Los recientes tiroteos en Orange, Boulder, Colorado, Atlanta y Boulder han causado el aumento de preocupación de los funcionarios de California.

 Legisladores del estado presentaron durante el martes, una propuesta para aumentar los impuestos en la compra de armas de fuego y municiones con el fin de financiar programas de prevención de violencia.

 El asambleísta Marc Levine presentó el proyecto donde se planea incrementar el impuesto de 25 dólares por cada arma nueva, así como un impuesto para municiones. 

 “La violencia armada no terminará por sí sola”, dijo Levine al Comité de Seguridad Pública de la Asamblea durante una audiencia el pasado martes. “Debemos tomar medidas responsables para poner fin a la crisis de salud pública que es la violencia armada en nuestro estado, en nuestra nación”. 

El panel votó, obteniendo un resultado de 5-2 a favor del nuevo impuesto. 

Esto aún requiere la aprobación de la Asamblea en pleno. Según el Times, los legisladores citaron una serie de recientes tiroteos masivos, como el ocurrido en Orange, donde un hombre armado asesinó a 4 personas, incluido un menor de 9 años en un edificio de la ciudad.

 El 22 de marzo un hombre ingresó a un supermercado de Boulder con un arma de fuego, matando a 10 personas. 

El 16 de marzo, otro hombre ingresó a 3 locales de spa, asesinando a 8 personas en total, entre ellas, 6 mujeres de origen asiático. Acorde a Levine, suman más de 100 tiroteos en masa los primeros tres meses del año alrededor de Estados Unidos. 

Los defensores de posesión de armas de fuego se declararon en contra del proyecto

 La Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) y los defensores de posesión de armas testificaron en contra de dicho proyecto, diciendo que el aprobarlo sería quitar un derecho constitucional que permite a los estadounidenses la compra de armas para su seguridad.

 “Esta legislación hará que sea aún más difícil y costoso para las personas respetuosas de la ley, especialmente aquellas que viven en comunidades desatendidas y con un alto nivel de delincuencia, protegerse a sí mismas y a sus familias”, dijo Daniel Reid, director regional occidental del Instituto de Acción Legislativa de la NRA.

 La NRA no dio opinión sobre la implementación de programas para la prevención de violencia, pero añadió que esos programas deberían de ser financiados por el público en general, no solo por los compradores de armas. 

 El asambleísta republicano Tom Lacke, quien es vicepresidente del comité, votó en contra, diciendo que California ya recibe 6 millones de dólares anuales de tarifas por armas de fuego.

 Los legisladores que votaron a favor expresaron su preocupación, ya que los Californianos han comprado armas, marcando un récord obteniendo este artefacto nunca antes visto. o

La secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Rosa Icela Rodríguez Velázquez, presentó un informe sobre los acuerdos alcanzados en las reuniones trilaterales y bilaterales entre los países de México, Estados Unidos y Canadá, que se celebraron en la capital del país.

En estos encuentros la funcionaria resaltó dos puntos importantes, el primero relativo al tráfico ilegal de armas y el segundo correspondiente a la migración.

Sobre el tráfico ilegal de armas, la funcionaria explicó que se acordó fortalecer la detección electrónica de todas estas incautadas en México a las organizaciones criminales.

En este contexto, la titular de la SSPC señaló que el 70 por ciento de los armamentos provienen de los Estados Unidos.

Tras las reuniones con los países de Estados Unidos y Canadá, particularmente la desarrollada ayer en la que estuvo presente el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall se acordó que en materia del tráfico ilegal de armas se fortalecerá la detección electrónica de todas estas incautadas en México, pues no hay frontera para la impunidad”, manifestó Rodríguez Velázquez.

Revocar licencia a tiendas que vendan armas a cárteles

Tras la intervención de la funcionaria, tomó la palabra la titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Alicia Bárcena, quien celebró y reconoció al gobierno de los Estados Unidos por proporcionar información respecto a las acciones emprendidas para el control del tráfico ilícito de armas.

Tal hecho fue calificado por la canciller como algo inédito en la historia de las reuniones bilaterales. Además informó que las autoridades estadunidenses ya echaron andar una estrategia, denominada Operación Southbound, principal iniciativa del país vecino y que ya logró avances.

Por su parte Bárcena detalló que el gobierno de México por medio de la SRE planteó ante la comitiva estadunidense tres propuestas:

• Mayor reciprocidad para el decomiso de armas.
• Aumentar la supervisión de quienes otorgan las licencias de armas y revocar licencias a quienes venden armas al crimen.
• Aumentar detenciones de las organizaciones de tráfico de armas.

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El canciller Marcelo Ebrard informó que la audiencia de apelación en el proceso contra la industria de armas en Estados Unidos se llevará a cabo el próximo 24 de julio.

“Menos armas de allá para tener menos muertes y violencia acá, ese es el objetivo. México prevalecerá porque tiene razón”, expresó el secretario de Relaciones Exteriores.

El gobierno de México presentó el pasado 14 de marzo un escrito de apelación en contra de la sentencia de la Corte Distrital de Boston, Massachusetts, la cual rechazó la primera acción civil por parte de México en contra de empresas manufactureras de armas en los Estados Unidos.

En la apelación, se insistirá que la ley estadounidense que otorga inmunidades a quienes fabrican y comercian armas no tiene efectos sobre daños causados en territorio mexicano.

Mediante este recurso, México solicita que se analice si la decisión de la Corte de Distrito de Boston se apegó a derecho, en particular lo relativo a la no aplicabilidad de las leyes de inmunidad de Estados Unidos, cuando hay un uso criminal de las armas y un consiguiente daño en territorio mexicano.

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La tasa de muertes por armas de fuego en los Estados Unidos alcanzó un máximo de 28 años en 2021 después de un fuerte aumento en los homicidios de hombres afroamericannos y suicidios entre hombres blancos, mostró un análisis de datos federales publicado el martes en la revista JAMA Network Open, estableciendo un récord de 48 mil 953 muertes en el país, o unas 15 muertes por cada 100 mil personas.

Las muertes por armas de fuego disminuyeron en la década de 1990, pero aumentaron constantemente durante la última década y se dispararon durante la pandemia de covid-19, dijeron los investigadores que realizaron el análisis. Las muertes de mujeres y niños relacionadas con armas han aumentado, según el análisis, pero los hombres siguen siendo mucho más propensos a morir a causa de las armas.

“Las disparidades son tan marcadas”, dijo Chris Rees, uno de los autories del estudio y profesor asistente de pediatría y medicina de emergencia en la Facultad de Medicina de la Universidad de Emory. “La magnitud de los números es incomprensible”, dijo Eric Fleegler, otro autor del estudio y profesor asociado de pediatría y medicina de emergencia en la Escuela de Medicina de Harvard.

Él y sus colegas analizaron las tasas de mortalidad por armas de fuego en Estados Unidos desde 1990 hasta 2021 utilizando datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), donde más de 1.1 millones de personas en Estados Unidos han muerto a causa de las armas de fuego desde 1990, según el estudio. Hace unos días se publicó otro estudio donde más de 6 millones de estadunidenses portan armas a diario.

Desde 1990, las tasas de homicidios relacionados con armas han sido más altas entre los hombres negros de 20 a 24 años, según el análisis, con 142 muertes por cada 100 mil personas en este grupo en 2021, un aumento del 74 % desde 2014. Las tasas de homicidios llegan a 23 veces mayor entre los afroamericanos y casi cuatro veces mayor entre los hombres hispanos que entre los hombres blancos, según el análisis.

Las tasas de muerte por arma de fuego por suicidio fueron más altas entre los hombres blancos de 80 a 84 años, con 47 muertes por cada 100 mil personas en este grupo en 2021, un aumento del 41% desde 2007, mostró el análisis. Los hombres siguen siendo mucho más propensos que las mujeres a morir por armas de fuego, pero las muertes por armas de fuego entre las mujeres han aumentado más del 70% desde 2010, según el estudio. Más suicidios y homicidios entre algunos grupos impulsaron la tasa más alta entre las mujeres, dijo Rees.

“Desafortunadamente, la tendencia de aumentar las muertes por armas de fuego afecta a todos los sexos”, dijo el Rees.

Desde la década de 1990, la distribución geográfica de las muertes por armas de fuego ha cambiado, con una disminución de las tasas de muertes por armas de fuego en el oeste de Estados Unidos y un aumento en el sur, dijeron los investigadores.

También demuestra que algunos grupos corren un mayor riesgo de violencia armada que los cambios de política podrían ayudar a mitigar, dijo. “Para ciertas poblaciones que tienen un mayor riesgo de suicidio, se pueden dirigir más programas de prevención del suicidio”, dijo. “Para los grupos con tasas más altas de homicidios relacionados con armas de fuego, existen ciertos programas como prevención de la violencia, programas de recompra de armas de fuego y almacenamiento seguro”.

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México prepara una segunda demanda por la venta de armas en Estados Unidos luego de que la semana pasada fuera desestimada una primera, anunció este miércoles el canciller mexicano, Marcelo Ebrard.

El funcionario, que compareció en el Senado mexicano, explicó ante legisladores que esperan presentar la querella el lunes y se fundamentará en una nueva legislación en Estados Unidos que penaliza a prestanombres que adquieran armas para un tercero.

México va a presentar la segunda demanda, en este caso va a ser en Arizona, y vamos a demostrar que, en muchos de estos puntos donde se venden estos productos (...), están operando prestanombres", dijo el canciller.

Ebrard explicó que 60% de las armas decomisadas en México fueron adquiridas en una decena de condados, la mayoría a lo largo de la frontera.

El pasado viernes, un juez de Massachusetts desestimó una demanda presentada por el gobierno mexicano contra los principales fabricantes de armas estadounidenses, a los que señala de realizar un comercio "negligente e ilícito" que alienta el narcotráfico y la violencia que golpean a México.

El gobierno mexicano buscaba una compensación de unos 10 mil millones de dólares.

La cancillería anunció que apelará la decisión de este tribunal, que entre sus argumentos señaló que la ley estadounidense impide fallar a favor de un gobierno extranjero.

Anualmente se trafican a México desde Estados Unidos más de medio millón de armas y la gran mayoría son halladas en escenas del crimen en el país, estima la cancillería.

La primera demanda fue presentada por México el 4 de agosto de 2021 y ha sido apoyada como amicus curiae (amigos de la corte) por 26 fiscales de distrito estadounidenses, además de Belice y Barbuda, y otros catorce estados federales.

México registra más de 340 mil asesinatos y unos 100 mil desaparecidos, la mayoría atribuidos a las organizaciones criminales, desde el lanzamiento de una polémica ofensiva militar antidrogas en diciembre de 2006.

¿Quiénes son los principales demandados por México?

Entre la lista de las 11 empresas se encuentran firmas muy famosas como:

• Smith & Wesson
• Barrett Firearms
• Beretta
• Century International
• Colt's Manufacturing
• Glock Inc
• Witmer Public Safet

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Una ley federal que prohíbe a las personas acusadas de delitos graves comprar armas de fuego es inconstitucional, concluyó un juez federal de Texas, basándose en una sentencia de la Corte Suprema de Estados Unidos que amplió significativamente los derechos de las armas.

El juez de distrito David Counts, designado por el expresidente republicano Donald Trump, llegó a la conclusión el lunes al desestimar una acusación federal contra José Gómez Quiroz, que había sido acusado en virtud de la prohibición de hace décadas.

Counts citó el fallo de la Corte Suprema de junio que declaró por primera vez que el derecho a "tener y portar armas", bajo la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, protege a una persona que lleve un arma de fuego en público para la autodefensa.

Counts dijo que, aunque la decisión del máximo tribunal no borraba las preocupaciones sociales y de seguridad pública sobre las armas, había "cambiado el panorama legal".

"La segunda enmienda no es un 'derecho de segunda clase'", escribió Counts. "Los tribunales ya no pueden relativizar un derecho constitucional".

El abogado de Quiroz y los representantes de la fiscal Ashley Hoff, cuya oficina procesó el caso, no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios el martes.

Quiroz había sido acusado en un tribunal estatal de Texas por robo y posteriormente por violar la fianza cuando intentó a finales de 2021 comprar una pistola semiautomática del calibre 22, lo que llevó a su acusación federal.

El 23 de junio, un jurado federal lo declaró culpable de un cargo de recepción ilegal de un arma de fuego por parte de una persona acusada y de un cargo de hacer una declaración falsa durante la compra.

El mismo día, la mayoría conservadora de 6-3 de la Corte Suprema emitió su fallo, que anuló la ley de portación oculta de Nueva York. Quiroz pidió entonces que se desestimara el caso, basándose en la decisión.

El Tribunal accedió a la petición, diciendo que un estudio histórico encontró "pocas pruebas" de que la prohibición federal "se ajuste a la tradición histórica de esta nación".

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