La justicia de Estados Unidos rechazó otra vez la petición de libertad bajo fianza de Genaro García Luna, el exsecretario de seguridad pública de México acusado de tres delitos de narcotráfico y quien se encuentra encarcelado en Nueva York.

El juez Brian Cogan, el mismo que encabezó el proceso judicial contra Joaquín “El Chapo” Guzmán, negó el recurso de apelación de la decisión de un magistrado a finales de marzo, que consideró que no hay las condiciones necesarias para asegurar que García Luna no huya de Estados Unidos para evitar la justicia.

Cogan, en una orden emitida a última hora del domingo, esgrime las mismas razones “de peso” que se han repetido durante los últimos meses para que el exzar antidrogas del gobierno de Felipe Calderón pueda esperar su juicio fuera de prisión, siendo el más fundamental el “serio riesgo” de fuga.

Para el juez, García Luna no sólo tiene razones para querer huir de Estados Unidos, sino que además tiene los recursos para hacerlo. El “fuerte incentivo” para escapar a México deriva principalmente, según Cogan, del “significativo periodo de tiempo” al que podría ser condenado de ser declarado culpable de tráfico de droga en colusión con el cártel de Sinaloa.

Según los cálculos de la fiscalía, de ser hallado culpable enfrentaría cadena perpetua casi automática. Una fiscalía que tiene gran cantidad de evidencias y pruebas, y espera contar en el juicio con “numerosos testigos cooperantes, incluyendo altos rangos del cártel de Sinaloa”, que confirmarían que García Luna recibió sobornos multimillonarios a cambio de protección de las actividades del narco.

Dinero que, además, quedaría evidenciado por el historial financiero del exfuncionario mexicano, recursos que no encajan con el salario que recibía como funcionario público.

Cogan rechazó las razones de la defensa de que García Luna no querría regresar a México porque no tiene ningún lazo personal y el paquete de fianza de dos millones de dólares presentado, que consideró que cumplía los requisitos necesarios.

Tampoco convenció el argumento de la necesidad de salir en libertad, ni que fuera temporal, que César de Castro, el abogado de oficio de García Luna, intentó en las últimas peticiones, alegando que el exfuncionario pasó por un cuadro de insuficiencia respiratoria hace cinco años y lo convertía en persona de riesgo ante la pandemia del Covid-19,, algo que no conmovió al juez ya que no hay pruebas de que sea una condición crónica.

Si bien la pandemia está generando una crisis de salud pública sin precedentes en Estados Unidos, con varios contagios y víctimas en cárceles del país, Cogan aseguró que “la instalación en la que el acusado está detenido ha implementado pasos para reducir el riesgo de exposición”.

La próxima audiencia judicial de preparación del juicio está prevista para el 4 de junio, todavía sin la certeza de si se celebrará presencialmente o vía telefónica como consecuencia del Covid-19.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el juicio contra Genaro García Luna en Estados Unidos debió llevarse a cabo en México, porque en el país se tenían los elementos.

"Sí y es una llamada de atención para la justicia mexicana porque se debió juzgar aquí, nosotros tuvimos elementos, se presentaron, ya lo habían detenido, pero sobre todo la desconfianza ya no tanto ahora en el Ejecutivo sino la desconfianza que hay en el Poder Judicial. O sea el Poder Judicial necesita reformarse".

En La Mañanera desde Palacio Nacional, el Presidente señaló que los jueces dejan libres por cuestiones formales a los delincuentes, por eso recordó el caso de Caro Quintero, "tenemos que cuidar eso, cómo lo sueltan y ya después cambian", acusó.

Ante la actuación de los jueces, se le preguntó a López Obrador si enviaría una petición formal a la Suprema Corte y al Consejo de la Judicatura para que vigilen el comportamiento de los jueces, el mandatario se limitó a responder que es suficiente con el llamado público “creo que si ven la mañanera”.

“Le estoy pidiendo a la presidenta de la suprema corte a los ministros de la suprema corte, a los consejeros de la judicatura que tienen la función de vigilar el buen comportamiento de jueces, magistrados, ministros, que informen, se quedan callados”

Sobre la actuación de la Fiscalía General de la República, dijo que se debe revisar su actuación y ver si se presentó alguna denuncia.

“Es un llamado de atención para decir ya que no haya impunidad, que no haya contubernio, es que, así como estaba tomado el ejecutivo tomado, secuestrado, era una república aparente, así como es un proceso que lleva tiempo hay que seguir limpiando los poderes en su conjunto, pero vamos bien, vamos muy bien”, concluyó.

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En el gobierno actual no hay corrupción, impunidad ni contubernio entre autoridades y delincuentes, enfatizó el presidente Andrés Manuel López Obrador, al defender su estrategia en materia de Seguridad Pública.

El mandatario denunció una campaña orquestada en su contra para atacarlo con el invento de que tiene vínculos con la delincuencia, pero sostuvo que, a diferencia del pasado, en su gobierno está bien marcada la raya entre funcionarios y el crimen organizado.

“Aunque les duela a nuestros adversarios los conservadores, no es lo mismo Rosa Icela que García Luna, porque todavía no notan la diferencia”.

López Obrador señaló que ahora que los fiscales de Estados Unidos declararon que el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, tenía sobornado a periodistas y que tenía pensado eliminar a testigos, no se difundió la información en los medios de comunicación de nuestro país y destacó que “el mismo (Felipe) Calderón no hablo, qué ingratitud”.

“Era para que se transmitiera la noticia en todos los medios. ¡No salió en los programas de radio, no salió en los periódicos, no salió en la ‘telera’, no fue nota!”, exclamó.

“Creo que uno o dos periodistas fueron los únicos que lo defendieron, aunque hablaron del tema defendiendo (a García Luna), pero digo, cuando menos hay que reconocerle que dieron la cara”, expresó.

El presidente de la República insistió en que sí hay diferencia entre su gobierno y el del expresidente Felipe Calderón.

“Lo importante es que no se permita el contubernio, que no se asocie la autoridad con la delincuencia, que se marque bien la raya. Una cosa es la autoridad, otra cosa es la delincuencia. Cuando se da una relación estrecha por corrupción, si hay contubernio, pues ya no se avanza eso no existe”.

López Obrador aseguró qué hay un estudio que demuestra que se puso en marcha una campaña en redes sociales para tratar de vincularlo con el crimen organizado.

“El otro día estaba viendo un estudio que ojalá se los presenten sobre cómo empezaron a manejar de que el gobierno, yo, tenía vínculos con el crimen organizado. No pueden probar nada, porque sencillamente nosotros tenemos principios, tenemos ideales, y lo que estimo más importante en mi vida es la honestidad, pero no hay ninguna prueba”.

Explicó que en el estudio se le dio seguimiento al movimiento de las cuentas en redes sociales, “y fue una campaña que se echó a andar; en ese sentido sí se puede probar, una empresa hizo el estudio, un grupo hizo el estudio. (…) Primero en las redes sociales y luego la repetición de los expertos del conservadurismo, los voceros de aquí, pero también es posible que esto se maneje desde el extranjero”.

El presidente pidió a los reporteros que lo ayudaran a descubrir donde se originó esa campaña, “porque tengo que atender otros asuntos”.

El fiscal del tribunal neoyorquino que instruye el caso del exsecretario de Seguridad de México Genaro García Luna le acusa de amenazar y acosar a periodistas y medios que investigaban sus delitos, según un documento judicial al que tuvo acceso la AFP este jueves.

Según el documento, la fiscalía estadounidense busca "presentar pruebas de que, aproximadamente entre 2008 y 2013, el acusado sometió a un periodista a una campaña de acoso y amenazas como resultado de las investigaciones que realizaba", aunque no identifica a la supuesta víctima.

Asimismo, entre 2009 y 2010, el acusado "sobornó" a un medio de comunicación para hacer que "los periodistas no publicaran noticias negativas sobre él".

"La evidencia de los esfuerzos del acusado para silenciar a periodistas ayudan a explicar cómo fue capaz de ayudar corruptamente al cartel de Sinaloa durante años sin que fuera detectado o detenido", dice la moción preliminar presentada por el fiscal del tribunal de Brooklyn, Breon Peace.

García Luna se sentará, inicialmente, el próximo 24 de octubre en el banquillo para responder de los cargos de conspirar para traficar cocaína, que ayudó al cartel de Sinaloa a enviar toneladas de drogas a Estados Unidos a cambio de sobornos millonarios entre 2001 y 2012, y de otro delito por hacer declaraciones falsas en 2018, cuando solicitó su nacionalidad estadounidense.

Si esa fecha no fuera posible, el acusado se sentaría en el banquillo a principios del año próximo, según decidió el juez que instruye el caso Brian Cogan en una audiencia celebrada el pasado 27 de octubre.

Según la justicia estadounidense, la colaboración de este ingeniero de 53 años habría permitido al cartel de Sinaloa introducir al menos 53 toneladas de cocaína a Estados Unidos.

En enero de 2020, García Luna, que se enfrenta a cadena perpetua, se declaró no culpable de los tres cargos que le imputa la justicia estadounidense.

Detenido el 10 de diciembre de 2019 en Dallas, Texas, García Luna, que en 2018 solicitó la nacionalidad estadounidense, está también acusado en México de desviar más de 200 millones de dólares del erario público hacia empresas de su familia.

De 2001 a 2005, García Luna dirigió la extinta Agencia Federal de Investigación de México, encargada de luchar contra la corrupción y el crimen organizado, y de 2006 a 2012 fue secretario de Seguridad Pública del gobierno de Felipe Calderón, con control sobre la policía federal.

García Luna es uno de los funcionarios mexicanos de mayor rango detenidos en Estados Unidos acusados de narcotráfico.

El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó que se den a conocer las grabaciones de Genaro García Luna donde supuestamente -el exsecretario de Seguridad del expresidente Felipe Calderón- habría amenazado a testigos en su contra.

Ayer, fiscales estadounidenses dijeron que García Luna, habló en la cárcel con otro preso sobre ejercer violencia y manipular a testigos que hablen en contra suya y que mencionó a Jesús "El Rey" Zambada, exjefe del Cártel de Sinaloa, en esa conversación, que fue grabada por funcionarios del gobierno estadounidense.

“Es un asunto muy delicado, ayer se dio a conocer esta información de la Fiscalía de Estados Unidos, sobre unas supuestas grabaciones, ya una vez detenido de García Luna, lo grabaron.

“No se sabe si esto es prueba o se va a aceptar, independiente si tienen valor jurídico o no las grabaciones, ojalá y se busque la forma que se den a conocer. Siempre he sostenido que la justicia tiene que ver mucho con lo preventivo, el que se conozca todos los hechos, se reprueben, estigmaticen hechos de abuso de autoridad y represión, que no se quede en juzgados y en expedientes, porque esto ayuda mucho a purificar la vida pública”, mencionó AMLO.

En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador dijo que estará pendiente para que sí se autoriza, estas pruebas se puedan dar a conocer.

En los documentos presentados el miércoles, los fiscales de la corte del distrito este de Nueva York también dicen que Genaro García Luna sobornó y amenazó durante años a periodistas que le investigaban.

El presidente López Obrador se pronunció porque se proteja a los testigos, algo que también es “responsabilidad del Estado mexicano”.

Insistió en que en el caso de García Luna tiene responsabilidad el expresidente Felipe Calderón.

“Pienso, aunque era un personaje importante en el gobierno, la responsabilidad se tiene arriba, en la decisión equivocada de enfrentar el problema de la delincuencia, con medidas coercitivas, declarando la guerra, creo que ese fue el error principal y de manera improvisada”.

Un excomandante de la extinta Policía Federal que entregó información, tanto a la agencia antidrogas estadounidense DEA como a cárteles mexicanos, se declaró culpable el martes de un cargo de conspirar para distribuir cocaína.

Iván Reyes Arzate, quien lideró la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, llamada Sensitive Investigative Unit (SIU por sus siglas en inglés), entre 2008 y 2016, se declaró culpable de narcotráfico ante el juez federal Brian Cogan en una corte neoyorquina. 

Un excomandante de la extinta Policía Federal que entregó información, tanto a la agencia antidrogas estadounidense DEA como a cárteles mexicanos, se declaró culpable el martes de un cargo de conspirar para distribuir cocaína.

Iván Reyes Arzate, quien lideró la Unidad de Investigaciones Especiales de la Policía Federal, llamada Sensitive Investigative Unit (SIU por sus siglas en inglés), entre 2008 y 2016, se declaró culpable de narcotráfico ante el juez federal Brian Cogan en una corte neoyorquina. 

El juez Cogan preside tanto el caso de García Luna como el de Guzmán, quien fue sentenciado a cadena perpetua en Estados Unidos.

Reyes Arzate fue enlace durante años entre la DEA y la policía mexicana. Sin embargo, Estados Unidos lo acusa de entregar información a cárteles de droga como el de los Beltrán Leyva y El Seguimiento 39, asociado al Cártel de Sinaloa, a cambio de miles de dólares.

El martes, Reyes Arzate le dijo a Cogan que entre septiembre y noviembre de 2016, “siendo yo integrante del servicio público mexicano y a cambio de un pago estuve de acuerdo en darle a una organización de narcotráfico datos que facilitarían la distribución de cocaína, estando consciente de que eso era un delito”.

Vestido en uniforme de preso verde claro, Reyes Arzate parecía tranquilo y habló en español. Cogan fijó su sentencia para el 6 de enero.

En 2018, Reyes Arzate, apodado “La Reina”, fue sentenciado en Chicago a tres años de cárcel por pasar información a los carteles. Cuando estaba por cumplir esa condena, fue transferido a Nueva York y acusado de estos nuevos cargos de narcotráfico.

Según las autoridades estadounidenses, el exjefe policial tenía contacto de forma rutinaria con agentes de la DEA en Ciudad de México. La asistencia a los Beltrán Leyva ocurrió supuestamente a mediados y fines de la década de 2000. Estados Unidos sostiene que Reyes Arzate reveló a los carteles la identidad de una fuente de la DEA que, posteriormente, fue secuestrada y asesinada.

García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública de 2006 a 2012 durante el gobierno del entonces presidente Felipe Calderón, se ha declarado inocente de acusaciones de narcotráfico. La fiscalía del distrito este de Nueva York alega que García Luna recibió enormes cantidades de dinero por parte del Cartel de Sinaloa, encabezado por Guzmán, a cambio de permitir que éste traficara cocaína a sus anchas.

García Luna dejó México en 2012 y se trasladó a Miami. Fue arrestado en 2019.

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