Veinte personas fueron asesinadas el pasado miércoles en una nueva matanza perpetrada en el sur de Mali, en este caso en el poblado de Peh, junto a la frontera con Burkina Faso, aunque el incidente se ha hecho público hoy.

El gobierno maliense explicó hoy en un comunicado que las Fuerzas Armadas estacionadas en Ouenkoro recibieron ese día una petición de ayuda desde Peh con el mensaje de que el poblado estaba siendo atacado por desconocidos.

Al llegar, encontraron veinte cadáveres, varios de ellos arrojados dentro de pozos en la localidad, mientras que los atacantes, vestidos con ropa de cazadores, huyeron al ver llegar a los militares, abandonando el ganado robado.

El comunicado no lo dice directamente pero da a entender que se trató de una agresión yihadista, ya que acusa del ataque a grupos "que siembran el terror en la banda fronteriza entre los dos países (Mali y Burkina) y añade que sus fuerzas armadas combaten sin tregua a esas "fuerzas oscurantistas".

Sin embargo, también desliza que puede tratarse de odio interétnico, pues "exhorta a todas las partes a obrar por la resolución pacífica de sus diferencias y por la reconciliación".

Esa región del sur de Mali fronteriza con Burkina es escenario no solo de la violencia yihadista, sino también de frecuentes ataques armados entre cazadores y ganaderos sedentarios, que se saldan a veces con matanzas que dejan decenas de muertos. 

La violencia generada en el municipio de Zinapécuaro por la guerra de cárteles, que la noche del domingo llevó al asesinato de 20 personas en un palenque, convirtieron en este lugar el fenómeno de la migración en un desplazamiento de familias completas a Estados Unidos y Canadá.

Uno de esos casos es el de una madre de familia —de quien se omite su identidad por seguridad—, quien dejó su pueblo natal, Araró, y todo su patrimonio, para huir con su esposo e hijos, obligada por un lugarteniente de La Familia Michoacana (grupo criminal asentado en esa región).

Narra que un día cerraron el local donde trabajaban por la pandemia de Covid-19 y se quedaron sin empleo.

“Vivíamos al día y decidimos vender cubrebocas, gel antibacterial y desinfectantes; sin embargo, de inmediato nos cayeron los malos para pedirnos un dineral en cuotas”, relata.

La mujer detalla que la organización criminal la obligaba a vender los productos que ellos querían y al precio que fijaban. Asegura que los productos que la delincuencia les vendía eran mucho más caros que en el mercado y las cuotas eran inalcanzables.

“Recuerdo que un domingo llegaron a la casa y delante de mis hijos nos dijeron a mi esposo y a mí que ya les debíamos 300 mil pesos de cuota y de mercancía. Era obvio que no los teníamos; les dije que ahí estaba su mercancía y no la quisieron. Nos quitaron una moto y nos amenazaron con que volverían”, y añade que eso pasó en diciembre de 2020, pero en enero del año pasado, cuando empezaron los enfrentamientos, las amenazas eran ya de muerte.

“Ese 15 de enero decidimos agarrar lo que pudimos de ropa, papeles y nos fuimos del pueblo, porque nos iban a matar. Con esa gente no se juega, lo sabemos”, dice.

Primero se fueron a otro pueblo, luego salieron del municipio y ahora ella vive en otro lugar del estado, pues su esposo, hijos y hermanos huyeron a EU.

Explica que no pudo irse con su familia, porque su madre (de avanzada edad) no ha querido salirse de Zinapécuaro, a pesar de que hoy está convertido en campo de batalla por la guerra entre La Familia Michoacana y el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Aumentan desplazados

La directora de Atención al Migrante del municipio, Cecilia Alejandra Escalante Fierros, confirmó que desde que en Zinapécuaro aumentó la violencia, inició un desplazamiento masivo de familias.

“Ha sido más constante la migración de personas de aquí; además de la economía, por la violencia; es muy difícil sobrevivir aquí”, declara.

Asegura que a partir de diciembre de 2020, muchos habitantes decidieron irse a EU o Canadá con visas de trabajo.

“Hay muchísima gente que está buscando la manera de salir de aquí. Calculamos que del total de familias que hay en el municipio, de 50% a 60% quieren irse”.