Un juez federal estadounidense ordenó al gobierno del presidente Joe Biden restablecer la política de "permanecer en México" de su predecesor republicano, que obligó a decenas de miles de solicitantes de asilo centroamericanos a esperar en México la respuesta de sus casos judiciales con Estados Unidos.

En una victoria para los estados de Misuri y Texas, que entablaron la demanda, el juez de la Corte de Distrito de Estados Unidos, Matthew Kacsmaryk, dijo el viernes que la administración de Biden violó las leyes de procedimiento al no considerar "varios de los principales beneficios" del programa y actuó "arbitraria y caprichosamente" para ponerle fin.

Un memorando de la administración de Biden anunciando un final formal de la política de Donald Trump fue publicado el 1 de junio. No estaba claro cómo el fallo finalmente afectaría esa decisión. El expresidente instituyó la política a inicios de 2019.

Kacsmaryk, designado por Trump, suspendió su decisión durante una semana para permitir que el gobierno apelara. El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

La política de Trump de "permanecer en México", conocido oficialmente como Protocolos de Protección a Migrantes (MPP), buscaba bloquear el avance a los solicitantes de asilo de Centroamérica haciéndolos esperar en México el resultado de sus audiencias en Estados Unidos.

Los defensores de la política dijeron que redujo la presión sobre los funcionarios de inmigración, mientras grupos de derechos humanos aseguraron que violó el debido proceso y expuso a los refugiados indigentes al riesgo de sufrir delitos como secuestro, abuso y violación.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó nuevas amenazas contra los cárteles del narcotráfico y aseguró que su gobierno actuará directamente si México no intensifica sus acciones contra estas organizaciones criminales.

Durante un evento en la Casa Blanca, Trump afirmó que el tráfico de drogas por vía marítima ha disminuido considerablemente y aseguró que su administración ya comenzó una “fase terrestre” en la estrategia contra el narcotráfico.

El mandatario sostuvo que podrían surgir inconformidades desde México y otros países, pero insistió en que Washington está dispuesto a intervenir si considera que no se está haciendo lo suficiente para frenar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense.

Las declaraciones ocurren en medio de una creciente tensión bilateral entre ambos gobiernos por temas de seguridad, narcotráfico y soberanía, además de recientes acusaciones judiciales en Estados Unidos contra funcionarios mexicanos por presuntos vínculos con grupos criminales.

La nueva estrategia antiterrorista de la Casa Blanca también clasifica al narcotráfico como una amenaza terrorista y advierte que Estados Unidos continuará con operaciones militares y policiales contra los cárteles designados como organizaciones terroristas.

Trump reiteró que prefiere trabajar en coordinación con gobiernos aliados, aunque dejó abierta la posibilidad de actuar unilateralmente si considera que existe complicidad o falta de cooperación frente al crimen organizado.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la suspensión temporal del programa de escoltas militares a buques comerciales en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes para el comercio global de petróleo.

La medida forma parte de la pausa del llamado “Proyecto Libertad”, una operación lanzada recientemente para proteger embarcaciones en la zona, en medio de las tensiones con Irán.

Trump explicó que la decisión responde a solicitudes de países como Pakistán y a los avances en las negociaciones con representantes iraníes, con el objetivo de facilitar un posible acuerdo definitivo.

A pesar de la suspensión de las escoltas, el mandatario indicó que se mantendrá el bloqueo contra puertos iraníes mientras continúan las conversaciones diplomáticas.

La medida se produce en un contexto de alta tensión, luego de que Irán acusara a fuerzas estadounidenses de la muerte de cinco civiles en la zona, mientras que Washington ha defendido la operación como una acción necesaria para garantizar la seguridad marítima.

El estrecho de Ormuz es considerado una vía estratégica para el comercio internacional, por lo que cualquier decisión relacionada con su seguridad tiene impacto directo en la estabilidad económica global y en los precios de la energía.

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, destituyó a la fiscal general Pam Bondi, en medio de diferencias sobre su desempeño al frente del Departamento de Justicia.

De acuerdo con diversas fuentes, la decisión responde a la frustración del mandatario por lo que consideró una falta de agresividad en la persecución de adversarios políticos, así como por su manejo de los expedientes relacionados con el caso Epstein.

Tras su salida, el fiscal general adjunto Todd Blanche asumirá el cargo de manera interina, mientras se define un reemplazo permanente.

En los últimos días, Trump habría sostenido conversaciones con su equipo cercano sobre la posible destitución, e incluso dialogó directamente con Bondi en una reunión descrita como tensa, donde le adelantó su salida del cargo.

Aunque el presidente señaló que Bondi podría ocupar un nuevo puesto en el sector privado o dentro del ámbito judicial, aún no se ha confirmado su futuro. Entre los posibles sustitutos destaca Lee Zeldin, actual administrador de la Agencia de Protección Ambiental.

La destitución se da en un contexto de ajustes dentro de la administración republicana, siendo el segundo cambio relevante en el gabinete en menos de un mes.

Bondi, quien previamente fue fiscal general de Florida, había prometido mantener independencia al frente del Departamento de Justicia. Sin embargo, su gestión estuvo marcada por decisiones polémicas, incluyendo investigaciones contra opositores políticos, lo que generó críticas sobre el uso de la institución con fines partidistas.

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El escenario internacional actual, marcado por tensiones geopolíticas como el conflicto entre Irán y Estados Unidos, ha tenido un impacto directo en las políticas migratorias de diversos países, provocando un endurecimiento en los procesos de evaluación y aprobación de visas.

La Licenciada Josefina Orozco, abogada especializada en Derecho Internacional, señaló que se observa un incremento en el escrutinio consular, así como una tendencia hacia una migración cada vez más selectiva que prioriza perfiles con estabilidad económica, arraigo y documentación sólida.

“Hoy en día, las políticas migratorias son más estrictas, con revisiones más profundas en consulados y criterios más exigentes. Ya no solo importa la intención de viajar, sino también la solidez del perfil del solicitante”, explicó la especialista.

Aunque el conflicto no se desarrolla en la región latinoamericana, sus efectos ya se reflejan en países como México, donde los solicitantes enfrentan mayores dificultades para cumplir con requisitos económicos. Además, se observa un aumento en los costos de viajes internacionales y una mayor exigencia para comprobar solvencia financiera y vínculos con su país de origen.

En este contexto, Orozco indicó que el proceso migratorio ha evolucionado, dejando de ser una simple gestión administrativa para convertirse en un ejercicio estratégico en el que cada detalle cuenta.

“La migración ya no depende únicamente de cumplir requisitos básicos, sino de construir un caso sólido, con una narrativa clara, evidencia financiera y documentación consistente que respalde cada solicitud”, añadió.

La abogada también destacó que estos cambios representan un reto para los profesionales del derecho migratorio, quienes deben ofrecer asesoría cada vez más técnica, preventiva y estructurada, con el fin de aumentar las probabilidades de éxito de sus clientes.

Finalmente, Josefina Orozco concluyó que, en un escenario global incierto, las decisiones migratorias deben tomarse con visión y preparación. “En un mundo en tensión, no basta con querer cruzar fronteras, hay que saber cómo hacerlo estratégicamente”, afirmó.

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Davos.– El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este jueves la creación de una nueva Junta de Paz, un organismo que, según explicó, busca inicialmente reforzar el alto el fuego en Gaza, pero que podría asumir un papel más amplio en la resolución de conflictos internacionales, lo que ha despertado cautela entre varias potencias globales.

Durante su presentación, Trump afirmó que la Junta trabajará en coordinación con la Organización de las Naciones Unidas, aunque destacó que este nuevo mecanismo tendrá capacidad de acción propia. “Una vez que esté plenamente constituida, podremos hacer prácticamente todo lo que queramos, en colaboración con la ONU”, señaló.

El mandatario estadounidense presidirá la Junta e invitó a decenas de líderes internacionales a integrarse. Países como Turquía, Egipto, Arabia Saudita, Qatar e Indonesia ya han aceptado participar, mientras que varias potencias occidentales han optado por mantener distancia. Francia rechazó sumarse, Reino Unido indicó que no lo hará por ahora y China no ha definido su postura.

Trump planteó que los miembros permanentes del organismo deberán aportar mil millones de dólares cada uno para su financiamiento. Hasta el momento, no se ha confirmado la participación de otros integrantes permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU, además de Estados Unidos.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, explicó que la prioridad de la Junta será supervisar el cumplimiento del plan de paz en Gaza, aunque consideró que el modelo podría replicarse en otros conflictos internacionales.

Rusia informó que analiza la propuesta. El presidente Vladimir Putin señaló que su país estaría dispuesto a destinar mil millones de dólares provenientes de activos rusos congelados en Estados Unidos para apoyar a la población palestina.

La iniciativa cuenta con el respaldo de una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU, aunque el portavoz del organismo aclaró que la participación de Naciones Unidas se limitará a los términos establecidos en dicho acuerdo.

Entre los integrantes confirmados figuran aliados cercanos de Trump como Israel, Argentina y Hungría. El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, aceptó la invitación para formar parte de la Junta, pese a que enfrenta una orden de arresto de la Corte Penal Internacional.

El anuncio se produce en un contexto de fragilidad del alto el fuego en Gaza, donde Israel y Hamás continúan acusándose mutuamente de incumplimientos, en medio de una grave crisis humanitaria y episodios recurrentes de violencia.

Aunque la primera fase de la tregua enfrenta dificultades, las siguientes etapas deberán abordar temas de fondo como el control de la seguridad en Gaza, el desarme de Hamás y una eventual retirada israelí, asuntos que históricamente han obstaculizado cualquier acuerdo duradero.

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