El dirigente venezolano Diosdado Cabello, considerado el número dos del chavismo, dijo en una entrevista difundida este domingo que pensó en dejar la política tras superar la COVID-19 hace unas semanas, cuando su estado de salud seguía resentido por la enfermedad.

"Pensé hasta en retirarme de la política, porque yo no sabía cómo iba a quedar, yo no tenía fuerzas para ponerme de pie, no me sostenía, tenían que ayudarme", dijo Cabello al hablar del padecimiento en el programa "Aquí", de la televisión estatal VTV.

"En verdad me veía complicado", añadió, aunque luego matizó que el retiro fue una idea que consideró "un instante", y que la desechó al pensar en las consecuencias que supondría este acto para el chavismo, que gobierna en Venezuela desde 1999.

"Cuando me puse a racionalizar sobre las implicaciones de eso dije: 'no puedo'. Pienso que en este momento (de crisis) nadie puede apartarse, no lo hizo el comandante (Hugo) Chávez en su enfermedad y su gravedad (por el cáncer), no lo podemos hacer nosotros", prosiguió.

Cabello, de 57 años, desapareció de la escena pública el pasado 1 de julio, cuando condujo la emisión 308 de su programa semanal, "Con el mazo dando".

Días después, se ausentó de varios actos oficiales señalando que padecía una "fuerte alergia", hasta que el 9 de julio confirmó que se había contagiado con el coronavirus SARS-CoV-2, que causa la COVID-19.

Reapareció en público el 3 de agosto, durante una reunión virtual del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela, del cual es vicepresidente, y el último miércoles volvió a su programa de TV, que fue más corto.

En la entrevista divulgada hoy, reveló que pasó la mayor parte del tiempo entre el 18 y 28 de julio sedado e ingresado en cuidados intensivos, y que llegó a temer por su vida.

"Creo que sí (vi la muerte a la cara) y no me gustó, no me gustó para nada", apuntó.

Cabello también señaló que creía haberse contagiado a través de un escolta y que era responsable del contagio del vicepresidente económico, Tareck El Aissami, que también ha superado ya la enfermedad.

"Pero determinarlo no es fácil", dijo después, para expresar que no tenía total certeza de que los contagios hubieran ocurrido de esa manera.

Según el último parte oficial, ofrecido el sábado, 52.165 personas se han contagiado del coronavirus SARS-CoV-2 en Venezuela, de las cuales 420 han muerto por la COVID-19.

Pero la oposición venezolana ha puesto en duda los datos que ofrece el Gobierno venezolano y ha denunciado un subregistro de al menos 60 %, tanto en el número de casos totales como de muertos.

Representantes de los cuatro grandes partidos de la oposición de Venezuela acudirán al diálogo con el gobierno, cuya sede será México, en nombre de la llamada “plataforma unitaria”, dieron a conocer ayer fuentes del bloque antichavista.

Las fuentes no precisaron si en las mismas estarán representados el dos veces candidato presidencial Henrique Capriles y el exvicepresidente segundo de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento) Stalin González, que ya sostuvieron negociaciones con el gobierno en 2020. Tampoco si estará María Corina Machado, líder del partido Vente Venezuela y representante del sector más derechista de la oposición.

Entre los cuatro partidos están Voluntad Popular —liderado por Leopoldo López— y el socialdemócrata Acción Democrática, ambos intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que puso al frente a antiguos militantes expulsados por sus compañeros y acusados por ellos de corrupción.

También Un Nuevo Tiempo, que se define como socialdemócrata, y Primero Justicia, del que forma parte Capriles, aunque ha mostrado diferencias públicas con la actual dirección.

Las fuentes aseguraron que el problema de la fecha propuesta para el comienzo de la negociación, el próximo 13 de agosto, es que acuda la delegación nombrada por el presidente Nicolás Maduro o cambie posteriormente de opinión y la aplace.

No obstante, aseguraron que el equipo de Juan Guaidó está “completamente” dispuesto a acudir. Guaidó dijo en Twitter que “debemos hacer los esfuerzos para que el proceso de negociación que está por iniciar logre un acuerdo, Venezuela lo necesita. Con condiciones para elecciones libres y justas y garantías para todos”.

En representación del gobierno venezolano, se prevé que acuda el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, y el gobernador del estado central de Miranda, Héctor Rodríguez; mientras que por la oposición asistirán el exalcalde Gerardo Blyde, como jefe de la delegación, más tres miembros de las principales fuerzas opositoras, entre ellos, Carlos Vecchio, representante de Guaidó en EU; Luis Aquiles Moreno, dirigente de Acción Democrática, y un miembro de la organización Un Nuevo Tiempo. Guaidó aspira a conseguir elecciones generales “libres” y “justas” y, a la propuesta, el presidente Maduro respondió diciendo que está listo para reunirse con “toda la oposición”; sin embargo, ha exigido que se levanten las sanciones internacionales antes de sentarse a dialogar.

Por la parte oficialista, el mandatario ha asegurado que el actual presidente de la AN, Jorge Rodríguez, y el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, “son los voceros de la revolución para las negociaciones con todas las oposiciones”.

López Obrador: se aceptó

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que México aceptó ser la sede de las negociaciones entre el gobierno de Venezuela, que preside Nicolás Maduro, y la oposición para buscar una salida a la crisis que se vive en el país sudamericano.

“Me acaba de informar el secretario de Relaciones Exteriores [Marcelo Ebrard], que Noruega propuso que México sea sede para llevar a cabo estas negociaciones. Nosotros hemos aceptado, porque buscamos el diálogo”.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el presidente López Obrador confió en que las pláticas entre el gobierno de Venezuela y la oposición lleguen a un acuerdo. López Obrador insistió en que México ayudará en todo lo que sea posible para que ambas partes lleven a cabo las pláticas.

Amnistía Internacional (AI) denunció un amplio menú de violaciones del gobierno de Venezuela a los derechos humanos, en un país sacudido por una de las más graves crisis políticas, económicas y sociales de su historia.

En un informe que emitió a finales de abril pasado, la organización mundial de defensa de los derechos humanos denunció que el régimen chavista ejecutó “detenciones arbitrarias” por motivos políticos, entorpeció la libertad de expresión, de asociación y de participación ciudadana, y afectó los derechos a la libertad, a la integridad personal, al debido proceso y a la “no discriminación”.

“En un contexto de profunda polarización política y de un marcado deterioro social en los últimos años, Amnistía Internacional ha constatado la existencia de medidas arbitrarias por parte de los cuerpos de seguridad del Estado y del sistema de justicia venezolano”, sentenció el informe del que EL UNIVERSAL tiene copia.

El gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, mantiene silencio acerca de las acusaciones de AI, una de las más prestigiosas organizaciones mundiales no estatales de vigilancia global de los derechos humanos.

Al ratificar la concesión de la categoría de presos de conciencia a los opositores venezolanos Leopoldo López y Rosmit Mantilla, AI reiteró su “preocupación por el incremento en la investigación y procesamiento de actores políticos y no políticos disidentes del gobierno actual”.

“En simultáneo, en los últimos años han aumentado las denuncias de detenciones practicadas en manifestaciones pacíficas, tras acusaciones públicas en medios de comunicación, o incluso ante protestas espontáneas por la falta de comida y medicinas”, puntualizó.

Las denuncias, aseguró, incluyen “detenciones sin órdenes judiciales” por parte del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), que es la policía política del chavismo, “el procesamiento por delitos ‘contra la patria’, de ‘terrorismo’ o incluso imputación de delitos de carácter militar contra civiles”, con medidas de prisión preventiva “sin justificación o desproporcionadas” y con desacato de las órdenes de liberación.