Decenas de personas han protestado este fin de semana frente a un centro de detención de Nueva York que lleva siete días parcialmente sin electricidad ni calefacción, coincidiendo con jornadas de intenso frío, y cuyas ventanas los reos golpeaban para llamar la atención.

Según informó este domingo el canal ABC7, la autoridad federal de Prisiones estima que este lunes volverá la energía al Centro de Detención Metropolitano del distrito de Brooklyn, que el domingo pasado sufrió un apagón parcial causado por un pequeño incendio en las instalaciones eléctricas.

Unos 1.200 presos se alojan en el centro y, según se escucha en videos subidos a las redes sociales delante del lugar, muchos pedían ayuda golpeando las ventanas con objetos tras varios días en los que el termómetro en Nueva York llegó a marcar quince grados centígrados bajo cero.

Las protestas de los vecinos, con carteles en los que se leía "Humanidad para todos" o "los escuchamos", provocaron este sábado tensiones con los funcionarios de la penitenciaría, de acuerdo a imágenes televisivas, y hoy domingo por la mañana decenas de personas volvieron a acudir a las puertas del penal.

El alcalde Bill de Blasio dijo a través de su cuenta de Twitter que la autoridad federal de Prisiones había "rechazado la ayuda" de las agencias locales y el sábado por la noche ordenó enviar camiones con mantas, calentadores de mano y generadores.

Abogados de los reos denunciaron que no había servicios médicos y que sus clientes habían estado envolviéndose con toallas de la cabeza a los pies para mantener el calor estos días.

La Oficina federal de Prisiones explicó a CNN que hubo un incendio en la sala de los fusibles y uno de los dos edificios del centro tenía un apagón parcial, problema que se ha resuelto instalando un nuevo panel eléctrico, aunque los técnicos aún tienen que restaurar el servicio, trabajo que finalizará este lunes.

Asimismo, la autoridad dijo que los presos tienen agua caliente, alumbrado de emergencia, que sí hay servicios médicos y que la temperatura del aire en las celdas estaba "en rangos aceptables", algo que disputan representantes políticos locales.

La congresista demócrata Nydia Velázquez, que acudió el viernes y el sábado a las instalaciones, consideró que no se han respetado los "derechos humanos básicos", mientras que su colega Jerry Nadler volvía este domingo para comprobar si funcionaba la calefacción y si los reos podían recibir a sus letrados.

Convertidas en universidades del delito y en bases de negocios criminales y sin lograr regenerar a los prisioneros, las 149 cárceles de Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Panamá cayeron en una violenta crisis en una realidad numérica: con capacidad de alojar a 72 mil 235 reclusos, la población penal de los seis países es de casi el doble y sumó 143 mil 159 presos a 2018.

Los líos en los penales de Centroamérica se saldaron esta semana con un motín el martes en Panamá que dejó 12 reclusos muertos y 11 heridos. Honduras militarizó el mismo día el sistema carcelario, donde las sangrientas disputas entre redes del crimen organizado, maras o pandillas y delincuencia común dejaron 105 homicidios desde 2013 y 20 únicamente en 2019.

Los datos oficiales sobre las cárceles del área, extraídos del más reciente informe World Prison Brief, del (no estatal) Instituto para la Investigación de Políticas de Crimen y Justicia, de Londres, con cifras a septiembre de 2018 y algunas actualizadas a octubre de 2019, revelaron que El Salvador, con 38 mil 939 presos y 604 por cada 100 mil habitantes, tiene el mayor número de reclusos del istmo.

Con capacidad para 18 mil 51 personas, la sobrepoblación en 25 prisiones en ese país llegó a 215.2% en junio de 2018, precisó.

Una crisis que se arrastra. "La crisis carcelaria en Centroamérica se arrastra hace muchos años. No se corrige nada", adujo el salvadoreño Miguel Montenegro, director ejecutivo de la (no estatal) Comisión de Derechos Humanos de El Salvador.

El Instituto precisó que Guatemala alcanzó 25 mil 320 presos en 21 cárceles con capacidad para 6 mil 800, a 143 por 100 mil habitantes y una sobrepoblación de 357.6%. Honduras registró 20 mil 506 privados de libertad, con 229 por 100 mil habitantes en 27 instituciones con capacidad para 10 mil 600 reclusos y una sobreocupación de 193.58%, indicó.

Con posibilidad de albergar a 11 mil 781 prisioneros en nueve penales, Nicaragua reportó 20 mil 918, una sobrepoblación de 177.6% y 332 por 100 mil habitantes.

Costa Rica, con 19 mil 226 reos en 33 centros penales con capacidad para 9 mil 791, llegó a una sobreocupación de 139.4% y 374 por 100 mil personas.

Panamá llegó a 16 mil 953 reclusos en 24 cárceles con opción de recibir a 15 mil 222, para un exceso de 111.4% y 401 por 100 mil pobladores.

"Autoridades ayudan a la corrupción". "El hacinamiento es muy grave y sin atención integral para solventarlo. Las autoridades ayudan a la corrupción en los penales que, sin readaptación, son escuelas del crimen para salir a delinquir", declaró Montenegro a EL UNIVERSAL.

Su condición de privados de libertad tampoco les impidió comprar privilegios -lujos, placeres y acceso a armas, municiones, marihuana, cocaína o licores vía sobornos- y seguir ligados a sus contactos de afuera de las cárceles para controlar operaciones externas de extorsión, trata de personas, tráfico de drogas y armamento, sicariato, estafas telefónicas y otras actividades ilícitas. Los motines son frecuentes y mortales.

Al advertir que "siempre hay abogados coludidos" con los presos, el viceministro de Seguridad de Honduras, Luis Suazo, reveló que tres empleados penitenciarios fueron detenidos porque cobraron 40 mil 500 dólares hace tres meses por introducir dos teléfonos celulares y un aparato de comunicación satelital a un penal para unos presos.

El caso demostró un alza, ya que el costo por insertar un teléfono celular a prisión era de unos 60 dólares, narró Suazo a la prensa hondureña. "Hay personas que se prestan para trasladar mensajes, dinero, armas", narró.

La escritora Beatriz Gutiérrez Müller, presidenta del Consejo Honorario de Memoria Histórica y Cultural de México, dijo estar en contra de las pintas sobre cualquier inmueble artístico o histórico, e hizo un llamado a la sociedad para salvaguardar el patrimonio del país. 

"Es incuantificable el daño hacia el patrimonio mexicano, pero por qué pasa eso, porque los mexicanos, en muchos casos, no tienen conciencia del valor de lo que están rayando. Se puede protestar por lo que se quiera, pero lo que no se debe hacer es rayar el patrimonio", indicó Gutiérrez Müller. 

La también esposa del presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no solamente se refería a las pintas sobre la columna del Ángel de la Independencia, catalogado como Monumento Artístico por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), que resultó afectado con pintas durante la marcha contra la violencia hacia la mujer el pasado viernes 16 de agosto. 

"Me refiero a todas las pintas que han existido, este es el país de las pintas. Por más razón que tenga quien proteste, yo no pienso que haya derecho a dañar un inmueble con valor histórico. Independientemente de la impartición de justicia a tal o cual caso o validez que tenga la protesta, es un daño al patrimonio y el patrimonio es de todos los mexicanos", comentó.

Gutiérrez Müller hizo la declaración al término de la inauguración de la exposición "Memoria de milagros. Exvotos mexicanos", que fue encabezada por Alejandra Frausto, titular de la Secretaría de Cultura, en compañía del General de División Claudio Vincelli, comandante de División de Unidades Especializadas Carabinieri. 

La exhibición que se encuentra en el Museo Nacional de las Culturas del Mundo (Moneda 13, Centro Histórico), está conformada por 594 retablos que habían sido sustraídos de manera ilegal del país y que fueron repatriados de Italia el pasado 6 de marzo. 

Los exvotos son piezas de pequeñas dimensiones realizados sobre diferentes soportes: lienzo, papel, metal y madera. Además se caracterizan por ser originarios de diferentes templos de Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Jalisco, Colima, San Luis Potosí y Zacatecas. 

La exposición "Memoria de milagros. Exvotos mexicanos" contó con el trabajo curatorial de Consuelo Maquívar, Clara Bargellini, Carlis San Juan, Cristina Noguera, Ricardo López, Marisa Gómez y Ana Bedolla. 

Con respecto a la repatriación de bienes culturales, Beatriz Gutiérrez Müller también habló sobre el Penacho de Moctezuma, que actualmente se encuentra en el Weltmuseum Wien (rebautizado como Museo del Mundo, Viena). 

"Ojalá que la repatriación del penacho sea gestionada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Relaciones Exteriores, porque el Penacho de Moctezuma es un símbolo muy grande para los mexicanos. Quizá el Penacho sea la pieza que más renombre tiene, pero también hay otras piezas como códices y obras pictóricas que pudieran regresar a México, porque se han robado mucho de ti. Nosotros queremos recuperar todo lo que se pueda", dijo la escritora.

Nos están matando S.O.S, se lee en las pancartas que grupos de feministas hicieron para exigir justicia y respeto a las mujeres.

Decenas de mujeres se sumaron a las protestas nacionales que feministas organizaron a través de redes sociales.

Las féminas reclaman justicia, que se castigue a los agresores sexuales a raíz de la violación cometida por policías de la que fue víctima una joven en la Ciudad de México. 

No hay justicia y nos sentimos inseguras, expresan las féminas en sus consignas.

Para Sayak Valencia, activista señaló hizo un llamado a las autoridades electas de Baja California, para que en agenda de trabajo, fomenten el respeto a los derechos humanos.

En la entidad se ha incrementado la violencia, agresiones sexuales en contra de las mujeres, eso es preocupante, indicó.

También es alarmante que un mínimo porcentaje de agresiones sexuales se castiguen, pero más preocupante que el porcentaje de delitos denunciados sea bajo, añadió.

Algunos automovilistas que transitaban por el lugar, sonaron el cláxon en señal de apoyo.

En otras pancartas escribieron: 

#NoMeCuidanMeViolan #VivirSinMiedo #QueremosJusticia #NoEsLaRopaNiElAlcoholEsElMachoViolador entre otros.

Después de varios intentos por parte de trabajadores de Altisa de invadir las vialidades del fraccionamiento Colinas de California, vecinos solicitaron a la Dirección de Transporte público Municipal emitir una postura.

Comités de vecinos de varias zonas residenciales aledañas a la referida, se organizaron y entregaron un escrito al Director Francisco Castillo Fraga, como encargado de regular el transporte público en Tijuana, para manifestarle su preocupación por los intentos en repetidas ocasiones de Altisa para colocar sitios de taxis y crear una ruta no autorizada.

Finalmente, la oficina municipal respondió y reafirmó lo que los vecinos ya sabían, que "Altisa, ni ningún otra empresa tiene autorización para ingresar al fraccionamiento Colinas de California", por lo que los residentes exigen a dicha empresa a respetar la ley y no insistir en actuar como delincuentes violentando los reglamentos.

Durante las últimas semanas y aprovechando las primeras horas del día, unidades de Altisa, algunas sin placas de circulación iniciaban a tratar de "subir" pasaje en las calles de la zona residencial citada -misma que fue ofrecida por los constructores como privada- pero en todas las ocasiones los mismos vecinos llamaban a la autoridad para denunciar lo que ocurría.

El líder social Sergio Tamai indicó que continuarán con la lucha por el alza en el transporte público de Mexicali. 

Comentó que además de ser caro, los concesionarios del transporte no han cumplido con los compromisos de mejorar el servicio y mejores unidades.

Hace algunas semanas el Ayuntamiento de Mexicali anunciaba el aumento al transporte público con algunos beneficios y entre ellos el ofrecer mejor servicio.

Tamai indicó que además la autoridad municipal no les ha entregado los formatos oficiales para poder llevar a consulta ciudadana el tema del aumento del transporte, comentó que se debe tomar en cuenta la opinión de los usuarios.