Los centros de detención para inmigrantes en el sur de Texas (EE.UU.) están tan llenos que las autoridades estadounidenses han decido usar aviones para trasladar a los indocumentados a otras instalaciones con más espacio, desveló este sábado el diario The Washington Post.

El rotativo, que cita a tres fuentes del Departamento de Seguridad Nacional, explica que el uso de aeronaves es poco común, pero responde a la gran llegada de inmigrantes a la frontera.

El primer vuelo salió el viernes de la ciudad de McAllen (Texas), fronteriza con México, con destino a Del Río, otra urbe texana donde la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) tiene un centro para identificar y detener temporalmente a los inmigrantes que llegan irregularmente desde México.

La CBP ha fijado vuelos para trasladar a inmigrantes durante varios días, incluidos dos viajes para el martes, según los funcionarios citados por The Washington Post.

De acuerdo a una de esas fuentes, el Gobierno de EE.UU. ha decido usar aeronaves porque todos los autobuses están ya siendo usados y las autoridades necesitan otros medios de transporte, como los aviones, que pueden trasladar a 135 adultos por un coste de unos 16.000 dólares, según el Post.

La información relevada por el diario es relevante porque muestra las dificultades de las autoridades de EE.UU. para responder a la gran cantidad de migrantes que cruzan de manera irregular la frontera con México, la mayoría de ellos huyendo de la violencia y falta de oportunidades de El Salvador, Honduras y Guatemala.

Casi 100.000 personas fueron arrestadas en abril por haber cruzado ilegalmente la frontera entre México y EE.UU., lo que supone la mayor cifra en los últimos seis meses, según datos de la CBP.

Ese repunte ha saturado los centros fronterizos de la CBP donde los inmigrantes son identificados antes de pasar a la custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), agencia que tiene instalaciones dentro del país donde los inmigrantes son detenidos por largos periodos de tiempo antes de ser deportados o puestos en libertad, en caso de poder permanecer en EE.UU.

Como no hay espacio en los centros en la frontera, la CBP ha alojado a los inmigrantes en tiendas de campaña en las ciudades fronterizas de McAllen, Brownsville y Rio Grande City.

Además, en El Paso y Camp Donna, una base militar en el Valle del Río Grande, la CPB ha instalado carpas donde aloja a familias, entre las que figuran menores.

Varias ONG, incluida Human Rights Watch (HRW), ha criticado la instalación de esas tiendas al considerar que, en ningún caso, los niños deberían ser privados de libertad. 

Deportarán a José Inés García Zárate, un migrante indocumentado que en 2017 fue declarado no culpable de un asesinato usado por el gobierno de Donald Trump para construir el muro fronterizo y justificar sus duras políticas migratorias.

El mexicano, que había sido deportado cinco veces del país y condenado por siete delitos graves antes del sonado caso en San Francisco, California, está bajo custodia de inmigración desde el 16 de febrero y será devuelto a México, según informó una fuente al diario The New York Times.

García Zárate fue absuelto en 2017 por la muerte de Kathryn Steinle en un muelle de la Bahía de San Francisco.

Dos meses antes de la muerte de Steinle, el mexicano había sido dejado en libertad por las autoridades de San Francisco, siguiendo las políticas de "ciudad santuario" que restringen la colaboración de la Policía con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

La defensa de García Zárate logró demostrar que el mexicano había encontrado un arma bajo una silla y que ésta se disparó accidentalmente cuando la dejó caer, dando muerte a la joven de 32 años que caminaba junto a su padre por el turístico Muelle 14, en julio de 2015.

Por el caso, que atrajo la atención nacional y que fuera tema de campaña electoral del ex presidente republicano (2017-2021) contra las ciudades santuario, el mexicano fue declarado culpable de poseer ilegalmente un arma de fuego y se encontraba en una cárcel federal cumpliendo sentencia.

La acusación contra García Zarate ha salido nuevamente a relucir en los últimos días tras el asesinato de la estudiante Laken Hope Riley, de 22 años, mientras corría por el campus de la Universidad de Georgia en la ciudad de Athens el pasado 22 de febrero.

El venezolano José Antonio Ibarra, de 26 años, fue arrestado y acusado el viernes por el homicidio de la estudiante.

El inmigrante cruzó la frontera ilegalmente en septiembre de 2022, lo que ha generado una ola de cuestionamientos por parte de los republicanos al Gobierno de Joe Biden por haberlo dejado en libertad.

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Cientos de paisanos se congregaron ayer en la capital de Florida, Tallahassee, para expresar su repudio a la ley SB 1718 y reclamar una reforma migratoria integral que evite que “políticos mediocres” usen periódicamente a los hispanos como “piñatas”.

La concentración en el exterior del Capitolio estatal fue precedida por el desfile de una caravana de vehículos por el centro de la ciudad a 24 horas de que entre en vigor la norma.

Algunos de esos autos salieron de San Diego, California, la semana pasada con el lema “Todos somos Florida” para solidarizarse con los migrantes de ese estado afectados por la SB 1718.

La caravana realizó un recorrido de costa a costa y estuvo en 13 ciudades; fue sumando participantes hasta su llegada a Florida la noche del jueves.

El parque ubicado frente al edificio legislativo acogió desde la mañana a un amplio grupo grande de personas con banderas de México, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Puerto Rico y Cuba, a las que se les sumaron más manifestantes durante el día.

“No somos una carga”

“No tengan miedo, no se vayan de Florida”, dijo el activista Luis Vega, quien luchó en su momento contra la ley antimigrante SB 1070 de Arizona y aseveró que la legislación de Florida, que “es una copia de aquella”, no va a ser implementada porque se va a pelear ante la justicia.

Los congregados en la víspera de la entrada en vigor de la ley promovida por el gobernador el republicano Ron DeSantis, que castiga severamente la inmigración irregular, se pasaron el micrófono frente a las cámaras de televisión para expresar lo que sienten cuando se acerca la “hora cero”.

Una reforma migratoria integral acompañada de una amnistía para todos los indocumentados a nivel federal fue la exigencia más escuchada en la concentración, junto con los llamamientos para “parar esta ley”.

Juan José Gutiérrez, dirigente de la organización Derechos Plenos para los Inmigrantes y uno de los integrantes de la caravana que partió desde California, subrayó que hay que evitar a toda costa que el ejemplo de la ley SB 1718 se extienda por Estados Unidos como “un cáncer”.

El activista agregó que para evitar que “políticos mediocres”, en aparente alusión a DeSantis, sigan usando como “piñata” a los inmigrantes cada vez que necesitan contentar a sus bases electorales es necesario que el Congreso federal apruebe la tantas veces postergada reforma migratoria.

Otros participantes en la concentración hicieron hincapié en que los indocumentados trabajan duro y no son una “carga social”, pues pagan impuestos: mil 600 millones de dólares solo en Florida y 47 mil millones de dólares en todo el país, según dijo una de las activistas que tomó la palabra espontáneamente.

Medios como Univision, que transmitió en directo desde la concentración, subrayaron la ausencia de políticos y representantes estatales en la protesta.

Protestas y marchas para hoy

Para hoy están previstos actos de protesta en distintas ciudades de Florida y, según dijo a la agencia EFE Gutiérrez, se va “a anunciar un boicot” a los productos de Florida, como frutas, verduras y jugo de naranja y otros cítricos”, en rechazo a esta ley.

El director ejecutivo de Derechos Plenos para los Inmigrantes, que forma parte de la coalición de agrupaciones de Todos somos Florida, señaló que, además de las protestas y marchas, abogados de organizaciones de derechos civiles y pro migrantes han diseñado una estrategia legal contra la ley SB 1718, que se va a reflejar en varias demandas de caracter judicial.

La nueva normativa obliga a las empresa de más de 25 empleados a usar un programa para verificar el estatus migratorio de cada uno de sus contratados y tipifica los viajes en automóvil a través de las fronteras estatales con una persona indocumentada como delito grave, punible con hasta 15 años de prisión.

La ley dificulta también el acceso de los indocumentados a la atención médica al obligar el registro del estatus migratorio de todos los pacientes en hospitales que reciben Medicaid (seguro público) y desconoce las licencias de manejo expedidas por otros estados a personas en esa misma situación legal.

DeSantis busca obtener la candidatura republicana a la presidencia aunque tiene como rival a Donald Trump, favorito en las encuestas partidistas. 

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El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos desmintió este jueves que esté considerando “deportaciones masivas” a México, según informó el diario The Washington Post.

“Los informes de que estamos considerando deportaciones masivas de no mexicanos a México son falsos”, aseguró en su cuenta de Twitter Marsha Catron Espinosa, Subsecretaria de Asuntos Públicos del Departamento de Seguridad Nacional.

De acuerdo con el Post, que citó a fuentes informadas del asunto, aunque el acuerdo aún no es definitivo, la idea que se discute busca reforzar medidas que el Departamento de Seguridad Nacional se prepara para anunciar la próxima semana para penalizar las solicitudes de asilo de quienes cruzan ilegalmente a los Estados Unidos o no solicitan protección en las naciones por las que transitan en el camino a la frontera estadounidense.

El plan crearía una “presunción en contra de la elegibilidad de asilo” y, siempre de acuerdo con el Post, el programa sería mucho más grande que el “Quédate en México” implementado por la administración de Donald Trump.

Un funcionario de la administración Biden dijo al Post que las deportaciones masivas se limitarían a ciudadanos provenientes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, pues el gobierno de Estados Unidos no puede devolverlos a sus países de origen.

Estados Unidos anunció a fines de 2022 un plan para aceptar a 30 mil ciudadanos de esos países, cada mes, siempre y cuando hagan la solicitud en sus países, cuenten con un patrocinador financiero que ya esté en Estados Unidos (individuos o representantes de organizaciones) y superen una verificación de antecedentes, entre otros requisitos. De ser así, se les permitirá vivir y trabajar en el país durante dos años.

Al respecto, Catron dijo que “seguimos trabajando estrechamente con el gobierno de México para aplicar nuestro exitoso plan de control fronterizo, que ya ha dado como resultado el menor número de encuentros entre puertos de entrada en dos años”.

Catron, en cambio, no dijo nada sobre el supuesto plan para penalizar las solicitudes de asilo.

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En el último trimestre del año 2022, se prevé que continúe el arribo de familias migrantes a Baja California, sobretodo en el mes de diciembre, declaró el titular de la Dirección de Atención al Migrante en Tijuana (DMA), Enrique Lucero Vázquez.

Recordó que el año anterior un grupo de migrantes haitianos llegaron a Tijuana en el mes de diciembre y se habilitó una unidad deportiva para albergarlos, por lo tanto, este año se prepara el gobierno municipal en caso de que arriben en lo que resta del año. 

En los últimos meses, la mayoría de los migrantes que han arribado a la ciudad fronteriza son originarios de Michoacán y Guerrero, quienes son desplazados por la alta violencia que se registra. 

"Le he llamado una migración silenciosa porque no acapara la atención de Los medios, no viajan en caravana, no lo anuncian, son familias individuales que salen día tras día de pueblos o ciudades", detalló Lucero.

Ismael Zambada Imperial, conocido como Mayito Gordo, uno de los hijos del líder del cártel de Sinaloa, Ismael El Mayo Zambada, fue trasladado a custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) luego de obtener su libertad y ahora lucha por permanecer en Estados Unidos. 

Luego de ser liberado de prisión el pasado 21 de julio, de acuerdo con información del Buró Federal de Prisiones de Estados Unidos, ahora enfrenta la deportación y está luchando para quedarse en Estados Unidos, confirmaron fuentes al tanto del caso a VICE World News. 

El Mayito Gordo fue detenido en Culiacán en 2014 tras un operátivo dirigido por elementos de la Secretaría de Marina y fue extraditado a Estados Unidos en diciembre de 2019. Desde entonces había permanecido recluido en el Centro de Detención Metropolitano de San Diego, en el estado de California acusado de narcotráfico. 

El jueves de la semana pasada fue liberado del penal, pero no se le permitió caminar libremente por las calles de San Diego así como así. La Corte de Distrito de Estados Unidos para el Distrito Sur de California, que lo liberó, ordenó a Zambada Imperial diversas condiciones, como no cometer otro delito, no poseer ilegalmente una sustancia controlada, someterse a una prueba de drogas dentro de los 15 días posteriores a su liberación y al menos dos pruebas periódicas, según lo determine el tribunal. También debe participar en un programa contra la violencia doméstica. 

A finales de junio, Zambada Imperial fue sentenciado a nueve años de prisión por el juez Danna Sabraw, de la Corte Federal del distrito sur de California. Antes, en abril del 2021, se declaró culpable de importar y distribuir toneladas de metanfetamina, cocaína y mariguana a Estados Unidos a nombre de la organización de su padre. 

En ese sentido también se le acusó de conspirar para transportar la droga, luego lavar y transferir las ganancias hacia México "en beneficio de los miembros del Cártel de Sinaloa y asociados". Pero se le tomó como crédito a su condena por el tiempo cumplido en prisión desde noviembre del 2014, cuando fue capturado en Culiacán, Sinaloa, por la Marina, y tras lograr un acuerdo con los fiscales, sólo le resta poco más de un año de sentencia, la cual cumplirá en libertad condicional. 

Su liberación, ocurrida apenas seis días después de la captura del narcotraficante Rafael Caro Quintero, ha despertado la suspicacia de una colaboración con Estados Unidos para obtener beneficios legales.

Desde que fue liberado de prisión la semana pasada, Zambada Imperial, de 37 años de edad, pasa los días en el Centro de Detención Metropolitano de San Diego a la custodia del ICE como reportan medios estadounidenses. 

Se sabe que esa cárcel del ICE es operada por una empresa privada de prisiones, el Grupo GEO, cerca de Victorville, California. Se espera una decisión sobre su deportación en los próximos días. 

La información sobre su destino no es del todo clara, luego de que el semanario ZETA de Tijuana reportó que la deportación de Zambada Imperial ocurrirá presuntamente, según fuentes del gobierno estadunidense, este miércoles 27 de julio, a través de la garita de San Ysidro, sin que se conozca el horario. 

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