El continuo aumento de casos de coronavirus ha obligado a varias localidades españolas a volver a restringir la movilidad de sus habitantes para tratar de frenar lo que los expertos consideran una segunda ola de la pandemia.
En algunas ocasiones esta medida es rechazada por el juez correspondiente, al considerar que vulnera derechos fundamentales, por lo que las autoridades recomiendan un confinamiento voluntario.
Es el caso de la pequeña localidad madrileña de Tielmes (2.600 habitantes), donde el Ejecutivo regional optó este domingo por la recomendación después de que un juez rechazara esta semana la limitación del ocio y la prohibición de fumar en público que había aprobado la Comunidad de Madrid.
LA PANDEMIA SE EXTIENDE POR TODA ESPAÑA
El Ministerio de Sanidad no facilita datos oficiales durante el fin de semana, pero varios ejecutivos regionales notificaron este domingo sus cifras, con un incremento de contagios, como es el caso del País Vasco, Cataluña o Andalucía, lo que hace que tanto sanitarios como responsables de la administración hablen ya de la segunda oleada de la pandemia.
Cataluña, una de las regiones más afectadas por el coronavirus notificó hoy 1.125 nuevos contagios y el índice del riesgo de rebrote mantiene la leve tendencia al alza de los últimos días.
También el País Vasco contabilizó en las últimas horas otros 661 casos positivos por COVID-19, la tercera cifra más elevada desde el inicio de la pandemia, y algo similar ocurre en Andalucía, con 593 positivos en las últimas 24 horas.
Madrid no facilitó este domingo nuevos datos, pero a última hora de ayer cinco nuevos brotes y encara al fin del verano con los contagios disparados -más de 29.000 positivos en un mes-, un incremento que ha obligado a replantear la vuelta al colegio y ha provocado que las autoridades sanitarias aconsejen quedarse en casa a los vecinos de las zonas más afectadas.
Mientras no cesa la extensión de la pandemia, el Ministerio de Derechos Sociales ha convocado mañana a las comunidades autónomas para analizar la situación de las residencias de ancianos ante los brotes de coronavirus desatados este verano y las dificultades a las que se enfrentan para evitarlos, después de que en los últimos días estos centros hayan vuelto registrar fallecimientos de mayores.
Las residencias de ancianos fueron uno de los lugares más afectados de la pandemia, con miles de ancianos fallecidos en pésimas condiciones, aislados de sus familias y muchos de ellos sin asistencia médica, según las numerosas denuncias interpuestas ante la justicia.
Como ejemplo de esa situación vivida, en algunas residencias de mayores de la Comunidad de Madrid, l hasta el 70 o el 80 por ciento de los usuarios tiene anticuerpos contra la Covid-19, según un estudio pionero en el mundo elaborado por la Consejería de Sanidad y conocido ayer.
La OPOSICIÓN PIDE AL GOBIERNO MÁS IMPLICACIÓN
El conservador Partido Popular, principal grupo de la oposición, pide al Gobierno que actúe para combatir la pandemia, ya que desde que finalizó el estado de alarma en junio, la gestión de la misma está en manos de los gobiernos regionales y el Ejecutivo nacional sólo coordina.
El presidente del PP y líder de la oposición, Pablo Casado, aseguró este domingo que hay un "plan alternativo" entre "dejar abandonada a la gente", de lo que acusa al Ejecutivo, y la aplicación de "otro estado de alarma ruinoso".
Por ello, a través de un vídeo difundido en redes sociales, llamó al Gobierno del socialista Pedro Sánchez a aprobar los cambios legislativos propuestos por su formación.
El Ejecutivo ha insistido durante toda la pandemia, que la única fórmula que le permite centralizar las decisiones y poder restringir la movilidad de la población es mediante el estado de alarma, que estuvo vigente en España desde mediados de marzo hasta el 21 de junio, ya que si no es así, las competencias en sanidad corresponden a los Gobiernos regionales.