Encuentran 27 cuerpos en el domicilio del psicópata de Chalchuapa

Inicialmente fue detenido por 4 asesinatos

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El Universal,  El Salvador, San Salvador, 

A principios de mayo, las autoridades de El Salvador registraron el asesinato de dos mujeres y dos hombres en una localidad del departamento de Santa Ana. Por las cuatro muertes fue capturado Hugo Ernesto Osorio Chávez, un expolicía, de 51 años, llamado por las autoridades el psicópata de Chalchuapa.

Aunque inicialmente fue detenido por estos asesinatos, en su residencia, hasta el lunes, se han encontrado al menos 27 cuerpos, informó ayer La Prensa Gráfica. El exagente fue dado de baja en 2010 por señalamientos de los delitos de estupro y violación y quien ahora es señalado principalmente por el feminicidio de dos mujeres, encontradas al interior de su vivienda el pasado 7 de mayo. La mayoría de los cadáveres son de mujeres.

Las primeras víctimas identificadas fueron Mirna Cruz Lima, de 57 años, y su hija Jacqueline Cristina Palomo Lima, de 26.

De acuerdo con las autoridades, Osorio se quedó en la escena del crimen e intentó quitarse la vida, lo que facilitó su captura. Desde ese momento inició una investigación en su casa.

Osorio podría ser considerado un asesino serial. Según el medio local El Salvador, primero se hallaron dos cuerpos en una fosa: el del otro hijo de Mirna, Alexis, de 23 años, y el del hermano de Osorio. Algunos de los restos corresponden, al parecer, a personas asesinadas hace dos años o incluso más. Entre los muertos se registra una niña, de siete años, y otros dos menores.

La fiscal Graciela Sagastume indicó que la mayoría de casos son feminicidios y que “absolutamente todas” las víctimas fueron agredidas de forma sexual.

El Ministerio Público dijo que en un terreno colindante a la casa de Osorio hay “siete fosas más donde se presume este asesino enterró a otras víctimas” y que, con esta investigación, se podrán esclarecer “casos de personas que habían sido reportadas como desaparecidas” hace varios meses, incluso años. La fiscalía acusó penalmente a 10 personas por su supuesta complicidad en los asesinatos.

Mauricio Arriaza Chicas, director de la Policía Nacional Civil (PNC), dijo sobre los asesinatos descubiertos en Chalchuapa, Santa Ana, que es un caso en donde los agresores, son coyotes, expolicías, exsoldados y vendedores: “En el caso del homicida de Chalchuapa logramos detectar que en muchos casos, se valió del uso de redes sociales para hacer llegar a las víctimas a su casa, hacemos el llamado a los padres de familia a estar pendientes del uso de redes sociales de sus hijos”.

El exagente Osorio, de acuerdo con sus compañeros, desde que estaba en la institución tuvo conductas inapropiadas: solía publicar su número de teléfono en espacios públicos para establecer relaciones con menores de edad. A mediados de 2012 fue capturado en un centro comercial mientras se disponía a llevarse a una menor en una moto tras prometerle un pago por servicios sexuales. A raíz de ese caso, fue expulsado de la Policía.

Osorio llevaba varias mujeres a su casa, le gustaba el licor y la marihuana. Según él mismo confesó, solía contactar a jóvenes con engaños y las trasladaba hasta su vivienda, donde las violentaba hasta, finalmente, asesinarlas.





Megacárcel de Bukele cumple seis meses en El Salvador

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AFP,  El Salvador, San Salvador, 

De cráneo rapado, tatuados a veces hasta la cabeza, más de 12 mil presuntos pandilleros de El Salvador conviven en la megacárcel inaugurada por el presidente Nayib Bukele como estandarte de su guerra implacable contra las maras.

"Aquí estamos perseverando día a día", dice una de las personas detenidas como presunto pandillero.

Con capacidad para 40 mil personas, "la más grande de América" según el gobierno, la cárcel situada en Tecoluca, 74 kilómetros al sureste de San Salvador, comenzó a recibir internos hace seis meses, el 24 de febrero. La AFP visitó el presidio el lunes junto a funcionarios gubernamentales de derechos humanos.

"Aquí estamos perseverando día con día, tratando de cambiar con ayuda de nuestro Dios", alcanza a decir desde el interior de una celda José Hurquilla Bonilla, de la pandilla Barrio 18.

Organismos humanitarios han cuestionado el trato que reciben los presuntos pandilleros. La ONU denunció que entre las decenas de miles de detenidos hay al menos mil 600 menores.

La mayoría de los presos están acusados de pertenecer a las violentas Mara Salvatrucha y Barrio 18, nacidas en calles de la ciudad estadunidense de Los Ángeles a principios de la década de 1980.

"Cuando uno es niño, cualquiera le miente y lo endulza, uno cae en un error, y cuando uno ya va creciendo (...) se viene a dar cuenta", dice Nelson Velásquez, un preso de 37 años que tiene tatuado en su cabeza "MS-13" (Mara Salvatrucha).

Velásquez habló durante una visita que el comisionado de Derechos Humanos de El Salvador, el colombiano Andrés Guzmán, y la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, realizaron a la megacárcel.

En cada celda de unos 100 metros cuadrados conviven de 60 a 75 reclusos que disponen de dos inodoros y dos piletas con agua corriente para el aseo, así como dos recipientes con agua para beber.

Con las manos amarradas, vistiendo como el resto de los prisioneros camiseta, pantalón corto y máscara de un blanco impecable, Velásquez dice que ya pagó dos condenas por diferentes delitos que sumaron 15 años, pero ahora aguarda un nuevo proceso.

Los pabellones del presidio tienen un techo curvo que garantiza la ventilación natural para los presos, además de tragaluces para filtrar los rayos del sol hacia un patio que separa las celdas.

La cárcel fue construida para recluir a parte de los más de 72 mil pandilleros detenidos bajo un régimen de excepción decretado en marzo de 2022 por el Congreso a petición de Bukele, como respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas en apenas tres días.

Del total de detenidos "a la fecha son un poco más de 7 mil los que han sido liberados", informó este martes el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

Para edificar la prisión el Estado compró 166 hectáreas, 23 de las cuales fueron utilizadas para levantar ocho pabellones que se encuentran dentro de un perímetro rodeado por un muro de concreto de 11 metros de altura y 2.1 kilómetros de extensión, protegido por alambradas electrificadas.

"La comida no es suficiente", dicen los presos

Tras conversar con internos de diferentes celdas, la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, dijo que los reclusos se quejaron de que falta comida.

"Se quejan que la comida no es suficiente" y "que están en ocio, no hacen nada porque pasan encerrados", comentó Caballero a la AFP.

El penal cuenta con comedores, salas de descanso, gimnasio y mesas de ping pong, pero solo para uso de los guardias. También hay "celdas de castigo" oscuras, sin ventanas, para sancionar a reos de mala conducta.

Hay salas para audiencias judiciales virtuales para que los presos no tengan que salir de la prisión. Tampoco pueden recibir la visita de la familiares.

Durante la visita al presidio, el comisionado Guzmán preguntó a los internos sobre su situación en las celdas y la mayoría dijo que el agua "no falta", pero pidieron escobas y detergente para el aseo.

Un médico declaró que "a diario" se toman muestras de agua que son enviadas a laboratorio para garantizar su calidad.

Otros presos dividen opiniones: unos dicen que reciben a tiempo crema dental, cepillos y jabón, mientras otros reclaman medicamentos para quienes padecen enfermedades terminales.

"Hay mucho, mucho, mucho más trabajo que hacer desde el punto de vista de derechos humanos por ellos, pero lo estamos haciendo bien", dijo el comisionado Guzmán. Sostuvo que los presos "están en condiciones dignas".

La ONG de Derechos Humanos Cristosal denunció 174 muertes de detenidos bajo custodia del Estado al cumplirse el primer año del régimen de excepción, al que calificó como "una medida permanente de represión y violaciones a los derechos humanos". La ONU pidió investigar estas muertes.

La procuradora aseguró que la prisión cuenta con un equipo médico de 50 personas entre enfermeras y médicos.

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Bukele se inscribe como precandidato presidencial

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Cadena Noticias,  El Salvador, San Salvador, 

El partido Nuevas Ideas (NI) de El Salvador anunció hoy que su líder, Nayib Bukele, se ha inscrito como precandidato a la presidencia en busca de su reelección en las elecciones de 2024. A pesar de que teóricamente la Constitución prohíbe la reelección, la justicia ha habilitado esta opción.

A través de Twitter, el partido comunicó: "Comunicamos al pueblo salvadoreño que el presidente Nayib Bukele y el vicepresidente Felix Ulloa ya están inscritos como precandidatos para presidente y vicepresidente de la república de El Salvador en el partido más grande de la historia".

Tanto Bukele como Ulloa, actual vicepresidente del país, participarán en las elecciones internas que se llevarán a cabo el próximo 9 de julio, donde Nuevas Ideas definirá a los candidatos con los que participará en las elecciones presidenciales de febrero de 2024.

Bukele, de 41 años, anunció en septiembre de 2022 su intención de buscar la reelección, después de que la Corte Suprema de Justicia emitiera una resolución a mediados de 2021 que permitía la reelección presidencial inmediata, generando un debate sobre la legalidad de esta medida.

Las encuestas indican que nueve de cada diez salvadoreños aprueban la gestión de Bukele, quien ha logrado devolver la seguridad a las calles tras declarar una "guerra" a las pandillas criminales en marzo del año pasado.

La lucha contra estos grupos delictivos se ha llevado a cabo bajo un régimen de excepción, cuya última prórroga, la decimoquinta, fue aprobada por el Congreso a mediados de junio. Como resultado de estas medidas, se estima que alrededor de 70.000 presuntos pandilleros han sido detenidos y encarcelados.

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Cientos de niños hacinados en las cárceles de El Salvador: Human Rights Watch

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Reuters,  El Salvador, San Salvador, 

Human Rights Watch (HRW) acusó el viernes a las autoridades salvadoreñas de "violaciones masivas del debido proceso" en la detención de decenas de miles de personas, incluidos cientos de niños, en cárceles superpobladas, citando datos filtrados del Gobierno.

El organismo afirmó el viernes que, tras la introducción en marzo del año pasado de un régimen de excepción que suspendía derechos fundamentales para hacer frente a la violencia de las bandas, decenas de miles de personas habían sido recluidas en ese tipo de prisiones por "delitos definidos de manera amplia".

El régimen de excepción sigue vigente tras múltiples prórrogas, a pesar de las críticas de grupos de derechos humanos. El gobierno de El Salvador no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios realizada por Reuters a última hora de la noche del jueves.

"Esta base de datos permite corroborar graves violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen de excepción", dijo Tamara Taraciuk Broner, directora en funciones para las Américas de HRW en un informe, donde detalló que más de 61,000 personas habían sido detenidas desde marzo.

La organización de vigilancia de los derechos humanos explicó que la base de datos procedía del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y enumeraba a las personas procesadas entre marzo y agosto del año pasado. Según HRW, hasta agosto cerca de 1,082 niños, en su mayoría varones, habían sido enviados a prisión provisional.

Su reclusión fue posible debido a una ley de marzo del 2022 que rebajó la edad de imputabilidad penal en delitos relacionados con bandas de 16 a tan sólo 12 años, añadió.

Citando la base de datos, HRW señaló que más de treinta personas han muerto bajo custodia, la mayoría en las prisiones de Izalco y La Esperanza, que tenían respectivamente tres y cuatro veces más presos de los que según su diseño podían albergar.

Otras cárceles, como la de mujeres de Ilopango y la de hombres de San Miguel, estaban seis veces por encima de su capacidad, agregó.

Más de 50,000 personas fueron enviadas a prisión preventiva a finales de agosto, según el organismo, mientras que casi 40,000 fueron acusadas de "agrupaciones ilícitas", delito que incluye a las personas que participan en bandas o reciben "provecho indirectamente".

Las autoridades también acusaron a 8,000 personas de pertenencia a una "organización terrorista", un término amplio recogido en la legislación salvadoreña que, según Human Rights Watch, abre la puerta a detenciones arbitrarias y contribuye poco a garantizar la justicia.

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El Salvador destruye lápidas de pandilleros para evitar que sean lugar de culto

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El Salvador, San Salvador, 

El gobierno de El Salvador comenzó a destruir las lápidas de miembros de pandillas como la MS-13 para evitar que se conviertan en lugares de culto y pidió a la ciudadanía que informen de los lugares en que éstas se encuentran.

"En El Salvador NO hay espacio para los terroristas", publicó este jueves el viceministro de Justicia, Osiris Luna, en su cuenta de Twitter, quien explicó que se tomó esta decisión para evitar que miembros de pandillas pudieran "honrar" a sus compañeros fallecidos.

Reclusos en fase de confianza destruyeron las lápidas el pasado martes y miércoles, en el marco de la festividad de los Santos Difuntos, en un cementerio municipal en la ciudad de Santa Tecla, 10 kms al oeste de San Salvador.

Luna acompañó su mensaje con varias fotografías en las que se ve lápidas con la inscripción MS-13, siglas de la mara Salvatrucha, una de las más violentas que opera en El Salvador.

En su tuit, Luna pidió a la ciudadanía que envíen su "denuncia" sobre la ubicación de tumbas con símbolos de pandillas para proceder a su destrucción.

"Haz tu denuncia. Envíanos una foto y la ubicación de cualquier vestigio terrorista en los cementerios", señaló Luna. "El tiempo de los terroristas, llegó a su fin, y por ello fueron destruidas. No más pandillas en El Salvador", remarcó.

Pese a que las lápidas fueron destruidas, los restos de los pandilleros fueron dejados en sus tumbas.

De momento el gobierno no ha precisado cuántas lápidas de miembros de pandillas han sido destruidas.

En el octavo mes de la guerra contra las pandillas declarada por el Gobierno, las autoridades han detenido a más de 55.600 presuntos pandilleros.

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No estamos combatiendo angelitos, estamos combatiendo al mismo 'Demonio': Bukele

El presidente de El Salvador señala que está combatiendo ante las pandillas que atentan el país

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Cadena Noticias,  El Salvador, San Salvador, 

El 26 de marzo, cuando se registraron 26 homicidios en un nivel de criminalidad que no se había visto en El Salvador en años, Bukele le pidió al Congreso que aprobara el estado de excepción, que limita la libertad de asociación y suspende el derecho a ser debidamente informado de los derechos y razones del arresto, así como el de asistencia de un abogado.

En tres meses, se ha detenido a más de 43 mil presuntos pandilleros, una cifra considerable en un país de 6,5 millones habitantes. Según la información oficial, los jueces decretaron detención provisional para más de 36 mil personas acusadas de delitos como homicidio y extorsión.

Las pandillas, o maras, que se estima que suman unos 70 mil integrantes, están presentes en barrios y comunidades populosas y están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado. También extorsionan a comerciantes y empresas de transporte, y asesinan a quienes se niegan a pagar, según las autoridades.

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