Unas 309 personas han muerto y otras 158 se encuentran desaparecidas debido a la represión del Gobierno de Nicaragua en el marco de la crisis sociopolítica que estalló en el país el pasado 18 de abril, dijo la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (ANPDH).

Según la ANPDH, desde abril pasado el Gobierno de Daniel Ortega mantiene "operaciones fuera del marco de la ley, de grupos armados paramilitares y de choques (fuerzas combinadas), ejerciendo capturas, torturas, asesinatos atroces selectivos, allanamiento de moradas y daño a la propiedad privada y pública, motivados por un fanatismo partidario".

Las víctimas son 292 hombres y 17 mujeres, la mayoría jóvenes, ya que 122 fallecidos tenían entre 18 y 30 años, otros 54 tenían de 31 a 40 años, 27 tenían de 41 a 50 años, 25 eran niños o adolescentes, 16 tenían entre 51 y 60 años, 8 tenían de 62 a 80, 1 era mayor de 81 años, mientras que 56 no han sido identificados, detalló la ANPDH.

El secretario general de la ANPDH, Álvaro Leiva, señaló que 253 personas murieron por armas de fuego, de los que 70 recibieron balazos en la cabeza, cuello (10), tórax (47), abdomen (19), espalda (10) y otras zonas delicadas del cuerpo (97).

Otras 8 personas fallecieron por agresiones con armas blancas, 2 con impactos de morteros y 46 por otras condiciones.

Una vez más, Managua presentó el mayor número de muertes, con 153, mientras que el resto del país sumó 156 víctimas, resaltó el informe.

La ANPDH, que sostuvo que la violencia es causada por las "fuerzas combinadas" del Gobierno, denunció que la Policía Nacional ejerce funciones de forma "ilícita" en Nicaragua.

"La función policial no se está haciendo de forma lícita, por cuando no son identificables (los agentes) por el hecho de ocultar sus rostros con pasamontañas ante la ciudadanía, lo que promueve actos ilícitos e impunes", indicó.

En junio pasado Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) responsabilizaron al Gobierno nicaragüense de graves violaciones a los derechos humanos.

Las violaciones incluyen "asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, malos tratos, posibles actos de tortura y detenciones arbitrarias cometidos en contra de la población mayoritariamente joven del país", según la CIDH, lo que ha sido rechazado por el Gobierno de Nicaragua.

Desde el 18 de abril pasado Nicaragua vive la crisis sociopolítica más sangrienta desde la década de 1980, con Ortega también como presidente.

Las protestas contra el Gobierno comenzaron por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide la renuncia del mandatario, después de once años en el poder, con acusaciones de abuso y corrupción en su contra.

El gobierno de Brasil decidió expulsar a la embajadora de Nicaragua, Fulvia Castro, en "reciprocidad" a una medida similar adoptada por las autoridades de Managua con el representante brasileño, confirmaron a EFE fuentes oficiales.

La decisión fue anunciada después de que el gobierno de Daniel Ortega formalizara la expulsión del embajador brasileño, Breno Souza da Costa, justificada con la ausencia del diplomático, el pasado 19 de julio, en los actos conmemorativos del 45 aniversario de la revolución sandinista.

Según las fuentes consultadas por EFE, Brasil no ha hecho más que aplicar el "principio de la reciprocidad" frente a una medida que ha considerado "injustificada".

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ha tenido en el pasado una estrecha relación con Ortega desde 1980, cuando el líder brasileño viajó a Managua para el primer aniversario de la revolución sandinista, una ocasión en la que además conoció personalmente al entonces presidente cubano, Fidel Castro.

En los últimos meses, sin embargo, la relación se ha deteriorado, sobre todo debido a la "persecución política" que el gobierno de Managua mantiene sobre antiguos sandinistas y religiosos.

El propio Lula explicó la situación el mes pasado, en una rueda de prensa con corresponsales extranjeros en Brasilia, en la cual reveló que Ortega no le atiende el teléfono desde que el papa Francisco le pidió que abogue por la situación de un obispo detenido en Nicaragua.

"Conversé con el papa y él me pidió que conversara con Ortega sobre un obispo que estaba preso", dijo Lula en referencia al religioso Rolando Álvarez, encarcelado por su oposición al gobierno nicaragüense.

"Lo concreto es que Ortega no me atendió el teléfono y no quiso hablar conmigo. Entonces, nunca más hablé con él", agregó.

Lula lamentó que eso ocurra con "un tipo que hizo una revolución como la que Ortega hizo para derrotar a (Anastasio) Somoza" y dijo que hoy no sabe "si esa revolución fue porque quería el poder o porque quería mejorar la vida de su pueblo".

El presidente brasileño se dijo favorable a que en todo país "haya una alternancia en el poder", porque es "lo más sano" para una democracia.

Según Lula, "cuando un dirigente se pone en la cabeza que él es imprescindible o insustituible, ahí es que comienza a nacer el espíritu del dictador".

La expulsiones de embajadores ocurren en momentos en que Lula, junto al presidente Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro de Colombia intentan una negociación para buscar una salida a la grave crisis abierta en Venezuela tras las elecciones del pasado 28 de julio.

Nicaragua es uno de los pocos países de América Latina que ha reconocido a Nicolás Maduro como presidente electo, pese a que las autoridades electorales de Venezuela aún no han presentado las actas de un proceso que la oposición ha denunciado como fraudulento.

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Las autoridades vaticanas recibieron en Roma al obispo católico Rolando Álvarez y otros 18 religiosos tras su excarcelación en Nicaragua.

Álvarez, condenado a 26 años de prisión por conspiración y otros delitos, es una de las figuras religiosas más críticas del ejecutivo de Daniel Ortega y su vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo.

El documento emitido el domingo por el gobierno nicaragüense contiene los nombres de los 19 sacerdotes excarcelados y desterrados de Nicaragua, incluido el de Álvarez, y según se indica “el viaje hacia el Vaticano de dos obispos, quince sacerdotes y dos seminaristas” se concretó gracias a las “muy respetuosas y discretas coordinaciones realizadas” a través del papa Francisco y de la Secretaría de Estado de la Santa Sede.

El sitio web oficial de noticias Vatican News confirmó que los religiosos habían llegado a Roma el domingo por la tarde y eran “huéspedes de la Santa Sede”.

Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, al norte del país, era la voz más crítica de la Iglesia católica que aún permanecía en Nicaragua. Fue encerrado en la cárcel Modelo de Managua y condenado por “conspiración” propagar noticias falsas, obstrucción de la justicia y desacato a la autoridad, tras negarse a ser deportado a Estados Unidos junto a 222 opositores excarcelados y desterrados hace casi un año.

Como parte de la condena, también se le retiró la nacionalidad nicaragüense.

Previamente estuvo privado de libertad desde agosto de 2022, cuando la policía estableció un cerco en torno a su Diócesis de Matagalpa, a unos 130 kilómetros al norte de Managua.

El obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, exiliado en Miami desde 2019, había comunicado más temprano la noticia de la excarcelación y destierro en una misa en la iglesia de Santa Agatha.

Báez, que mantiene comunicación permanente con Nicaragua desde que salió del país, dijo que obtuvo la información “desde esta mañana, tanto desde Roma como de Washington y desde Managua”.

El comunicado gubernamental mencionó como un reconocimiento las posibilidades de “diálogo franco, directo, prudente y muy serio” con la jerarquía de la Iglesia católica.

Nicaragua califica a la Iglesia como “una mafia” y a los obispos como “demonios con sotana"

Con anterioridad, el gobierno de Nicaragua ha calificado a la Iglesia como “una mafia” y a los obispos como “demonios con sotana”, después de acusarlos de haber apoyado la rebelión social de 2018, que puso en jaque a la administración sandinista con protestas multitudinarias durante varios meses.

Con la voz quebrada por la emoción, el obispo Báez agradeció al papa Francisco “por su interés, su cercanía y su cariño por Nicaragua” y a “la eficacia de la diplomacia vaticana”.

“Lo cuento con profunda alegría”, señaló el prelado. “La dictadura sandinista criminal de Daniel Ortega no ha podido contra el poder de Dios”, agregó tras asegurar que los religiosos ya aterrizaron en el aeropuerto Fiumicino de Roma “y han sido acogidos por la Santa Sede”.

Agregó que todo ocurrió después “de haber orado incesantemente” por la liberación de Álvarez y de los demás religiosos “injustamente secuestrados” desde hace casi un mes.

Por su parte el presbítero Uriel Vallejos, párroco de Sébaco (norte) y exiliado en Estados Unidos, informó del destierro muy temprano en su cuenta de X.

“Los Ortega-Murillo, quiere dejar sin sacerdotes a Nicaragua. Otro avión lleno de pastores del pueblo al exilio. Viva Nicaragua libre!! Viva la Iglesia Católica!! Vivan los curas exiliados!! Vivan los exiliados!!”, escribió Vallejos.

La lista de los expulsados de Nicaragua incluye al obispo de Siuna (noreste), a monseñor Isidoro Mora y a varios sacerdotes que son autoridades en la Arquidiócesis de Managua, como los vicarios Silvio Fonseca, Miguel Mántica y Carlos Avilés.

Los demás religiosos desterrados fueron identificados en el comunicado como Óscar José Escoto, Jader Danilo Guido, Pablo Villafranca, Héctor Treminio, Marcos Díaz, Fernando Calero, Mykel Monterrey, Raúl Zamora, Gerardo Rodríguez, Ismael Serrano, Jader Hernández y José Gustavo Sandino, así como los seminaristas Alester Sáenz y Tony Palacios.

Ésta es la segunda expulsión de sacerdotes que estaban encarcelados en Nicaragua. El 18 de octubre pasado, el gobierno de Ortega desterró a 12 curas tras una negociación con el Vaticano, según se informó oficialmente en Managua.

A inicios de este año, el papa Francisco expresó su inquietud por la “preocupante situación de Nicaragua” y por la “crisis que se prolonga desde hace tiempo con dolorosas consecuencias para toda la sociedad nicaragüense, en particular para la Iglesia católica”. También hizo un llamado a “un diálogo diplomático respetuoso”.

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El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua canceló la personalidad jurídica al partido indígena miskito Yatama de cara a las elecciones regionales del próximo año en la Costa Caribe del país, denunció este miércoles ese colectivo a través de sus redes sociales.

La cancelación de la legalidad del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama, que significa "hijos de la madre tierra" en lengua miskita) se da en el marco del arresto de sus dos principales líderes, el diputado Brooklyn Rivera y su suplente, Nancy Elizabeth Henríquez James.

También sucede después de que Yatama exigiera la liberación de los diputados indígenas, pidiera a la comunidad internacional "interceder" por las comunidades originarias y denunciara que esos arrestos forman parte de una estrategia que planifica el partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), para sacar "ventaja en la próxima contienda electoral regional autónoma" prevista a efectuarse en marzo de 2024.

"Adjunto con el presente oficio Certificación de la Resolución del Consejo Supremo Electoral de las dos de la tarde del día 3 de octubre del año 2023 constituida de un folio útil, en el que se le cancela la personalidad jurídica al partido regional Yatama. Sirva la presente de notificación suficiente para todos los efectos de ley”, dice la notificación firmada por el director general de la oficina de atención a Partidos Políticos del CSE, Julio Acuña.

Yatama se define como "la única fuerza política competente y de masa en la cual confían las comunidades indígenas" de la Costa Caribe de Nicaragua.

La detención de sus principales líderes se dio el viernes (Rivera) y el domingo pasados (Henríquez James) y fue la antesala para el despojo legal de su partido, denunció el colectivo.

🔴 Cancelación de personería jurídica.

El CSE de la dictadura Ort-Murillo notificó la cancelación de personería jurídica del partido Indígena Yatama, sin dar explicaciones sobre el hecho arbitrario.
Esto se suma a la detención de dos miembros del partido. pic.twitter.com/16MVyycS6V

— Activismo Ciudadano en Resistencia (@ACR_Nic) October 4, 2023

Yatama, un partido regional y antiguo aliado de los gobernantes sandinistas en la Asamblea Nacional (Parlamento), ha exigido además a las autoridades "cesar toda violación sistemática y persecución política a los líderes indígenas" y "desocupar inmediatamente la toma policial ilegal y (permitir) la reanudación de la radio emisora comunitaria".

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.

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El Gobierno de Nicaragua que preside Daniel Ortega congeló las cuentas bancarias de al menos tres de las nueve diócesis de la Iglesia católica nicaragüense, denunciaron este sábado fuentes eclesiásticas.

Las diócesis con sus cuentas bancarias restringidas son las de Managua, que preside el cardenal Leopoldo Brenes, y las de Matagalpa y Estelí, a cargo del obispo encarcelado Rolando Álvarez, quien en febrero pasado fue condenado a más de 26 años de prisión por delitos considerados "traición a la patria", dijeron a EFE fuentes religiosas.

El cardenal Brenes, también arzobispo de Managua, dijo al portal Expediente Público que no podía confirmar el congelamiento de las cuentas bancarias de las diócesis y que de momento están "viendo cómo resolver la situación".

Por su lado, el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, obispo Carlos Herrera, dijo a la plataforma Despacho 505 que han recibido informaciones sobre los inconvenientes con las cuentas bancarias de las diócesis, pero que no han sido notificados de forma oficial.

Transferencias denegadas

La investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina publicó capturas de pantallas sobre intentos de transferencias bancarias a las cuentas de la Arquidiócesis de Managua, sin éxito.

"Verifique que la cuenta ingresada esté correcta e intente de nuevo", "Su transferencia no ha podido realizarse", "Cuenta no válida", son, entre otros, los mensajes que se leen al intentar hacer una transferencia en las cuentas de la Arquidiócesis de Managua, según Molina.

De momento ni el Gobierno ni la banca privada se han referido a la restricción de esas cuentas bancarias de las diócesis, ni a la detención de tres sacerdotes en esta semana.

Hace dos días, la Policía Nacional informó de que investiga al sacerdote Jaime Montesinos por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de la nación, de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía, la Autodeterminación y la Paz.

El religioso es párroco de la iglesia Juan Pablo II del municipio de Sébaco, departamento de Matagalpa, la diócesis que dirige el obispo Álvarez.

La Policía también investiga a otros dos sacerdotes por "asuntos administrativos" de la disuelta Cáritas Diocesana de Estelí, norte de Nicaragua, que también administra Álvarez.

Acallar a la iglesia

Para el dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado Félix Maradiaga, "el bloqueo de las cuentas bancarias de varias diócesis de la Iglesia católica en Nicaragua es un acto extremo de agresión y de persecución a la Iglesia".

"Es, además, una declaración explícita de las verdaderas aspiraciones de la dictadura: callar y disolver por completo la voz e incluso la presencia, de una institución que, por su peso moral en Nicaragua, es un obstáculo en los planes de los Ortega-Murillo, de consolidar una dictadura dinástica", advirtió Maradiaga a través de una declaración pública.

"Ya es hora de que la comunidad internacional pase a la fase de desconocimiento absoluto del régimen", agregó.

Las relaciones del Gobierno de Ortega y la Iglesia católica viven ahora momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.

El papa Francisco tildó de "dictadura grosera" al Gobierno sandinista en una entrevista con Infobae, señalando "un desequilibrio de la persona que dirige" el país centroamericano.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

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El gobierno de Nicaragua ha cometido violaciones "graves y sistemáticas" contra un segmento de su población que equivalen a crímenes de lesa humanidad, dijo el jueves un equipo de expertos en derechos humanos designado por Naciones Unidas, que pidió que se implementen sanciones internacionales.

El panel de tres expertos dijo que el gobierno ha cometido y continúa perpetrando actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias desde 2018.

El informe nombra al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo como partícipes de las violaciones y pide acciones legales internacionales y sanciones contra los involucrados.

"El objetivo (del gobierno) es eliminar por diferentes medios cualquier voz opositora o disidente en el país", dijo a periodistas Jan Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, en rueda de prensa, y añadió que la administración en Nicaragua está "armando las funciones del Estado contra la población".

"Esto ha provocado que la población nicaragüense viva con miedo", sostuvo.

La misión diplomática de Nicaragua en Ginebra no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los hallazgos del informe.

El grupo de expertos dijo que envió 12 cartas al gobierno desde que comenzó a trabajar hace un año, así como el informe final, pero nunca recibió una respuesta.

Ortega, que ahora tiene 77 años, llegó al poder por primera vez como líder del movimiento guerrillero sandinista que derrocó a la dictadura de Somoza en una revolución de la década de 1970.

Estuvo dentro y fuera de la presidencia a lo largo de los años, pero volvió a tomar el poder en 2007 y ha gobernado desde entonces. Grupos de derechos humanos y de oposición han acusado durante mucho tiempo a su gobierno de reprimir severamente las libertades cívicas y a sus oponentes para ganar las elecciones y mantener el control del país.

Las fuerzas de seguridad mataron a más de 300 personas en protestas antigubernamentales en 2018.

Consultados sobre la magnitud de los abusos, los expertos dijeron que habían documentado más de 100 casos de ejecuciones, cientos de casos de tortura y detención arbitraria, y miles de casos de persecución política.

Simon dijo que la situación en Nicaragua corre el riesgo de empeorar y advirtió que se avecina una "crisis humanitaria".

"Estamos muy preocupados por la situación actual", dijo. "Esperamos sinceramente que este informe pueda contribuir a prevenir una mayor espiral de violaciones y abusos sistémicos".

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