El presidente de EE.UU., Donald Trump, insinuó este jueves que podría perpetuarse en el poder durante 9 o 13 años más, lo que iría contra la Constitución del país que establece un máximo de ocho años para cualquier inquilino de la Casa Blanca.

El mandatario hizo esas declaraciones en una fábrica de suministros médicos en Allentown (Pensilvania), donde aseguró que su predecesor, Barack Obama, (2009-2017), tiene la culpa de que EE.UU. no dispusiera de suficientes mascarillas y ventiladores al comienzo de la pandemia del coronavirus.

A continuación, prometió: "Nunca más ningún presidente heredará estanterías vacías o productos caducados, al menos esperemos que hasta dentro de cinco años, eso es lo que están diciendo, o quizás 9 años, quizás 13 años, pero nunca tendremos que lidiar con estanterías vacías o con unas Fuerzas Armadas mermadas".

El mandato de Trump comenzó en enero de 2017 y termina el mismo mes de 2021, aunque opta a la reelección en los comicios de noviembre de este año y, por tanto, si gana al exvicepresidente Joe Biden, posible candidato demócrata, el actual mandatario dispondría de un segundo mandato desde enero próximo hasta 2025.

La Constitución de EE.UU. establece que el mandato de cualquier inquilino de la Casa Blanca dura 4 años y puede presentarse a la reelección una sola vez, por lo que sería ilegal optar a dos o tres mandatos más, lo que equivaldría respectivamente a los 9 o 13 años mencionados por Trump.

En otras ocasiones, el líder estadounidense ha mencionado su deseo de mantenerse en el poder más allá de lo establecido por la Carta Magna y, durante la campaña presidencial de 2016, amenazó con no aceptar los resultados electorales si resultaba ganadora la demócrata Hillary Clinton.

En la fábrica de Pensilvania, Trump no llevó ninguna mascarilla y dio su curso sobre un escenario con una enorme bandera estadounidense.

Además, se burló de Biden, al que llamó "Sleepy Joe" (Joe, el adormilado) y aseguró que, durante años, el Gobierno estuvo controlado por un "montón de globalistas que no sabían lo que estaban haciendo" y que, a su juicio, daban prioridad al mundo por encima del pueblo estadounidense.

"Conmigo siempre va a ser EE.UU. primero", repitió en varias ocasiones.

En los últimos días, Trump ha incrementado sus ataques en Twitter contra Biden y Obama, quien hace unos días calificó de "desastre caótico" la respuesta de su sucesor a la pandemia.

Esas fueron las críticas más duras a Trump por parte de Obama, quien suele mantenerse en un segundo plano; pero que este jueves volvió a la carga con un breve mensaje de Twitter que ganó mucha popularidad y que solo contenía una palabra: "Vote" (Voten, en inglés).

Mientras se aviva la batalla política, EE.UU. sigue siendo el mayor foco del mundo de la pandemia por el nuevo coronavirus en términos absolutos, con más de 1,4 millones de casos y al menos 84.000 muertes, según el recuento de la Universidad Johns Hopkins. 

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, confirmó este lunes haber recibido una llamada de Donald Trump para hablar de la tarjeta roja recibida por el delantero estadounidense Folarin Balogun, a lo que le habría respondido que las instancias disciplinarias del organismo son "independientes".

"Durante nuestra conversación, expliqué que estaba en curso un procedimiento jurídico que implicaba a los órganos judiciales independientes de la FIFA y que el caso sería resuelto en su debido momento por los órganos competentes", indicó en X el dirigente del futbol mundial, criticado desde todos los frentes por la suspensión el domingo por parte de la FIFA de la sanción impuesta a Balogun.

Infantino defendió la llamada de Trump en un comunicado. "Sí, discuto regularmente asuntos relacionados con el Mundial con el presidente de Estados Unidos y sí, recibí una llamada del presidente Donald Trump, del mismo modo que recibo llamadas de jefes de Estado, funcionarios gubernamentales, partes interesadas del futbol y ejecutivos de negocios de todo el mundo sobre muchos asuntos".

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El gobierno de Estados Unidos presentó acusaciones contra Raúl Castro por el derribo de dos avionetas pertenecientes al grupo anticastrista Hermanos al Rescate en la década de los noventa, en una medida que representa una nueva escalada de presión contra Cuba.

De acuerdo con funcionarios de la administración del presidente Donald Trump, la acción forma parte de una estrategia más amplia impulsada por Washington para aumentar la presión política sobre el gobierno cubano.

Las aeronaves derribadas pertenecían a la organización Hermanos al Rescate y realizaban vuelos cerca del espacio aéreo cubano cuando fueron abatidas por fuerzas de la isla.

La acusación contra Castro se produce en un contexto de endurecimiento de las políticas estadounidenses hacia Cuba, luego de que Washington impusiera un bloqueo energético y amenazara con sanciones a países que suministren combustible al gobierno cubano.

Estas medidas han agravado la crisis energética en la isla, donde se han reportado apagones de hasta 22 horas en distintas regiones.

Raúl Castro, de 94 años, fue ministro de Defensa antes de asumir la presidencia cubana en 2008 tras la salida de su hermano, Fidel Castro. Aunque dejó oficialmente la presidencia en 2018, continúa siendo una figura influyente dentro de la política cubana.

Analistas consideran que la acusación representa uno de los casos más inusuales de procesos penales impulsados por Estados Unidos contra un exlíder extranjero, en medio del aumento de tensiones diplomáticas entre ambos países.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó nuevas amenazas contra los cárteles del narcotráfico y aseguró que su gobierno actuará directamente si México no intensifica sus acciones contra estas organizaciones criminales.

Durante un evento en la Casa Blanca, Trump afirmó que el tráfico de drogas por vía marítima ha disminuido considerablemente y aseguró que su administración ya comenzó una “fase terrestre” en la estrategia contra el narcotráfico.

El mandatario sostuvo que podrían surgir inconformidades desde México y otros países, pero insistió en que Washington está dispuesto a intervenir si considera que no se está haciendo lo suficiente para frenar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense.

Las declaraciones ocurren en medio de una creciente tensión bilateral entre ambos gobiernos por temas de seguridad, narcotráfico y soberanía, además de recientes acusaciones judiciales en Estados Unidos contra funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con grupos criminales.

La nueva estrategia antiterrorista de la Casa Blanca también clasifica al narcotráfico como una amenaza terrorista y advierte que Estados Unidos continuará con operaciones militares y policiales contra los cárteles designados como organizaciones terroristas.

Trump reiteró que prefiere trabajar en coordinación con gobiernos aliados, aunque dejó abierta la posibilidad de actuar unilateralmente si considera que existe complicidad o falta de cooperación frente al crimen organizado.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión temporal del programa de escoltas militares a buques comerciales en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio global de petróleo.

La medida forma parte de la pausa del llamado “Proyecto Libertad”, una operación lanzada recientemente para proteger embarcaciones en la zona, en medio de las tensiones con Irán.

Trump explicó que la decisión responde a solicitudes de países como Pakistán y a los avances en las negociaciones con representantes iraníes, con el objetivo de facilitar un posible acuerdo definitivo.

A pesar de la suspensión de las escoltas, el mandatario indicó que se mantendrá el bloqueo contra puertos iraníes mientras continúan las conversaciones diplomáticas.

La medida se produce en un contexto de alta tensión, luego de que Irán acusara a fuerzas estadounidenses de la muerte de cinco civiles en la zona, mientras que Washington ha defendido la operación como una acción necesaria para garantizar la seguridad marítima.

El estrecho de Ormuz es considerado una vía estratégica para el comercio internacional, por lo que cualquier decisión relacionada con su seguridad tiene impacto directo en la estabilidad económica global y en los precios de la energía.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destituyó a la fiscal general Pam Bondi, en medio de diferencias sobre su desempeño al frente del Departamento de Justicia.

De acuerdo con diversas fuentes, la decisión responde a la frustración del mandatario por lo que consideró una falta de agresividad en la persecución de adversarios políticos, así como por su manejo de los expedientes relacionados con el caso Epstein.

Tras su salida, el fiscal general adjunto Todd Blanche asumirá el cargo de manera interina, mientras se define un reemplazo permanente.

En los últimos días, Trump habría sostenido conversaciones con su equipo cercano sobre la posible destitución, e incluso dialogó directamente con Bondi en una reunión descrita como tensa, donde le adelantó su salida del cargo.

Aunque el presidente señaló que Bondi podría ocupar un nuevo puesto en el sector privado o dentro del ámbito judicial, aún no se ha confirmado su futuro. Entre los posibles sustitutos destaca Lee Zeldin, actual administrador de la Agencia de Protección Ambiental.

La destitución se da en un contexto de ajustes dentro de la administración republicana, siendo el segundo cambio relevante en el gabinete en menos de un mes.

Bondi, quien previamente fue fiscal general de Florida, había prometido mantener independencia al frente del Departamento de Justicia. Sin embargo, su gestión estuvo marcada por decisiones polémicas, incluyendo investigaciones contra opositores políticos, lo que generó críticas sobre el uso de la institución con fines partidistas.

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