Los edificios de la Cámara de Representantes están siendo evacuados luego de que la policía respondiera a un posible artefacto explosivo en un camión cerca de la Biblioteca del Congreso, según fuentes policiales. La Policía comunicó que está tratando el incidente como una "investigación de amenaza de bomba".

La policía está enviando a un negociador para que hable con un hombre que se encuentra en el interior del camión, dijo una de las fuentes.

La Policía del Capitolio de EE.UU. dijo a través de un tuit que estaba respondiendo al incidente de un vehículo sospechoso cerca. El personal del Congreso ha sido alertado para que se refugie en sus oficinas, según los mensajes vistos por CNN.

Minutos después, en otro tuit, la Policía del Capitolio informó que está llamando a esto una "investigación activa de amenaza de bomba".

This is an ongoing investigation.

We are monitoring this situation closely and will update this account as we get information we can release.

— U.S. Capitol Police (@CapitolPolice) August 19, 2021

El FBI dijo en un comunicado a CNN que el Escuadrón de Respuesta de la Capital Nacional de la Oficina de Washington está "respondiendo con nuestros socios a los informes de un vehículo sospechoso cerca de la Biblioteca del Congreso."

Dos edificios de oficinas de la Cámara de Representantes están siendo evacuados debido a la presencia del vehículo, según las alertas enviadas al personal del Congreso vistas por la CNN.

Los empleados de los edificios Cannon y Jefferson fueron alertados por correo electrónico para que mantuvieran la calma y se reubicaran. A los empleados del edificio Jefferson se les dijo que no utilizaran las salidas del lado oeste del edificio.

El Senado y la Cámara de Representantes no están en sesión, y la mayoría de los legisladores no están en sus oficinas.

Un trabajador electoral de Georgia, en Estados Unidos, fue detenido el lunes acusado de haber enviado una carta en la que amenazaba con atentar contra empleados de centros de votación y que escribió para que pareciera que procedía de un votante en el disputado estado de las elecciones presidenciales.

Según la fiscalía federal, Nicholas Wimbish, de 25 años, trabajaba el 16 de octubre en la oficina electoral del condado de Jones, en Gray, Georgia, cuando se enzarzó en un altercado verbal con un votante.

Al día siguiente, Wimbish envió por correo una carta al superintendente electoral del condado redactada como si procediera del mismo votante, según la fiscalía. La carta se quejaba de que Wimbish era un "defraudador electoral liberal oculto" que había estado distrayendo a los votantes en la cola para votar, según los documentos de acusación.

Las autoridades dijeron que la carta, firmada por un "votante del condado de Jones", decía que Wimbish y otros "deberían mirar por encima del hombro" y advertía de que la gente "aprendería una violenta lección sobre el robo de nuestras elecciones".

Los fiscales dijeron que la carta terminaba con una nota manuscrita: "PD juguete boom en lugar de votación temprana, un cigarro que arde, cuídense".

Wimbish fue acusado de enviar por correo una amenaza de bomba, transmitir información falsa sobre una amenaza de bomba, enviar por correo una carta amenazadora y hacer declaraciones falsas al FBI, dijeron los fiscales. No fue posible identificar inmediatamente a un abogado de Wimbish.

Georgia es uno de los siete estados estrechamente disputados en los que se espera que se decida el resultado de las elecciones presidenciales del martes entre el expresidente republicano Donald Trump y la vicepresidenta demócrata Kamala Harris.

La preocupación por la posible violencia política ha llevado a las autoridades a tomar diversas medidas para reforzar la seguridad durante y después de la jornada electoral.

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La mañana de este lunes se encendieron las alarmas en el Hospital Manuel Cárdenas de la Vega del ISSSTE, sobre la avenida Heroico Colegio Militar, tras correr versiones de una presunta amenaza de bomba en las instalaciones.

El incidente generó alarma entre pacientes y personal médico, quienes comenzaron a evacuar la zona. La cercanía del hospital a la Novena Zona Militar motivó la rápida intervención de elementos castrenses, quienes desplegaron un operativo para asegurar la zona, cerrando vialidades aledañas y controlando el acceso para garantizar la seguridad de los civiles.

Imágenes difundidas en redes sociales mostraron un objeto, al parecer un proyectil hechizo, similar a los utilizados en recientes enfrentamientos registrados en las zonas de Costa Rica y Villa Juárez.

Estas imágenes refuerzan la hipótesis de una amenaza activa y han intensificado la cautela en el área. Hasta el momento, las autoridades no han confirmado si el objeto representaba un peligro real o si se trató de una falsa alarma, aunque la situación generó un ambiente de tensión y precaución en el hospital y sus alrededores.

La evacuación y cierre de calles fueron medidas preventivas, a la espera de una evaluación detallada de las fuerzas de seguridad para descartar riesgos. Las autoridades continúan en el lugar, evaluando la situación y garantizando la seguridad de los ciudadanos mientras se emite un informe oficial sobre el incidente.

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Durante la tarde del 26 de abril de 2024, las autoridades recibieron un reporte de amenaza de bomba en la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), específicamente en la Facultad de Derecho ubicada en Mesa de Otay. El incidente provocó la evacuación inmediata de aproximadamente 2000 personas, incluidos estudiantes, docentes y personal administrativo.

Los equipos de emergencia, incluidos Bomberos, Fuerza Estatal Preventiva y Protección Civil, respondieron rápidamente al llamado y procedieron a realizar una revisión exhaustiva de las instalaciones con la ayuda de perros entrenados en la detección de explosivos.

Después de un meticuloso recorrido por los edificios 4A, 4E y 4F, los equipos no encontraron indicios ni objetos sospechosos relacionados con la amenaza de bomba. Sin embargo, durante el proceso de evacuación, se registró un incidente menor en el que una persona resultó lesionada por una caída, aunque esta lesión no estuvo relacionada con el incidente principal.

Tras determinar que no había peligro inminente, se permitió el reingreso de los estudiantes, profesores y personal administrativo a las instalaciones. A pesar de la interrupción causada por la amenaza, las actividades académicas y administrativas pudieron reanudarse una vez que se aseguró la seguridad del lugar.

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Las embajadas de Israel y de Estados Unidos en Argentina recibieron este miércoles amenazas de bomba, transcurrida más de una semana de la escalada de violencia en Oriente Medio, según informaron a EFE fuentes oficiales.

En ambas embajadas, una ubicada en el centro de Buenos Aires y la otra en el barrio Palermo, se encuentra trabajando personal del departamento de asuntos explosivos.

De acuerdo con La Nación, en el interior de la sede diplomática, en la avenida de Mayo al 700, trabajaron efectivos del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA) y de Explosivos de la Policía Federal Argentina (PFA), mientras que de forma preventiva fue cortado el tránsito en la avenida de Mayo.

Minutos después de que trascendiera la amenaza de bomba a la embajada de Israel, confirmó que lo mismo ocurrió en la sede diplomática de EE.UU. Pasadas las 10, los voceros informaron el envío al lugar del escuadrón antibombas jurisdiccional.

La amenaza de bomba a la sede estadounidense también se realizó vía correo electrónico y fue denunciada por el jefe de seguridad de esa sede ante la Comisaría Vecinal 14C.

Cerca del mediodía, se informó oficialmente: “No hay amenazas creíbles contra la Embajada de Estados Unidos en Argentina y seguimos operando con normalidad. Adicionalmente, se ha dispuesto temporalmente personal de la Policía argentina fuera de la Embajada debido a los recientes acontecimientos mundiales. Funcionarios de la embajada de Estados Unidos confirman que el edificio no ha sido evacuado”.

Al igual que con la embajada de Israel, se trasladaron al edificio diplomático ubicado en avenida Colombia y Cerviño expertos de la PFA, que realizaron las tareas de rigor y dispusieron un perímetro externo. En ambos casos, la Justicia Federal de turno inició una causa por “intimidación pública”.

Las amenazas se registran después de que el pasado 7 de octubre el brazo armado de Hamás perpetrara un ataque múltiple sobre Israel y al día siguiente del bombardeo del Hospital Bautista Al Ahli Arab, ubicado en Gaza.

Cancillería de Argentina condena bombardeo al hospital en Gaza

Por su parte, la Cancillería argentina emitió un comunicado donde sostuvo que el país condena el ataque al hospital en Gaza. “El Gobierno argentino reitera que el derecho internacional humanitario debe ser respetado y hace un llamamiento para que se ponga fin a la violencia y se garantice la protección de la población civil a fin de evitar una catástrofe humanitaria”, sentenció.

El organismo también remarcó que a través de la Agencia Argentina de Cooperación Internacional y Asistencia Humanitaria – Cascos Blancos, se ofreció ayuda humanitaria para la población afectada por el conflicto.

Argentina guarda en la memoria dos ataques terroristas en la década del 90 contra intereses judíos: uno en la embajada de Israel en Buenos Aires en 1992, que dejó 29 muertos, y otro a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en 1994, que mató a 85 personas.

El país suramericano tiene la mayor población judía de Latinoamérica y la quinta del mundo, ya que, según fuentes de la colectividad, entre 300 mil y 400 mil judíos residen en Argentina. 

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De pie ante el juez vestido con traje de presidiario Enrique Tarrio, ex líder de lo Proud Boys fue condenado a 22 años en prisión por orquestar el asalto a Capitolio en el que simpatizantes del ex presidente Donald Trump irrumpieron en el edificio del Congreso para interferir en el restado electoral de las elecciones del 2020. 

Tarrio bajó la cabeza después de leer la sentencia, cuadró los hombros y puso las manos detrás de la espalda para luego pedir piedad por la sentencia. 

“Por favor, tengan piedad”, dijo, y agregó: “Les pido que no me quiten mis 40 años”.

Timothy Kelly, un juez de distrito encargado del caso y designado por el mismo Donald Trump, dijo que Tarrio estaba motivado por el “celo revolucionario” para liderar la conspiración que resultó en que “200 hombres, preparados para la batalla, rodearan el Capitolio”.

“No soy un fanático político. Infligir daño o cambiar los resultados de las elecciones no era mi objetivo”, dijo Tarrio.

La sentencia de Tarrio es la más larga hasta ahora entre más de mil 100 casos de disturbios en el Capitolio, superando las sentencias de 18 años que recibieron el fundador de Oath Keepers, Stewart Rhodes, y el ex líder de Proud Boys, Ethan Nordean, después de que los jurados los declararon culpables de conspiración sediciosa y otros cargos.

El caso de Tarrio se da en medio de los preparativos de juicio contra el ex presidente Trump en el mismo tribunal de Washington bajo cargos que implican que este se planeó ilegalmente aferrarse a un poder que sabía que había sido despojado por los votantes.

El juez Timothy Kelly afirmó que el caso Tarrio funciona como un vívido recordatorio del caos violento alimentado por las mentiras de Trump en torno a las elecciones y la medida en que sus falsas afirmaciones ayudaron a inspirar el asalto al Capitolio. 

Por su parte, Tarrio se puso de pie para hablar antes de que se dictara la sentencia y pidió indulgencia e incluso describió el 6 de enero como una “vergüenza nacional” y se disculpó con los agentes de policía que defendieron el Capitolio y los legisladores que huyeron aterrorizados. 

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