Varios beneficiarios del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) aseguraron hoy estar "felices" después de que un juez federal suspendiera la orden del Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, de poner fin a este amparo, pero insistieron en que seguirán luchando por una solución permanente.

A última hora del miércoles, un juez federal bloqueó la suspensión ordenada por el Gobierno de Trump de los TPS para El Salvador, Haití, Nicaragua y Sudán.

La decisión entró en vigor "de inmediato", ya que la terminación de los programas, prevista para los próximos meses, supondría, según el magistrado, Edward Chen, con tribunal en San Francisco (California), un "daño irreparable" para los inmigrantes y sus familias que debían abandonar el país.

El TPS es un programa migratorio creado en 1990 con el que EE.UU. concede permisos de forma extraordinaria a los nacionales de países afectados por conflictos bélicos o desastres naturales.

José Palma, de origen salvadoreño, beneficiario del amparo migratorio y miembro de la junta directiva de la Alianza Nacional de TPS, explicó hoy en una rueda de prensa telefónica que lleva 20 años en el país "trabajando, estudiando, criando a una familia", y que sus cuatro hijos han nacido en EE.UU.

"Mi historia es la historia de muchos beneficiarios del TPS, y esta decisión judicial trae alegría a nuestros corazones, pero sabemos que es una cuestión temporal y estamos listos para continuar organizándonos para lograr una solución permanente para nosotros y nuestras familias", insistió.

Wilna Destin es de origen haitiano, también ha podido hacer su vida en el país gracias a la protección del TPS y, cuando Trump ordenó ponerle fin, decidió embarcarse en la demanda cuyo fallo preliminar salió la pasada noche.

"Decidí involucrarme en la demanda porque era lo correcto. Mis dos hijos nacieron aquí, son ciudadanos, decidí pelear. No creo que sea justo para mí, después de tantos años de trabajo y de pagar impuestos. Ni tampoco es justo para mis hijos, mi familia o la gente de mi comunidad", aseguró Destin, vecina de Orlando (Florida).

"Estoy muy feliz por la decisión del juez, pero voy a seguir luchando como madre, como ser humano", añadió.

Hiwaida Elarabi, originaria de Sudán, también formó parte del grupo de demandantes, y decidió embarcarse en ello tras el miedo que sintió al conocer la orden del Gobierno de acabar con el TPS, algo que podría acabar con toda su vida.

Elarabi vive en Massachusetts desde hace más de 20 años, trabaja para el Departamento de Educación estatal y hace 2 años logró su "sueño" de abrir un restaurante, sin embargo, tras saber que quizá tendría que salir de EE.UU. de forma inminente, lo vendió sin apenas disfrutarlo por un precio inferior a su valor.

Como Palma, Destin o Elarabi, cientos de miles de personas, junto a sus hijos y familias, se encuentran ante la posibilidad de que finalmente tengan que abandonar Estados Unidos, el país donde han construido toda su vida, pero seguirán movilizándose para permanecer en un lugar que sienten suyo.

Emi Maclean, abogada de una organización nacional de trabajadores, explicó que el fallo judicial es "inmensamente importante" para estas familias, porque reconoce que hay muchas pruebas de que la Casa Blanca presionó para suspender los TPS motivada por una "animadversión racial" del presidente y su equipo.

"Las acciones de un Gobierno no deben estar motivadas por cuestiones raciales", subrayó la abogada, quien detalló que los beneficiarios de Honduras y Nepal no están protegidos por la decisión del juez ya que cuando se presentó la demanda sus TPS no habían recibido orden de finalización.

La terminación del TPS para Nicaragua estaba prevista para enero de 2019; para Haití en julio de 2019; para El Salvador en septiembre; y para Sudán de aquí un mes, el próximo noviembre.

La decisión del juez implica que los inmigrantes pueden seguir bajo el estatus TPS más allá de las fechas fijadas por Trump.

Según datos de hace un mes del Servicio de Investigación del Congreso, actualmente hay más de 436.000 inscritos en el TPS en todo EE.UU., de los cuales aproximadamente el 90 % son de El Salvador (262.000), Honduras (86.000), Haití (58.000) y Nicaragua (5.000).

La migración de la miseria continúa en México: carencias económicas, falta de empleo, economías locales estancadas y condiciones de pobreza alimentaria en los cinco estados más pobres del país empujaron al menos a 419 mil mexicanos a migrar hacia Estados Unidos en los últimos cinco años. 

Esto representa 27 por ciento de los 1.5 millones de mexicanos de todo el país que por diversas causas migraron hacia aquella nación en ese periodo, según el Consejo Nacional de Población (Conapo). 

Puebla, Oaxaca, Veracruz, Guerrero y Chiapas —las cinco entidades con mayor número de personas viviendo en condiciones de pobreza— se perfilaron como algunos de los principales expulsores de migrantes en la última media década, de acuerdo a datos del Consejo Nacional de Población (Conapo). En esos cinco años, las economías de estas cinco entidades vivieron prácticamente en una recesión permanente o con tasas muy bajas de crecimiento. 

Desde 2016, un total de 118 mil 412 poblanos abandonaron el país para reubicarse en el extranjero. Le siguen 105 mil 109 oaxaqueños, 91 mil 949 veracruzanos y 72 mil 10 guerrerenses. En ese mismo lapso, Chiapas expulsó a 32 mil 264 habitantes. 

Destinos más frecuentes de los migrantes mexicanos hacia EU: California, Illinois, Nueva York, Nueva Jersey y Texas.

Conapo estima que los destinos más frecuentes para los poblanos fueron California (30.4 por ciento), Nueva York (21.3 por ciento), Nueva Jersey (9.2 por ciento) Illinois (6.4 por ciento) y Texas (5.2 por ciento). 

Dentro de las cifras, un termómetro que es útil para determinar qué municipios expulsan más migrantes es el Instituto de los Mexicanos en el Exterior (IME), que registra el número de solicitudes de matrículas consulares en la red consular mexicana en Estados Unidos. De acuerdo a sus datos, una buena parte de la mayoría de los poblanos que ya residen al otro lado del río Bravo venían de la capital del estado. 

Pero también destacan municipios con altas tasas de pobreza como Atlixco, Izúcar de Matamoros, San Pedro Cholula y Chietla, que tuvieron un elevado número de personas que acudieron a tramitar su matrícula, empleada para acceder a distintos servicios utilizados por la población migrante como cuentas bancarias. Entre esos cuatro municipios suman 8 mil 681 registros consulares; no es coincidencia que sus niveles de pobreza oscilen entre el 59 y 77 por ciento de la población. 

En Guerrero, las cifras del IME ubican a Acapulco como el municipio de los estados pobres que más habitantes decide migrar hacia el exterior tras registrar 9 mil 672 matrículas consulares de población mexicana en Estados Unidos. Es, también, uno de los 10 municipios con más homicidios en 2021. 

Actualmente la alcaldía, que alberga uno de los principales destinos turísticos del país, registra altos niveles de inseguridad y, según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), la pobreza se apodera de 56.6 por ciento de los acapulqueños. 

Otros municipios guerrerenses que concentran un número elevado de matrículas consulares en Estados Unidos son Teloloapan (3 mil 264), Coyuca de Catalán (2 mil 219), San Marcos (2 mil 89), Cutzamala de Pinzón (2 mil 021) y Chilpancingo (2 mil 11). Cada una de estas demarcaciones registra un porcentaje de pobladores pobres que oscila entre el 57 y 78 por ciento. 

En Oaxaca, los municipios que más personas envían hacia Estados Unidos son Oaxaca de Juárez, Santiago Juxtlahuaca, Putla Villa de Guerrero, San Martín Peras y Mihuatlán de Porfirio Díaz. En estas alcaldías, solo la capital del estado muestra niveles de pobreza inferiores al 50 por ciento.

Entidades donde más mexicanos buscaron migrar hacia EU  

1. Guanajuato: 183 mil 545 
2. Michoacán: 127 mil 904 
3. Puebla: 118 mil 412 
4. Jalisco: 110 mil 761 
5. Oaxaca: 105 mil 109 
6. Estado de México: 101 mil 549 
7. Veracruz: 91 mil 949 
8. Guerrero: 72 mil 018 
9. Ciudad de México: 64 mil 392 
10. Hidalgo: 60 mil 614 

El gobierno de México y la administración entrante de Estados Unidos acordaron diseñar una estrategia para procurar que la migración hacia el norte, en su mayoría de centroamericanos, se desarrolle de forma ordenada, segura y regular, dijo el miércoles la cancillería del país latinoamericano.

El secretario de Relaciones Exteriores de México, Marcelo Ebrard, sostuvo un diálogo con el asesor de Seguridad Nacional del presidente electo de Estados Unidos, Jake Sullivan, donde hablaron sobre migración, un tema que dominó la administración del saliente mandatario estadounidense, Donald Trump.

"El secretario Ebrard y el asesor Sullivan acordaron continuar con el diálogo bilateral, a fin de diseñar de manera conjunta una estrategia regional para procurar que los flujos migratorios sean ordenados, seguros y regulares", aseguró la cancillería mexicana en un comunicado.

"La atención a las causas estructurales de la migración es una prioridad compartida por el gobierno de México y por la próxima administración encabezada por el presidente Biden y la vicepresidenta Kamala Harris", agregó.

Cada año, miles de centroamericanos cruzan el territorio mexicano en una larga y peligrosa travesía para escapar de sus empobrecidas naciones y de la violencia, en busca del "sueño americano" en Estados Unidos.

Desde antes de asumir como presidente de Estados Unidos en 2017, Trump criticó fuertemente a los migrantes y dijo que construiría un muro en la frontera sur para detener las "hordas de invasores". Una vez en posesión, implementó un programa que obligó a los solicitantes de asilo a esperar en México por sus juicios migratorios.

Tras tomar las riendas del gobierno mexicano a fines de 2018, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que reduciría la migración hacia su vecino del norte combatiendo las causas que la generan: la pobreza y la violencia.

Sin embargo, el flujo migratorio ha continuado y muchos creen que seguirá creciendo luego de una crisis económica sin precedentes ocasionada por la pandemia del coronavirus y dos potentes huracanes que azotaron Centroamérica a fines del año pasado.

Las autoridades fronterizas de Estados Unidos detuvieron por entrar ilegalmente al país o devolvieron a México por ser inadmisibles a 23.118 personas en mayo pasado, informó este viernes la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, en inglés).

Esta cifra supone una caída del 84 % en comparación con los registrados en mayo de 2019, cuando se detuvo o se consideró inadmisible a la cifra récord de 144.000 migrantes.

Sin embargo, los 23.118 casos de mayo suponen un ligero incremento comparado con los 16.966 anotados en abril de este año, cuando se notaron más los efectos de la pandemia del coronavirus, que retrae a muchos migrantes de intentar llegar a EE.UU.

En lo que ha transcurrido del período fiscal 2020, que comenzó en octubre pasado, las autoridades de inmigración han capturado o rechazado a 276.001 personas, comparado con 676.168 personas en el período similar del año anterior.

En todo el período fiscal 2019, que concluyó en septiembre pasado, Estados Unidos detuvo a 851.508 personas que habían cruzado la frontera por sitios no autorizados.

En mayo, las autoridades detuvieron tras cruzar ilegalmente a 21.475 personas, incluidos 959 menores no acompañados, y rechazaron a 1.643 personas más, incluidos 42 menores que viajaba sin la compañía de ul adulto, según la CBP.

"Los migrantes nunca deben escuchar las falsas promesas de las organizaciones de contrabando, a quienes no les importa su salud y seguridad", dijo el jefe de la CBP, Mark Morgan.

En todo el período fiscal 2019 fueron rechazadas 126.001 personas que se presentaron en puestos de entrada fronterizos y a quienes las autoridades estadounidenses calificaron como inadmisibles.

Esta categoría de inadmisibles incluye a las personas que buscan protección humanitaria y las que retiran su solicitud de admisión y retornan a sus países dentro de un período corto desde que llegaron a la frontera.

"La mayoría de los encuentros con migrantes ilegales ocurren con hombres adultos, mexicanos, y sin compañía", indicó la CBP. "El mes pasado, el 82 % de los encuentros y detenciones fueron con ciudadanos mexicanos, en tanto sólo el 13 % provenían del Triángulo Norte" (que incluye a Honduras, Guatemala y el Salvador).

En mayo de 2019, sólo el 16 % de los detenidos provino de México y el 72 % de esa región centroamericana.

El Gobierno del presidente Donald Trump inició en 2019 un programa denominado Protocolo de Protección de Migrante (MPP), por el cual ha enviado de retorno a México a decenas de miles de personas que habían llegado a la frontera estadounidense solicitando asilo. Esos migrantes deben esperar ahora en México el trámite de sus solicitudes.

La agencia indicó que sus agentes continúan interceptando el contrabando de drogas ilegales en la frontera y señaló que, a nivel nacional, las confiscaciones de drogas "aumentaron sustancialmente" de abril a mayo pasados.

"Las confiscaciones de cocaína se duplicaron con creces", señaló la CBP, y las de metanfetaminas, incluida metanfetamina cristalizada, subieron un 66 %, en tanto que las confiscaciones de marihuana se incrementaron en casi un 35 % y las de fentanilo subieron un 11 %. 

Durante el 2019 el Instituto Nacional de Migración (INM) entregó 42 mil 447 tarjetas de visitante por razones humanitarias a los migrantes que llegaron en busca de asilo a México. En el marco del Día Internacional del Migrante el INM también informó que entregó 75 mil 356 tarjetas de visitante regional y nueve mil 704 de visitante trabajador fronterizo.

Estas acciones formaron parte de los esfuerzos de la institución por resguardar los derechos humanos de los migrantes, según se difundió en un comunicado. Con este mismo objetivo se invirtieron 336 millones de pesos en la rehabilitación de 15 estancias y estaciones migratorias, además de que se capacitó a 250 trabajadores del INM en materia de legalidad y derechos humanos y a otros 441 empleados en temas de tortura.

De igual forma el INM estimó que al finalizar el año habrá realizado 100 millones de operaciones relacionadas con trámites migratorios. Por su parte, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) pidió a las autoridades tomar las medidas necesarias para salvaguardar los derechos de las personas migrantes, quienes huyen de sus comunidades en búsqueda de una mejor vida y en muchas ocasiones para alejarse de contexto de violencia.

"Este Organismo Nacional llama a las autoridades competentes a respetar y reconocer los derechos de todas las personas en contexto de migración, tanto de origen, destino, tránsito y retorno, con énfasis especial en aquellos grupos en situación de vulnerabilidad", señaló la CNDH en un pronunciamiento.

El organismo recordó que, según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), un total de 272 millones de personas habrían migrado a nivel global, lo que demuestra no sólo el reto que enfrenta el país, sino el mundo. Según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), hasta noviembre de este año fueron 66 mil 915 extranjeros quienes solicitaron refugio en el país.

La migración es desatendida por el gobierno federal y estatal, solo los organismos de la sociedad civil están atendiendo el asunto, señaló José Moreno Mena, presidente de la coalición pro-defensa del migrante.

En entrevista, Moreno Mena, indicó que el gobierno estatal no aborda la situación porque está inmerso en un periodo de transición.

"Ahora tenemos un fenómeno de migración distinto al de años anteriores, esta vez es por situación de violencia, las personas huyen de su lugar de orígen", explicó.

De acuerdo con el informe "Entre muros: solicitantes de asilo bajo los protocolos de protección a migrantes", elaborado por organismos no gubernamentales, de enero a octubre, en Baja California hay 13 mil migrantes extranjeros".

En ese sentido, José Moreno, señaló que el 20 % de estas personas tienen el objetivo de establecerse en esta ciudad fronteriza.