El fallecimiento del expresidente peruano Alan García este miércoles avivó en Bolivia la polémica sobre Odebrecht entre oficialismo y oposición, que se culpan mutuamente de las ramificaciones del caso en el país.

García falleció en un hospital de Lima tras dispararse en la cabeza cuando iba a ser detenido en su domicilio por su presunta implicación en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

Tanto oficialistas como opositores bolivianos lamentaron el fallecimiento del exmandatario del país vecino, a la vez que se enzarzaron en un cruce de acusaciones sobre este caso en Bolivia.

La diputada del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) Susana Rivero, que presidió una comisión parlamentaria que investigó el caso, denunció ante los medios que en Bolivia hay una exautoridad que "anda diciendo que es perseguido" políticamente, "cuando él era parte del esquema".

Rivero no citó expresamente a quién se refería de los ocho miembros de gobiernos de Bolivia en la década de 2000 directamente denunciados o considerados como poco sospechosos en un informe que esa comisión entregó a la Fiscalía, sobre los casos Odebrecht y Lava Jato.

La parlamentaria se preguntó "cuántas obras públicas han podido construirse con la plata que se robaba" en el país, donde "todo lo decidían por decreto, forzaban las normas a la carrera, todo lo acomodaban a pedido de esas empresas brasileñas".

El oficialismo denunció durante la investigación parlamentaria sobreprecios millonarios en obras adjudicadas a las brasileñas Odebrecht y Camargo Correa por el Gobierno de Carlos Mesa (2003-2005), con movimientos "sospechosos" en sus cuentas bancarias y coincidencias en viajes con supuestos involucrados en estos casos.

Mesa por su parte reclamó sin éxito que el Parlamento, donde el MAS tiene mayoría, investigara también al actual gobierno de Evo Morales, preguntándose si "acaso no se pagaron sobornos de Camargo durante su gestión".

Por su parte, la diputada Shirley Franco, de la opositora Unidad Demócrata, manifestó a los medios que lo ocurrido con García "deja claramente establecido que el caso en la región latinoamericana no ha concluido".

Franco criticó que, en cambio, en Bolivia el MAS decidió "rápidamente, de manera muy sospechosa, concluir esta investigación".

La diputada subrayó que una comisión paralela de la oposición continuará la investigación, en la que espera reunirse este mes con autoridades de Brasil.

"No cabe la menor duda de que es un hecho que involucra a expresidentes ligados con el populismo del siglo XXI", advirtió, para citar a exmandatarios como el ecuatoriano Rafael Correa, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y la argentina Cristina Fernández.

La opositora señaló que "seguramente actuales gobernantes van a estar comprometidos en el informe que se va a emitir" desde la oposición.

Un juzgado anticorrupción de Bolivia ordenó el pasado febrero el encarcelamiento de dos procesados en el país en estos casos, después de que la Asamblea Legislativa boliviana remitiera a la Fiscalía un informe de presuntas irregularidades como sobornos y sobreprecios en adjudicaciones de obras de anteriores Gobiernos. 

Un juez de control determino mantener la medida cautelar de prisión preventiva justificada contra Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), por lo que seguirá su proceso por el caso Odebrecht en el reclusorio Norte. 

Este martes, un tribunal federal ordenó celebrar una nueva audiencia para determinar si modificaba la medida cautelar impuesta a Lozoya Austin, luego de que el Tribunal Unitario revocó la prisión preventiva justificada impuesta en el caso de la planta chatarra de Agronitrogenados y ordenó la colocación de un brazalete electrónico. 

El tribunal ordenó reponer la audiencia, para que el juez motive y fundamente su decisión, ya que no lo hizo cuando decretó la prisión preventiva en noviembre. 

El juez de Control reiteró los criterios expuestos entonces, entre los que destaca el elevado riesgo de que se fugue y se mantenga oculto. 

Otro de los rubros en que basó su decisión el juez es la red de ayuda que podría tener Emilio Lozoya para huir del país, al hacer referencia a su esposa de nacionalidad alemana, además de que no tiene apego familiar en la Ciudad de México. 

También argumentó que la cantidad de recursos económicos que tiene para sustraerse de la justicia y mantenerse oculto; en particular, dos millones de euros que le encontraron en un cuenta bancaria en el Principado de Liechtenstein. 

Otro argumento del juez fue la elevada pena que alcanzarían los tres delitos imputados al ex director de Pemex: asociación delictuosa, lavado de dinero, y cohecho, pues las penas máximas sumadas de esos ilícitos alcanzan los 35 años de prisión. 

En esta audiencia solo estuvo presente en el Centro de Justicia Penal Federal, con sede en el reclusorio Norte, Emilio Lozoya y uno de sus abogados, pues tanto el juez como los agentes del Ministerio Público de la Federación, así como los representantes jurídicos de Pemex y la UIF, parte ofendida, comparecieron, a través de videoconferencia. 

El juez Artemio Zúñiga explicó que esto se debía a que en dicho Centro de Justicia Penal Federal se han presentado varios contagios de covid-19, incluso reveló que se trata de un 30 por ciento del personal. 

El 3 de noviembre, el juez Artemio Zúñiga determinó modificar la medida cautelar del ex director de Pemex, e impuso la prisión preventiva justificada solicitada por la Fiscalía General de la República (FGR) por el caso Odebrecht. 

En ese entonces, el juez basó su decisión en tres rubros: la red de ayuda que podría tener para fugarse Emilio Lozoya; la cantidad de recursos económicos que tiene para ello, así como la pena de los tres delitos que se le imputan al ex director de Pemex, asociación delictuosa, lavado de dinero, y cohecho. 

Lozoya Austin denunció al ex presidente Enrique Peña Nieto y a otros políticos por presuntamente recibir sobornos millonarios cuyo origen son de la constructora brasileña Odebrecht, por lo que podría alcanzar una condena de 39 años de prisión. 

Esta mañana, un Tribunal Federal desechó el amparo que promovió la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con el cual buscaba echar atrás la resolución de una magistrada de circuito que modificó la medida cautelar impuesta a Emilio Lozoya, para que enfrente su proceso en libertad por el caso de la planta chatarra Agronitrogenados. 

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En cumplimiento a una orden del Instituto Nacional de Transparencia –INAI-, la Fiscalía General de la República (FGR) difundió las versiones públicas de los cinco primeros tomos del expediente del caso Odebrecht, en los que ocultó la información relevante que permita conocer a los involucrados en esta trama de corrupción.

Entre la información censurada hay documentos que involucran a actuales funcionarios federales, como es el caso de Leonardo Cornejo Serrano, directivo de la refinería de Dos Bocas, que en el sexenio pasado intervino en la asignación de una obra en Tula a Odebrecht.

También fue censurada por completo información referente a una obra que Odebrecht ejecutó en Michoacán cuando fue gobernador de aquel estado Lázaro Cárdenas Batel, actual jefe de asesores del presidente López Obrador.

El expediente de Odebrecht consta de decenas de tomos y anexos, los cuales la FGR se comprometió a hacerlos públicos en forma paulatina. La publicación del expediente se dio en cumplimiento de las resoluciones del INAI a recursos de revisión interpuestos en septiembre pasado por la organización periodística Quinto Elemento Lab.

Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad –MCCI- obtuvo copia del expediente sin censurar, y realizó un cotejo de los cinco primeros tomos del expediente, para verificar la información que la FGR ocultó en sus versiones públicas.

La denuncia

Dictamen de adjudicación directa del contrato en la refinería de Salamanca

Contrato de Tula

Declaración de Leonardo Cornejo Serrano, actual funcionario en la refinería de Dos Bocas

Carta enviada por Leonardo Cornejo Serrano, actual funcionario en la refinería de Dos Bocas, en la que invita al director de Odebrecht, Luis Weyll, a presentar cotización para la obra de Tula que fue negociada con sobornos

Los documentos de Odebrecht sobre una obra que realizó en Michoacán, cuando ese estado fue gobernado por Lázaro Cárdenas Batel, actual jefe de asesores de AMLO

Las declaraciones de los ejecutivos de Odebrecht que denunciaron los sobornos

La siguiente es una relación de la información censurada:

-Contrato a Odebrecht en Tula y Salamanca, revisión técnica de Leonardo Cornejo Serrano.

-Segundo contrato para Odebrecht en Tula, también validado por Cornejo Serrano.

-Denuncia de Pemex ante la PGR; indicios de sobrecostos y pagos no justificados.

-Nombramiento de Leonardo Cornejo como coordinador de proyectos de modernización de refinerías en el sexenio de Peña Nieto.

-Simulación de estudio de mercado de Odebrecht y sus proveedoras.

-Invitación de Leonardo Cornejo a Luis Weyll –quien negociaba los sobornos- para que Odebrecht envíe propuesta para la refinería de Tula.

-Aprobación de contrato en Tula a favor de Odebrecht.

-Contrato de Pemex con Odebrecht, en el que firma Cornejo.

-Segundo contrato para Odebrecht en Tula.

-Respuesta de Pemex al Ministerio Público por investigación de Tula.

-Dictamen de adjudicación directa firmado por Leonardo Cornejo y José Aarón Marrufo Ruiz.

-Acta de sesión en la que se aprueba incrementar la capacidad de Tula; Carlos Roa, coordinador de asesores de Lozoya, justifica la obra; Cornejo la defiende.

-Proveedores de Odebrecht en Tula; incluye oficio para subcontratar a Grupo Tulancingo, empresarios cercanos a Osorio Chong.

-Declaración de Leonardo Cornejo Serrano ante la PGR.

-Relación de subcontratistas de Odebrecht en Hidalgo.

-Declaración de los ex funcionarios de Pemex Víctor Domínguez Cuéllar, Claudio Cristian Nava Aguilar, Gustavo Escobar Carre, André Arthur Glorieux González, Armando Hiram Hinojosa González, Guillermo Antonio Suárez Solís, Fernando Castillo Amor, Armando Ricardo Arenas Briones, Alejandro Martínez Sibaja, Arturo Arregui, Jesús Lozano Peña y Arturo Francisco Henríquez Autrey.

-Convenios modificatorios de contratos a Odebrecht en Tula y Salamanca.

-Documentos del gasoducto Los Ramones asignado a Odebrecht.

-Documentos de obra de Odebrecht en Michoacán.

-Estados de cuenta bancarios de Emilio Lozoya en Suiza.

-Acuerdo de inmunidad que en 2017 firmó la PGR para Marcelo Odebrecht y otros vinculados al caso.

-Anexos de los documentos entregados por Brasil

-Subcontrato de Odebrecht con Inmobiliaria Ruso en Veracruz.

-Órdenes de pago de Blunderbuss, empresa fantasma de Veracruz a través de la cual Odebrecht trianguló sobornos.

-Procedimiento para asignar presa en el río Los Pescados, de Veracruz.

-Rastreo financiero de Lozoya en instituciones de todo el país y del extranjero.

-Respuesta de la confederación suiza a petición de información.

El excandidato presidencial del PAN, Ricardo Anaya Cortés, en un nuevo video, reveló que hizo un comparativo entre el caso Odebrecht en Estados Unidos, el cual dedica un capítulo completo a México, y la investigación que se le está siguiendo por las acusaciones del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.

En el segundo de cuatro videos, Anaya Cortés describe que, de acuerdo a la confesión del director de Odebrecht, Luis Weyll, la constructora brasileña le entregó directamente a Emilio Lozoya sobornos por 10 millones de dólares, una parte para la campaña presidencial de 2012 y el resto de manera personal a Lozoya, a cambio de contratos de obra pública en la ampliación de la refinería de Tula.

Anaya hace notar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos tomó en cuenta todos los elementos, incluida la declaración del director de Odebrecht, y condenó a la empresa a pagar una multa de 3 mil 500 millones de dólares. En cambio, la FGR desestimó la confesión de los propios inculpados para atenerse a los dichos de Lozoya, y armó “un Frankenstein torciendo todo y acabaron en un cuento totalmente absurdo”.

“Las conclusiones de la Fiscalía de López Obrador son exactamente contrarias a las conclusiones de las autoridades de Estados Unidos. O sea, el caso es el mismo, pero las conclusiones son contrarias… En la versión de Lozoya y de López Obrador, es el rollo de la Reforma Energética y el dinero acabó casualmente en las manos de los adversarios de López Obrador… Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, son contratos de obra pública y el dinero se lo dieron a Lozoya”.

Encontré un montón de pruebas de mi inocencia… y de lo corrupto que es AMLO: Anaya

Anaya concluye que “la Fiscalía de López Obrador no tiene interés en recuperar el dinero ni en castigar a los verdaderos culpables. Lo que López Obrador quiere, en realidad, es hacer una carambola de tres bandas: primero y más allá de lo que pienses de la Reforma, lo cual es respetable, López Obrador quiere reforzar su discurso en contra de la Reforma Energética; segundo, quiere aparentar que lucha contra la corrupción, cuando la realidad es que los verdaderos culpables están libres, con el dinero en sus cuentas; y tercero, quiere usar todo este circo para meter a la cárcel a sus adversarios políticos, como yo”.

Ante las conclusiones contrarias de la misma investigación en Estados Unidos y en México, y dado que el propio director de Odebrecht confesó que el dinero se lo dieron a Lozoya a cambio de contratos de obra pública (y no para sobornar a legisladores a cambio de aprobar la Reforma Energética), Anaya cuestiona: ¿dónde están esos millones de dólares?

“Mañana voy a demostrar que Lozoya tiene la lana, y que López Obrador está dejando que se la quede, a cambio de que le ayude a declarar en mi contra y así tratar de meterme a la cárcel. ¿Dónde está el dinero? De eso se trata el video de mañana”, dijo.

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Ricardo Anaya Cortés sí votó a favor de la reforma energética cuando era diputado federal en el sexenio pasado, detalla una versión pública de la investigación que realizó la Fiscalía General de la República (FGR), con la cual busca llevarlo a prisión por supuestamente recibir un soborno de 6 millones 800 mil pesos. 

En el documento se da cuenta de hechos delictivos “que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido”.

La versión pública detalla que la FGR ha judicializado diversos casos, como el de Ricardo Anaya, los cuales ya son del dominio público. 

#FGRInforma: Versión pública caso Odebrecht/Ricardo “N”. pic.twitter.com/OZK9beR4zP

— FGR México (@FGRMexico) August 25, 2021

Indica que altos funcionarios de Odebrecht Brasil, como Hilberto Mascarenhas Alves, Marcelo Odebrecht, Luis Alberto Meneses Weyll, entre otros, señalaron en actas ministeriales en dicho país, su intención de obtener, a partir de 2012, controles y contratos en operaciones sustantivas en el área petrolera mexicana. 

Para ello, entregaron sobornos a Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), como un primer pago por 10 millones de dólares, para garantizar el control sobre esa producción petrolera.

En la denuncia que Emilio Lozoya presentó a la FGR en 2020 señaló que recibió instrucciones “superiores” para entregar 6 millones 800 mil pesos a Ricardo Anaya, para que votara a favor de la reforma energética que privatizaría la producción petrolera mexicana, en favor de empresas extranjeras, como Odebrecht Brasil. 

Según consta en diligencias ministeriales, dicha cantidad le fue entregada a Ricardo Anaya por una persona de confianza del propio Emilio Lozoya cuyo nombre es Norberto Gallardo; monto que le entregó a Ricardo Anaya en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en 2014. 

“Posteriormente, y de conformidad con lo señalado en el Diario de Debates de la Cámara de Diputados, donde se aprobó la reforma constitucional en materia energética, quedó constancia de que Ricardo Anaya votó a favor de la misma”, puntualiza el documento.

Los testigos Miguel Pérez Esquivel (chofer de Lozoya) y Froylán Gracia Galicia (ex colaborados cercano) manifestaron haber presenciado diversas visitas de Ricardo Anaya y otros legisladores, a las oficinas de Emilio Lozoya, en la Dirección General de Pemex, lo cual quedó asentado en diligencias ministeriales 

“La secuencia de todas las diligencias señaladas, que pueden aportarse en versión pública, más otras adicionales, evidencian una línea clara y consecuente de hechos delictivos que tuvieron por objeto entregar el patrimonio petrolero del país a intereses y a empresas extranjeras, con todas las consecuencias económicas y sociales que México ha sufrido", señala la fiscalía. 

Todo lo cual ya ha quedado debidamente judicializado en casos vinculados con el presente asunto, los cuales ya son del dominio público. 

“De conformidad con los artículos 212, 261, 313 y 315 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se señala que, en la etapa de investigación inicial, de audiencia inicial y de vinculación a proceso, el Ministerio Público de la Federación sólo necesita exponer al juez de control los datos de prueba con los que considere que se establece un hecho que la ley señale como delito y la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión”, enfatiza la versión. 

Para la Fiscalía General de la República (FGR), el expresidente Enrique Peña Nieto jugó un papel central en el caso Odebrecht, por lo que lo acusa de los delitos de cohecho, traición a la patria y delito electoral.

Según la orden de aprehensión que la FGR solicitó contra el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso, y que después retiró de un juzgado federal para afinarla, Peña Nieto contó con su "propio aparato de poder criminal", a partir del cual implementó una estrategia de cooptación a legisladores para la aprobación de las reformas estructurales en materia energética, mediante la obtención de dinero, principalmente de la constructora brasileña Odebrecht, que sirvió para el pago de sobornos a diputados y senadores.

"Enrique Peña Nieto jugó un papel central en la comisión de los delitos de cohecho, traición a la patria y delito electoral, lo cual puede asumirse sobre la base de proposiciones empíricas", indicó la Fiscalía.

La FGR basa la probable intervención de Peña Nieto, como autor mediato, en la llamada "teoría del control o dominio de la voluntad por medio de un aparato de poder organizado", según la cual, el hombre de atrás [Enrique Peña Nieto] dominó la voluntad de los autores directos de los sobornos en el caso Odebrecht, Luis Videgaray y Emilio Lozoya, mediante un aparato de poder organizado, "que en el caso concreto lo era el gobierno federal".

El pasado 3 de noviembre, EL UNIVERSAL publicó una entrevista que hizo Quinto Elemento Lab a Luis Alberto Meneses Weyll, quien el principal funcionario de Odebrecht que sobornó a Emilio Lozoya Austin. Fue quien confesó a la justicia brasileña haber entregado 10.5 millones de dólares al servidor público entre 2012 y 2014, y quien puso en la mira al exdirector de Pemex con sus acusaciones reveladas en 2017.

Ahora, Meneses Weyll desmiente las versiones que Lozoya Austin está ofreciendo a la justicia mexicana en su intento por obtener un trato preferencial.

Ni hubo dinero por parte de Odebrecht para la campaña de Enrique Peña Nieto ni hubo sobornos para que los legisladores aprobaran la reforma energética, ni hubo pagos para obtener contratos para una planta de etano en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, aseguró Meneses Weyll a través de su abogado, Carlos Kauffmann.

"El único que sabe lo que hizo con el dinero es el propio Lozoya Austin (...) está tratando de adjudicarle pagos ajenos a Odebrecht, pagos que no son de Odebrecht (...) Si alguien está intentando colocar en Meneses Weyll o en Odebrecht pagos que no se realizaron, eso nosotros no lo vamos a admitir", dijo el abogado Kauffmann en la primer entrevista que concede a la prensa mexicana.