La Cámara Baja de Estados Unidos dio este martes luz verde a un proyecto de ley ideado para que los amparados por los programas de Acción Diferida a Llegados en la Infancia (DACA), Estatus de Protección Temporal (TPS) y Partida Forzada Diferida (DED) accedan a la ciudadanía de EE.UU.

La medida, que fue aprobada con 237 votos a favor -todos los demócratas y siete republicanos- y 187 en contra, necesita ahora el visto bueno del Senado, controlado por los conservadores.

Cuando se superó la barrera de los 218 votos necesarios para que el proyecto fuese aprobado, el público presente en el pleno del Congreso exclamó gritos de "¡Sí se puede!" en español y "Yes, we can!" en inglés hasta que se pidió "orden en la sala" por parte del legislador demócrata Adriano Espaillat, que presidía la cámara en ese momento.

Durante el debate, el legislador republicano Ben Cline, representante por Virginia, se mostró en contra de la ley "Dream Act" ("Ley del Sueño") al considerar que este "amplio acceso" a la ciudadanía "podría provocar que miembros de bandas criminales, terroristas y otros delincuentes" reciban ese beneficio.

Esa postura fue la generalizada entre los miembros del Partido Republicano, que lamentaron que los demócratas hayan promovido una ley que, a su entender, puede poner en peligro la seguridad nacional de EE.UU.

Según fuentes demócratas consultadas por Efe, la ley pretende regularizar la situación migratoria de más de 2,5 millones de personas, incluyendo "soñadores" y beneficiarios del TPS y del DED.

En una rueda de prensa anterior a la votación, la presidenta de la Cámara Baja, la demócrata Nancy Pelosi, advirtió que proteger de la deportación a jóvenes indocumentados amparados por DACA "no debería ser partidista".

"No debería haber nada partidista o político sobre esta ley. (...) Estamos dando una oportunidad a gente que ha contribuido mucho a Estados Unidos. Tenemos muchas ganas de aprobar la ley", señaló Pelosi en una conferencia en el Capitolio.

La legislación se evaluará próximamente en la Cámara Alta, que cuenta con una mayoría republicana que probablemente rechazará varios de los puntos de la medida aprobada.

El DACA, promulgado por el expresidente Barack Obama (2009-2017), protege a sus beneficiarios de la deportación y en ciertos casos les otorga un permiso de trabajo temporal y les permite acceder a un permiso de conducir, unos beneficios que deben renovar cada dos años.

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció que DACA debía terminar el 5 de marzo del año pasado si el Congreso no llegaba a un amplio acuerdo sobre inmigración, aunque no llegó a expirar porque varios tribunales obligaron al Gobierno a mantenerlo vivo.

Por su parte, el TPS fue creado en 1990 y a través de él, el país concede permisos de forma extraordinaria a los ciudadanos de naciones afectadas por conflictos bélicos o desastres naturales.

El programa DED es similar al TPS y permite aplazar la deportación de personas que podrían correr peligro de ser enviadas a los países donde hay inestabilidad política o desastres naturales.

Cientos de paisanos se congregaron ayer en la capital de Florida, Tallahassee, para expresar su repudio a la ley SB 1718 y reclamar una reforma migratoria integral que evite que “políticos mediocres” usen periódicamente a los hispanos como “piñatas”.

La concentración en el exterior del Capitolio estatal fue precedida por el desfile de una caravana de vehículos por el centro de la ciudad a 24 horas de que entre en vigor la norma.

Algunos de esos autos salieron de San Diego, California, la semana pasada con el lema “Todos somos Florida” para solidarizarse con los migrantes de ese estado afectados por la SB 1718.

La caravana realizó un recorrido de costa a costa y estuvo en 13 ciudades; fue sumando participantes hasta su llegada a Florida la noche del jueves.

El parque ubicado frente al edificio legislativo acogió desde la mañana a un amplio grupo grande de personas con banderas de México, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Puerto Rico y Cuba, a las que se les sumaron más manifestantes durante el día.

“No somos una carga”

“No tengan miedo, no se vayan de Florida”, dijo el activista Luis Vega, quien luchó en su momento contra la ley antimigrante SB 1070 de Arizona y aseveró que la legislación de Florida, que “es una copia de aquella”, no va a ser implementada porque se va a pelear ante la justicia.

Los congregados en la víspera de la entrada en vigor de la ley promovida por el gobernador el republicano Ron DeSantis, que castiga severamente la inmigración irregular, se pasaron el micrófono frente a las cámaras de televisión para expresar lo que sienten cuando se acerca la “hora cero”.

Una reforma migratoria integral acompañada de una amnistía para todos los indocumentados a nivel federal fue la exigencia más escuchada en la concentración, junto con los llamamientos para “parar esta ley”.

Juan José Gutiérrez, dirigente de la organización Derechos Plenos para los Inmigrantes y uno de los integrantes de la caravana que partió desde California, subrayó que hay que evitar a toda costa que el ejemplo de la ley SB 1718 se extienda por Estados Unidos como “un cáncer”.

El activista agregó que para evitar que “políticos mediocres”, en aparente alusión a DeSantis, sigan usando como “piñata” a los inmigrantes cada vez que necesitan contentar a sus bases electorales es necesario que el Congreso federal apruebe la tantas veces postergada reforma migratoria.

Otros participantes en la concentración hicieron hincapié en que los indocumentados trabajan duro y no son una “carga social”, pues pagan impuestos: mil 600 millones de dólares solo en Florida y 47 mil millones de dólares en todo el país, según dijo una de las activistas que tomó la palabra espontáneamente.

Medios como Univision, que transmitió en directo desde la concentración, subrayaron la ausencia de políticos y representantes estatales en la protesta.

Protestas y marchas para hoy

Para hoy están previstos actos de protesta en distintas ciudades de Florida y, según dijo a la agencia EFE Gutiérrez, se va “a anunciar un boicot” a los productos de Florida, como frutas, verduras y jugo de naranja y otros cítricos”, en rechazo a esta ley.

El director ejecutivo de Derechos Plenos para los Inmigrantes, que forma parte de la coalición de agrupaciones de Todos somos Florida, señaló que, además de las protestas y marchas, abogados de organizaciones de derechos civiles y pro migrantes han diseñado una estrategia legal contra la ley SB 1718, que se va a reflejar en varias demandas de caracter judicial.

La nueva normativa obliga a las empresa de más de 25 empleados a usar un programa para verificar el estatus migratorio de cada uno de sus contratados y tipifica los viajes en automóvil a través de las fronteras estatales con una persona indocumentada como delito grave, punible con hasta 15 años de prisión.

La ley dificulta también el acceso de los indocumentados a la atención médica al obligar el registro del estatus migratorio de todos los pacientes en hospitales que reciben Medicaid (seguro público) y desconoce las licencias de manejo expedidas por otros estados a personas en esa misma situación legal.

DeSantis busca obtener la candidatura republicana a la presidencia aunque tiene como rival a Donald Trump, favorito en las encuestas partidistas. 

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En el último trimestre del año 2022, se prevé que continúe el arribo de familias migrantes a Baja California, sobretodo en el mes de diciembre, declaró el titular de la Dirección de Atención al Migrante en Tijuana (DMA), Enrique Lucero Vázquez.

Recordó que el año anterior un grupo de migrantes haitianos llegaron a Tijuana en el mes de diciembre y se habilitó una unidad deportiva para albergarlos, por lo tanto, este año se prepara el gobierno municipal en caso de que arriben en lo que resta del año. 

En los últimos meses, la mayoría de los migrantes que han arribado a la ciudad fronteriza son originarios de Michoacán y Guerrero, quienes son desplazados por la alta violencia que se registra. 

"Le he llamado una migración silenciosa porque no acapara la atención de Los medios, no viajan en caravana, no lo anuncian, son familias individuales que salen día tras día de pueblos o ciudades", detalló Lucero.

El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, insistió este domingo en pedir a los migrantes que tratan de entrar en el país por la frontera sur que no lo hagan: "No vengan, la frontera no está abierta". 

En una entrevista en la CNN, Mayorkas utilizó la misma frase que un año antes en plena crisis migratoria para tratar de disuadir a quienes emprenden viaje a Estados Unidos. Una expresión que usó también entonces la vicepresidenta, Kamala Harris.

Su mensaje ahora, dijo Mayorkas, es "el mismo, porque la frontera no está abierta". "No vengan", reiteró.

Recordó que sigue vigente el Título 42 -la norma sanitaria aprobada al inicio de la pandemia que permite la expulsión rápida de migrantes en las fronteras terrestres de Estados Unidos- y también las normas migratorias por las que no puede pasar quien no tenga un permiso "válido" de entrada.

Pero sobre todo, recalcó, "no deberían poner sus vidas en riesgo ni en manos" de las mafias que trafican con los inmigrantes.

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades estadounidenses (CDC, en inglés) anunciaron recientemente su plan de rescindir el próximo 23 de mayo el Título 42, aunque el pasado 27 de abril un juez de Louisiana suspendió por 14 días los preparativos de la Administración para acabar con esa norma.

El magistrado ha fijado una audiencia para el próximo día 13 de mayo en la que podría adoptar una resolución definitiva sobre el futuro del Título 42.

En los primeros seis meses del actual año fiscal, que comenzó en octubre de 2021, las autoridades han detenido en la frontera sur a poco más de un millón de inmigrantes, de los cuales 549 mil fueron expulsados del país en aplicación del Título 42, según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

En la entrevista, Mayorkas aseguró que el gobierno se prepara para los distintos escenarios posibles y por eso ha presentado un plan de seis puntos para reforzar la frontera con México.

Ante las previsiones de que puede llegar a haber 18 mil migrantes al día cuando se levante la citada norma, reconoció que esa cifra supondría una importante "presión" para el sistema pero por eso, aseguró, se están preparando desde hace meses y trabajan también con sus socios del sur porque este, recalcó, es un "problema regional" que requiere del esfuerzo de todos.

Mayorkas está siendo el principal blanco de los republicanos por la cuestión migratoria e incluso miembros de ese partido han amenazado con promover en el Congreso un proceso de destitución contra él, pero aseguró en la entrevista que no está preocupado por ese tema, sino concentrado en sus tareas.

El pasado viernes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, trató de coordinar con su homólogo mexicano, Andrés Manuel López Obrador, una estrategia común ante el flujo "sin precedentes" de migrantes que está llegando a la frontera común.

Ambos acordaron la visita a Washington este lunes del canciller mexicano, Marcelo Ebrard, para seguir trabajando en estas cuestiones. 

Un grupo de anti-inmigrantes, que anteriormente ha logrado desaparecer las leyes santuario y el derecho a la residencia por familiares ciudadanos, ahora le piden a Joe Biden que reúna a los niños inmigrantes con sus familias, pero fuera del territorio estadounidense. 

 Por otro lado, la Federación para la Reforma de la Inmigración Estadounidense (FAIR por sus siglas en inglés) le pide al presidente de los Estados Unidos que le dé fin al programa de DACA, argumentando que este programa afecta los recursos para los ciudadanos del país, incluyendo el apoyo para los inmigrantes que se encuentran en el territorio de manera legal.

 Esta petición se hizo de manera pública ante el Departamento de Seguridad Nacional (DHS por sus siglas en inglés), exponiendo la situación que presuntamente, perjudica a la población.

​Los programas actuales retrasan los proceso que benefician a los inmigrantes legales, según FAIR Según las recomendaciones de FAIR, si son aprobadas, agilizaría el proceso de apoyo para la inmigración legal, dijo la organización. 

 “Bajo la administración Biden, la inmigración ilegal se ha disparado a niveles no vistos en 20 años. 

El abuso de asilo es desenfrenado ya que la administración ha mostrado un esfuerzo mínimo para proteger la integridad de nuestro sistema legal de inmigración”, dijo Dan Stein, presidente de FAIR. De acuerdo al LA Times, se ha pedido revocar las prioridades de aplicación restrictivas que excluyen a casi todos los extranjeros deportables y hacer cumplir la ley de inmigración en el interior de Estados Unidos, como exigir a los oficiales de asilo que apliquen las prohibiciones obligatorias al asilo y estándares de miedo creíbles más altos. 

Por otro lado, se busca también que el DHS mantenga las prioridades de procesamiento de asilo de "último en entrar, primero en salir” para evitar recibir solicitudes fraudulentas que les permitan los inmigrantes entrar al país por cuestiones laborales. 

 “Estas recomendaciones mejorarían a los solicitantes inmigrantes y no inmigrantes elegibles para acceder a beneficios legales de inmigración y minimizar las demoras irrazonables en el procesamiento. 

También eliminarían muchos de los factores de atracción que fomentan el fraude y el abuso del sistema de asilo, lo que ha provocado retrasos históricos”, dijo Stein. 

Un juez federal ordenó este viernes a la administración del presidente Donald Trump restaurar por completo una iniciativa de la era de Barack Obama que protege a los inmigrantes indocumentados traídos a los Estados Unidos cuando eran niños, requiriendo a los funcionarios abrir el programa a nuevos solicitantes por primera vez desde 2017, mencionan medios locales.

CBS News menciona que el juez Nicholas Garaufis del Tribunal de Distrito de Estados Unidos, en Brooklyn, ordenó al Departamento de Seguridad Nacional que publique un aviso público antes del lunes que indique que el departamento aceptará y adjudicará las solicitudes de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) de inmigrantes que califican para el programa, pero actualmente no está inscrito en él.

Garaufis también ordenó a los funcionarios que otorguen a los solicitantes permisos de trabajo aprobados que duren dos años, en lugar del periodo de un año propuesto por la administración Trump durante el verano.

El medio reporta que un millón de adolescentes y adultos jóvenes inmigrantes indocumentados, que califican para DACA en papel, podrían presentar una solicitud a raíz de la orden del viernes.

La acción sigue a otra orden que se emitió en noviembre que encontró que el secretario interino del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), Chad Wolf, no tenía la autoridad legal para cerrar DACA a nuevos solicitantes o acortar el lapso de validez de los permisos de trabajo y las protecciones de deportaciones que reciben los beneficiarios del programa. Garaufis llegó a esta conclusión después de determinar que el nombramiento de Wolf violaba la Ley de Seguridad Nacional de 2002, menciona CBS.

Karen Tumlin, una de las abogadas que representan a los beneficiarios y posibles solicitantes de DACA, aplaudió el fallo del viernes y pidió al gobierno que detenga "sus ataques contra los jóvenes inmigrantes hoy en lugar de continuar su batalla perdida en la sala de audiencias durante los últimos días de la administración", indica el medio.