El expresidente peruano Alan García murió durante la mañana de este miércoles en un hospital de Lima mientras era operado de un disparo en la cabeza que se dio cuando iba a ser detenido por orden judicial por supuestos delitos de corrupción vinculados al caso Odebrecht.

Fuentes del partido Aprista y el presidente de Perú, Martín Vizcarra, confirmaron que el dos veces gobernante peruano (1985-1990 y 2006-2011) murió mientras era operado en el hospital Casimiro Ulloa de Lima, a donde fue trasladado de urgencia por agentes de la Policía que habían llegado a su casa para detenerlo.

El anuncio de la muerte fue hecha en primer lugar por el secretario personal de García, Ricardo Pinedo, a los medios que esperaban en los exteriores del hospital.

Casi de inmediato fue confirmado por el presidente Vizcarra, en su cuenta oficial en Twitter.

"Consternado por el fallecimiento del expresidente Alan García. Envío mis condolencias a su familia y seres queridos", señaló Vizcarra.

Alan García murió a los 69 años de edad tras haberse disparado en la cabeza cuando iba a ser detenido por orden judicial y luego de haber sufrido tres paros cardiorrespiratorios.

El director del hospital, Enrique Gutiérrez, señaló que el exgobernante presentaba un disparo de arma de fuego en el cráneo "con orificio de entrada y salida" y que todos los médicos del Casimiro Ulloa, en el distrito limeño de Miraflores, participaron en la operación para intentar salvarle la vida.

Alan García fue ingresado en medio de gran confusión en el hospital, a donde fue trasladado por la Policía que fue a detenerlo a su casa.

Según testigos consultados por la televisión peruana, García estaba cubierto por una manta roja y poco después llegó al lugar uno de sus hijos y representantes del Partido Aprista Peruano (PAP).

El suceso se produjo cuando agentes de la División de Investigación de delitos de Alta Complejidad acudieron a la casa del político, sobre el que pesa desde finales del año pasado una orden de impedimento de salida del país, para someterlo a una detención provisional por diez días ordenada por el Poder Judicial.

Junto a García, también se ordenó la detención de Luis Nava, secretario presidencial bajo el Gobierno del líder del partido aprista, y Miguel Atala, ambos estrechos colaboradores del expresidente y señalados como sus testaferros.

Además, del exministro de Transportes y Comunicaciones y de Vivienda y Construcción, Enrique Cornejo, quien horas después se entregó a la Justicia, y de otros cinco exfuncionarios de su segundo gobierno.

La situación legal de García se complicó después de que el pasado domingo se difundiera que la empresa Odebrecht, en el marco del acuerdo de colaboración que mantiene con la Justicia peruana, reveló que Nava, y su hijo José Antonio Nava, recibieron 4 millones de dólares de la empresa para lograr el contrato de construcción de la Línea 1 del Metro de Lima. 

El fallecimiento del expresidente peruano Alan García este miércoles avivó en Bolivia la polémica sobre Odebrecht entre oficialismo y oposición, que se culpan mutuamente de las ramificaciones del caso en el país.

García falleció en un hospital de Lima tras dispararse en la cabeza cuando iba a ser detenido en su domicilio por su presunta implicación en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht.

Tanto oficialistas como opositores bolivianos lamentaron el fallecimiento del exmandatario del país vecino, a la vez que se enzarzaron en un cruce de acusaciones sobre este caso en Bolivia.

La diputada del gubernamental Movimiento al Socialismo (MAS) Susana Rivero, que presidió una comisión parlamentaria que investigó el caso, denunció ante los medios que en Bolivia hay una exautoridad que "anda diciendo que es perseguido" políticamente, "cuando él era parte del esquema".

Rivero no citó expresamente a quién se refería de los ocho miembros de gobiernos de Bolivia en la década de 2000 directamente denunciados o considerados como poco sospechosos en un informe que esa comisión entregó a la Fiscalía, sobre los casos Odebrecht y Lava Jato.

La parlamentaria se preguntó "cuántas obras públicas han podido construirse con la plata que se robaba" en el país, donde "todo lo decidían por decreto, forzaban las normas a la carrera, todo lo acomodaban a pedido de esas empresas brasileñas".

El oficialismo denunció durante la investigación parlamentaria sobreprecios millonarios en obras adjudicadas a las brasileñas Odebrecht y Camargo Correa por el Gobierno de Carlos Mesa (2003-2005), con movimientos "sospechosos" en sus cuentas bancarias y coincidencias en viajes con supuestos involucrados en estos casos.

Mesa por su parte reclamó sin éxito que el Parlamento, donde el MAS tiene mayoría, investigara también al actual gobierno de Evo Morales, preguntándose si "acaso no se pagaron sobornos de Camargo durante su gestión".

Por su parte, la diputada Shirley Franco, de la opositora Unidad Demócrata, manifestó a los medios que lo ocurrido con García "deja claramente establecido que el caso en la región latinoamericana no ha concluido".

Franco criticó que, en cambio, en Bolivia el MAS decidió "rápidamente, de manera muy sospechosa, concluir esta investigación".

La diputada subrayó que una comisión paralela de la oposición continuará la investigación, en la que espera reunirse este mes con autoridades de Brasil.

"No cabe la menor duda de que es un hecho que involucra a expresidentes ligados con el populismo del siglo XXI", advirtió, para citar a exmandatarios como el ecuatoriano Rafael Correa, el brasileño Luiz Inácio Lula da Silva y la argentina Cristina Fernández.

La opositora señaló que "seguramente actuales gobernantes van a estar comprometidos en el informe que se va a emitir" desde la oposición.

Un juzgado anticorrupción de Bolivia ordenó el pasado febrero el encarcelamiento de dos procesados en el país en estos casos, después de que la Asamblea Legislativa boliviana remitiera a la Fiscalía un informe de presuntas irregularidades como sobornos y sobreprecios en adjudicaciones de obras de anteriores Gobiernos.