Fraude electoral en República Dominicana desencadena protestas

Un movimiento popular -similar a las protestas contra los gobiernos y políticas neoliberales en Chile, Colombia y otros países latinoamericanos- ha tomado las calles de la República Dominicana, después de que las elecciones municipales del 16 de febrero fueran suspendidas entre acusaciones de fraude, compra de votos y manipulación de recursos públicos.

Mientras que el proceso ha sido reprogramado para el 15 de marzo por la Junta Central Electoral (JCE), es necesario destacar su relevancia, ya que era considerado el preludio de los comicios generales del 17 de mayo de 2020 en el país caribeño, para votar por un presidente, vicepresidente, 32 senadores y 190 diputados, al concluir la etapa encabezada por el actual mandatario Danilo Medina Sánchez, quien no puede buscar reelegirse tras dos períodos consecutivos iniciados hace ocho años.

Se trata del segundo proceso después de los comicios generales de 1994 en el que todos los funcionarios públicos serán elegidos de forma simultánea, y del primero en la historia dominicana en el que todas las autoridades serán elegidas de forma simultánea y directa.

Sin embargo, el camino a las urnas para casi siete millones y medio de ciudadanos a fin de elegir 158 alcaldes, 1,164 concejales, 235 directores y 735 vocales fue empañado por numerosas irregularidades.

Delegados de 12 partidos opositores se reunieron el 12 de febrero con la misión de observadores de la Organización de Estados Americanos (OEA), liderada por el expresidente chileno, Eduardo Frei, para denunciar el "uso abusivo de fondos públicos" por el gobierno de Santo Domingo con objeto de captar votos para el gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD), que controla 107 de las 158 alcaldías.

Según la ley electoral, durante los 40 días previos a los comicios municipales está prohibido inaugurar obras públicas o entregar bienes del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, que recientemente se embarcó en una controvertida serie de adquisiciones y contratos de activos y servicios.

En el mismo orden, Iris Guaba, directora del Plan de Asistencia Social de la Presidencia, llamó a sus seguidores en un audio de WhatsApp a atacar al periodista crítico Huchi Lora, luego de que pidió a la gente aceptar las dádivas del programa, porque son parte de lo que el gobierno recauda en impuestos.

En otro incidente en vísperas de las elecciones, el senador y empresario Amable Aristy Castro, del Partido Liberal Reformista, fue videograbado repartiendo dinero a jóvenes en la provincia oriental de La Altagracia, donde su hija Karina Aristy busca reelegirse como alcaldesa de la capital local, Higüey.

Finalmente, el día de los comicios decenas de casillas reportaron atrasos y problemas técnicos dos horas después de abrir a las 7:00 horas locales, especialmente con el nuevo sistema de voto electrónico.

Dirigentes de la oposición se quejaron de manipulación y de la eliminación de candidatos y partidos en las boletas, así como de menos de 20% de las casillas trabajando apropiadamente, lo que llevó a Julio César Castaños Guzmán, titular de la JCE, a anunciar la suspensión del proceso.

Faltas graves

Mientras que el movimiento de protesta ganaba fuerza en las calles de Santo Domingo, Santiago de los Caballeros y otras ciudades, junto a las comunidades dominicanas en Estados Unidos, Europa y América Latina, Castaños Guzmán declaró que la única manera de evitar una crisis es un "juicio político por faltas graves" en la Cámara de Diputados.

Varios observadores, incluyendo al analista político dominicano Juan Carlos Espinal, han subrayado que la oposición debe denunciar ante Naciones Unidas el "golpe electoral cívico-militar" realizado por el gobierno con apoyo del PLD, del sector empresarial, la iglesia y la OEA; en un comunicado, el organismo regional anunció que efectuará una auditoría "con los mismos estándares de calidad técnica y rigor profesional, tal como sucedió recientemente en Bolivia, a efectos de deslindar responsabilidades".

La OEA añadió que "hasta el momento no existen evidencias que indiquen un manejo doloso en el uso de los instrumentos electrónicos diseñados para la votación automatizada", usada en 1,772 de las 16,032 casillas.

Por el contrario, Leonel Fernández Reyna, ex mandatario y abanderado presidencial de la coalición Fuerza Popular (FP), ha resaltado que lo que realmente ocurrió fue un crimen flagrante contra la democracia dominicana. "Más que un caso fortuito, fue un intento fallido de fraude en base al voto automatizado. El pretendido error, por su parte, no fue más que la trama criminal que fue develada", dijo.

Fernández recordó que la JCE incumplió sus propios acuerdos para el sistema de sufragio electrónico adoptados el año pasado. El programa empleado por primera vez en las elecciones primarias del 6 de octubre, señaló, fue diseñado por personal inexperto de la JCE en vez de una firma especializada de acuerdo con los estándares internacionales; además, las autoridades rechazaron la propuesta de realizar un conteo manual de los recibos físicos depositados en las urnas.

El expresidente, quien dirigió al país de 1996 a 2000 y de 2004 a 2012, está a la zaga en las encuestas de Luis Abinader Corona, candidato socialdemócrata del Partido Moderno Revolucionario (PRM) para la votación general del 17 de mayo, aunque el año pasado rompió con el PLD. Curiosamente, este mes su esposa Margarita Cedeño fue nombrada compañera de fórmula del aspirante presidencial del PLD, Gonzalo Castillo Terrero.

En este marco, el periodista independiente Ariel Fornari aseveró a EL UNIVERSAL que el movimiento #ProtestaRD se extendió rápidamente de los jóvenes de clase media y millenials ricos a representar ahora "a todos los estratos socioeconómicos. Se sabe que algunas figuras políticas de bajo nivel han participado en las protestas, pero no opositores de alto nivel, debido a la solicitud de los jóvenes de no mezclarse con un movimiento que ocupa un protagonismo histórico que pertenece exclusivamente a la sociedad civil".

Fornari explicó que los cacerolazos "son la vanguardia de una sociedad dominicana crecientemente alerta, que sospecha que el PLD intentó robarse las elecciones al permitir a personal de la JCE manipular el sistema automatizado de votación, en especial ya que técnicos de la junta fueron vistos por representantes de la oposición acercándose a sus instalaciones en la noche previa a los comicios".

Enfatizó que el gobierno ha empezado a recurrir a provocaciones contra los activistas reunidos en la Plaza de la Bandera de Santo Domingo, igual que a operaciones psicológicas lanzadas probablemente por funcionarios inspirados en el brasileño Joao Santana, quien fue asesor principal de la campaña de reelección de Medina y resultó detenido con su esposa Mónica Moura en el país sudamericano hace tres años, por cargos de sobornos relacionados con el escándalo Odebrecht.

A cambio de una sentencia benévola y la devolución de USD $21.6 millones, los Santana firmaron un acuerdo de delación con los fiscales de la operación Lava Jato, revelando pagos ilegales para campañas en Brasil, Venezuela, Angola, Panamá y El Salvador.

La firma brasileña de ingeniería Odebrecht construyó en la República Dominicana, entre otras obras públicas onerosas, la planta termoeléctrica de Punta Catalina, en el centro de un escándalo de corrupción que asciende a USD $92 millones.