro y homicidio equivalen a 68% de los delitos cometidos por las mujeres encuestadas. Es la misma cifra en el caso de los hombres para los ilícitos de robo, homicidio y violación, de acuerdo con el estudio.

Una carcajada fue la respuesta de Luis Antonio al escuchar la sentencia de 110 años de prisión por el secuestro y asesinato de Sofía. Su abogado dijo que apelará.

El lunes 30 de enero de 2017, la joven de 18 años desapareció. Por cuatro meses la familia recibió llamadas en las que pedían 800 mil pesos de rescate, pero el 27 de mayo de ese año hallaron su cadáver. Durante el juicio, el presunto asesino mantuvo una sonrisa burlona.

Luego de más de cinco horas de audiencia en una sala de juicio oral en el Reclusorio Norte, un juez le otorgó la libertad condicionada a Carlos Salomón Villuendas, el conductor del BMW que se accidentó en el 2017 y donde cuatro de sus acompañantes murieron.

Gracias a esto, los seis años que le restan de condena, estará en su domicilio de donde según el mandamiento del togado; usará un brazalete y no podrá consumir alcohol ni drogas.

Tras la resolución, la Procuraduría capitalina solicitó cinco días para apelar la decisión, por lo que Salomón Villuendas, permanecerá ese mismo tiempo en el Reclusorio Norte.

Si el juez desecha los argumentos del Ministerio Público, el imputado continuará su proceso legal fuera de prisión.

Este lunes, se dio a conocer que Carlos Salomón Villuendas pagó 1.7 millones de pesos a manera de reparación del daño por las cuatro vidas que se perdieron en el accidente, luego que tres de las familias afectadas le otorgaran el perdón, de esta manera y con buen comportamiento mostrado durante el tiempo que estuvo en prisión y al ser primodelincuente, el juez decidió otorgarle un benefició de la nueva reforma penal.

Jaime González Zepeda fue sentenciado a 10 años de cárcel por un juez de Distrito Judicial, pues en mayo de 2018 violó a su ahijada menor de edad, informó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

A través de un comunicado, la dependencia señaló que las pruebas recabadas y aportadas por el agente del Ministerio Público fueron determinantes para que el juez le dictara dicha condena y le jara una multa de 25 mil pesos. 

Señaló que los hechos ocurrieron en el domicilio de la víctima, ubicado en el Barrio San Miguel de este municipio, adonde Jaime llegó y tocó la puerta.

La menor atendió a su llamado, pues el sujeto era su padrino de bautizo y confirmación, situación que el hombre aprovechó para abusar sexualmente de ella. 

Derivado de estos hechos, el Ministerio Público inició las investigaciones y obtuvo una orden de aprehensión en contra de Jaime, por lo que fue aprehendido e ingresado a un Centro Penitenciario y de Reinserción Social, donde el juez, previo a proceso legal, le dictó la sentencia.