Un panorama difícil tienen en 2019 más de un millón de indocumentados en EEUU beneficiados por programas de amparo que están en la mira de la Administración del presidente Donald Trump, y que serán estudiados por la Corte Suprema.

Lo primero que evaluará el Tribunal Supremo, de mayoría conservadora, es la situación de los casi 700.000 beneficiados por la Acción Diferida Para los Llegados en la Infancia (DACA), el programa creado en 2012 por el expresidente Barack Obama y que regulariza, aunque de manera temporal, a los jóvenes indocumentados que llegaron de la mano de sus padres.

Ya en sus tiempos de candidato, Trump prometió abolir este programa y, finalmente, en septiembre de 2017 el entonces fiscal general de la actual Administración, Jeff Sessions, anunció la rescisión del programa.

No obstante, cuatro meses después, un juez federal de California ordenó que el programa se mantenga y que el Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) de EEUU continúe aceptando renovaciones.

Al de California le siguieron en la misma línea otros dos magistrados federales y ello llevó a la Administración a pedir la intervención de la máxima instancia judicial, casi al mismo tiempo que una corte federal de apelaciones respaldaba el bloqueo a la eliminación del programa.

United We Dream, la organización más grande que agrupa a los beneficiarios de DACA, estima que la Corte Suprema podría decidir si atiende este caso a mediados de enero próximo.

Luis Cortes, uno de los abogados demandantes y que representa a seis beneficiarios de DACA, cree que la llegada del juez Brett Kavanaugh a la Suprema no es alentador, ya que "últimamente ha votado del lado del Gobierno y ha seguido su tendencia ultra conservadora", según dijo a Efe.

Cortes, también beneficiado por la Acción Diferida, ve una esperanza en el magistrado Neil Gorsuch, que a pesar de haber sido nominado por el presidente Trump ha fallado hace poco a favor de los inmigrantes y en contra del actual Gobierno.

Por su parte, Cesar Vargas, cofundador de Dream Action Coalition, señaló a Efe que los amparados por DACA deben estar preparados para un fallo adverso y, además de invocarles a renovar su estatus para así ganar dos años más, avisa que hay que destinar esfuerzos en presionar al Congreso.

"Las demandas nos dieron tiempo pero, aún si la Corte Suprema falle a nuestro favor, necesitamos una solución definitiva y no podemos perder este objetivo", advirtió Vargas, quién también estuvo amparado por el programa DACA.

Al Congreso también apuntan los más de 430.000 inmigrantes, de los cuales unos 350.000 son centroamericanos, amparados por el Estatus de Protección Temporal (TPS), el amparo migratorio concedido a nacionales de países afectados por guerras o desastres naturales.

Este programa ha sido cancelado por el presidente Trump en el caso de algunos países y es objeto también de batallas legales.

"Tenemos que ganarnos un espacio en la mente de los estadounidenses para que entiendan el valor de las personas con TPS" indicó a Efe Pablo Alvarado, director de la Red Nacional de Jornaleros (NDLON, por sus siglas en inglés).

En febrero próximo, un grupo de 3.000 amparados por el TPS, entre activistas y miembros de organizaciones que conforman la Alianza TPS, llegará a Washington para pedir al nuevo Congreso, cuya cámara Baja será ya de mayoría demócrata, una solución permanente.

De hecho, varios congresistas hispanos han enviado una carta a Nancy Pelosi, quién asumirá la dirección de dicha cámara a partir de enero, para que en los primeros cien días de trabajo el nuevo Congreso promulgue leyes que protejan a los beneficiados por DACA y TPS.

El otro frente de batalla para los activistas en defensa del TPS está en los tribunales.

NDLON fue una de las organizaciones detrás de la demanda en contra del Gobierno de Trump y que fue respaldada por el juez federal Edward Chen, quien en junio pasado permitió que continúe la querella en contra de la cancelación del TPS.

El juez tendrá que emitir una decisión final sobre la demanda, aunque Alvarado cree que Chen se ratificará y, por tanto, la Administración federal llevará el asunto al Tribunal Supremo.

Tanto Alvarado como Vargas advierten que aunque finalmente se logre aprobar un proyecto de ley que legalice a los amparados de DACA y TPS, existe la posibilidad de que Trump se niegue a convertirlas en ley.

"(En ese caso) tendremos que estar listos para extender el sufrimiento y resistir estos dos años que quedan de Gobierno", señaló Alvarado.

Un grupo de anti-inmigrantes, que anteriormente ha logrado desaparecer las leyes santuario y el derecho a la residencia por familiares ciudadanos, ahora le piden a Joe Biden que reúna a los niños inmigrantes con sus familias, pero fuera del territorio estadounidense. 

 Por otro lado, la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR por sus siglas en inglés) le pide al presidente de los Estados Unidos que le dé fin al programa de DACA, argumentando que este programa afecta los recursos para los ciudadanos del país, incluyendo el apoyo para los inmigrantes que se encuentran en el territorio de manera legal.

 Esta petición se hizo de manera pública ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), exponiendo la situación que presuntamente, perjudica a la población.

​Los programas actuales retrasan los proceso que benefician a los inmigrantes legales, según FAIR Según las recomendaciones de FAIR, si son aprobadas, agilizaría el proceso de apoyo para la inmigración legal, dijo la organización. 

 “Bajo la administración Biden, la inmigración ilegal se ha disparado a niveles no vistos en 20 años. 

El abuso de asilo es desenfrenado ya que la administración ha mostrado un esfuerzo mínimo para proteger la integridad de nuestro sistema legal de inmigración”, dijo Dan Stein, presidente de FAIR. De acuerdo al LA Times, se ha pedido revocar las prioridades de aplicación restrictivas que excluyen a casi todos los extranjeros deportables y hacer cumplir la ley de inmigración en el interior de Estados Unidos, como exigir a los oficiales de asilo que apliquen las prohibiciones obligatorias al asilo y estándares de miedo creíbles más altos. 

Por otro lado, se busca también que el DHS mantenga las prioridades de procesamiento de asilo de "último en entrar, primero en salir” para evitar recibir solicitudes fraudulentas que les permitan los inmigrantes entrar al país por cuestiones laborales. 

 “Estas recomendaciones mejorarían a los solicitantes inmigrantes y no inmigrantes elegibles para acceder a beneficios legales de inmigración y minimizar las demoras irrazonables en el procesamiento. 

También eliminarían muchos de los factores de atracción que fomentan el fraude y el abuso del sistema de asilo, lo que ha provocado retrasos históricos”, dijo Stein. 

Un juez federal ordenó este viernes a la administración del presidente Donald Trump restaurar por completo una iniciativa de la era de Barack Obama que protege a los inmigrantes indocumentados traídos a los Estados Unidos cuando eran niños, requiriendo a los funcionarios abrir el programa a nuevos solicitantes por primera vez desde 2017, mencionan medios locales.

CBS News menciona que el juez Nicholas Garaufis del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, en Brooklyn, ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que publique un aviso público antes del lunes que indique que el departamento aceptará y adjudicará las solicitudes de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) de inmigrantes que califican para el programa, pero actualmente no está inscrito en él.

Garaufis también ordenó a los funcionarios que otorguen a los solicitantes permisos de trabajo aprobados que duren dos años, en lugar del periodo de un año propuesto por la administración Trump durante el verano.

El medio reporta que un millón de adolescentes y adultos jóvenes inmigrantes indocumentados, que califican para DACA en papel, podrían presentar una solicitud a raíz de la orden del viernes.

La acción sigue a otra orden que se emitió en noviembre que encontró que el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Chad Wolf, no tenía la autoridad legal para cerrar DACA a nuevos solicitantes o acortar el lapso de validez de los permisos de trabajo y las protecciones de deportaciones que reciben los beneficiarios del programa. Garaufis llegó a esta conclusión después de determinar que el nombramiento de Wolf violaba la Ley de Seguridad Nacional de 2002, menciona CBS.

Karen Tumlin, una de las abogadas que representan a los beneficiarios y posibles solicitantes de DACA, aplaudió el fallo del viernes y pidió al gobierno que detenga "sus ataques contra los jóvenes inmigrantes hoy en lugar de continuar su batalla perdida en la sala de audiencias durante los últimos días de la administración", indica el medio.

El Gobierno del presidente Donald Trump aceptó este martes rescindir la suspensión de visas para los estudiantes extranjeros matriculados en universidades estadounidenses que ofrezcan todos sus estudios en línea, tras la presión ejercida en contra de esa directiva por varios estados y universidades.

En una audiencia en Boston (Massachusetts), en la que se iba a discutir la demanda iniciada por la Universidad de Harvard y el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) para revocar esta directiva, la jueza federal Allison Burroughs presentó la lectura de un acuerdo al que llegaron el Gobierno federal y las instituciones académicas.

La audiencia se había programado con una duración de 90 minutos, ante la expectativa de una acalorada defensa de posiciones por ambas partes, pero en menos de dos minutos el Gobierno y las universidades se pusieron de acuerdo en la retirada de la norma.

La sorpresiva resolución de esta disputa deja sin efecto asimismo las demandas iniciadas por el estado de Nueva York, universidades del Oeste del país, la Universidad John Hopkins, de Maryland, y la coalición de estados encabezada por la fiscal general de Massachusetts, Maura Healey.

Otro de los centros que se había manifestado en contra de la normativa fue la Universidad Rice, en Houston (Texas, EE.UU.).

Su presidente, David Leebron, señaló que está "encantado" con la decisión de revertir la polémica normativa, que había sido anunciada por el Gobierno hace apenas una semana.

"Pensamos que las reglas originales sugeridas eran crueles y equivocadas y no servían a nuestras universidades, no servían a nuestros estudiantes y francamente no servían a nuestro país", dijo Leebron en declaraciones a la cadena de televisión CNN.

También quedó sin causa la moción iniciada esta mañana por el fiscal general de California, Xavier Becerra, que solicitaba la intervención de los tribunales para bloquear la aplicación de la suspensión de visas hasta que hubiera un fallo judicial.

California, el estado con los sistemas educativos más grandes del país, con 180.000 estudiantes internacionales cada año, según datos de la Oficina del Fiscal General, iba a ser uno de los más afectados por esta orden de Trump.

No solo las universidades y autoridades estatales se habían manifestado en contra, sino que también más de una decena de empresas del sector tecnológico, incluyendo Google, Facebook y Twitter, salieron en apoyo de la demanda contra el Gobierno de Trump.

Estas compañías explicaron que los estudiantes internacionales contribuyen "sustancialmente" a la economía de Estados Unidos, por lo que su partida hubiera amenazado la capacidad de las instituciones educativas para mantener sus "estándares de excelencia".

"Los estudiantes internacionales son una fuente importante de empleados para las empresas estadounidenses mientras son estudiantes y después de graduarse. Finalmente, se convierten en valiosos empleados y clientes de empresas estadounidenses, ya sea que permanezcan en los Estados Unidos o regresen a sus países de origen", aseguraron.

De acuerdo a sus cálculos, los alumnos internacionales aportaron durante el curso 2018-2019 un total de 41.000 millones a la economía de Estados Unidos, ocupando más de 450.000 empleos directos. 

WASHINGTON/NUEVA YORK, 19 jun (Reuters) - El presidente Donald Trump señaló el viernes que podría intentar de nuevo poner fin al programa que ha protegido a los inmigrantes que están en Estados Unidos ilegalmente pero que entraron cuando niños, conocidos como "Dreamers", tras una derrota en la Corte Suprema del país.

Trump escribió en Twitter, refiriéndose a la política de Acción Diferida para los Llegados en La Infancia (DACA): "La Corte Suprema nos pidió que nos volviéramos a presentar por el DACA, nada se perdió o ganó (...) En breve presentaremos documentos mejorados para cumplir adecuadamente con el fallo de la Corte Suprema y la petición de ayer (jueves)".

Cuando se le pidió que aclarara los comentarios, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany, dijo que "estamos mirando los documentos actualmente" y añadió que la administración avanzaría de una manera "responsable" y "compasiva".

El fallo de la corte 5-4 encontró que el gobierno se había equivocado en la forma en que decidió terminar el programa en 2017. DACA fue puesto en marcha por la anterior administración del presidente Barack Obama y actualmente hay unos 649.000 inmigrantes inscritos.

La opinión mayoritaria de la Corte Suprema, en la que su presidente John Roberts se puso del lado de los cuatro jueces más liberales, dejó la puerta abierta para que Trump intente nuevamente cerrar el programa, dictaminando únicamente que el gobierno no había cumplido con los requisitos de procedimiento y que sus acciones eran "arbitrarias y caprichosas".

Ken Cuccinelli, el subsecretario interino del Departamento de Seguridad Nacional, dijo el viernes a Fox News que el departamento "se movería lo más rápido posible" para presentar a Trump varias opciones ejecutivas que podría tomar.

En otro tuit, Trump dijo que quería "ocuparse de los receptores de la DACA", y culpó a los demócratas por no negociar una solución permanente al estatus temporal de los jóvenes inmigrantes.

Las conversaciones sobre la inmigración, incluyendo un posible camino a la ciudadanía para los "Dreamers", se desmoronaron en 2018 después de que Trump provocó indignación con el presunto uso de un lenguaje vulgar para describir los países africanos en una reunión con legisladores.

 El Tribunal Supremo de EE.UU. decidió este jueves mantener en pie el programa de Acción Diferida Para los Llegados en la Infancia (DACA), que protege de la deportación a centenares de miles de jóvenes indocumentados conocidos como "soñadores".

En una decisión ajustada, por 5 votos a favor y 4 en contra, el Supremo tachó de ilegal la decisión del presidente de EE.UU., Donald Trump, de poner fin al programa que desde hace ocho años ha beneficiado a muchos indocumentados que llegaron al país cuando eran niños.