A tres años del sismo del 19 de septiembre de 2017, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) no ha logrado imputar, y por ello que haya sanciones, a una de las 45 constructoras que investiga como presuntas responsables de diversos derrumbes, luego del temblor que dejó 228 muertos.
Aunque se han iniciado 149 carpetas de investigación por los fallecimientos y colapsos de al menos 10 inmuebles, a la fecha, no hay un solo directivo o administrativo de las constructoras involucradas en los edificios derrumbados imputado, a pesar de que las indagatorias van desde la edificación de complejos habitacionales hasta los que no tenían permisos adecuados.
De acuerdo con los expedientes, también se indaga el uso de material de “baja calidad” para la construcción de los mismos edificios, e incluso, los homicidios culposos de víctimas mortales.
Respecto a los decesos, únicamente Mónica García Villegas, conocida como Miss Moni, exdirectora del Colegio Enrique Rébsamen, ubicado en la alcaldía Tlalpan, se encuentra en prisión a la espera de que en los siguientes días un juez del Tribunal Superior de Justicia local le dicte la sentencia, toda vez que el jueves pasado un tribunal de enjuiciamiento la encontró culpable por los delitos de homicidio culposo en agravio de 26 personas, 19 de ellos menores de edad.
Además de imputarle la responsabilidad de DRO o Corresponsables, hipótesis de propietaria, incidente por el cual la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México pide que se le dicte una pena de 57 años de prisión.
Durante el Segundo Informe de actividades, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, dejó en claro que las investigaciones continúan, y destacó que la Fiscalía General de Justicia, por denuncia presentada por la Comisión para la Reconstrucción capitalina, solicitó y fue otorgada por el Tribunal de Justicia local, órdenes de aprehensión contra personal de tres desarrolladoras cuyos inmuebles tenían menos de 10 años y se dañaron gravemente en el sismo.
Además, se han presentado juicios civiles —también sin resultados condenatorios— pero con el objetivo de buscar la reparación de estas edificaciones, las cuales, de acuerdo con la denuncia del Gobierno capitalino, deben ser pagadas por los desarrolladores y no con recursos públicos; sin embargo, este fallo también está en deliberación.
En esa lista de constructoras investigadas resaltan empresas como Baitia e Inmobiliaria Porta Tlalpan, Canada Building System y Dijon, que además de proveer el material de construcción, vendieron inmuebles respectivos en Zapata 56, colonia Portales, y Bretaña 90, en Zacahuitzco, los cuales también se derrumbaron en el temblor, con un saldo de tres personas fallecidas; sin embargo, ningún directivo ha sido llamado, por el momento, para esclarecer los hechos.
Por su parte, la Secretaría de la Contraloría General dio a conocer que a la fecha se ha iniciado la investigación a 13 empresas, algunas de ellas relacionadas con el proceso de reconstrucción de los inmuebles.
“Dentro de las irregularidades detectadas de manera recurrente se encuentran los sobrecostos, el incumplimiento en tiempos de entrega, así como la incorrecta ejecución de diversos trabajos”, indicó la dependencia mediante una tarjeta informativa.
Precisó que como las faltas son graves, será competencia del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México sancionarlas, mismas que están en proceso de análisis y resolución.
Revisión
Claudia Sheinbaum informó que su gobierno, junto con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el Instituto de Ingeniería, realizarán estudios en las escuelas, principalmente las zonas de mayor vulnerabilidad, para conocer su seguridad estructural.
Una vez terminada la reconstrucción, se efectuará un estudio de edificaciones, particularmente viviendas, que fueron construidas previo a 1985 y que tienen cierto tipo de construcción, para generar un esquema de seguridad estructural.
