Más de 300 migrantes de Venezuela varados en México regresaron el jueves a su país en medio de una nueva crisis con Estados Unidos, que exigió retomar las deportaciones a ese país poco después de enviar a venezolanos a una cárcel salvadoreña.

Un avión de la sancionada aerolínea estatal Conviasa llegó al aeropuerto de Maiquetía pasadas las 11h30 (15h30 GMT) con 311 pasajeros a bordo, incluidos 21 menores de edad que viajaban solos.

En principio no son deportados de Estados Unidos, sino venezolanos que no pudieron llegar a ese país.

"¡Gracias, gracias!", decían algunos al bajar del avión.

La migración es el tema bandera del nuevo gobierno de Donald Trump y en consecuencia de los incipientes contactos con el presidente izquierdista Nicolás Maduro, con quien acordó la deportación de venezolanos en Estados Unidos.

La diáspora venezolana expresó un apoyo vehemente a Trump, quien por su parte denunció una "invasión" de "criminales" de ese país e invocó una ley de 1798 para deportarlos sumariamente hasta El Salvador el domingo

"Han sido secuestrados por el gobierno de El Salvador", protestó el ministro del Interior, Diosdado Cabello, al recibir el grupo de 311 migrantes, que ondeaban banderas venezolanas.

"En la medida en que tengamos compañeros (en México) mandamos el avión y los traemos", prometió Cabello.

Deportación de migrantes desde EU

Casi 8 millones de venezolanos abandonaron su país desde 2014, según Naciones Unidas. Salieron en busca de mejores condiciones de vida en medio de una crisis profunda que redujo la economía en 80%.

Maduro, que atribuye el éxodo a las sanciones de Estados Unidos, desestimó por años el tamaño de la diáspora venezolana.

El primer grupo de deportados llegó el 10 de febrero desde El Paso, Texas, tras un acuerdo alcanzado entre Maduro y Richard Grenell, enviado de Trump.

Un segundo llegó 10 días después procedente de Honduras. Eran 177 migrantes que primero estuvieron detenidos en la base militar de Guantánamo en Cuba.

Otro avión con 242 personas llegó el 24 de febrero, aunque eran como el de este jueves, migrantes varados en México.

Trump, insatisfecho con el ritmo de deportaciones, suspendió en represalia una licencia para que la petrolera Chevron operara en el país, aunque la semana pasada se acordó la reanudación de los vuelos.

Venezuela anunció un avión para el sábado, pero fue pospuesto para el domingo por mal tiempo y tampoco llegó.

Entonces corrió la noticia de El Salvador: 238 venezolanos supuestamente miembros de la banda criminal Tren de Aragua terminaron en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) que el presidente Nayib Bukele habilitó para pandilleros en El Salvador.

Cabezas rapadas, encadenados y vigilados por agentes enmascarados: los familiares de decenas de ellos los reconocieron por los videos y fotos divulgadas por Bukele, que recibe un pago por cada recluso.

Venezuela contrató un bufete de abogados en San Salvador para presionar su liberación.

"No hay garantías, los secuestradores son los secuestradores", dijo Cabello. "Ellos no han cometido en El Salvador ningún delito, si hay alguno que tiene cuentas en Venezuela aquí las va a pagar".

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El Gobierno de México informó este viernes que trabaja en la creación de un 'botón de alerta' con el que los migrantes mexicanos en Estados Unidos podrán alertar sobre situaciones de riesgo en materia de detenciones con fines de deportación. 

En la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, el titular de la Secretaria de Relación Exteriores (SRE), Juan Ramón de la Fuente, informó sobre el botón de alerta. 

Al presentar los recursos con los que el gobierno mexicano cuenta para atender a connacionales en la unión americana, De la Fuente destacó que el país tiene la red consular más grande del mundo, además de un centro de información y asistencia que funciona las 24 horas del día los 7 días de las semana, pero próximamente se sumará el botón de alerta que estará disponible desde una app. 

Los migrantes van "a tener también la posibilidad de estar activo mediante un procedimiento muy sencillo, un botón de alerta que ya se puso de hecho en práctica en pequeña escala en algunos lugares". 

¿Cómo funciona el botón de alerta para migrantes?

Según informó el jefe de la SRE, este botón de alerta podrá ser utilizado en caso de que connacionales se encuentre en situaciones de riesgo relacionadas con deportaciones. 

"Aprietas un botón de alerta tomando una señal al consulado más cercano y a los familiares que tú hayas previamente precargado en esa aplicación, y desde luego a la Cancillería en México", informó. 

"Esto nos permitiría estar alertas en el momento en el que alguien perciba el riesgo inminente de que pudiera ser sujeto alguna detención", agregó.

En resumen la función del botón  de alerta es enviar una notificación a los familiares que las personas migrantes seleccionen, pero además, y principalmente, mandar una notificación a la Oficina Consular más cercana, para que con ello se pueda dar un seguimiento en el menor tiempo posible. 

Esta aplicación contará con un sistema de geolocalización, lo cual permitirá conocer a las autoridades la ubicación exacta de los migrantes en momento de riesgo de deportación. 

"Lo más importante, si alguien por alguna razón llega a ser detenido, independientemente del estatus migratorio, es que el consulado debe estar informado, por ley lo tendría que hacer la agencia que ejecutó la detención, en general, hasta ahora se ha estado haciendo son los reportes que tenemos Pero de cualquier forma esto es lo que garantiza que el consulado esté enterado y podamos tener una reacción rápida", finalizó.

¿Cuándo estará disponible?

Aunque el botón ya ha sido probado y es un desarrollo que se realiza con apoyo de la Agencia de Transformación Digital, se espera que sea el próximo seis de enero cuando esté totalmente disponible.  

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La Casa Blanca acusó de “cruel” e “inhumano” el envío de migrantes a Martha’s Vineyard y la residencia oficial de la vicepresidenta Kamala Harris que orquestaron los gobernadores republicanos de Texas y Florida.

“Esa es una forma terrible de usar a la gente”, reprochó Karine Jean-Pierre, portavoz de la Casa Blanca, quien acusó a los gobernadores republicanos de usar a los migrantes como “peones políticos”. 

El gobernador de Florida, Ron DeSantis, justificó este jueves su decisión de enviar a indocumentados a bordo de dos aviones a la exclusiva isla de Massachusetts por lo que describió como la inacción del gobierno del presidente Joe Biden, que “no mueve un dedo” para hacer segura la frontera de Estados Unidos con México. 

“Florida no es un estado santuario (de migrantes)”, subrayó DeSantis en una rueda de prensa en Niceville (noroeste de Florida).

El responsable político, que suena como posible candidato presidencial para 2024, hizo estas declaraciones un día después de que por decisión suya dos aviones dejaran en Martha's Vineyard a medio centenar de migrantes, la mayoría venezolanos, que habían entrado a Estados Unidos por la frontera con México.

Los inmigrantes enviados por orden de DeSantis llegaron por sorpresa el miércoles al aeropuerto de Martha's Vineyard, adonde solo se puede llegar por mar o aire, a bordo de dos aviones “chárter” y han sido alojados en principio en una iglesia protestante.

La isla es conocida por acoger las mansiones de multimillonarios y en ella tiene una de sus residencias el expresidente de Estados Unidos Barack Obama (2009-2017).

En paralelo, este jueves llegaron a Washington DC, la capital del país, dos autobuses con un centenar de migrantes, fletados por el gobernador de Texas, el republicano Greg Abbott.

A diferencia de ocasiones anteriores, en las que los autobuses con indocumentados han llegado a la estación de trenes de la ciudad, la Union Station, esta vez los vehículos dejaron a los pasajeros junto a la residencia de Kamala Harris.

Según la cadena de televisión Fox, el grupo de migrantes incluye a personas de Venezuela, Uruguay, Colombia y México.

En las inmediaciones de la residencia de Harris se encontraba Marisela Castillo Apitz, directora de la ONG Humanitarian Action, que opera en Washington DC y que atiende a migrantes. 

En declaraciones a EFE, Castillo Apitz explicó que estaban esperando a los migrantes en las proximidades de Union Station, pero que “de pronto” alguien les avisó de que estaban en las inmediaciones de la residencia de la vicepresidenta.

“Muy raro. Ellos dijeron que se sintieron engañados, esas fueron sus palabras, se sintieron parte de un show político. En total eran 101 migrantes, en su mayoría venezolanos”, apuntó.

Acusan de hacer un “juego político”

El legislador demócrata Raúl Ruiz acusó a los gobernadores de Texas y Florida de hacer un “juego político” con la vida de cientos de migrantes “que buscan oportunidades”.

El congresista Adriano Espaillat, representante en la Cámara por el estado de Nueva York —ciudad que también ha sido destino de los migrantes enviados por los republicanos— dijo a EFE que su estado está apoyando a estas familias. 

Sin embargo, aseguró el congresista, lo que los políticos sureños están haciendo es una acción “descarada” con el objetivo de avanzar en sus objetivos políticos.

“Cuando uno escoge a gente inofensiva, que no entiende sus derechos y menos aún a dónde los están mandando, es una especie de secuestro”, aseguró.

A su vez, el legislador por Texas, Joaquín Castro, criticó el hecho de que los migrantes que fueron enviados por DeSantis en avión a la isla Martha’s Vineyard —un exclusivo lugar donde suelen pasar sus vacaciones celebridades y millonarios— hayan sido recogidos en su estado antes de ser transportados.

“Me impresiona que Texas permita al gobernador de otro estado agrupar a personas y engañarlas para ir a otro lugar del país al que no es fácil acceder”, señaló Castro a Efe y pidió que se investigara esta medida. 

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Padres de familia de la comunidad estudiantil de la primaria Juan de Dios Pesa, ubicada en Coronango, exigen la destitución de la maestra Yolanda Orea.

La docente está a cargo del grupo B del tercer grado, y la escuela se ubica en San Francisco Ocotlán. 

Denuncian que la maestra ejerce violencia en contra de los alumnos e incluso les cobra cinco pesos a todos aquellos niños que le llegan a ver el escote o las piernas.

Los padres de familia reforzaron su demanda con el argumento de que durante los pasados tres años, ya habían presentado quejas y denuncias ante la SEP.

Incluso, también habían acudido a la Fiscalía General del Estado, donde presentaron la denuncia formal.

Algunos de los manifestantes relataron que la maestra amenaza a los niños con golpearlos, les tira la comida e incluso ha llegado a ejercer violencia física en su contra.

En el extremo, se dijo que en el salón hay un bote en el que los niños tienen que depositar cinco pesos si son supuestamente sorprendidos por la maestra mirándole las piernas o el escote. 

Los familiares reclamaron que la docente no ha sido suspendida de sus funciones, pues las autoridades únicamente la han reubicado de escuela en escuela.

Al momento, la Secretaría de Educación Pública (SEP) del estado no ha informado si tomará cartas en el asunto, como lo ha hecho en otros planteles ante diversas denuncias y protestas por parte de los padres. 

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La administración del demócrata Joe Biden está dividida sobre si terminar con Quédate en México, un controvertido programa de inmigración de la era del republicano Donald Trump, y con qué rapidez, a pesar de ganar un caso en la Corte Suprema que le permite hacerlo, según funcionarios de la administración y otras personas familiarizadas con el asunto, reportó The Wall Street Journal.

En cuestión de días o semanas, la administración tendrá la autoridad para liquidar el programa, que requiere que los indocumentados que buscan asilo vivan en México durante el tiempo que dure su proceso judicial, luego de que un tribunal federal en Texas levante formalmente su orden judicial.

De acuerdo con el medio, "les preocupa que poner fin al programa por completo trastorne las negociaciones de inmigración con el gobierno mexicano, que preferiría que el plan se mantuviera”.

Desde un principio, esta medida fue ampliamente criticada por los defensores de los migrantes debido a que los obliga a esperar la resolución de sus casos en México, donde no hay suficientes albergues para atenderlos y están a merced del crimen organizado, recordó The Independent.

Aunque la Corte Suprema tiene todavía que enviar su decisión sobre este programa a un tribunal menor para que se pueda dar por terminado de manera oficial, los defensores de los migrantes consideran que el gobierno federal ya debería haber empezado a iniciar el proceso para cancelar esa política, llamada también MPP (Protocolos de Protección para los Migrantes).

Se estima que, desde que se implementó el programa MPP, más de 68 mil solicitantes han sido devueltos a México, según NBC News. Y debido a que México no cuenta con recursos suficientes para atender a los migrantes que son retornados, muchos de ellos tienen que sobrevivir en las calles incluso con niños, sin suficiente comida y en condiciones insalubres. Además, son presa de bandas criminales que los secuestran, roban y extorsionan, sin que las autoridades intervengan, mencionó The Independent.

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