Luego de que este jueves la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México diera a conocer que después de "múltiples" esfuerzos se logró conmutar la pena de muerte, dictada en 2012, para los hermanos González Villarreal, ahora estos tres mexicanos recibirán la cadena perpetua.

Los González Villarreal, originarios de Sinaloa, están acusados por el delito de narcotráfico. Este país asiático condena esta falta con la horca.

Sin embargo, Ibrahim Ismail Ibni Almarhum Sultan Iskandar Al-Haj, sultán del estado de Johor en Malasia, decidió perdonar a estos tres hermanos, según un comunicado de la Cancillería mexicana.

Ante esto, aquí te contamos cronológicamente el caso de estos tres hombres que lograron salvarse de la pena de muerte.

2008. Los hermanos González Villarreal fueron detenidos el 4 de marzo en la ciudad de Johor, junto a un ciudadano malasio y otros singapurés. 

2011. La policía admite durante el juicio que un tercio de la droga decomisada a los mexicanos fue sustraída del almacén de la comisaría provisional de Johor Baru por varios agentes, quienes después fueron investigados. Tras varias irregularidades en la investigación, la defensa de los sinaloenses logra que se aplace la sentencia.

2012. El 9 de febrero, Luis Alfonso y Simón González Villareal, el mayor y el segundo de los hermanos, explican que mientras aguardaban un empleo en Singapur, aceptaron la oferta de encargarse de la limpieza de una nave industrial, donde fueron detenidos.

El 17 de mayo del mismo año, el magistrado Mohamed Zawawi Saleh culpa a los tres hermanos mexicanos y los sentencia a morir en la horca.

2013. El Tribunal Federal de Malasia ratifica la condena.

2018. El 20 de septiembre la Secretaría de Relaciones Exteriores informa que los tres hermanos sinaloenses evadieron la pena de muerte, luego de que esta dependencia emprendiera un intenso diálogo con las autoridades federales malasias.

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, promulgó el jueves un amplio paquete de leyes de inmigración con el objetivo de implementar la agenda de deportación a gran escala del presidente Donald Trump.

Los republicanos afirman que la iniciativa coloca a Florida —que durante muchos años fue refugio para inmigrantes— a la vanguardia de los estados con gobiernos conservadores que llevan a cabo labores para sacar provecho de los recursos estatales y locales para la aplicación de las restricciones de inmigración a nivel federal.

Mientras los partidarios de Trump en las capitales estatales de todo el país se apresuran a cumplir con el punto prioritario en la agenda presidencial, los legisladores en Florida se preparan para una posible disputa contra los tribunales a medida que avanzan en una disposición que, según los críticos, es inconstitucional.

La nueva medida de Florida impone la pena de muerte para los inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente y hayan sido declarados culpables de delitos como asesinato premeditado o violación de menores. Es una disposición que va más allá de las órdenes ejecutivas de Trump.

The bill I signed today ensures that Florida will set the standard for state action to end illegal immigration and deport illegal aliens.

Florida now has the strictest laws of any state to combat illegal immigration. Our legislation:
✅ Makes it a state crime to enter Florida as… pic.twitter.com/JTFH9OVmGw

— Ron DeSantis (@GovRonDeSantis) February 13, 2025

Resuelta la división entre los legisladores y DeSantis

La aprobación de los proyectos de ley por parte de DeSantis se produjo después de que la cúpula legislativa encontró un punto medio con el gobernador, resolviendo un estancamiento de varias semanas entre los principales republicanos del estado sobre la mejor manera de apoyar las restricciones de Trump contra la inmigración ilegal.

“Hoy, la Legislatura de Florida ha aprobado la iniciativa más sólida en el combate a la inmigración ilegal de cualquier estado en todo el país”, declaró DeSantis antes de firmar los proyectos de ley y entregar un marcador a cada uno de los líderes legislativos que lo acompañaron en la ceremonia. “Estamos a la vanguardia en la resolución de la crisis de inmigración ilegal.”

Pero las tensiones entre los aliados del presidente y DeSantis —quien se atrevió a enfrentarse a Trump en busca de la nominación presidencial republicana— podrían no disiparse, ya que se tiene previsto que el gobernador mantenga aspiraciones presidenciales para 2028.

“En última instancia, esto es una victoria para Donald Trump. Porque de eso se trata todo esto”, dijo el senador republicano Joe Gruters, patrocinador de los proyectos de ley y un aliado clave de Trump.

Pero fue un proceso doloroso, luego de que DeSantis criticó las propuestas anteriores de los legisladores, calificándolas de “débiles” y una “traición” a los votantes, antes de finalmente firmar un paquete negociado.

“Todavía hay sentimientos heridos”, dijo Gruters, “en ambas partes.”

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Un hombre iraní, Mohammad Ali Salamat, fue ejecutado públicamente este martes en un cementerio de la ciudad de Hamedan, tras ser condenado por la violación de más de 200 mujeres durante las últimas dos décadas. La ejecución, realizada al amanecer, fue confirmada por medios estatales como el periódico IRAN.

Un caso sin precedentes en Irán

Salamat, de 43 años, dirigía una farmacia y un gimnasio en Hamedan, donde, según las investigaciones, cometió los crímenes bajo pretextos como propuestas de matrimonio o citas. En varios casos, también proporcionó píldoras abortivas, cuya venta está prohibida en Irán.

El caso salió a la luz tras su arresto en enero, cuando cientos de personas se congregaron frente al departamento de justicia local para exigir la pena capital. Su sentencia de muerte fue confirmada por la Corte Suprema de Irán en octubre.

#محمدعلی_سلامت را درحالی اعدام کردند که همانطور که قبل از به دار آویختنش فریاد میزند اصلا شاکی نداشته!

اغفال به بهانه تهیه #قرص_ضد_بارداری!! یکی از اتهامات او بوده!
جرمی که در دامن سیاستهای جمهوری اسلامی و علی خامنه‌ای برای افزایش اجباری جمعیت متولد شدهpic.twitter.com/1Gb53SsfZh

— ارتش سری ® Secret Army (@IranGuardian) November 13, 2024

Irán es uno de los países con más ejecuciones a nivel mundial, una situación que ha generado críticas por parte de grupos de derechos humanos. Según expertos de la ONU, el país aplica la pena capital por delitos como violación, adulterio y asesinato, entre otros.

Casos similares han marcado la historia reciente de Irán, como la ejecución en 2005 de un hombre que violó y asesinó a 20 niños, y en 1997, de otro acusado de secuestrar, violar y matar a nueve niñas y mujeres en Teherán.

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La reforma a la ley de pena de muerte en Florida que permitirá condenar con la pena de muerte a quienes cometan violaciones de niños menores de 12 años entrará en vigor el 1 de octubre. Esta ley fue firmada por el gobernador de Florida, Ron DeSantis, el 1 de mayo de este año y fue aprobada abrumadoramente por la legislatura de Florida en abril con el apoyo de los partidos Republicano y Demócrata.

La medida da a los fiscales estatales la opción de solicitar la pena de muerte si un adulto es declarado culpable de la agresión sexual de un niño. Sin embargo, esta ley es controvertida y plantea cuestiones legales.

En 2008, la Corte Suprema de Estados Unidos emitió una decisión que anuló una ley de Luisiana que permitía que un violador infantil pudiera ser condenado a muerte, estableciendo que los estados no pueden ejecutar a depredadores sexuales infantiles a menos que también asesinaran a sus víctimas.

La nueva ley en Florida busca desafiar este precedente y permitir la pena de muerte para los violadores de niños menores de 12 años. Sin embargo, grupos de trabajadores sociales y abogados defensores argumentan que la amenaza de la pena de muerte podría desincentivar a las víctimas de abuso sexual infantil a hablar sobre sus experiencias y que los agresores podrían estar más inclinados a matar a sus víctimas para evitar ser condenados a muerte.

En virtud de la nueva ley, los jueces tendrían la discreción de imponer la pena de muerte o sentenciar a los acusados a cadena perpetua. Si menos de ocho jurados recomiendan la muerte, los jueces tendrían que imponer cadenas perpetuas. Esta ley afectaría la fase de sentencia de los casos, y los jurados todavía tendrían que encontrar por unanimidad a los acusados culpables de los crímenes antes de que comience la fase de sentencia.

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El gobernador de San Luis Potosí Ricardo Gallardo Cardona refrendó su intención de aplicar la castración y pena de muerte a feminicidas y violadores, ya que la política de su gobierno es cuidar a las mujeres de la entidad y buscar justicia para todas las víctimas.

Durante un evento en Ciudad Fernández, el gobernador potosino reiteró el llamado que hizo a los legisladores locales y federales, al recalcar que se tienen que aplicar leyes más severas para quienes violenten a las mujeres, debido a esto, continúan buscando construir un estado donde haya seguridad y paz para todos. 

"Va a haber castración, vamos a capar a los violadores de mujeres, niñas y niños en San Luis Potosí, eso será la primera llamada de atención para estos inadaptados que siguen haciendo porquerías todos los días, que piensan que en el peor de los casos los van a llevar a la cárcel y que saldrán en un año y continuarán quebrantando las leyes", insistió. 

Gallardo desea que su iniciativa logre ser aprobada por los legisladores del estado, con la finalidad de enviar un mensaje a aquellos hombres que intenten violentar a una mujer y con esto busca que su administración tenga leyes a favor de las mujeres

"Estamos ya mandando la iniciativa a los diputados federales al Congreso de la Unión y vamos a pedir pena de muerte a todo aquel que viole y asesine a una mujer. No es justo acabar con los sueños de niñas, niños y mujeres", enfatizó el mandatario estatal y confirmó que el cambio que su gobierno ha registrado no solo es por un sexenio sino para instalarse en las cuatro regiones del estado. 

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El narcotráfico se ha introducido en las comunidades indígenas del sur profundo de Ensenada, dijo en entrevista Elías Espinoza Álvarez, titular de la oficina de representación del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Baja California.

Espinoza Álvarez comentó que, las comunidades indígenas no han permitido que las bandas dedicadas al narcotráfico controlen su ganado y su actividad comercial. 

Sin embargo aseguró que estos grupos sí están operando en la zona, aunque no dio mayores detalles sobre el tema. 

Esto lo comentó durante la Firma de Convenio de Colaboración con el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, con la Fiscalía General del Estado (FGE).