Un soldado murió y dos más resultaron heridos en un ataque contra miembros del Ejército colombiano en el departamento de Bolívar (norte) perpetrado por integrantes de la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), informaron este lunes fuentes castrenses.

El ataque ocurrió en el municipio de Arenal, en el sur de Bolívar, cuando una tropa del Batallón de Selva 48, perteneciente a la Fuerza de Tarea Conjunta Marte, realizaba operaciones en el sector conocido como Mina Proyecto.

Tras el ataque, ocurrido el domingo, los tres militares fueron trasladados a un centro médico del municipio de Aguachica, en el departamento de Cesar (norte), detalló el Ejército en un comunicado.

No obstante, el soldado José López Rivera, de 31 años de edad y oriundo del municipio de Soledad (Atlántico), falleció por la gravedad de las heridas.

"La Fuerza de Tarea Conjunta Marte envía un saludo de condolencia a la familia de nuestro héroe y a su vez condena y rechaza este tipo de acciones terroristas que infringen las normas del Derecho Internacional Humanitario", agregó la información.

El Ejército señaló que los dos soldados heridos, cuyas identidades no precisó, se encuentran estables en el hospital, donde siguen recibiendo atención médica.

El presidente de Colombia, Iván Duque, expresó en un mensaje en su cuenta de Twitter su solidaridad con los familiares del soldado asesinado, quien "velaba por la seguridad de habitantes de Arenal".

Condenamos el asesinato del soldado Evis López Rivera, quien velaba por la seguridad de habitantes de Arenal, Bolívar. Esta es una cobarde acción del Eln frente al accionar de nuestra Fuerza Pública para erradicar la ilegalidad. Nuestra solidaridad con la familia López Rivera.

— Iván Duque (@IvanDuque) August 19, 2019

"Esta es una cobarde acción del ELN frente al accionar de nuestra fuerza pública para erradicar la ilegalidad", afirmó el mandatario.

La muerte de este soldado se suma a la del pasado miércoles del sargento segundo Álvaro Alexander Hernández, que resultó herido en un combate ocurrido en Bellavista (Cauca, suroeste) con disidencias de las FARC, por lo que fue trasladado a la clínica Valle del Lili en la ciudad de Cali, donde falleció horas después.

De igual forma, el pasado martes presuntos miembros del ELN perpetraron un ataque contra miembros del Ejército en la región del Catatumbo, fronteriza con Venezuela, en el que resultaron heridos tres soldados.

Los uniformados fueron trasladados al Hospital Emiro Quintero Cañizares del municipio de Ocaña, donde fueron atendidos por médicos que manifestaron que no presentaban heridas graves.

El Catatumbo es una de las regiones más convulsas de Colombia y en ella operan el ELN, disidencias de las disueltas FARC, grupos narcotraficantes y el Ejército Popular de Liberación (EPL), considerado por el Gobierno como una banda criminal.

El rey Felipe VI se volvió blanco de la polémica durante la investidura, el pasado domingo, del presidente Gustavo Petro, en Colombia.

Como parte del evento, se realizó un desfile donde militares cargaban la espada de Simón Bolívar, el libertario que lideró la lucha contra el colonialismo español.

El ahora expresidente Iván Duque había dispuesto que la espada quedara resguardada en la Casa de Nariño, sede del palacio presidencial. Sin embargo, Petro exigió sacar la espada para el desfile.

La ceremonia de investidura se suspendió durante media hora mientras se decidía qué hacer. Finalmente, Petro se impuso y los soldados del escuadrón de honor, vistiendo un uniforme como el que usaba el Ejército de Simón Bolívar, recogieron la espada en una urna y la transportaron hasta la tarima donde esperaba el recién juramentado presidente, en la Plaza de Bolívar, en Bogotá.

Cuando los soldados que llevaban la espada pasaron frente a las figuras políticas invitadas a la toma de posesión, todas se levantaron, como muestra de respeto a lo que significó Bolívar. Todas, menos Felipe VI, quien se mantuvo sentado y sin aplaudir.

La vergüenza que nos hace pasar un señor que ni es elegido democráticamente ni sabe respetar la democracia de otros países. La vergüenza borbónica una vez más. pic.twitter.com/2U9BYfCesS

— Antón Gómez-Reino🔻 (@AntonGomezReino) August 8, 2022

De inmediato, el Partido Podemos cuestionó la actitud del rey. “Es un asunto de extrema gravedad”, indicó, y advirtió que consultaría con el Ministerio de Exteriores si “este acto irrespetuoso del jefe de Estado está refrendado por el Gobierno”.

De acuerdo con la prensa española, la Casa Real afirmó que no habrá declaraciones sobre el incidente.

“La mentalidad colonialista de los Borbones españoles no se conforma con defender la soberanía de Colombia y los pueblos de ‘Nuestra América’. Recordemos, en su momento, la actitud arrogante del corrupto y prófugo Borbón”, ha tuiteado Néstor Rego, diputado del partido BNG en el Congreso.

Sin embargo, expertos recordaron que los símbolos patrios de Colombia son “La bandera, el Escudo y el Himno Nacional” y que sólo ante estos tres, por protocolo, son ante los cuales el rey Felipe tendría que mostrar su respeto levantándose. “Así lo hizo Don Felipe, conocedor del Protocolo del acto y de cómo hay que proceder”, indicó el diario El Mundo.

Pero las críticas no cesan. La ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, exigió que el rey se disculpe por su “falta de respeto”.

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Una mujer de 40 años fue atropellada por un autobús robado anoche en Bogotá en una protesta contra la violencia policial y se convirtió en la undécima víctima mortal de las manifestaciones que comenzaron el miércoles en distintas partes de Colombia, informaron hoy las autoridades.

"Hoy tenemos que decir que causa profundo dolor el fallecimiento de una mujer, atropellada por un vándalo que participó en el hurto de un vehículo de transporte público", dijo el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, en un balance de los sucesos de anoche. 
El hecho ocurrió en el barrio de Suba, en el noroeste de la capital colombiana donde, según testigos, jóvenes armados obligaron al conductor de un autobús de servicio público y a los pasajeros a apearse y huyeron con el vehículo, pero unas calles más adelante perdieron el control y arrollaron a una mujer ajena a las protestas que caminaba hacia su residencia. 
La mujer herida fue trasladada por policías a un hospital del sector donde falleció poco tiempo después. 
Un joven que presenció el hecho dijo a medios locales que el autobús fue hurtado por vándalos que aprovechan las protestas para robar a los ciudadanos e incluso para saquear comercios. 

SEGUNDA NOCHE DE CAOS

En la segunda noche de protestas contra la brutalidad policial que el miércoles causó la muerte en Bogotá a Javier Ordóñez, un hombre de 46 años, manifestantes volvieron a atacar instalaciones de once Comandos de Acción Inmediata (CAI) de la Policía, algunos de los cuales fueron incendiados, y vándalos saquearon supermercados y bancos. 
Sin embargo, a diferencia de lo ocurrido la noche del miércoles, cuando diez personas murieron por heridas de bala en Bogotá y la vecina localidad de Soacha, esta vez no hubo muertes por armas de fuego. 
Una de las situaciones más graves de anoche ocurrió en Cajicá, municipio situado unos 30 kilómetros al norte de Bogotá, donde al calor de las protestas tuvo lugar una asonada en la que fue saqueada la sede de la Alcaldía. 
"Esta no es la forma de protestar, esta no es la forma de reaccionar (...) Han destruido la administración municipal, ha destruido la estación de Policía y están destruyendo los locales comerciales", dijo el alcalde del municipio, Fabio Ramírez. 
Protestas y actos vandálicos hubo también en distintos barrios de Bogotá y de ciudades como Cali, Medellín, Cúcuta e Ibagué. 

Según el ministro de Defensa, las dos noches de protesta dejan en el país, 209 civiles y 194 policías lesionados, así como 60 instalaciones policiales afectadas y 91 vehículos destrozados, en su mayoría autobuses públicos, algunos de los cuales fueron incendiados.

"Durante estos dos días se han registrado 90 capturas y 11 aprehensiones de menores de edad", agregó el ministro.

La masacre de nueve jóvenes en el departamento de Nariño encendió las alarmas en Colombia, que hace tan solo unos días fue sacudida por el asesinato de otros cinco adolescentes en Cali y teme que sean ellos el nuevo blanco de una violencia sin fin impulsada por economías ilegales como el narcotráfico.

La matanza ocurrió cerca de las diez de la noche del sábado, cuando un grupo de jóvenes estaba reunido en una casa de campo de la vereda (aldea) de Santa Catalina, del municipio de Samaniego, hasta donde llegaron hombres armados que les dispararon. 
Horas antes de la masacre, una adolescente había sido asesinada a tiros en la misma zona, crimen que se suma al de los ocho muchachos. 
"La ocurrencia de masacres en el país manifiesta el altísimo grado de crudeza con la que los actores armados ilegales se encuentran disputándose los territorios para someter a la población civil a regímenes arbitrarios de violencia", aseguró la Defensoría del Pueblo. 
Lo sucedido en Samaniego y en Cali, principal ciudad del suroeste de Colombia, deja un mensaje "de desesperanza y sin futuro" a los jóvenes del país, según ese organismo, que ve que "la barbarie es el peor camino para una sociedad". 
"Las autoridades deben abandonar la apatía, redoblar esfuerzos para detener este accionar criminal y someter a la justicia a los responsables. Nuestros niños, niñas y adolescentes necesitan garantías de que exista un futuro lleno de oportunidades", expresó esa entidad, que vela por la protección de los Derechos Humanos. 

HIPÓTESIS SOBRE LO OCURRIDO

El mes pasado, la organización Human Rights Watch (HRW) advirtió que los grupos armados ilegales han impuesto un régimen del terror en al menos once regiones de Colombia aprovechando la crisis del coronavirus para cometer todo tipo de abusos contra la población civil. 
Una de esas regiones es Nariño, donde, según aseguró este domingo el director para las Américas de HRW, José Miguel Vivanco, operan las paramilitares Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), conocidas también como Clan del Golfo, y disidencias de las FARC. 
Al respecto, el director de la Fundación Paz & Reconciliación (Pares), León Valencia, manifestó a Efe que estos grupos, así como la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), se están disputando el control territorial de la zona y cualquiera de ellos "pudo ser el que masacró a esos jóvenes". 
"En medio de la pandemia se ha visto en las fronteras que los grupos ilegales (...) están controlando a la población y amenazando a quien no cumpla con la cuarentena, al que no se confine, y están haciendo una labor que debería hacer el Estado", explicó. 
Para atender la situación, este domingo viajaron a la zona el ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo; el comandante de las Fuerzas Militares, general Luis Fernando Navarro, y el director de la Policía, general Óscar Atehortúa, entre otros, para "definir nuevas acciones y medidas" ante lo ocurrido. 
"Todas las capacidades de nuestra fuerza pública, en materia de investigación y operacionales, están a disposición de las autoridades de Nariño y de la Fiscalía General de la Nación para que estos hechos sean esclarecidos pronto", expresó Trujillo antes de viajar. 

EL CASO DE CALI

La masacre perpetrada la noche del sábado en Samaniego es la segunda en menos de una semana en Colombia luego de que el pasado martes fueran asesinados cinco menores, todos de entre 14 y 15 años, en un cañaveral ubicado detrás del barrio Llano Verde, en Cali, capital del Valle del Cauca. 
Para investigar ese múltiple crimen fueron designados tres fiscales especializados en homicidios, 25 funcionarios del CTI y otros cinco expertos, según la Fiscalía. 
El asesinato de esos cinco jóvenes, que fueron acribillados y encontrados con signos de tortura, generó el repudio de los colombianos que exigieron justicia. 
En ese sentido, el director de Pares aseguró que una de las teorías sobre este crimen es que está relacionado con homicidio del gestor cultural Cristian Adrián Ángulo, perpetrado en marzo pasado. 

"Hay una hipótesis que circula mucho en Cali y es que a Cristian lo mató la Policía y luego, para que no hablaran los cinco jóvenes que presenciaron el asesinato, matan a estos cinco jóvenes", expresó Valencia.

En ese sentido, asoció este hecho con un drama que vive el país: el asesinato de líderes sociales tras la firma del acuerdo de paz que -según un informe publicado el mes pasado por las organizaciones civiles Cumbre Agraria, Étnica y Popular; el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), y el movimiento de izquierdas Marcha Patriótica- son casi 1.000. 

RECRUDECIMIENTO DE LA VIOLENCIA

El recrudecimiento del conflicto armado colombiano tras la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y la guerrilla de las FARC, en noviembre de 2016, se está haciendo más evidente con el paso de los días, en opinión de Antonio Navarro Wolff, exgobernador de Nariño (2008-2011) y actual presidente del partido Alianza Verde. 
"Cuando las FARC se desmovilizan dejan un vacío con un atractivo, que es la economía ilegal, y la pelea por controlar esos territorios por parte de grupos nuevos es, sin duda, lo que está generando violencia en algunas regiones del país, sobre todo en el sur", dijo a Efe Navarro, quien también fue senador en dos periodos. 
Igualmente achacó el crecimiento de la violencia a que durante las negociaciones de paz con las FARC se descuidó del tema de cultivos ilícitos. 
"Empezó la negociación con 45.000 hectáreas (2013) de cultivos ilícitos sembrados y terminó con cerca de 200.000. Esos cultivos son dinero ilegal", expresó y agregó que "hay un descontrol del territorio, sobre todo en las zonas rurales, por parte del Estado". 
Para combatir esta situación sugiere desarrollar proyectos similares a los programas de Presencia Integral del Estado en el Territorio (PIET) que ejecutó cuando fue gobernador de Nariño. 
"No es solamente llegar con fuerza pública, sino darles programas de sustitución de cultivos, de construcción de vías nuevas, asistencia técnica, de acceso al médico y de intervención en salud a la población rural. Se necesita una presencia integral del Estado en el territorio", apostilló.

El expresidente colombiano Álvaro Uribe, cuya poderosa figura ha marcado la vida política del país en este siglo, enfrenta en el ocaso de su carrera la prueba más dura para un hombre público, la cárcel que ha esquivado desde que dejó la Presidencia hace diez años.

El caso por presunto fraude procesal y soborno de testigos en una demanda presentada por él mismo contra el senador de izquierdas Iván Cepeda y por el que la Corte Suprema de Justicia ordenó su detención domiciliaria, es sin embargo de los menos graves entre decenas de procesos que tiene y que van desde injuria hasta presuntos vínculos con matanzas paramilitares.

Nacido el 4 de julio de 1952 en Medellín, Uribe se graduó como abogado en la Universidad de Antioquia y luego estudió Administración y Finanzas y Negociación de Conflictos en la Escuela de Extensión de la Universidad de Harvard (EE.UU.), y en el St. Antony's College de Oxford (Reino Unido).

ENEMIGO DE LAS FARC

Álvaro Uribe gobernó el país entre 2002 y 2010 y dejó la Presidencia con una inédita popularidad del 75 %, aclamado por la mayor parte de los colombianos por los logros de su política de seguridad democrática y principalmente de la lucha contra las FARC, a las que asestó los primeros grandes golpes en el campo militar después de varias décadas de dominio guerrillero.

La determinación de combatir a las FARC fue una obsesión suya tras el asesinato de su padre, el ganadero Alberto Uribe Sierra, a manos de esa guerrilla en 1983.

Con un estilo personalista, carácter recio y encendido discurso patriotero resumido en su lema de "mano firme y corazón grande", Uribe recorrió campos y ciudades y se ganó el favor del empresariado, que junto con las Fuerzas Armadas fueron pilares de su Gobierno.

Álvaro Uribe llegó a la Presidencia a los 50 años de edad, como candidato disidente del Partido Liberal, después de una exitosa carrera pública que lo llevó a ocupar, entre otros cargos, los de director de la Aeronáutica Civil, senador, alcalde de su natal Medellín y gobernador del departamento de Antioquia.

REY EN LAS URNAS

Desconocido para la mayor parte de los colombianos hasta 2002, cuando decidió ser candidato presidencial independiente, Uribe conquistó rápidamente el electorado con un discurso directo en el que prometía mano dura contra las FARC que por esa época tenían entre la espada y la pared a un Estado debilitado al que propinaban sangrientos golpes en los campos del país.

Esa promesa, aderezada con su modo afable, por momentos campechano, de hombre de finca, aficionado a los caballos de paso y capaz de beber una taza de café sin derramar una gota mientras monta uno, le granjearon el apoyo de más de la mitad de los colombianos que lo eligieron presidente en 2002 con el 54,5 % de los votos, sin necesidad de ir a una segunda vuelta.

Cuatro años más tarde, en la cresta de la popularidad por los resultados de su Gobierno en materia de seguridad, de crecimiento económico y de atracción de inversión extranjera, se convirtió en el primer presidente reelegido en Colombia en una elección en la que fue prácticamente aclamado y se impuso con el 62,3 %.

CADENA DE ESCÁNDALOS

Pese a que las denuncias en su contra empezaron a aflorar antes de llegar a la Presidencia, Uribe no es de dejarse amedrentar ni de rehuir a la confrontación y así lo ha hecho hasta hoy.

De su gestión a comienzos de los años 80 como director de la Aeronáutica Civil, organismo que regula la aviación en Colombia, surgieron años después las primeras denuncias en su contra por el supuesto otorgamiento de licencias a personas relacionadas con el narcotráfico.

De su periodo como gobernador se le acusa de haber apoyado la masacre de El Aro, en la que paramilitares asesinaron a 17 campesinos en octubre de 1997.

Ninguna de esas y otras denuncias hicieron mella en su prestigio y poder político, que sin embargo empezó a sentir golpes en su segundo mandato por sus constantes riñas con el Poder Judicial, con el que no ha tenido las mejores relaciones.

En 2009 salió a la luz el escándalo de las interceptaciones telefónicas del Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) a magistrados, políticos y periodistas, por el que fueron condenados a penas de prisión varios de sus subalternos.

En febrero del año siguiente sufrió un revés en la justicia cuando la Corte Constitucional desautorizó la celebración de un referéndum para decidir sobre una segunda reelección suya, lo que puso fin a sus aspiraciones de completar doce años en la Jefatura del Estado.

Pese a que los escándalos aumentaron en los últimos años de su Gobierno, entre ellos las denuncias de que hubo compra de votos de congresistas en 2006 para que se aprobara la enmienda constitucional que permitiría la reelección, y la de los "falsos positivos", como se conoce a las ejecuciones de civiles a manos de militares que los presentaban luego como guerrilleros muertos en combate, Uribe logró sortear todas las acusaciones sin mayor daño político.

Tanto es así que en las elecciones de 2010, a las que no pudo presentarse, logró que los colombianos eligieran presidente a su candidato, Juan Manuel Santos.

OPOSICIÓN FRONTAL AL ACUERDO DE PAZ

La elección de Santos fue un voto de confianza a la gestión de Uribe, aplaudido por su guerra sin cuartel contra las FARC, que le llevó a enfrentarse verbalmente incluso en escenarios internacionales con sus homólogos de entonces de Venezuela, Hugo Chávez, y de Ecuador, Rafael Correa, choques que acabaron en ruptura de relaciones diplomáticas.

Sin embargo las cosas no salieron como pensaba y Santos, que al asumir la Presidencia exaltó a Uribe como "un hombre que brillará en la historia patria", que "devolvió a los colombianos la esperanza" y sentó las bases para un país próspero, empezó a distanciarse de su mentor a los pocos meses de asumir el poder.

La ruptura definitiva vino con la decisión de Santos de negociar un acuerdo de paz con las FARC, interpretada por el uribismo pura sangre como una traición a sus política de mano dura, lo que desembocó en la oposición frontal del caudillo a los diálogos de paz que tuvieron lugar en La Habana.

La ruptura con Santos lo llevó a fundar en 2013 un partido de oposición a su Gobierno, el Centro Democrático, que no tardó en cosechar sus primeros triunfos en las urnas.

A la cabeza de una lista cerrada de su partido Uribe fue elegido senador en 2014 con una votación histórica y repitió en 2018. En el intermedio, lideró la campaña por el "No" en el plebiscito que el 2 de octubre de 2016 le dio la espalda a al acuerdo de paz.

La última demostración de su fuerza política la dio en las elecciones presidenciales de 2018 en las que su pupilo en el Centro Democrático, Iván Duque, devolvió el poder al uribismo que hoy vive su hora más aciaga.

La cifra de víctimas mortales por el incendio de un camión cisterna cargado de gasolina que se volcó ayer en la carretera entre las ciudades colombianas de Barranquilla y Santa Marta se elevó este martes a 13 con los fallecimientos de seis personas que estaban hospitalizadas.

En las horas de la mañana las autoridades sanitarias informaron que tres de los fallecimientos ocurrieron en centros asistenciales de Santa Marta, capital del departamento de Magdalena, mientras que el cuarto ocurrió en la ciudad de Barranquilla, principal ciudad del Atlántico, en donde luego murieron dos personas más a causa de las quemaduras.

El accidente, que además dejó quemaduras a 49 personas, incluidas las seis que fallecieron hoy, ocurrió en la mañana del lunes en el corregimiento (pueblo) de Tasajera, una empobrecida población de pescadores que está en jurisdicción del municipio de Puebloviejo, localizada en la isla de Salamanca, una delgada división entre la Ciénaga Grande de Santa Marta y el mar Caribe.

En los últimos años, Tasajera, que no cuenta con acueducto, se ha visto afectada por problemas medioambientales y sobreexplotación de la pesca.

El gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, aseguró que "lo que hoy muchos llaman imprudencia, no es más que la lucha de nuestro pueblo por la supervivencia".

"Las vidas que se cobraron en este accidente y los heridos que luchan en pronóstico reservado tienen como único responsable el abandono en el que se encuentra sumida la gente, el hambre, la exclusión de la educación básica, media y superior, el analfabetismo", añadió.

TRASLADO A OTRAS CIUDADES

El alcalde de Piebloviejo, Fabián Obispo, confirmó los nuevos decesos y explicó que, en coordinación con la Gobernación del Magdalena y la Secretaría de Salud Departamental, fueron trasladados a Bogotá nueve de los pacientes para que reciban atención en una unidad de quemados.

Esto porque el departamento "no tiene la estructura hospitalaria para atenderlos", manifestó ayer Caicedo.

Sobre los traslados a Bogotá, Caicedo indicó que "corresponden a personas que están en condición crítica pero resisten un viaje de esta magnitud, pues hay algunas otras que también están en condiciones críticas, pero no tienen autorización médica para desplazarse a otra ciudad porque pueden perder la vida en el proceso".

TESTIMONIO DEL CONDUCTOR

El conductor del camión incendiado, Manuel Cataño, manifestó a medios locales que viajaba de Barranquilla a Santa Marta y que, luego de perder el control del vehículo cuando se le atravesó un animal en la carretera, se volcó.

Afirmó que al salir del vehículo accidentado llegaron muchas personas a recoger gasolina y que "alguien intentó quitar la batería", lo que cree que pudo ocasionar "un cortocircuito que provocó que se prendiera" el camión.

Luego del accidente en redes sociales circularon las imágenes del momento en el que se incendia el carrotanque y cuando las personas corrían envueltas en llamas pidiendo auxilio a quienes estaban allí.