Jeffrey Burrill renunció esta semana a su cargo como secretario general de la Conferencia de Obispos Católica de Estados Unidos, luego de que la prensa local reveló que supuestamente usó la aplicación de citas gay, Grindr, informó la organización.

 En un comunicado, la organización explicó que el monseñor se separó del cargo para evitar que las acusaciones afecten la operación y el trabajo de la organización. 

"La Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos se ha enterado de la existencia de información de prensa pendiente de publicación, sospechando un posible comportamiento indecente de su secretario general, monseñor Jeffrey Burrill. 

"Para evitar que esto distraiga de las operaciones y el trabajo de la conferencia, el obispo Burrill renunció con efecto inmediato", agregó, y señaló que se tomaron "todas las acusaciones de conducta indebida en serio", indicó en un comunicado. 

La Iglesia católica estadunidense destacó enfatizado que las acusaciones contra Burrill "no se relacionan con conductas indecentes hacia menores". 

El mismo día, el sitio de noticias católico The Pillar reveló que Burrill, miembro de la Diócesis de Wisconsin (un estado del norte del país), había usado regularmente la aplicación de citas gay Grindr entre 2018 y 2020 y que su teléfono celular había sido geolocalizado cerca de establecimientos frecuentados por homosexuales.

Los usuarios de Grindr, que se promociona a sí misma como "la red de citas más grande del mundo para personas homosexuales, bisexuales, trans y queer", crean un perfil con las preferencias de sus parejas y reciben notificaciones cuando otro usuario se halla en las cercanías.

 Burril fue nombrado subsecretario general de la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos en 2016, y secretario general dos años después. Fue responsable de coordinar la respuesta de la Iglesia a las acusaciones de abuso sexual contra el cardenal estadunidense Theodore McCarrick, reveladas en junio de 2018. 

El editor en jefe de The Pillar, JD Flynn, defendió la publicación del artículo el miércoles, aunque Burrill no pareció violar la ley estadunidense. La divulgación de información privada sobre monseñor Burrill era "de interés general", argumentó. 

"Los líderes de la iglesia han reconocido en los últimos años que las inconsistencias entre el comportamiento de jerarcas eclesiásticos y la expectativa del celibato pueden contribuir a una cultura malsana y dañina de secreto y encubrimiento", dijo en un comunicado de prensa. 

La Iglesia en México presentará una estrategia para la paz denominada "Compromiso por la Paz. Estrategias de política pública para la Paz". El proyecto, elaborado por la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús y la Conferencia del Episcopado Mexicano, se centra en siete temas clave: seguridad, justicia, cárceles, gobernanza, derechos humanos y tejido social.

En el ámbito de seguridad y justicia, se destaca la propuesta de una reforma electoral y del sistema de partidos para prevenir la corrupción y la influencia del crimen organizado. Asimismo, se plantea la desmilitarización paulatina de funciones de seguridad y la constitución de la Guardia Nacional como un cuerpo civil. La estrategia aboga por identificar y eliminar células criminales a través de la reinserción social de sus miembros.

En cuanto al sistema penitenciario, se propone modificar el régimen de segregación, restaurar el control de los centros penitenciarios y abordar la corrupción y el control por parte de grupos criminales. Además, se aborda la problemática de las personas desaparecidas, proponiendo fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda y vincularla con la Fiscalía General de la República.

La Iglesia también hace hincapié en la violencia de género, sugiriendo un registro de mujeres víctimas de violencia y mejoras en las alertas de género. En el ámbito de gobernanza y derechos humanos, se propone apoyar organismos autónomos y fortalecer la autonomía de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).

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El Estado argentino dejó de pagar lo sueldos mensuales de los obispos de la Iglesia católica, anunció la jerarquía eclesiástica en un comunicado difundido este miércoles que da cuenta de una decisión que empezó a gestarse en 2018, cuando fue aprobada la ley del aborto.

El portavoz presidencial de Javier Milei, Manuel Adorni, confirmó este miércoles en conferencia de prensa que la Conferencia Episcopal argentina terminó de hacer efectiva la renuncia a la asignación mensual a través de la cual el Estado se hacia cargo de los salarios de algunos obispos y arzobispos.

"Esto coincide con los lineamientos de este Gobierno: la austeridad de gasto y la defensa de la libertad de culto. Entendemos que el Estado no tiene por que dar un tratamiento desigual a una religión a una religión o culto sobre otra", comentó Adorni.

La asignación económica, cuantificada globalmente en unos 55 mil dólares al mes, dejó de aplicarse el pasado 1 de enero. La ayuda se aplicaba en virtud de lo establecido en el artículo 2º de la Constitución de la Nación Argentina, por la cual "el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano".

Pero hace más de cinco años, la Conferencia Episcopal Argentina se reunió con el Gobierno del entonces presidente Mauricio Macri (2015-2019), en medio de un clima político que reclamaba la separación entre la Iglesia y el Estado.

Las partes acordaron que la medida entraría en vigor al finalizar la Administración de Alberto Fernández (2019-2023).

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La histórica apertura del papa Francisco a la bendición de las parejas del mismo sexo o en situación "irregular" para la Iglesia católica ha sido acogida con satisfacción por muchas conferencias episcopales del mundo, pero el ala más conservadora la califica de "blasfemia" y otros obispos, como los africanos, muestran su rechazo.

La Congregación para la Doctrina de la Fe publicó esta semana la declaración titulada 'Fiducia Supplicans' para poner orden en el polémico tema de la bendición de parejas 'irregulares', incluidas las del mismo sexo.

​El prefecto del ex Santo Oficio, el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, argumentaba en el texto que a la luz del magisterio y postura del papa Francisco, "se puede entender la posibilidad de bendecir a las parejas en situaciones irregulares y a las parejas del mismo sexo sin convalidar oficialmente su estatus ni alterar en modo alguno la enseñanza perenne de la Iglesia sobre el matrimonio".

Un terremoto que ha sacudido el ala más conservadora de la Iglesia católica o la más tradicionalista, como la del continente africano, donde en muchos países aún es un delito ser homosexual.

Cardenal Müller: "Es una blasfemia"

El último en mostrar su total contrariedad ha sido el cardenal Gerhard Ludwig Müller, quien fue prefecto de la Doctrina de la Fe, observó que la bendición de parejas homosexuales "es una blasfemia", en una entrevista publicada hoy en el diario italiano 'La Repubblica'

"Digo esto no en base a mi autoridad oficial o personal sino en base a la autoridad de la revelación divina. En las Sagradas Escrituras, el apóstol Pablo afirma que el comportamiento inmoral, incluidas las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, es objetivamente la expresión de adoración a la criatura y no al Creador", explica el purpurado.

Y añade: "Si las relaciones sexuales fuera del matrimonio contradicen la voluntad de Dios, entonces no pueden ser bendecidas, es decir, declaradas buenas según la voluntad del Creador".

La satisfacción de algunos obispos, el rechazo de las conferencias episcopales de África

La posibilidad de impartir una "simple bendición" a las parejas homosexuales ha sido acogido con gran satisfacción por lo obispos alemanes, que lo calificaron de "regalo de Navidad" y también por los suizos, franceses, ingleses, belgas, sudafricanos, canadienses y mexicanos, entre otros, mientras que los obispos españoles por el momento no se han expresado.

Por ejemplo, en un comunicado de la Conferencia Episcopal de México aclara que 'Fiducia Supplicans' toma en cuenta la rica tradición pastoral de la Iglesia, de "impartir bendiciones informales, no ritualizadas litúrgicamente" y que así "la Iglesia la otorga como un gesto de cercanía y acompañamiento para ayudarles a madurar y crecer en la fidelidad al mensaje del Evangelio".

Sin embargo, los obispos de Zambia, país africano donde la homosexualidad está prohibida por ley, han publicado una nota en la que afirman que la decisión del Vaticano no debe "aplicarse" y "debe ser objeto de una mayor reflexión", al igual que la conferencia episcopal de Malawi, que ha prohibido directamente las bendiciones a parejas del mismo sexo.

Mientras que los obispos de Kenia escribieron que la decisión del Vaticano está generando "ansiedad y confusión" entre los fieles y el presidente de la Conferencia Episcopal de Ghana, Matthew Kwasi Gyamfi afirmó: "Que lo que la gente no entiende es que si una pareja gay va al sacerdote para ser bendecida y el papa aprueba, lo que estás bendiciendo es sólo a las personas y no a la unión".

Los obispos católicos de Ucrania, por su parte, escribieron que "sin un llamado a abandonar la vida pecaminosa de las parejas homosexuales, la bendición puede parecer una aprobación" y el arzobispo Athanasius Schneider de Kazajistán, siempre entre los líderes de la oposición tradicionalista a Francisco, ha prohibido a sus sacerdotes impartir esta bendición, que sólo puede ser impartida a un "pecador sinceramente arrepentido y con la firme intención de no volver a pecar y de poner fin a su propia situación pecaminosa pública", informó 'La Repubblica'.

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La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su preocupación por la reforma político-electoral que se discute actualmente en la Cámara de Diputados, por considerarla regresiva y porque elimina la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Expresamos nuestra franca preocupación, al igual que muchos ciudadanos e instituciones de la sociedad civil y de las mismas organizaciones políticas, por el impulso que se da a una reforma constitucional en materia electoral, por iniciativa del Ejecutivo federal, que está en proceso en la Cámara de Diputados y que, por su orientación y motivos, es claramente regresiva”, abundó a través de un comunicado.

Aseveró que constituye un agravio a la vida democrática del país y la reforma está destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, “llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista”.

Señaló que ningún ciudadano y menos los gobernantes tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las instituciones que son el soporte del Estado Mexicano, “como es el caso del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La sola pretensión de hacerlo pone en entredicho la calidad moral de quienes la impulsan”.

Expresó su reconocimiento al INE y al TEPJF por la importante labor que realiza en la vida democrática del país.

“Se trata de una institución ciudadana que ha madurado gracias a su autonomía de los poderes políticos y en estrecha relación con la ciudadanía y la pluralidad de los partidos, ha permitido durante los últimos 25 años la realización de procesos electorales justos, equitativos, abiertos, transparentes y confiables, de forma legal y pacífica, para la renovación de los cargos de elección popular”, señaló.

La CEM refirió que el INE tiene una gran aceptación en la ciudadanía y es una de las instituciones más confiables para los mexicanos. Afirmó que todas las instituciones y leyes son perfectibles, como sucedió con el Instituto Federal Electoral (IFE) de la primera etapa, y el INE actual.

Por tanto, “unimos nuestras voces como pastores de la Iglesia católica en México, desde el ejercicio de nuestro compromiso con el bien común que es un derecho propio, (...) a través de reformar la ley constitucional. Exhortamos respetuosamente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo a que asuman su responsabilidad con la historia y con las futuras generaciones, haciendo a un lado intereses ideológicos particulares”.

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La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) expresó su preocupación por la reforma político-electoral que se discute en la Cámara de Diputados, por considerarla regresiva y porque elimina la autonomía del Instituto Nacional Electoral (INE).

“Expresamos nuestra franca preocupación, al igual que muchos ciudadanos e instituciones de la sociedad civil y de los mismas organizaciones políticas, por el impulso que se da a una Reforma Constitucional en materia Electoral, por iniciativa del Ejecutivo Federal, que está en proceso en la Cámara de Diputados y que, por su orientación y motivos, es claramente regresiva”, señaló la CEM a través de un comunicado. 

Agregó que constituye un agravio a la vida democrática del país, y la reforma está destinada a afectar la representación y el equilibrio de las minorías y mayorías, “llevando el control de los comicios hacia el ámbito del gobierno federal centralista, afectando su gestión presupuestal, eliminando su autonomía ciudadana y su imparcialidad partidista”.

Señaló que ningún ciudadano y menos los gobernantes tienen derecho a impulsar reformas que eliminen o comprometan la fortaleza de las Instituciones que son el soporte del Estado Mexicano, “como es el caso del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). La sola pretensión de hacerlo pone en entredicho la calidad moral de quienes la impulsan.”

La CEM expresó su reconocimiento al INE y al TEPJF por la importante labor que realiza en la vida democrática del país.

“Se trata de una institución ciudadana que ha madurado gracias a su autonomía de los poderes políticos y, en estrecha relación con la ciudadanía y la pluralidad de los partidos políticos, ha permitido durante los últimos 25 años la realización de procesos electorales (generales o locales) justos, equitativos, abierto, transparentes y confiables, de forma legal y pacífica, para la renovación de los cargos de elección popular”, señaló.

La CEM refirió que el INE tiene una gran aceptación en la ciudadanía y es una de las instituciones más confiables para los mexicanos.

Agregó que todas las instituciones y leyes son perfectibles, como sucedió con el extinto IFE, de la primera etapa, y el INE actual.

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