La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó a la Interpol ficha roja para buscar y localizar a la presentadora de televisión Laura Bozzo, quien cuenta con una orden de aprehensión por el delito de evasión fiscal, informaron fuentes del Gobierno federal.

El pasado miércoles, un juez federal vinculó a proceso a la conductora peruana por el presunto delito fiscal por 12 millones de pesos, obtenidos mediante la venta indebida de un inmueble embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), para garantizar el pago de un adeudo por 13 millones de pesos.

A petición de la FGR, el juez de la causa determinó prisión preventiva justificada contra Bozzo, por lo que le dio un plazo de 48 horas para presentarse en el Centro de Prevención y Readaptación Social Santiaguito, en Almoloya, Estado de México.

El plazo se venció el pasado viernes y la conductora de televisión no se presentó al penal para llevar el proceso en su contra en prisión por lo que el juez federal giró una orden de aprehensión contra conductora y la FGR inició los trámites para la emisión de la ficha roja y sea buscada en más de 190 países para ser presentada ante la justicia mexicana.

Dos personas servidoras públicas fueron vinculadas a proceso por su probable participación en el delito de cohecho agravado, luego de presuntamente solicitar dinero a tres adolescentes migrantes a cambio de agilizar su retorno a su país de origen.

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que los imputados, identificados como Amador “N” y Carolina “N”, habrían cometido los hechos en septiembre de 2021 dentro de un albergue provisional ubicado en Puebla de Zaragoza.

De acuerdo con la investigación, los tres adolescentes permanecían en el lugar debido a su situación migratoria irregular cuando los servidores públicos presuntamente les solicitaron dinero para acelerar el procedimiento que les permitiría regresar a su país.

Los habrían amenazado con permanecer más tiempo en México

La FGR sostiene que, después de solicitarles el dinero, los ahora imputados habrían advertido a los adolescentes que, si no realizaban el pago, permanecerían durante más tiempo en México.

A partir de estos hechos, el Ministerio Público de la Federación, adscrito a la Fiscalía Especializada en materia de Derechos Humanos (FEMDH), reunió los datos de prueba y solicitó una audiencia para formular la imputación.

Un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Puebla determinó vincular a proceso a Amador “N” y Carolina “N” y estableció tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La investigación es desarrollada por autoridades especializadas de la FGR en delitos relacionados con personas migrantes y refugiadas. La responsabilidad penal de los dos servidores públicos deberá determinarse conforme avance el proceso judicial.

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El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó que compareció ante la Fiscalía General de la República en Culiacán, luego de las acusaciones formuladas en Estados Unidos por presuntos vínculos con el narcotráfico.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Rocha Moya aseguró que respondió “cabalmente” a las preguntas realizadas por la agente del Ministerio Público Federal y reiteró su disposición de acudir a cualquier llamado de las autoridades investigadoras.

A la opinión pública:

Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República (@FGRMexico), con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal.

Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la…

— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) May 26, 2026

El exmandatario estatal afirmó que mantiene plena confianza en el sistema judicial mexicano y en el Estado de derecho, por lo que atenderá cualquier citatorio relacionado con las investigaciones abiertas en su contra.

Las acusaciones fueron dadas a conocer el pasado 29 de abril por el Departamento de Justicia de United States, que lo señaló por presuntos pactos con la facción criminal conocida como Los Chapitos.

En su posicionamiento, Rocha Moya también defendió al movimiento de la llamada Cuarta Transformación y sostuvo que las reformas impulsadas por el gobierno federal han fortalecido la legitimidad del sistema judicial mexicano.

Además, expresó respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum, a quien calificó como una líder que defiende la soberanía nacional frente a presiones externas.

“Con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca”, expresó el político sinaloense en su mensaje público.

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La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que la titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Ernestina Godoy, solicitó reabrir el caso relacionado con la iglesia La Luz del Mundo.

El caso involucra a su líder, Naasón Joaquín García, quien se encuentra sentenciado en Estados Unidos por abuso sexual de menores y enfrenta acusaciones por delitos como crimen organizado, trata de personas y pornografía infantil.

De acuerdo con la mandataria, la fiscal Godoy se acercó a las víctimas con el objetivo de impulsar una nueva audiencia que permita reactivar la investigación, luego de que en 2025 la FGR, bajo la gestión de Alejandro Gertz Manero, determinara el no ejercicio de la acción penal.

Sheinbaum explicó que actualmente un juez deberá resolver si se revoca dicha decisión. En caso de que así ocurra, la Fiscalía continuará con las indagatorias. Sin embargo, la audiencia en la que se definiría el rumbo del caso fue aplazada para el próximo 27 de abril.

El cierre previo del expediente generó inconformidad entre sobrevivientes y exintegrantes de la organización religiosa, quienes han denunciado presunto encubrimiento institucional en distintos espacios públicos.

La posible reapertura del caso representa un nuevo intento por esclarecer las denuncias presentadas desde 2019 y determinar responsabilidades en torno a los delitos señalados.

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La Fiscalía General del Estado obtuvo el auto de vinculación a proceso en contra de 21 personas detenidas tras un operativo desplegado el pasado 10 de abril.

Los hechos que motivaron esta acción judicial se originaron a partir de un reporte a la central de emergencias que alertaba sobre detonaciones de arma de fuego en un domicilio de la colonia Venustiano Carranza. En el lugar, además, se realizaba un festejo con música en vivo, en el que participaron niños y menores de edad, quienes estuvieron en riesgo durante la situación.

Durante el operativo, lograron detener a un total de 28 personas, sin embargo, solo 21 de ellas fueron vinculadas a proceso por las autoridades, mientras que las otras quedaron en libertad por falta de pruebas o por otras consideraciones legales.

Gracias a la rápida intervención y tras la cumplimentación de una orden de cateo, los agentes de investigación lograron abordar el evento en flagrancia. Esta acción no solo permitió el control de la situación, sino que también derivó en la desarticulación de un grupo criminal que opera en dicha zona relacionada a "Los Rusos".

Durante la audiencia, el Juez de Control determinó que los elementos presentados por el Ministerio Público fueron suficientes para proceder legalmente por los delitos de resistencia de particulares, delitos contra miembros de las instituciones policiales del estado y encubrimiento por favorecimiento (en su modalidad de ocultamiento).

Ante el riesgo que representan y la gravedad de los hechos, incluyendo la presencia de menores en el lugar, el juzgador dictó prisión preventiva justificada para los 21 imputados vinculados a proceso. Asimismo, se otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, tiempo en el cual se recabarán mayores pruebas para fortalecer el proceso.

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La Fiscalía Regional de Mexicali, obtuvo la vinculación a proceso de Miguel “N”, esto por su presunta participación en el delito de abuso sexual agravado sobre menor de catorce años.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los hechos tuvieron pie en la noche del 23 de enero del 2016, en el interior de una bodega de almacenaje, la cual le pertenece a una congregación cristiana del poblado Los Algodones, y donde el imputado agrediría de modo sexual a la víctima.

No siendo la única ocasión en la que implementaría este tipo de acciones en contra de la afectada, puesto que meses después, entre los días 27 y 28 de junio del mismo año, dentro de un automóvil que se encontraba estacionado, cometería diversos actos de carácter lascivo en contra de la voluntad de la víctima. 

Finalmente, durante su audiencia, el Juez de Control determinó la imposición de una medida cautelar de prisión preventiva justificada, así como la ejecución de un plazo de cuatro meses para el cierre de la investigación complementaria.

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