Por medio de una nota diplomática, el gobierno México solicitó a la embajada de Estados Unidos en México que la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAD, por sus siglas en inglés) informe si ha apoyado económicamente organización Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y de ser así considere suspender el apoyo financiero que le entrega.

“Lo anterior en virtud de que el financiamiento a actores políticos va en contra de las relaciones de respeto mutuo y no intervención propios de la relación entre el gobierno del presidente López Obrador con la administración del presidente Biden”.

El presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer la nota diplomática que ayer se envió al gobierno estadounidense en su conferencia de prensa en Palacio Nacional.

Al leer el documento, el titular del Ejecutivo refirió que la lucha contra la corrupción es un elemento central que debe ser compartido por el sector empresarial, las organizaciones no gubernamentales, la academia y los gobiernos.

“No obstante, miembros de dicha organización como Claudio X. González, han sido explícitos en su militancia política en contra del Gobierno de México”.

Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, informó que desde agosto de 2018 a 2024, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) ha recibido 96 millones 740 mil 613 pesos de la Embajada de Estados Unidos en México.

En la conferencia mañanera del presidente Andrés Manuel López Obrador de este miércoles 14 de agosto en Palacio Nacional, Gómez Álvarez presentó un reporte de los donativos que la organización, creada por el empresario Claudio X. González, ha recibido desde 2015 de personas morales, personas físicas y organizaciones extranjeras.

Ante López Obrador, el titular de la UIF informó que desde el año de su creación, en 2015, MCCI no había recibido recursos del gobierno estadounidense, sino que fue después de la elección presidencial de 2018, cuando ganó el presidente López Obrador, Morena y aliados.

Señaló que la entidad encargada de dar los recursos es la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID, por sus siglas en inglés).

Gómez Álvarez informó además que la organización ha recibido recursos desde cuentas de Estados Unidos por más de 13 millones de pesos a través de la Fundación Ford, la Fundación John y Catherine Macarthur, la Fundación Comunidad,la Fundación Rockefeller e Intelligent Mexican, Marketing, entre otras.

Además de que de 2016 a 2023, MCCI recibió millones pesos en donaciones de personas morales como la Fundación Maelva A.C, donde participa el empresario Valentín Diez Morodo, así como la fundación Kaluz; Fundación Alsea; American Express; Grupo México, de German Larrea; Tiendas Chedraui, Fundación Soriana y Grupo Gigante, entre otros.

Además, en 2021, la Tesorería de la Federación le devolvió a MCCI por impuestos 5 millones 523 mil pesos.

Este martes, el presidente López Obrador dijo que alista una nota diplomática al gobierno de Estados Unidos por el financiamiento a la oposición en México y la intervención en la elección del 2 de junio.

Alista carta para Biden y nota diplomática

López Obrador también anunció que enviará una carta al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, sobre este tema, además que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) enviará una nota diplomática.

“El no está informado de esta situación, porque pueden estarle diciendo que es apoyo para una fundación que tiene el propósito de combatir la corrupción en México, cuando es exactamente lo opuesto.

“Es una fundación que tiene el propósito de mantener la corrupción y los privilegios, pero además es un fundación que en los hechos, de facto, dirige a todo el bloque conservador que está en contra del gobierno que legales y legítimamente se constituyó en nuestro país”, dijo.

Dijo además que analiza hacer cambios a la reforma fiscal de 2014 que posibilita que asociaciones civiles sin fines de lucro perciban ingresos por medio de donaciones deducibles en el pago en el Impuesto sobre la Renta (ISR).

Apuntó que pedirá a la procuradora Fiscal de la Federación, Grisel Galeano, que lleve a cabo una revisión junto con el SAT sobre estos donativos, a ver si se ajustan a lo que establecen las leyes y que se presente un informe.

“Como lo plantea Pablo (Gómez), estamos en tiempo de hacer modificaciones, hacer iniciativas de ley para que no sea con recursos del mismo pueblo que se lleven a cabo campañas en contra de los intereses de la mayoría de los mexicanos”, mencionó.

“Porque cuando se deducen impuestos por donativos son ingresos que no llegan a la hacienda pública y no pueden usarse en beneficio de los mexicanos. Cuando se devuelven esos recursos se está dando un uso indebido al presupuesto y eso lo tenemos que revisar, son las medidas que se van a tomar y pronto vamos a informar”, dijo.

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Países Bajos se convirtió el sábado en el primer equipo en llegar a los cuartos de final del Mundial al vencer 3-1 a Estados Unidos.

Un gol en el minuto 10 de Memphis Depay y otro de Daley Blind en el cierre de la etapa inicial allanaron el camino para los neerlandeses, que en la próxima ronda se medirán con el ganador del partido que más tarde el sábado juegan Argentina y Australia.

El suplente Haji Wright descontó para Estados Unidos a los 76, pero una volea de Denzel Dumfries a los 81 selló la séptima aparición en cuartos de final para el elenco naranja.

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Sólo siete de cada 100 casos de homicidio han sido esclarecidos entre 2016 y 2021, lo que significa que la impunidad en este delito de alto impacto acumulada es de 92.8% en dicho periodo, en el que se consolidó el sistema penal acusatorio en México, reveló la organización Impunidad Cero.

Según el quinto índice sobre Impunidad en homicidio doloso y feminicidio 2022, el año pasado la impunidad directa en asesinatos a nivel nacional fue de 91.4%, una disminución con respecto a 94.4% de 2020.

Los estados con mayor nivel de impunidad acumulada en homicidio doloso de 2016 a 2021 fueron Oaxaca, con 100%, seguido de Morelos, con 99.8%; Tlaxcala, 99.5%; Colima, 99.3%; Guerrero; 98.5%; Chihuahua, 98.2%, y Puebla, con 98.1%.

En contraste, entre las entidades con menor nivel de impunidad acumulada en homicidio doloso destacan Yucatán, con 38.5%; Aguascalientes, 58.1%; Querétaro, 69%; Ciudad de México, 69.6%, y Coahuila, 70.9%.

En feminicidio la impunidad directa a nivel nacional fue de 45.8%, es decir, menos de la mitad de los casos registrados han concluido con una sentencia condenatoria desde que se comenzó a operar el sistema de justicia penal y se tipificó el delito gradualmente en los estados.

Los estados con mayor nivel de impunidad acumulada en feminicidio fueron Oaxaca y Tlaxcala (ambos con una impunidad de 100%), seguidos de Chihuahua, con 98.8%; Colima, 92.1%; Puebla, 88.7%, y Morelos, 86.1%.

“El aumento en la incidencia y complejidad de los homicidios intencionales, aunado a las bajas capacidades para investigar estos delitos de suma gravedad e impacto social, se traducen en impunidad”, señaló la organización Impunidad Cero.

Al presentar el estudio, Monserrat López, analista de datos de Impunidad Cero, afirmó que menos de la mitad de los feminicidios han recibido una sentencia condenatoria desde que comenzó a operar el sistema acusatorio de justicia penal en México.

“Tristemente, sólo siete de cada 100 homicidios han sido esclarecidos y menos de la mitad de los feminicidios han concluido con sentencia condenatoria desde que comenzó a operar el sistema de justicia penal. La pandemia afectó el comportamiento de las sentencias y en consecuencia los niveles de impunidad. El dato que más nos preocupó es que la mayoría de los homicidios intencionales de hombres y mujeres son perpetrados con arma de fuego, por lo que es urgente la coordinación entre las fiscalías locales y la fiscalía general, que exista y mejore para investigar estos delitos y esclarecerlos”, lamentó.

El coordinador del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de Las Américas Puebla, Juan Antonio Le Clercq Ortega, consideró que la impunidad que prevalece en México se debe en gran medida a la falta de capacidades institucionales en las fiscalías y a la falta de “voluntad política” para destinar recursos al fortalecimiento del sistema de procuración y administración de justicia.

“La impunidad está relacionada con escándalos de corrupción, con pactos de impunidad, pero un factor que explica gran parte del problema es que no hay capacidades institucionales. No importa ante qué delito, no tienes los mecanismos para proteger a la población y construir soluciones. Además, hemos visto reducciones de presupuesto o subejercicios muy importantes y eso se traduce en la construcción de capacidades”, aseveró.

Los retos que enfrenta México en la lucha anticorrupción requieren que en todos los estados exista una Fiscalía Anticorrupción cuyo presupuesto sea coherente con la carga de trabajo que tienen, que cuenten con inmuebles, vehículos y equipos suficientes para desarrollar investigaciones de calidad, y que desarrollen técnicas innovadoras acordes con la complejidad de los delitos que persiguen. Si las Fiscalías Anticorrupción siguen “cojeando”, la lucha contra este fenómeno será solo un discurso ¿bien? intencionado.

Aunque existen avances en la consolidación de las Fiscalías Anticorrupción, los resultados en las investigaciones son escasos. Por ejemplo, en 2022, sólo 829 de 19,289 investigaciones por hechos de corrupción que se abrieron llegaron ante un juez. Además, solo nueve Fiscalías reportaron haber obtenido alguna sentencia condenatoria, y la mitad de ellas obtuvo menos de dos.

La falta de autonomía se extiende al ejercicio del presupuesto, que además, en muchos casos, ha observado recortes: 15 Fiscalías Anticorrupción reportaron una disminución presupuestal entre 2021 y 2022. Por supuesto, la falta de recursos suficientes impacta directamente en su trabajo: sin presupuesto no pueden esperarse acciones exitosas.

La conferencia semanal denominada "Impunidad Cero" que realizaba la Fiscalía General del Estado (FGE), fue suspendida el viernes 12 de agosto tras la ola de incendios provocados por grupos delictivos en la región.

Luego de dos meses de haber suspendido la conferencia ante medios de comunicación donde presentaban resultados o proyectos en materia de seguridad, el Fiscal General del Estado, Iván Carpio Sánchez, señaló que optaron por darle prioridad a la investigación. 

"Nosotros preocupados de manera personal en dirigir y comandar todas las acciones necesarias hasta localizar información con las otras secretarías de seguridad publica ciudadana, guardia nacional, ejército y marina, nos dimos la tarea de darle prioridad a la protección y defensa de la seguridad y derechos de los ciudadanos", detalló Carpio Sánchez.