Una ley que prohíbe el aborto después de seis semanas de gestación sin excepciones por violación o incesto entró en vigor ayer en el estado de Texas, después de que la Corte Suprema de Estados Unidos renunció a pronunciarse ante una solicitud de emergencia para frenarla.

El presidente demócrata Joe Biden prometió defender el derecho constitucional de las estadounidenses al aborto y denunció una ley “radical” que prohíbe la interrupción del embarazo antes de que muchas mujeres sepan que están en estado.

La norma más restrictiva sobre el aborto en el país, sin excepciones por violación o incesto, entró en vigor en la medianoche, después de que la Corte Suprema declinó pronunciarse ante una solicitud de emergencia para frenarla.

La ley, promulgada en mayo por el gobernador republicano Greg Abbott, prohíbe el aborto una vez que se puede detectar un latido fetal, lo cual suele darse alrededor de la sexta semana de embarazo. Si bien ya se han aprobado prohibiciones similares en una docena de estados, hasta ahora todas habían sido bloqueados en los tribunales para que no entraran en vigor.

Sin embargo, la Corte Suprema aún puede aceptar la solicitud de emergencia de grupos de derechos humanos y civiles como la asociación Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) y Planned Parenthood (Planificación familiar), el Centro de Derechos Reproductivos, así como proveedores de servicios de aborto, para detener el llamado “proyecto de ley del latido del corazón”.

“Esta ley radical de Texas viola descaradamente el derecho constitucional establecido en el Roe vs. Wade y mantenido como precedente durante casi medio siglo”, señaló Biden, citado en un comunicado, refiriéndose al histórico fallo de la Corte Suprema de 1973 que estableció el derecho al aborto en Estados Unidos.

“Protegeremos y defenderemos” este derecho, subrayó el gobernante, para luego deplorar una norma que va “a complicar enormemente el acceso de las mujeres a los servicios de salud que necesitan, especialmente en comunidades de color o de menores recursos”.

Nancy Pelosi, la presidenta demócrata de la Cámara de Representantes, dijo que el hecho de que la Corte Suprema no interviniera ha “provocado una catástrofe para las mujeres en Texas”. La ACLU denunció una norma “descaradamente inconstitucional”. Los otros estados que han tratado de promulgar restricciones sobre el aborto en las primeras etapas del embarazo no han podido hacerlo por el fallo de Roe vs. Wade. 

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El Congreso del estado aprobó este 15 de julio despenalizar el aborto en Puebla en medio de una votación entre pronunciamientos de rechazo y protestas.

Las reformas al Código Penal que evitan penas si el procedimiento se realiza en las primeras 12 semanas de gestación contó con 29 votos a favor, siete en contra y cuatro abstenciones.

La tensión se vivió desde antes del comienzo de la Sesión Ordinaria en donde se abordó el punto, con la protesta de grupos a favor y en contra de la despenalización.

Fueron los grupos provida los que entre empujones y gritos buscaron impedir el acceso de diputados al recinto.

A algunos, incluso, se les condicionó el acceso para que se comprometieran a no votar al tema ese día para garantizar un parlamento abierto más.

Ya en la sesión, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Mónica Rodríguez Della Vecchia, pidió poner a consideración que se retirara el punto sobre la despenalización del aborto de la orden del día y que se votaran por separado algunos artículos, pero fue rechazada.

Al final se votó en lo general y se reservaron algunos artículos para discutir en lo particular.

Antes de que los diputados votaran, los diferentes legisladores panistas expusieron pronunciamientos en contra.

En ellos transmitieron el sonido de un corazón de feto a las 10 semanas, cuestionaron los efectos del aborto en las mujeres y aseguraron que donde se ha aprobado han incrementado delitos, sobre todo los relacionados con la violencia hacia la mujer.

En las críticas también lamentaron que se hagan más cargas de trabajo al sistema de salud que tiene deficiencias y sin considerar temas presupuestales.

Al saber la votación a favor, activistas que defienden los derechos de las mujeres celebraron afuera del Congreso de Puebla.

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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México ha otorgado un amparo al Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), lo que efectivamente despenaliza el aborto a nivel federal en el país. Esta decisión ha sido recibida como un avance significativo en la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

El amparo presentado por GIRE estaba dirigido contra el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal, argumentando que el sistema jurídico que penalizaba el aborto en el Código Penal Federal violaba los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes. La Primera Sala de la Corte analizó la petición y concluyó que el apartado del Código Penal Federal que criminalizaba el aborto era inconstitucional y, por lo tanto, ya no tendría efectos.

Esta decisión histórica significa que ninguna mujer o persona gestante en México podrá ser castigada legalmente por abortar. Además, las instituciones de salud federales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y PEMEX, están obligadas a brindar el servicio de aborto a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo soliciten.

La resolución también protege al personal médico, que no podrá ser criminalizado por proporcionar servicios de aborto. Esta medida reconoce y respeta el derecho de las mujeres y personas gestantes a tomar decisiones sobre su propia salud y cuerpo.

La despenalización del aborto a nivel federal es un hito importante en la lucha por los derechos reproductivos en México y representa un avance significativo en la protección de la autonomía y dignidad de las mujeres y personas con capacidad de gestar en el país.

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La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha tomado una decisión histórica al declarar la inconstitucionalidad de la penalización del aborto en el estado de Aguascalientes. Esta medida se llevó a cabo en respuesta a un amparo presentado por el Grupo de Información en Reproducción Elegida y otras asociaciones civiles, y es un paso significativo hacia el reconocimiento de los derechos de las mujeres y personas gestantes en México.

La SCJN ha ordenado al Congreso del estado de Aguascalientes derogar los artículos 101, 102 y 103 del Código Penal que castigan con cárcel el aborto. Esta decisión se basa en la violación de los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes, específicamente en el derecho a la igualdad y no discriminación, así como en el derecho humano a la salud.

El ministro Juan Luis González Alcántara propuso la sentencia, la cual fue aprobada por mayoría de cuatro votos contra uno. En su proyecto de sentencia, González Alcántara destacó que desde 2015 hasta junio de este año se han iniciado 73 investigaciones por el delito de aborto en Aguascalientes. Esta cifra pone de relieve la urgente necesidad de tomar medidas que respeten los derechos y la dignidad de las mujeres y personas gestantes en el estado.

La sentencia de la SCJN no solo marca un paso hacia la justicia reproductiva y los derechos de las mujeres en Aguascalientes, sino que también sienta un precedente importante para otros estados en México. La decisión abre la puerta para que grupos a favor del aborto busquen amparos y sentencias similares en otros lugares donde la penalización del aborto aún está en vigor.

La SCJN ha destacado la importancia de romper el ciclo de discriminación y daño a las mujeres y personas gestantes que han sido sometidas a procesos injustos bajo leyes que criminalizan el aborto. Esta sentencia marca un avance significativo hacia el reconocimiento y la protección de los derechos reproductivos y humanos de las mujeres en México.

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En las últimas tres legislaturas, los diputados de Puebla se han negado a discutir la despenalización del aborto, sin embargo, las mujeres de la entidad se posicionan entre las que más recurren a los servicios legales y gratuitos que se ofrecen en la Ciudad de México.

Así se pudo observar en las estadísticas más recientes de la Secretaría de Salud de la capital del país que cuantifican los servicios desde mayo de 2007 -cuando iniciaron con servicios en hospitales públicos-, hasta agosto de este 2022.

En casi 14 años han cuantificado 252 mil 760 interrupciones legales de embarazos, de los cuales 173 mil 868 se realizaron a residentes de la Ciudad de México y el resto a mujeres foráneas.

El segundo grupo más grande es el de pacientes del Estado de México con 69 mil 30 casos y a esta entidad le siguen las mujeres de Puebla, con mil 585 e Hidalgo con mil 377.

Otras entidades con varios casos, son: Morelos con 974; Querétaro, con 712; Jalisco, con 710; Veracruz, con 591; Michoacán, con 575; Guanajuato, con 525; Oaxaca, con 401; Tlaxcala, con 411; Guerrero, con 335 y San Luis Potosí, 217, entre otras.

Las cifras de las entidades con altas cifras de abortos en la Ciudad de México contrastan con el dato de las aprobaciones en sus congresos, como se observa por ejemplo en Hidalgo, pues en esta entidad se despenalizó desde 2021, pero se ubica en la cuarta posición de la lista de pacientes.

Otras entidades donde se aprobó la interrupción legal del embarazo son: Oaxaca donde los diputados cambiaron las leyes en 2019; Veracruz y California, que se sumaron en 2021 y Quintana Roo, que se incorporó apenas la semana pasada.

En el caso de Puebla, en la penúltima legislatura se presentó una primera iniciativa sin éxito, en la pasada otras dos y una de ellas incluso derivó de un foro ciudadano. Mientras que la actual, lleva sólo una propuesta sin ser discutida.

Tanto en el gobierno del estado, como al interior del Congreso y entre los mismos partidos políticos, se ha reconocido que la entidad tiene este pendiente por resolver.

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La organización Sí Hay Mujeres en Durango planea buscar estrategias legales, interponer un amparo o promover acciones de inconstitucionalidad, luego de que el Congreso de ese estado rechazó el dictamen que promovía la despenalización del aborto.

Julieta Hernández Camargo, presidenta de la organización, subrayó que seguirán buscando recursos legales para continuar con la lucha en favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, como ha sucedido en otros estados.

Hace un año, la organización Sí Hay Mujeres en Durango presentó una iniciativa popular, que estuvo acompañada de 7 mil 700 firmas. Sin embargo, alrededor de las cuatro de la mañana del jueves, el dictamen de la iniciativa fue rechazado.

La presidenta de la organización dijo que lo que quedaba era armonizar el Código Penal con el criterio de la Corte, luego que se dictaminara desde la más alta esfera judicial que una mujer no podía ir a la cárcel por interrumpir el embarazo.

La iniciativa contó con el voto a favor de seis diputados y diputadas de Morena, pero el resto, legisladores del PRI y PAN, principalmente, votaron en contra. Hubo 15 rechazos y dos abstenciones.

“Nos sentimos decepcionadas del Congreso, de los diputados del PRI y del PAN que votaron en contra. Es muy triste, se trataba de una iniciativa popular”, comentó Hernández Camargo.

Para la activista y defensora de los derechos humanos, es decepcionante que los diputados y diputadas trasladen sus creencias personales al ejercicio público y político: “No dejan en casa sus creencias”, criticó la activista.

La votación ocurrió alrededor de las cuatro de la mañana y al respecto, Hernández Camargo consideró que fue una táctica dilatoria para provocar que los grupos feministas y proaborto presentes, se cansaran, pero no lo hicieron, permanecieron nueve horas en el Poder Legislativo estatal.

Por la mañana, inconformes realizaron pintas a las instalaciones del Congreso.

Piden se pronuncie gobernador

Hernández Camargo hizo un llamado al gobernador del estado, Esteban Villegas Villarreal, para que se pronuncie sobre el tema de la despenalización del aborto.

Recordó que cuando el mandatario estatal hizo el decreto para avalar los matrimonios igualitarios, provocó que el Congreso actuara.

“Vemos que influye mucho en los diputados del PRI. Queremos un pronunciamiento igual para que se respete y se armonice la ley”, comentó.

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