Han tenido que pasar 37 años para que la familia Bonilla Realegeño pudiera enterrar a los suyos, más de tres décadas de ausencia desde que seis de sus seres queridos fueran ejecutados por el Ejército de El Salvador durante la masacre de El Calabozo. Hoy, por fin, pudieron darles sepultura.

Para María Berta Bonilla Realegeño, de 63 años, este acto es triste pero se combina con una extraña alegría.

"Yo y toda mi familia se siente feliz porque le estamos dando sepultura a nuestros padres y hermanos (...). Son momentos duros pero aquí estamos", expresó a Efe María Berta, quien recordó que el año en el que fue cometida la masacre ella apenas tenía 26 años.

La sobreviviente, cuyo padre, madre, dos hermanos y una cuñada fueron asesinados por el Ejército en 1982, recordó que su padre era un "trabajador de la tierra", su madre realizaba oficios domésticos y sus hermanos "ayudaban en la casa".

"Fue triste todo lo que pasó (...) muchas criaturas (menores de edad) murieron y lastimosamente a ellos no los podemos enterrar porque el río se llevó sus cuerpos", relató.

María Berta insiste en que "muchos" cuerpos fueron arrastrados por la corriente del río Amatitán, cercano a donde tuvo lugar la matanza perpetrada en plena guerra civil salvadoreña (1980-1992), la cual dejó 75.000 fallecidos y 8.000 desaparecidos.

Tras 37 años de la horrible masacre, aún recordada con dolor y angustia, la mujer pide justicia y reparación para ella, para el resto de su familia y para todos aquellos que sufrieron los embates del sangriento conflicto armado.

"Nosotros esperamos reparación y justicia, y que se diga la verdad (...). Hicieron esa gran masacre y la reparación aún no llega, necesitamos que nos ayuden porque nosotros quedamos desamparados", añadió.

Los restos, cuyas identidades fueron confirmadas por los forenses tras estudios genéticos y antropológicos, fueron entregados el jueves a la familia en pequeños ataúdes blancos y fueron velados y enterrados tras un acto litúrgico en el que participaron miembros de la comunidad y sobrevivientes de El Calabozo, quienes también claman por justicia.

Irene Gómez, de la organización humanitaria Cristosal, una ONG que acompaña a las víctimas de la guerra, señaló a Efe que la entrega de los restos a la familia Bonilla Realegeño representa una "reparación emocional para los sobrevivientes, porque poder darles la bendición y al final poder enterrarlos les ayuda a sanar un poco las heridas del corazón".

"Esto, obviamente, no es suficiente, pero ayuda a estas personas a tener esperanzas de que algún día llegará la reparación y la justicia plena", agregó.

Los cuerpos de los seis miembros de la familia Bonilla Realejeño fueron localizados por un pariente apenas 15 días después de la masacre, y éste los enterró en la cladestinidad en medio de las tensiones de la guerra, de donde fueron exhumados el noviembre pasado.

"Es una de las pocas fosas que se estarían preservando de esta masacre, porque el operativo fue de tal dimensión y crueldad contra la población civil y se mantuvo a las tropas con una presencia prolongada para impedir que familiares retornaran para enterrar a las víctimas", aseguró recientemente el abogado y ex procurador de derechos humanos, David Morales.

Según el Informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas de 1993, el 7 de agosto de 1982 el Batallón Atlacatl comenzó un "vasto operativo militar antiguerrillero" con unos 6.000 hombres que terminó con la masacre de 200 civiles en el lugar.

El documento señala que la masacre de El Calabozo fue una grave violación del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos.

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, logró encubrirse en una agresiva campaña de propaganda y relaciones públicas en casi 34 meses en el cargo para construirse una imagen de salvador de los salvadoreños como enemigo implacable de las pandillas criminales para rescatar la paz, sepultar la inseguridad y la violencia y enrumbar al país a una situación de tranquilidad y normalidad sin precedentes en época de posguerra.

Pero la realidad oculta tras la publicidad política de la supuesta victoria militar, policial y judicial de Bukele sobre las maras Salvatrucha (MS-13) y Barrio o Mara 18 (M-18) emergió con sorpresa del 25 al 27 de este mes con 87 homicidios, el más grave repunte de asesinatos desde que en 1992 finalizó la guerra civil, que estalló en 1980: la otra verdad es que la muerte y la violencia están latentes en el trasfondo social del país.

Con al menos 62 asesinatos, el 26 pasará a la historia como la fecha con más muertes violentas luego de que, en enero de 1992, se firmó la paz entre las guerrillas izquierdistas y el derechista gobierno de turno en un conflicto que se saldó con unas 80 mil bajas mortales.

Acorralado por la matanza con mareros que dispararon indiscriminadamente en las calles, Bukele llevó en la madrugada del pasado domingo a la Asamblea Legislativa a declarar a partir de ese mismo día en la mañana el estado de emergencia por 30 días. La Corte Suprema de Justicia apoyó al presidente.

En un desafiante mensaje en Twitter que envió anteanoche “a la comunidad internacional”, Bukele ironizó: “Tenemos 70 mil pandilleros aún en las calles. Vengan por ellos, llévenselos a sus países, sáquenlos de esta ‘persecución dictatorial y autoritaria’. Ustedes pueden ayudar a estos angelitos, no permitan que les sigamos ‘violando sus derechos’”.

Pese al convencimiento oficialista del éxito del Plan Control Territorial, iniciativa estrella del gobierno en contención criminal, surgió la alerta: las pandillas reconfirmaron su fortaleza.

“Tácitamente se está reconociendo que la situación rebasa las capacidades institucionales para contrarrestar hechos delincuenciales. Estado de excepción y toque de queda deben ser siempre el último recurso”, adujo la especialista y consultora internacional salvadoreña en derechos humanos, Celia Medrano, activista social y periodista.

“No se han agotado medidas previas y si bien no menos de 70 homicidios en 48 horas indiscutiblemente es una situación alarmante, el recurrir a una medida extrema cuestiona la capacidad estatal de controlar este nuevo repunte de violencia homicida sin tomar una medida creada para condiciones extraordinarias”, dijo Medrano a EL UNIVERSAL.

Al calificar de “alarmante” el mensaje oficialista de “cacería” que insinuaría “la anticipación de ejecuciones extrajudiciales”, planteó que “el sinsabor que queda (…) en medio de la ya tradicional publicidad gubernamental es que se busca quien pague y no quién o quiénes realmente son responsables de esta nueva ola de violencia”.

“Tan terroristas podrían calificarse a quienes premeditadamente generan terror a la población con el aumento de asesinatos y a los poderes políticos que justifiquen esta violencia o pacten con los responsables. (…) De la militarización de la seguridad pública se ha pasado a la militarización de la política”, lamentó.

Límites

Sin afectar las libertades de expresión y circulación, el estado de emergencia suspendió garantías constitucionales, autorizó al gobierno a violar telecomunicaciones y correspondencias sin tener orden judicial y limitó los derechos de asociación, reunión, defensa y detención.

El decreto dejó con manos libres a Bukele para maniobrar en un proceso que reforzó otra realidad: la imagen de autoritarismo que el Jefe de Estado, de 40 años, se forjó tras asumir el 1 de junio de 2019.

Con el control desde 2019 del Ejecutivo, Bukele amarró en mayo de 2021 el de los poderes Legislativo, Judicial y Electoral y de la Fiscalía General.

Con el mando militar y policial, Bukele instaló en la memoria política de El Salvador su imagen del 9 de febrero de 2020, cuando irrumpió a la Asamblea, la ocupó con apoyo castrense y policiaco y, sin éxito, exigió aprobar un plan gubernamental de seguridad. Ante una dividida oposición, Bukele se apoderó del timón parlamentario en los comicios de febrero de 2021.

Bukele negó en 2020 que, tras asumir en 2019, negoció con los líderes presos de las maras para darles beneficios carcelarios—prostitutas, lujos y excesos—a cambio de que redujeran los homicidios y promovieran votar por el gobernante partido Nuevas Ideas en las elecciones legislativas de 2021. El Salvador tiene unos 70 mil mareros, pero su círculo se amplía a unas 500 mil personas con familiares y otros nexos.

Al anunciar el domingo anterior que, obedientes, 67 de los 84 legisladores aprobaron las acciones pedidas por Bukele, el diputado salvadoreño Ernesto Castro, presidente de la Asamblea y estrecho aliado del gobernante, tuiteó que el régimen de excepción “permitirá” al gobierno atacar “de manera frontal a la criminalidad”.

La meta será sofocar la ola de asesinatos y violencia que el mandatario atribuyó a las temibles y sangrientas maras que nacieron en la década de 1980 en las calles de California entre migrantes irregulares salvadoreños, guatemaltecos y hondureños que, al ser repatriados por Estados Unidos en el decenio de 1990, reprodujeron el modelo criminal en sus países. Las maras tienen presencia en más de 35 estados de EU.

Datos del (estatal) Instituto de Medicina Legal de El Salvador precisaron que los homicidios subieron de 2 mil 544 en 1999 a 4 mil 382 en 2009 y al récord en época de paz de 6 mil 656 en 2015.

Las tasas de homicidios por cada 100 mil habitantes pasaron de 43.7 en 2013 a 68.3 en 2014, a 115.9 en 2015 y a 91.9 en 2016. Los números bajaron a 69.9 en 2017, mientras que, con 2 mil 398, en 2019 llegó a 36.

En 2020 hubo mil 322, al promedio de 20, y en 2021 sumó mil 147 casos y 18 por cada 100 mil personas, la tasa más baja desde el fin de la guerra.