Las autoridades surcoreanas solicitaron el lunes una orden judicial para detener al presidente destituido Yoon Suk Yeol mientras investigan si su breve decreto de ley marcial del 3 de diciembre constituyó una rebelión.
La Oficina de Investigación de Corrupción para Altos Funcionarios, que dirige una pesquisa conjunta con la policía y las autoridades militares sobre el tema, confirmó que solicitó la orden a la Corte del Distrito Occidental de Seúl. Los investigadores planean interrogar a Yoon por cargos de abuso de autoridad y de orquestar una rebelión.
Yoon Kap-keun, el abogado del presidente, denunció el intento de detención y presentó una impugnación ante la misma corte, argumentando que la solicitud de la orden era inválida. También afirmó que la agencia anticorrupción carece de autoridad legal para investigar cargos de rebelión. Sin embargo, evitó responder cómo respondería el equipo legal si la corte aprueba la orden de detención contra el presidente.
"Un presidente en funciones no puede ser procesado por abuso de poder", dijo el abogado. "Por supuesto, hay opiniones académicas diferentes sobre si se puede investigar a un presidente por abuso de poder y algunos afirman que las investigaciones son posibles. Pero incluso cuando se permiten investigaciones, la opinión predominante es que deben ejercerse con la máxima restricción".
La agencia anticorrupción no respondió de inmediato a los comentarios del abogado. Han Min-soo, portavoz del grupo opositor progresista Partido Democrático, pidió a la corte que emitiera la orden, diciendo que la detención de Yoon Suk Yeol sería el primer paso hacia "poner fin a la rebelión y restaurar la normalidad".
La solicitud de la orden se produjo después de que Yoon ha desoído varias solicitudes del equipo de investigación conjunto y de la fiscalía para comparecer a interrogatorio. También ha bloqueado el allanamiento de sus oficinas.
Aunque Yoon tiene el privilegio presidencial de inmunidad frente a procesos penales, tales protecciones no se extienden a acusaciones de rebelión o traición.
No está claro si el tribunal aprobará la orden o si Yoon puede ser obligado a comparecer para ser interrogado.
Según las leyes del país, los lugares potencialmente vinculados a secretos militares no pueden ser tomados o allanados sin el consentimiento de la persona a cargo, y es poco probable que Yoon abandone voluntariamente su residencia si al hacerlo corre el riesgo de ser detenido. También hay preocupaciones sobre posibles enfrentamientos con el servicio de seguridad presidencial de Yoon si las autoridades intentan detenerlo por la fuerza.
Los poderes presidenciales de Yoon fueron suspendidos después de que la Asamblea Nacional aprobara a mediados de mes someterlo a juicio político por su imposición de la ley marcial, que duró sólo unas horas pero ha desencadenado semanas de agitación política, obstruido labores diplomáticas y sacudido los mercados financieros.
El destino de Yoon ahora está en manos del Tribunal Constitucional, que ha comenzado las deliberaciones sobre si remover formalmente a Yoon del cargo o reinstaurarlo.
La Asamblea Nacional votó la semana pasada también para someter a juicio político al primer ministro, Han Duck-soo, quien había asumido el papel de presidente en funciones después de la suspensión de los poderes de Yoon, por su renuencia a llenar tres vacantes del Tribunal Constitucional antes de la revisión del caso de Yoon.
El nuevo líder interino del país es el vice primer ministro Choi Sang-mok, quien también es ministro de finanzas.
Para poner fin formalmente a la presidencia de Yoon, al menos seis jueces del Tribunal Constitucional de nueve miembros deben votar a favor. Actualmente hay tres asientos vacantes tras jubilaciones, y un tribunal completo podría hacer más probable la condena.
Choi, quien ha manejado la respuesta del gobierno a un accidente aéreo el domingo que mató a 179 personas, aún no ha dicho si tiene la intención de nombrar a los jueces del Tribunal Constitucional.
En una investigación criminal separada sobre Yoon, las autoridades ya han arrestado a su ministro de defensa, al jefe de policía y a comandantes militares involucrados en el intento de hacer cumplir el decreto de ley marcial, que recordaba a los días de los líderes autoritarios que el país no había visto desde la década de 1980.
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