En un 2018 marcado por las elecciones legislativas, el presidente de EE.UU., Donald Trump, recrudeció su cruzada contra la inmigración con tuits, decretos y despliegues de tropas, que se han topado con la oposición de tribunales, gobiernos estatales e, incluso, con parte del estamento militar.

Consciente del rédito que le proporcionó el discurso del miedo en los comicios presidenciales de 2016 que le llevaron a la Casa Blanca, Trump adoptó en su segundo año de mandato un tono más virulento contra quienes aspiran a vivir en territorio estadounidense.

Estos ataques tuvieron un blanco preferente -los latinoamericanos- y un escenario bien definido: la frontera con México.

Trump comenzó el año de la misma manera que acabó 2017, amenazando con un cierre de Gobierno si el Congreso no accedía a financiar el muro fronterizo que, con el paso del tiempo, se está convirtiendo en una de las grandes promesas incumplidas de su campaña presidencial.

Ante el enroque de ambas cámaras, el mandatario acabó aprobando un presupuesto que apenas contemplaba una partida de 1.600 millones de dólares para iniciar la construcción del muro en la frontera con México, muy lejos de los 25.000 millones que había pedido al Legislativo.

Lejos de amilanarse, el mandatario optó por adoptar otro tipo de medidas que sirvieran para disuadir a los migrantes -a los que se ha referido en numerosas ocasiones como "gente mala" y "tipos duros"- que, asegura, vienen a sembrar el caos en el país.

La primera de estas medidas fue la llamada política de "tolerancia cero", que consistía en separar a padres e hijos en la frontera.

Esta decisión, que fue adoptada por decreto, generó una considerable reacción de repulsa por parte de numerosas organizaciones civiles, como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, en inglés), que llegó a tildar la normativa de "culmen de la irracionalidad" y la denunció ante los tribunales.

Finalmente, después de haber separado a 2.667 pequeños de sus progenitores, una corte de San Diego ordenó al Ejecutivo la reunificación de las familias en un plazo de 30 días.

Tras este fracaso legislativo y ante la imposibilidad de levantar el muro, el Gobierno ordenó en abril el despliegue de la Guardia Nacional en el sur del país para salvaguardar la frontera.

Esta medida se encontró con la oposición de varias Administraciones estatales, que son las que en última instancia deben solicitar -y financiar- el despliegue de los reservistas, con lo que Trump volvió a sufrir un nuevo revés en su política migratorio.

Harto, quizá, de las trabas y molesto por el avance de varias caravanas de migrantes procedentes de Centroamérica a escasos días de la celebración de las elecciones legislativas del 6 de noviembre, el presidente ordenó en octubre el despliegue de más de 5.000 soldados regulares a lo largo de la frontera con México.

Ante el revuelo causado por esa decisión y por las palabras de Trump, quien insinuó que las tropas podrían abrir fuego en caso de ser atacadas con piedras, el Pentágono salió al paso para aclarar que su única misión era prestar apoyo logístico al Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés).

A pesar del constante goteo de imágenes de militares reforzando la valla que separa ambos países en algunos tramos, la llegada de miles de migrantes a Tijuana hizo temer a la Administración que algunos decidieran desmarcarse y optaran por cruzar ilegalmente la frontera para pedir asilo.

Comenzaron entonces las presiones vía Twitter de Trump, quien amenazó al Gobierno de México con cerrar la frontera, y volvieron las órdenes ejecutivas, con la prohibición por decreto de la solicitud de asilo para quienes no presentaran su caso en los puestos aduaneros.

Una vez más, los tribunales reaccionaron y bloquearon la medida.

Los comicios habían pasado ya; los republicanos habían perdido su mayoría en la Cámara de Representantes pero habían mantenido el control del Senado, y la inmigración volvía a ceñirse a algún tuit esporádico de Trump. 

Por quinta ocasión, los integrantes del Frente Nacional Anti-AMLO organizan y llevan a cabo una caravana de automóviles sobre Paseo de la Reforma en la Ciudad de México para demandar la renuncia del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Como otras veces, se lleva a cabo una manifestación con dirección del Auditorio Nacional hacia el Palacio de Bellas Artes en la cual, los automovilistas portan banderas de México, hacen sonar los cláxones de sus vehículos y muestran pancartas y letreros pegados en los mismos con mensajes como "¡AMLO, vete ya!", "#SomosMéxico", y "AMLO deja de destruir", por ejemplo.

Los reclamos de los inconformes con el gobierno del presidente López Obrador abarcan varios temas: desde un plan para "instalar el comunismo en México", en contra de lo que consideran un plan para instalar "una dictadura chavista", el aborto y la reforma a la Ley del IMSS para aumentar la cantidad de trabajadores que perciban una pensión al jubilarse, el manejo de la pandemia por Coronavirus 2019, hasta para demandar que no se venda el avión presidencial, luego de que el presidente dio a conocer que ya hay dos compradores internacionales para la aeronave.

"El avión es del pueblo. No robes a México para regalar a los extranjeros", reclama un hombre a través del cartel pegado en la puerta de su automóvil.

Se estima en por lo menos 4 mil centroamericanos procedentes de Honduras y Guatemala, que saldrían el día primero de julio.

Esta información se ha generado dentro de los albergues para migrantes que funcionan en Mexicali, por la comunicación entre los migrantes que ya están en Baja California y los organizadores de la caravana que tendría como objetivo llegar a Tijuana.

Tomas Diosdado administrador del Albergue Alfa Y Omega en Mexicali, comentó que ha aumentado el flujo de migrantes de Centro América y el Caribe, y que se le ha dicho por los migrantes que están en su albergue que el 1 de julio sale una nueva caravana que llegará a Baja California después de cruzar México.

Se estima un mínimo de 4 mil migrantes que partirían de Honduras y Guatemala para llegar en un periodo de dos meses a la frontera norte de México con Estados Unidos.

Los migrantes tienen el objetivo de llegar a Tijuana y pedir asilo político en la Unión Americana.

Poco más de mil vehículos, convocados por simpatizantes del movimiento encabezado por el teniente coronel Julián Leyzaola, participaron este sábado por la mañana en las principales avenidas de la ciudad de la caravana Leyzaola No Está Solo, en rechazo a lo que denominaron persecución política por parte del Estado al ex candidato a presidente municipal. 

“Participamos todos quienes estamos con Julián Leyzaola, convencidos de que siempre ha sido la mejor opción para traer orden a Tijuana”, dijo Héctor Cruz, líder estatal de Encuentro Solidario, quien además considera la demostración en apoyo a Leyzaola como un mensaje directo al gobierno del estado.

“Nuestra única bandera hoy es la de ciudadanos sin colores ni partidos, venimos en calidad de amigos de Julián Leyzaola, y como tales nos estamos demostrando en contra de la persecución a nuestro amigo”, declaró Cruz al frente de la concentración, que convergió en la glorieta General Ignacio Zaragoza, en avenida De los Héroes.  

Entre los reclamos de los participantes se encuentra el alto a la utilización de la instituciones del gobierno, específicamente a la Fiscalía General del Estado, para perseguir a quienes han demostrado solidaridad con Julián Leyzaola y su proyecto.

“Recuerdo cuando en 2006 los que ahorita están en el gobierno salieron a manifestarse en contra de la persecución de su candidato, y ahora ellos mismos se dedican a perseguir a Leyzaola” fue el acuse de Rigoberto, quien acudió a la caravana junto a su familia y que ha apoyado a Leyzaola desde su primera candidatura a presidente municipal en 2016.

Durante el evento, se informó que aunque por cuestiones legales no es posible ahondar en detalles, la defensa jurídica de Julián Leyzaola se mantiene firme y están confiados de que al llegar a instancias federales quedará demostrada su inocencia.

De acuerdo a los organizadores de la caravana, esta no será la única demostración de apoyo al teniente coronel, y se cumplió con el objetivo de dejarle en claro a quienes se esconden detrás del gobierno para atacar a quien, dijeron, lleva la delantera rumbo a la próxima alcaldía de Tijuana, que no está solo.

Ante la llegada de alrededor de 4 mil migrantes que intentan ingresar al país en la frontera sur con Guatemala, y que ayer lunes fueron repelidos con gases lacrimógenos por elementos de la Guardia Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que su gobierno procura aplicar la ley sin violar derechos humanos e indicó que todos aquellos migrantes que quieran ingresar a territorio mexicano deberán cumplir con las leyes migratorias para brindarles protección.

"Se procura que se aplique la ley sin violar derechos humanos, eso lo hemos logrado. Nuestros adversarios quisieran que se reprimiera, tener la foto de un elemento del Guardia Nacional golpeando a un niño migrante, pero no, porque no somos iguales".

En conferencia de prensa en Palacio Nacional, el mandatario indicó que el gobierno federal ofrece refugio a aquellos migrantes "y aunque parezca contradictorio, protección, porque si no los cuidamos, si no sabemos quiénes son, si no tenemos un registro, pasan y llegan la norte y los atrapan las bandas de delincuentes y los agreden, porque así era antes también, los desaparecían".

"Entonces cuando dicen que porque la Guardia Nacional (es) porque necesitamos que se respeten las leyes como lo hacen en todos los países sin violar derechos humanos".

El presidente indicó que este martes, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ofrecerá mayores detalles sobre el tema.

Ayer lunes, elementos de la Guardia Nacional repelieron con gases lacrimógenos el ingreso a México de unos 4 mil migrantes de la caravana que partió de Honduras el pasado miércoles. Algunos centroamericanos lanzaron piedras, que eran regresadas por los agentes. Varios menores y adultos resultaron lesionados e intoxicados.

El gobierno mexicano rechazó la petición de los integrantes de la caravana migrante proveniente de Centroamérica para que se les permita el libre tránsito por territorio nacional en su paso a Estados Unidos, sin necesidad de esperar a que se resuelva antes su situación migratoria.

A través del Instituto Nacional de Migración (INM), el gobierno expuso que "las disposiciones jurídicas no establecen una calidad migratoria de tránsito, razón por la cual, no es posible obsequiar positivamente su petición".

Integrantes de la caravana enviaron una carta al presidente Andrés Manuel López Obrador en la que solicitaron ingreso y tránsito por territorio mexicano a través del Puente Fronterizo Rodolfo Robles, Suchiate 1, ubicado en Ciudad Hidalgo, Chiapas y en su camino a la frontera con Estados Unidos.

Amagaron con que de no tener respuesta positiva cruzarían por el Río Suchiate.

En repuesta, la titular de la Oficina de Representación del INM en Chiapas, Carmen Yadira de los Santos Robledo, dio lectura a la respuesta del gobierno en la que se estableció que se les permitiría el ingreso cumpliendo los requisitos establecidos en la ley y en caso de violaciones a ésta se harían valer las normas aplicables.

Ante esto, la funcionaria invitó a los migrantes "a pasar la frontera territorial de México en orden para su registro y resolver cada una de las peticiones".

El texto dirigido a las personas migrantes recuerda que "los extranjeros, al acceder a territorio nacional, deberán cumplir con la Ley de Migración que, señala: deberá ser regulada, segura y ordenada.

"Las disposiciones jurídicas no establecen una calidad migratoria de tránsito, razón por la cual, no es posible obsequiar positivamente su petición. Sin embargo, el Instituto con fundamento en el artículo 37 de la Ley de Migración, permitiría el ingreso cumpliendo los requisitos".

En la misiva de respuesta se invita a que "pasen las niñas y niños no acompañados y acompañados, así como personas migrantes de condición vulnerable, para proporcionar dignidad humana de conformidad con los derechos humanos, protección humana y políticas de humanismo del Gobierno de la República".

El gobierno, se insiste, está comprometido a que se mantenga una migración segura, ordenada y regular. El Instituto Nacional de Migración hará cumplir la ley en caso de violación a ésta. En Gobierno de México mantiene apertura al diálogo y reitera su compromiso con el respeto a los derechos humanos.