La propuesta del presidente estadounidense, Donald Trump, de pintar de negro los barrotes metálicos del muro en la frontera con México puede elevar el costo de construcción en 500 millones de dólares o más, reveló este miércoles la prensa local al dar a conocer estimaciones hechas por funcionarios para esa contratación.

Según el diario The Washington Post, que citó a funcionarios de la Administración, el gobernante insistió en esa propuesta durante una reunión celebrada en abril pasado en la que le pidió a su yerno y asesor, Jared Kushner, y a sus ayudantes que estimaran los costos del trabajo de pintura.

La información apuntó que esa posibilidad ha estado en el aire durante los últimos años, pero comandantes militares y funcionarios de la frontera la habían desechado por considerarla innecesaria, costosa y una carga de mantenimiento a largo plazo, según el Post.

Las estimaciones presentadas por funcionarios federales de contratación indican que los costos oscilan entre 500 millones de dólares para dos capas de pintura acrílica hasta más de 3.000 millones para un recubrimiento termoplástico.

El artículo detalla que los cálculos apuntan que contratistas privados cobrarían 750.000 dólares por kilómetro para recubrir con dos capas de pintura acrílicas las barras de metal, mientras que un recubrimiento usado para proteger presas, canales y proyectos similares se estima cueste alrededor de 2,8 millones de dólares por kilómetro. El recubrimiento termoplástico valdría unos 4,25 millones por kilómetro.

La idea del gobernante, agrega el diario, es que los barrotes -elaborados con acero y cuyo diseño prevé que puedan tener una vida útil de 30 años sometidos a luz solar intensa y cambios de temperatura en la intemperie- sean pintados de negro, como una forma de evitar que puedan ser escalados para atravesar de forma irregular el límite entre ambos países.

Pero los funcionarios involucrados en el proyecto consideran que la pintura puede retrasar el ritmo de construcción, ya que deberán regresar a las secciones que ya han sido erigidas y donde las barras son de color anaranjado debido a la rápida oxidación.

Pintar los barrotes ya instalados, explica el Post a partir del testimonio de ingenieros, haría igualmente más costosa esa operación, ya que es más barato ponerles el color previamente.

El pasado 3 de abril, un grupo de más de cuarenta legisladores demócratas instó a Trump a detener "de inmediato" la construcción del muro en la frontera con México para centrarse en la crisis sanitaria provocada por el coronavirus SARS-CoV-2.

Y ya en febrero, varias organizaciones de la sociedad civil anunciaron una demanda judicial contra el Gobierno de Trump por la transferencia de 3.800 millones de dólares de fondos adicionales del Pentágono para su barrera en la frontera con México.

Trump, que se presenta este noviembre a la reelección para un segundo mandato, ha prometido construir más de 805 kilómetros de muro para principios del próximo año. 

El Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró este lunes inconstitucional la expulsión del ex presidente Donald Trump (2017-2021) de las primarias republicanas en Colorado, un fallo que le allana el camino para ser elegido el candidato de su partido a la presidencia.

El dictamen se conoce la víspera del "supermartes", cuando 15 estados, incluido Colorado, celebran primarias para las presidenciales de noviembre. 

En respuesta, el magnate calificó de "gran victoria" para Estados Unidos la decisión de Corte Suprema, pues ha mencionado en diversas ocasiones que es un perseguido político.

Los magistrados del Tribunal Supremo, donde los conservadores ostentan mayoría, argumentan que según la Constitución, es responsabilidad del Congreso y no de los estados hacer cumplir la Sección 3 de la Enmienda 14, la cual fue utilizada por el Tribunal Supremo de Colorado para fallar en contra de Trump.

En concreto, el Tribunal Supremo de Colorado consideró que Trump participó en un intento de "insurrección", lo que lo descalifica para ocupar cargos públicos, según lo establecido en la Sección 3 de la Enmienda 14 de la Constitución.

Esta enmienda, aprobada en 1868 después de la Guerra Civil en Estados Unidos, tuvo como objetivo prevenir que los sureños rebeldes de la Confederación, quienes habían jurado lealtad a la Constitución para luego traicionarla, pudieran acceder al poder.

"Concluimos que los estados pueden descalificar a personas que ocupan o intentan ocupar cargos estatales. Sin embargo, los estados no tienen poder bajo la Constitución para hacer cumplir la Sección 3 con respecto a los cargos federales, especialmente la Presidencia", reza el fallo.

Aunque los jueces ofrecieron diferentes razones, la decisión fue unánime y marca la intervención más directa del Tribunal Supremo en unas elecciones desde la decisión Bush v. Gore, que resolvió una disputa sobre los votos en Florida y finalmente otorgó la victoria a George W. Bush, quien ejerció la presidencia entre 2001 y 2009.

El pasado 8 de febrero, los jueces del Tribunal Supremo celebraron una audiencia para escuchar los argumentos de las partes sobre el caso de Colorado y ya entonces se mostraron reticentes sobre las implicaciones que podría tener a nivel nacional la expulsión de Trump de las primarias de ese estado, especialmente de cara a las elecciones de noviembre.

Tanto los jueces más progresistas como los más conservadores expresaron su incomodidad durante sus intervenciones con la idea de que estados individuales interpreten la elegibilidad constitucional de un candidato para un cargo nacional.

El fallo se produce sin que los jueces hayan estado presentes dentro del tribunal, ya que no tienen previsto celebrar una audiencia hasta el 15 de marzo.

Los magistrados han hecho caso, por tanto, a las presiones por el apretado calendario electoral y a las peticiones del Partido Republicano de Colorado, que le había pedido actuar antes del 'supermartes' que se celebra mañana.

En un fallo sin precedentes, la Justicia de Colorado determinó en diciembre que la Sección 3 de la Enmienda 14 de la Constitución inhabilita al republicano por la "insurrección" del asalto al Capitolio, cuando una horda de trumpistas atacó el Congreso para intentar frenar la ratificación de la victoria de Biden.

El fallo del Tribunal Supremo, adoptado por unanimidad, pondría fin a los intentos de Illinois y Maine para sacar a Trump del proceso de primarias del Partido Republicano, pero todavía está pendiente la decisión.

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La corte de apelaciones de Washington determinó este martes que el ex presidente Donald Trump no tiene inmunidad presidencial ante la imputación por su intento de revertir su derrota electoral de 2020 e instigar el asalto al Capitolio.

"A los efectos de este caso penal, el ex presidente Trump se ha convertido en ciudadano Trump, con todas las defensas de cualquier otro acusado penal", apuntó la Corte.

Con esto, el ex presidente de Estados Unidos está un paso más cerca de un juicio penal sin precedentes.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia rechazó la afirmación de Trump de que no puede ser procesado porque las acusaciones están relacionadas con sus responsabilidades oficiales como presidente.

"Cualquier inmunidad ejecutiva que pueda haberlo protegido mientras servía como presidente ya no lo protege contra este enjuiciamiento", abundó la Corte.

IF IMMUNITY IS NOT GRANTED TO A PRESIDENT, EVERY PRESIDENT THAT LEAVES OFFICE WILL BE IMMEDIATELY INDICTED BY THE OPPOSING PARTY. WITHOUT COMPLETE IMMUNITY, A PRESIDENT OF THE UNITED STATES WOULD NOT BE ABLE TO PROPERLY FUNCTION!

Donald Trump Truth Social 11:25 PM EST 2/05/24

— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) February 6, 2024

El fallo, que Trump seguramente apelará, rechaza su intento de evitar un juicio por acusaciones de que socavó la democracia estadunidense y la transferencia de poder, incluso mientras consolida su posición como favorito para ganar la nominación presidencial republicana.

El caso permanecerá en suspenso al menos hasta el 12 de febrero para dar tiempo a Trump a apelar ante la Corte Suprema de Estados Unidos.

Los abogados de Trump argumentaron que los ex presidentes tienen derecho a amplias protecciones legales y no pueden ser procesados penalmente por acciones oficiales a menos que primero sean impugnados por la Cámara de Representantes y destituidos por el Senado.

Trump fue acusado dos veces por la Cámara de Representantes, pero en cada ocasión los republicanos del Senado emitieron votos suficientes para absolverle de los cargos.

Los jueces se centraron en la amplia naturaleza de la reclamación de Trump en una audiencia celebrada el 9 de enero, interrogando a un abogado de Trump sobre si incluso un presidente que ordenó a comandos militares asesinar a un rival político podría escapar de un proceso penal sin la acción inicial del Congreso.

Trump ha expresado repetidamente su reclamo de inmunidad en la campaña electoral y en las redes sociales, diciendo en una publicación del 18 de enero: 

"TODOS LOS PRESIDENTES DEBEN TENER INMUNIDAD PRESIDENCIAL COMPLETA Y TOTAL, O LA AUTORIDAD Y LA DECISIVIDAD DE UN PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS SERÁN DESTRUIDAS Y DESAPARECERÁN PARA SIEMPRE", escribió tal cual en su red Truth Social.

La acusación presentada por el fiscal especial Jack Smith acusa a Trump de usar falsas afirmaciones de fraude electoral para presionar a legisladores estatales, funcionarios del Departamento de Justicia y al entonces vicepresidente Mike Pence para frustrar la certificación de los resultados electorales.

Es uno de los cuatro casos penales a los que se enfrenta Trump y uno de los dos que alegan injerencia en las elecciones de 2020.

Trump se ha declarado inocente de cuatro cargos de delito grave y ha acusado a los fiscales de un esfuerzo políticamente motivado para dañar su campaña.

El argumento de la inmunidad fue rechazado previamente por la jueza de distrito Tanya Chutkan en diciembre, lo que llevó a Trump a apelar.

Incluso si el argumento de Trump no es aceptado por los tribunales, es probable que la apelación logre su objetivo de retrasar el juicio previsto para el 4 de marzo, potencialmente hasta después de las elecciones de noviembre. El caso está en suspenso mientras Trump apela.

Si Trump gana las elecciones, podría intentar indultarse a sí mismo u ordenar al Departamento de Justicia que archive el caso.

Trump puede pedir al pleno del tribunal del Circuito de Washington y a la Corte Suprema de Estados Unidos que revisen la sentencia, lo que podría dar lugar a semanas o meses de retraso adicional.

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La Corte Suprema de Estados Unidos acordó autorizar temporalmente a los agentes de la patrulla fronteriza a cortar o retirar las vallas de alambre de púas que las autoridades de Texas colocaron en parte de la frontera del estado con México, gobernado por los republicanos, para impedir el cruce ilegal.

Con una votación de 5 votos a favor y 4 en contra, la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos otorgó la razón a una demanda del gobierno del presidente Joe Biden y permitió que agentes de la patrulla fronteriza remuevan el alambre de púas instalado por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, en la frontera con México.

“Se concede la solicitud para anular la orden judicial presentada ante (el juez Samuel) Alito y referida por él a la Corte”, sentenció el máximo tribunal en una resolución de sólo dos párrafos de extensión.

La resolución de la Corte, que incluyó los votos a favor del presidente del tribunal, John Roberts, y de los magistrados Sonia Sotomayor, Elena Kagan, Amy Coney Barrett, y Ketanji Brown Jackson, una de las más conservadoras de Estados Unidos

Los magistrados Clarence Thomas, Samuel Lito, Neil Gorsuch y Brett Kavanaugh, que forman parte del bloque conservador pro republicano dentro de la Corte Suprema, votaron para rechazar la solicitud de la administración de Biden.

BREAKING: The Supreme Court has ruled 5-4 that Border Patrol agents *are* allowed to remove razor wire installed by Texas.

The invasion goes on.

After a desperate request filed by Biden to open the flood gates, the Court decided that the illegal surge should continue by… pic.twitter.com/c4WmWnhCs7

— Collin Rugg (@CollinRugg) January 22, 2024

La instalación de alambre de púas, ordenado por Abbott, implementado por la Guardia Nacional de Texas, forma parte de las polémicas acciones del gobernador republicano para contener la llegada de inmigrantes indocumentados a territorio de la entidad, junto al emplazamiento de boyas a lo largo del río Bravo.

La Corte de Apelaciones del 5º Circuito de Estados Unidos, con sede en Nueva Orleans, que emitió el controvertido fallo provisional, tiene previsto escuchar los argumentos el 7 de febrero sobre si los agentes de la patrulla fronteriza violaron la ley de Texas al cortar la barrera de alambre de púas.

Dicha inmunidad protege al gobierno federal de demandas civiles y procesos penales.

Texas demandó a la administración en octubre de 2023 por lo que consideraba una práctica intensificada por parte de los agentes de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos de cortar, destruir o dañar de cualquier otro modo las vallas que el Estado había colocado estratégicamente en terrenos privados con el permiso de los propietarios.

Los republicanos han criticado duramente las políticas de inmigración de Biden y el flujo de entradas ilegales a través de la frontera de Estados Unidos con México, un tema que sin duda cobrará fuerza de cara a las elecciones del 5 de noviembre, en las que el presidente demócrata aspira a permanecer otros cuatro años en el cargo.

Con información de Reuters.

Los abogados de Donald Trump hicieron un intento de poner fin de inmediato al juicio civil por fraude en Nueva York que amenaza su imperio inmobiliario, argumentando que los fiscales no lograron demostrar que el acusado tenía la intención de engañar a bancos, aseguradoras y otros al inflar su riqueza.

Los abogados de Trump buscaron un veredicto directo y pidieron al juez Arthur Engoron que absolviera al republicano que encabeza los sondeos para las elecciones de 2024, a su empresa homónima y a otros acusados de irregularidades en la mitad del juicio de la demanda de la secretaria estatal de Justicia, Letitia James.

“No hay ninguna víctima. No hay ningún denunciante. No hay heridos. Todo eso está establecido ahora por la evidencia”, dijo el abogado de Trump, Christopher Kise. Argumentó que los fiscales no habían cumplido con “ningún estándar legal” para probar las acusaciones de conspiración, fraude de seguros y falsificación de registros comerciales.

El abogado Kevin Wallace, representante del estado, respondió que los argumentos de la defensa “sonaban más como argumentos finales” y que no había base para un veredicto dirigido.

Engoron no tomó una decisión inmediata y dijo que los argumentos fueron “tomados bajo consideración”. El juez, que ha fallado repetidamente en contra de Trump, ha mostrado interés en llevar el juicio a su conclusión, pidiendo a los abogados que preparen los alegatos finales para finales de año.

Kise imploró a Engoron que le diera un peso especial al testimonio de Trump el lunes, citando las décadas de experiencia del ex presidente como desarrollador inmobiliario.

En el estrado del lunes, entre ataques a sus adversarios, Trump negó haber actuado mal y dijo que los prestamistas estaban “extremadamente felices” de hacer negocios con él. Aseguró que los estados financieros más bien subvaluaban su riqueza y el valor de activos como su propiedad Mar-a-Lago en Florida.

Clifford Robert, abogado de los hijos mayores de Trump, Eric y Donald Trump Jr., pidió que se desestimen las acusaciones en su contra. Argumentó que los abogados estatales no habían logrado demostrar que los hijos, a quienes Trump nombró para dirigir su empresa cuando llegó a la Casa Blanca en 2017, trabajaran en los estados financieros del ex presidente.

Robert dijo que los hijos, que firmaron algunos documentos que atestiguaban los recursos de su padre, “actuaron apropiadamente” al confiar en contadores y abogados para asegurarse de que los documentos fueran exactos.

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Decenas de hombres armados y con radios, custodian la entrada a los ejidos y ciudades de Tamaulipas que colindan con el Río Bravo, en los puntos donde el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ordenó que se construya o refuerce el muro fronterizo.

A lo largo de la carretera Reynosa-Nuevo Laredo, estos vigilantes, o halcones, como se les conoce dentro de los cárteles, reportan cualquier entrada a la zona, incluyendo la de fuerzas armadas.

La región es dominada por cárteles locales que se pelean la plaza desde hace décadas, y tras el reforzamiento del muro, se dejará a miles de migrantes a merced de las organizaciones criminales que se disputan el tráfico de personas.

El proyecto del gobierno estadunidense trata de diez puntos colindantes con el condado de Starr, Texas, y el estado de Tamaulipas, en México. Comenzando por ciudades como Ciudad Mier y Nueva Ciudad Guerrero, controladas por el Cártel del Noreste, hasta Ciudad Camargo y Gustavo Díaz Ordaz, del Cártel del Golfo.

El reforzamiento de los obstáculos fronterizos busca hacer más difícil el paso para los migrantes que buscan cruzar la zona sin documentos migratorios. 

​Del otro lado del Río Bravo se extiende gran parte de un santuario natural: El Refugio Nacional de Vida Silvestre de Rio Grande Valley, Texas.

Así, del lado mexicano, los halcones siempre atentos al paso de los migrantes que buscan pasar por su territorio, siempre y cuando hayan pagado la cuota exigida. O listos para alertar de la incursión de algún extraño que pudiera pertenecer a un cártel rival.

Los migrantes, una de las comunidades más vulnerables, es la que ha quedado en medio de la disputa por la plaza de los cárteles y las políticas migratorias en Estados Unidos que buscan regular la migración.

La mayoría de ellos, han sufrido secuestros, abusos y extorsiones antes de llegar a la ciudad fronteriza de Reynosa, donde ahora esperan una cita con las autoridades estadunidenses para solicitar asilo, a través de la aplicación CBP One.

“Alguien se ofreció a ayudarnos y llevarnos a una casa y confiamos en esa persona y no fue así, nada más nos vendió prácticamente (…) cuando tú no das mucha información de tu familia te maltratan, te maltratan horrible, físicamente, verbalmente, a veces se sufre de actos sexuales también, por parte de ellos. Me tuvieron un mes, como por 20 días”, contó a Milenio una migrante de El Salvador que actualmente se encuentra en uno de los albergues en Reynosa.

Recuerda que su padre, actualmente en Estados Unidos, tuvo que pagar 8 mil dólares para que la dejaran ir. Pero no pasó lo mismo con un compañero hondureño que viajaba con las otras cinco personas con las que la secuestraron. De él no volvió a saber nada.

Durante su trayecto, además, los cárteles van cobrando cuotas a los migrantes que quieren pasar por su territorio. “Al llegar a ciertos puntos solo te toman y te preguntas a dónde vas, y hay que pagarles piso, le llaman ellos, por pasar a ciertos lugares”, recuerda Adolfo, un migrante guatemalteco que salió de su país ya que el paladar hendido y el labio leporino que padece, le eran un obstáculo para progresar.

Así como hay migrantes centroamericanos, también hay migrantes mexicanos, desplazados internos. Ciudadanos que esperan en la frontera a que el gobierno estadunidense les otorgue una cita para solicitar protección en Estados Unidos tras sufrir la violencia armada de primera mano en sus estados de origen.

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