El presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció este lunes que su Gobierno almacenará petróleo hasta llenar las reservas del país añadiendo otros 75 millones de barriles aprovechando el bajo precio del crudo.

"Basándonos en las mínimas récord del precio del petróleo, a un nivel muy interesante para mucha gente, vamos a llenar nuestra Reserva Estratégica de Petróleo, esperemos almacenar 75 millones de barriles en las reservas", anunció Trump en rueda de prensa.

El presidente afirmó que "sería la primera vez en mucho tiempo" que las reservas se llenan.

Trump dijo que le gustaría que el Gobierno adquiriera ese crudo, pero dejó la puerta abierta a tan solo almacenarlo para las petroleras.

"Es un buen momento para comprar petróleo y nos gustaría que el Congreso lo apruebe en lugar de almacenarlo para las grandes empresas", dijo el presidente, que reiteró que "de una forma u otra" va a llenar las reservas.

"Si pudiéramos comprarlo por nada, nos quedaríamos con todo (el petróleo) que podamos conseguir. Lo único que me gusta más que eso es cuando pagan por llevártelo", añadió el presidente en alusión a los precios negativos registrados hoy.

"Pero eso es en el corto pazo, así que no creo que lo veamos", dijo.

La Reserva Estratégica de Petróleo de Estados Unidos es la más grande del mundo y tiene capacidad para unos 800 millones de barriles almacenados en tanques de Texas y Luisiana.

El petróleo intermedio de Texas (WTI) protagonizó este lunes un desplome histórico del 305 % y por primera vez desde que hay estadísticas entró en valores negativos, pues el precio del barril estadounidense quedó en -37,63 dólares.

El colapso se asocia a la caída en la demanda debido a la pandemia del coronavirus.

Si bien la OPEP y sus aliados productores de petróleo finalizaron un pacto a principios de este mes para reducir la producción en 9,7 millones de barriles por día a partir del 1 de mayo, se teme que no sea suficiente para contrarrestar la caída de la demanda. 

El gobierno de Estados Unidos presentó acusaciones contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas pertenecientes al grupo anticastrista Hermanos al Rescate en la década de los noventa, en una medida que representa una nueva escalada de presión contra Cuba.

De acuerdo con funcionarios de la administración del presidente Donald Trump, la acción forma parte de una estrategia más amplia impulsada por Washington para aumentar la presión política sobre el gobierno cubano.

Las aeronaves derribadas pertenecían a la organización Hermanos al Rescate y realizaban vuelos cerca del espacio aéreo cubano cuando fueron abatidas por fuerzas de la isla.

La acusación contra Castro se produce en un contexto de endurecimiento de las políticas estadounidenses hacia Cuba, luego de que Washington impusiera un bloqueo energético y amenazara con sanciones a países que suministren combustible al gobierno cubano.

Estas medidas han agravado la crisis energética en la isla, donde se han reportado apagones de hasta 22 horas en distintas regiones.

Raúl Castro, de 94 años, fue ministro de Defensa antes de asumir la presidencia cubana en 2008 tras la salida de su hermano, Fidel Castro. Aunque dejó oficialmente la presidencia en 2018, continúa siendo una figura influyente dentro de la política cubana.

Analistas consideran que la acusación representa uno de los casos más inusuales de procesos penales impulsados por Estados Unidos contra un exlíder extranjero, en medio del aumento de tensiones diplomáticas entre ambos países.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó nuevas amenazas contra los cárteles del narcotráfico y aseguró que su gobierno actuará directamente si México no intensifica sus acciones contra estas organizaciones criminales.

Durante un evento en la Casa Blanca, Trump afirmó que el tráfico de drogas por vía marítima ha disminuido considerablemente y aseguró que su administración ya comenzó una “fase terrestre” en la estrategia contra el narcotráfico.

El mandatario sostuvo que podrían surgir inconformidades desde México y otros países, pero insistió en que Washington está dispuesto a intervenir si considera que no se está haciendo lo suficiente para frenar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense.

Las declaraciones ocurren en medio de una creciente tensión bilateral entre ambos gobiernos por temas de seguridad, narcotráfico y soberanía, además de recientes acusaciones judiciales en Estados Unidos contra funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con grupos criminales.

La nueva estrategia antiterrorista de la Casa Blanca también clasifica al narcotráfico como una amenaza terrorista y advierte que Estados Unidos continuará con operaciones militares y policiales contra los cárteles designados como organizaciones terroristas.

Trump reiteró que prefiere trabajar en coordinación con gobiernos aliados, aunque dejó abierta la posibilidad de actuar unilateralmente si considera que existe complicidad o falta de cooperación frente al crimen organizado.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión temporal del programa de escoltas militares a buques comerciales en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio global de petróleo.

La medida forma parte de la pausa del llamado “Proyecto Libertad”, una operación lanzada recientemente para proteger embarcaciones en la zona, en medio de las tensiones con Irán.

Trump explicó que la decisión responde a solicitudes de países como Pakistán y a los avances en las negociaciones con representantes iraníes, con el objetivo de facilitar un posible acuerdo definitivo.

A pesar de la suspensión de las escoltas, el mandatario indicó que se mantendrá el bloqueo contra puertos iraníes mientras continúan las conversaciones diplomáticas.

La medida se produce en un contexto de alta tensión, luego de que Irán acusara a fuerzas estadounidenses de la muerte de cinco civiles en la zona, mientras que Washington ha defendido la operación como una acción necesaria para garantizar la seguridad marítima.

El estrecho de Ormuz es considerado una vía estratégica para el comercio internacional, por lo que cualquier decisión relacionada con su seguridad tiene impacto directo en la estabilidad económica global y en los precios de la energía.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destituyó a la fiscal general Pam Bondi, en medio de diferencias sobre su desempeño al frente del Departamento de Justicia.

De acuerdo con diversas fuentes, la decisión responde a la frustración del mandatario por lo que consideró una falta de agresividad en la persecución de adversarios políticos, así como por su manejo de los expedientes relacionados con el caso Epstein.

Tras su salida, el fiscal general adjunto Todd Blanche asumirá el cargo de manera interina, mientras se define un reemplazo permanente.

En los últimos días, Trump habría sostenido conversaciones con su equipo cercano sobre la posible destitución, e incluso dialogó directamente con Bondi en una reunión descrita como tensa, donde le adelantó su salida del cargo.

Aunque el presidente señaló que Bondi podría ocupar un nuevo puesto en el sector privado o dentro del ámbito judicial, aún no se ha confirmado su futuro. Entre los posibles sustitutos destaca Lee Zeldin, actual administrador de la Agencia de Protección Ambiental.

La destitución se da en un contexto de ajustes dentro de la administración republicana, siendo el segundo cambio relevante en el gabinete en menos de un mes.

Bondi, quien previamente fue fiscal general de Florida, había prometido mantener independencia al frente del Departamento de Justicia. Sin embargo, su gestión estuvo marcada por decisiones polémicas, incluyendo investigaciones contra opositores políticos, lo que generó críticas sobre el uso de la institución con fines partidistas.

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La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que sostendrá una reunión con el Grupo Interinstitucional encargado de atender el derrame de petróleo en el Golfo de México, con el objetivo de informar sobre los avances en las labores de contención y limpieza.

Durante su conferencia matutina, la mandataria señaló que actualmente se mantienen trabajos intensivos por parte de diversas dependencias, entre ellas Petróleos Mexicanos, la Secretaría de Marina y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, cuya titular, Alicia Bárcena, se encuentra en Veracruz supervisando las zonas afectadas.

Sheinbaum destacó que, aunque existe la percepción de inacción, se ha desplegado un amplio operativo para atender la contingencia ambiental mediante distintos métodos de contención y saneamiento.

La presidenta explicó que el área del Complejo Cantarell, donde se originó la emanación, sigue en explotación y cuenta con alrededor de 400 pozos, por lo que también se realiza una revisión técnica en coordinación con la Secretaría de Energía y especialistas científicos.

Por su parte, la organización Greenpeace advirtió que el derrame se ha extendido a lo largo de zonas como Tamiahua, Tuxpan y Cazones, impactando el Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México, con afectaciones estimadas en más de 630 kilómetros de litoral.

Ante ello, autoridades federales informaron que desde el 2 de marzo se han intensificado las acciones de respuesta, con la participación de más de 3 mil elementos, incluyendo personal de Marina, Pemex y diversas dependencias ambientales.

El despliegue incluye 47 embarcaciones, 48 vehículos, siete aeronaves, drones aéreos y submarinos, así como barreras de contención para atender tanto zonas marítimas como costeras.

La mandataria reiteró que, hasta el momento, no se ha confirmado una fuga activa en instalaciones, pero aseguró que cualquier eventualidad será informada y atendida de manera inmediata, mientras continúan las investigaciones para determinar el origen del derrame y mitigar sus impactos ambientales.

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