Un grupo de al menos seis familias de una localidad del occidente de El Salvador fueron amenazadas por miembros de la pandilla Mara Salvatrucha (MS13), lo que ha obligado a estas personas a desplazarse forzosamente, según informaron este domingo medios locales.

Según información del periódico La Prensa Gráfica, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) de la delegación del municipio de San Julián (occidente) confirmaron que familias del cantón Peña Blanca han abandonado sus viviendas luego de ser amenazadas por supuestos miembros de la pandilla MS13.

Señaló que el hecho circuló el sábado en redes sociales y que hoy agentes de la PNC lo confirmaron y dieron que fueron alertados que las familias estaban huyendo de sus casas por "amenazas de los pandilleros", según indicó un agente policial.

Otro medio informó de que un grupo de policías realizó la mañana del domingo un operativo en el lugar para localizar a los responsables e indicó que el alcalde de San Julián, Manuel Engelhard, solicitó a la Policía y a miembros de la Fuerza Armada más seguridad en la zona.

Por el momento no se ha brindado más información de parte de las autoridades de Seguridad.

Este hecho sucede días después de que el medio de investigación El Faro publicara un reportaje, que cita documentos oficiales y declaraciones de un líder de la pandilla, que señala que el Ejecutivo lleva negociando con la MS13 desde junio pasado y que el pacto incluye favores electorales para los comicios del 2021 y baja de los homicidios a cambio de privilegios para la pandilla.

El desplazamiento forzado generado por las pandillas, que también son señaladas de cometer la mayoría de crímenes en este país centroamericano, aún no es reconocido como un fenómeno por las autoridades gubernamentales.

Sin embargo, en enero pasado la Asamblea Legislativa aprobó una ley para la protección de las víctimas y restitución de derechos.

La aprobación de esta legislación especial se dio tras un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de 2018.

Dicha resolución judicial, que estableció que el sistema de protección de víctimas de violencia era "anacrónica, restringida y deficiente", se dio en respuesta a una recurso de amparo presentado en 2017 por una familia que fue víctima de las pandillas y de la Policía.

"El desplazamiento forzado interno en El Salvador encuentra como principales determinantes los altos índices de victimización, territorios con tejido social frágil, el control territorial por grupos criminales, así como las amenazas que obligan a las personas a abandonar sus hogares", reconoce la ley.

La normativa también contempla la creación de un registro único de personas desplazadas por la violencia, con lo que el Gobierno generará cifras oficiales del fenómeno.

El único dato oficial que se maneja en al actualidad es que el 1,1 % de la población salvadoreña "ha sido forzada a desplazarse" entre 2006 y 2016, porcentaje que representa a más de 70.000 personas.

Esta cifra fue dada en declaraciones a la prensa por la jefa de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) en el país, Elisa Carlaccini, en noviembre de 2018.

Por otra parte, una encuesta de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA) estima que el 5,2 por ciento de la población adulta de El Salvador se desplazó por la violencia en 2018. Este dato equivale a más de 235.700 personas.

Cristosal y otras dos organizaciones sociales atendieron en 2019 a más de 600 víctimas.

De cráneo rapado, tatuados a veces hasta la cabeza, más de 12 mil presuntos pandilleros de El Salvador conviven en la megacárcel inaugurada por el presidente Nayib Bukele como estandarte de su guerra implacable contra las maras.

"Aquí estamos perseverando día a día", dice una de las personas detenidas como presunto pandillero.

Con capacidad para 40 mil personas, "la más grande de América" según el gobierno, la cárcel situada en Tecoluca, 74 kilómetros al sureste de San Salvador, comenzó a recibir internos hace seis meses, el 24 de febrero. La AFP visitó el presidio el lunes junto a funcionarios gubernamentales de derechos humanos.

"Aquí estamos perseverando día con día, tratando de cambiar con ayuda de nuestro Dios", alcanza a decir desde el interior de una celda José Hurquilla Bonilla, de la pandilla Barrio 18.

Organismos humanitarios han cuestionado el trato que reciben los presuntos pandilleros. La ONU denunció que entre las decenas de miles de detenidos hay al menos mil 600 menores.

La mayoría de los presos están acusados de pertenecer a las violentas Mara Salvatrucha y Barrio 18, nacidas en calles de la ciudad estadunidense de Los Ángeles a principios de la década de 1980.

"Cuando uno es niño, cualquiera le miente y lo endulza, uno cae en un error, y cuando uno ya va creciendo (...) se viene a dar cuenta", dice Nelson Velásquez, un preso de 37 años que tiene tatuado en su cabeza "MS-13" (Mara Salvatrucha).

Velásquez habló durante una visita que el comisionado de Derechos Humanos de El Salvador, el colombiano Andrés Guzmán, y la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, realizaron a la megacárcel.

En cada celda de unos 100 metros cuadrados conviven de 60 a 75 reclusos que disponen de dos inodoros y dos piletas con agua corriente para el aseo, así como dos recipientes con agua para beber.

Con las manos amarradas, vistiendo como el resto de los prisioneros camiseta, pantalón corto y máscara de un blanco impecable, Velásquez dice que ya pagó dos condenas por diferentes delitos que sumaron 15 años, pero ahora aguarda un nuevo proceso.

Los pabellones del presidio tienen un techo curvo que garantiza la ventilación natural para los presos, además de tragaluces para filtrar los rayos del sol hacia un patio que separa las celdas.

La cárcel fue construida para recluir a parte de los más de 72 mil pandilleros detenidos bajo un régimen de excepción decretado en marzo de 2022 por el Congreso a petición de Bukele, como respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas en apenas tres días.

Del total de detenidos "a la fecha son un poco más de 7 mil los que han sido liberados", informó este martes el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

Para edificar la prisión el Estado compró 166 hectáreas, 23 de las cuales fueron utilizadas para levantar ocho pabellones que se encuentran dentro de un perímetro rodeado por un muro de concreto de 11 metros de altura y 2.1 kilómetros de extensión, protegido por alambradas electrificadas.

"La comida no es suficiente", dicen los presos

Tras conversar con internos de diferentes celdas, la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, dijo que los reclusos se quejaron de que falta comida.

"Se quejan que la comida no es suficiente" y "que están en ocio, no hacen nada porque pasan encerrados", comentó Caballero a la AFP.

El penal cuenta con comedores, salas de descanso, gimnasio y mesas de ping pong, pero solo para uso de los guardias. También hay "celdas de castigo" oscuras, sin ventanas, para sancionar a reos de mala conducta.

Hay salas para audiencias judiciales virtuales para que los presos no tengan que salir de la prisión. Tampoco pueden recibir la visita de la familiares.

Durante la visita al presidio, el comisionado Guzmán preguntó a los internos sobre su situación en las celdas y la mayoría dijo que el agua "no falta", pero pidieron escobas y detergente para el aseo.

Un médico declaró que "a diario" se toman muestras de agua que son enviadas a laboratorio para garantizar su calidad.

Otros presos dividen opiniones: unos dicen que reciben a tiempo crema dental, cepillos y jabón, mientras otros reclaman medicamentos para quienes padecen enfermedades terminales.

"Hay mucho, mucho, mucho más trabajo que hacer desde el punto de vista de derechos humanos por ellos, pero lo estamos haciendo bien", dijo el comisionado Guzmán. Sostuvo que los presos "están en condiciones dignas".

La ONG de Derechos Humanos Cristosal denunció 174 muertes de detenidos bajo custodia del Estado al cumplirse el primer año del régimen de excepción, al que calificó como "una medida permanente de represión y violaciones a los derechos humanos". La ONU pidió investigar estas muertes.

La procuradora aseguró que la prisión cuenta con un equipo médico de 50 personas entre enfermeras y médicos.

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El partido Nuevas Ideas (NI) de El Salvador anunció hoy que su líder, Nayib Bukele, se ha inscrito como precandidato a la presidencia en busca de su reelección en las elecciones de 2024. A pesar de que teóricamente la Constitución prohíbe la reelección, la justicia ha habilitado esta opción.

A través de Twitter, el partido comunicó: "Comunicamos al pueblo salvadoreño que el presidente Nayib Bukele y el vicepresidente Felix Ulloa ya están inscritos como precandidatos para presidente y vicepresidente de la república de El Salvador en el partido más grande de la historia".

Tanto Bukele como Ulloa, actual vicepresidente del país, participarán en las elecciones internas que se llevarán a cabo el próximo 9 de julio, donde Nuevas Ideas definirá a los candidatos con los que participará en las elecciones presidenciales de febrero de 2024.

Bukele, de 41 años, anunció en septiembre de 2022 su intención de buscar la reelección, después de que la Corte Suprema de Justicia emitiera una resolución a mediados de 2021 que permitía la reelección presidencial inmediata, generando un debate sobre la legalidad de esta medida.

Las encuestas indican que nueve de cada diez salvadoreños aprueban la gestión de Bukele, quien ha logrado devolver la seguridad a las calles tras declarar una "guerra" a las pandillas criminales en marzo del año pasado.

La lucha contra estos grupos delictivos se ha llevado a cabo bajo un régimen de excepción, cuya última prórroga, la decimoquinta, fue aprobada por el Congreso a mediados de junio. Como resultado de estas medidas, se estima que alrededor de 70.000 presuntos pandilleros han sido detenidos y encarcelados.

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Human Rights Watch (HRW) acusó el viernes a las autoridades salvadoreñas de "violaciones masivas del debido proceso" en la detención de decenas de miles de personas, incluidos cientos de niños, en cárceles superpobladas, citando datos filtrados del Gobierno.

El organismo afirmó el viernes que, tras la introducción en marzo del año pasado de un régimen de excepción que suspendía derechos fundamentales para hacer frente a la violencia de las bandas, decenas de miles de personas habían sido recluidas en ese tipo de prisiones por "delitos definidos de manera amplia".

El régimen de excepción sigue vigente tras múltiples prórrogas, a pesar de las críticas de grupos de derechos humanos. El gobierno de El Salvador no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios realizada por Reuters a última hora de la noche del jueves.

"Esta base de datos permite corroborar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción", dijo Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de HRW en un informe, donde detalló que más de 61,000 personas habían sido detenidas desde marzo.

La organización de vigilancia de los derechos humanos explicó que la base de datos procedía del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y enumeraba a las personas procesadas entre marzo y agosto del año pasado. Según HRW, hasta agosto cerca de 1,082 niños, en su mayoría varones, habían sido enviados a prisión provisional.

Su reclusión fue posible debido a una ley de marzo del 2022 que rebajó la edad de imputabilidad penal en delitos relacionados con bandas de 16 a tan sólo 12 años, añadió.

Citando la base de datos, HRW señaló que más de treinta personas han muerto bajo custodia, la mayoría en las prisiones de Izalco y La Esperanza, que tenían respectivamente tres y cuatro veces más presos de los que según su diseño podían albergar.

Otras cárceles, como la de mujeres de Ilopango y la de hombres de San Miguel, estaban seis veces por encima de su capacidad, agregó.

Más de 50,000 personas fueron enviadas a prisión preventiva a finales de agosto, según el organismo, mientras que casi 40,000 fueron acusadas de "agrupaciones ilícitas", delito que incluye a las personas que participan en bandas o reciben "provecho indirectamente".

Las autoridades también acusaron a 8,000 personas de pertenencia a una "organización terrorista", un término amplio recogido en la legislación salvadoreña que, según Human Rights Watch, abre la puerta a detenciones arbitrarias y contribuye poco a garantizar la justicia.

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El gobierno de El Salvador comenzó a destruir las lápidas de miembros de pandillas como la MS-13 para evitar que se conviertan en lugares de culto y pidió a la ciudadanía que informen de los lugares en que éstas se encuentran.

"En El Salvador NO hay espacio para los terroristas", publicó este jueves el viceministro de Justicia, Osiris Luna, en su cuenta de Twitter, quien explicó que se tomó esta decisión para evitar que miembros de pandillas pudieran "honrar" a sus compañeros fallecidos.

Reclusos en fase de confianza destruyeron las lápidas el pasado martes y miércoles, en el marco de la festividad de los Santos Difuntos, en un cementerio municipal en la ciudad de Santa Tecla, 10 kms al oeste de San Salvador.

Luna acompañó su mensaje con varias fotografías en las que se ve lápidas con la inscripción MS-13, siglas de la mara Salvatrucha, una de las más violentas que opera en El Salvador.

En su tuit, Luna pidió a la ciudadanía que envíen su "denuncia" sobre la ubicación de tumbas con símbolos de pandillas para proceder a su destrucción.

"Haz tu denuncia. Envíanos una foto y la ubicación de cualquier vestigio terrorista en los cementerios", señaló Luna. "El tiempo de los terroristas, llegó a su fin, y por ello fueron destruidas. No más pandillas en El Salvador", remarcó.

Pese a que las lápidas fueron destruidas, los restos de los pandilleros fueron dejados en sus tumbas.

De momento el gobierno no ha precisado cuántas lápidas de miembros de pandillas han sido destruidas.

En el octavo mes de la guerra contra las pandillas declarada por el Gobierno, las autoridades han detenido a más de 55.600 presuntos pandilleros.

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El 26 de marzo, cuando se registraron 26 homicidios en un nivel de criminalidad que no se había visto en El Salvador en años, Bukele le pidió al Congreso que aprobara el estado de excepción, que limita la libertad de asociación y suspende el derecho a ser debidamente informado de los derechos y razones del arresto, así como el de asistencia de un abogado.

En tres meses, se ha detenido a más de 43 mil presuntos pandilleros, una cifra considerable en un país de 6,5 millones habitantes. Según la información oficial, los jueces decretaron detención provisional para más de 36 mil personas acusadas de delitos como homicidio y extorsión.

Las pandillas, o maras, que se estima que suman unos 70 mil integrantes, están presentes en barrios y comunidades populosas y están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado. También extorsionan a comerciantes y empresas de transporte, y asesinan a quienes se niegan a pagar, según las autoridades.

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