Un pastor llamado Michael Coghill, de 33 años, fue golpeado y arrestado después de que un hombre presenció y lo grabó tocando de manera lasciva a un niño en la parada del autobús en Oklahoma, Estados Unidos. 

La policía informó que el testigo confrontó a Coghill y se produjo un altercado físico al golpearlo en la cara. "Oficiales arrestaron a Michael Coghill, de 33 años, por una denuncia de acto lascivo", señaló la autoridad. 

La Iglesia de Cristo de Lakehoma dio a conocer que Mike Coghill era nuestro ministro de discipulado de ésta y de quien aseguró "tiene una comprobación de antecedentes limpia, y no hemos recibido informes o reclamaciones contra él durante su mandato en Lakehoma", pero aseguró que colaboraría con la policía en la investigación. 

Mientras tanto se determinó que Mike "fuera liberado de todos los deberes" y ya no estará en el personal en la iglesia. 

"Nuestros corazones están con la familia y el niño involucrado en el incidente. Alentaríamos a todos a orar por esta familia durante un momento muy difícil en sus vidas. El liderazgo de nuestra iglesia no tiene tolerancia para cualquier tipo de abuso. 

 "La seguridad es nuestra mayor prioridad para nuestra comunidad, congregación y especialmente para nuestros niños. En estos últimos años hemos realizado esfuerzos significativos para asegurar la zona de nuestros niños, lo que supone los estándares de seguridad más altos posibles", informó en un comunicado la iglesia. 

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La Fiscalía General del Estado, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos contra Mujeres por Razón de Género, logró obtener un auto de vinculación a proceso en contra de Jorge “N”, por su probable responsabilidad en el delito de pederastia agravada, cometido en agravio de una menor de edad cuya identidad se mantiene en reserva conforme a la ley.

Durante la audiencia inicial, el juez de control dictó la vinculación a proceso del imputado y estableció como medida cautelar la prisión preventiva justificada. Además, se otorgó un plazo de dos meses para la investigación complementaria, con el fin de reunir las pruebas necesarias.

Según la investigación, los hechos ocurrieron en un domicilio de la colonia Pueblo Nuevo, donde el imputado, aprovechando la confianza de la víctima, presuntamente realizó tocamientos de índole lasciva. Tras lo ocurrido, la menor informó a sus familiares, quienes de inmediato acudieron a denunciar ante las autoridades.

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Durante un recorrido preventivo en la colonia Zona Río, agentes de la Policía Municipal de Tijuana atendieron un reporte de abuso sexual a una menor de edad, ocurrido en la explanada del Centro Cultural Tijuana (CECUT), donde se llevaba a cabo un evento de emprendedores y un concierto musical, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana Municipal (SSPCM). 

Al entrevistarse con la reportante, señaló que su prima de 14 años, le manifestó que mientras se encontraba entre la multitud frente al escenario, un hombre comenzó a tocarla de manera inapropiada.

La menor se retiró inmediatamente del lugar para informar a sus acompañantes, quienes iniciaron la búsqueda del presunto agresor. Entre las personas presentes, tanto la víctima como su prima señalaron directamente al responsable, identificado como Ángel “N”, de 26 años, originario de Toluca, quien al parecer se encontraba bajo los influjos del alcohol.

De inmediato, los oficiales procedieron a asegurar al señalado, informándole el motivo de su detención y sus derechos constitucionales, el cual posteriormente, fue turnado a la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía General del Estado, donde inició la carpeta de investigación correspondiente.

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La Corte Constitucional de Colombia ordenó a la Iglesia católica entregar información sobre los casos de pederastia ocurridos en el país, algo que no había hecho porque alegaba que esa información estaba protegida por el secreto pontificio.

La decisión la tomó la Sala Plena del alto tribunal al resolver 50 tutelas (recurso de amparo) acumuladas que solicitaban información sobre casos de pederastia ocurridos en la curia colombiana, según una sentencia publicada este martes por la Corte.

Entre esos recursos de amparo están los interpuestos por los periodistas Juan Pablo Barrientos y Miguel Ángel Estupiñán, quienes pedían datos sobre casos de pederastia. 

La Corte reiteró en su fallo la "protección a los derechos de petición y de información de periodistas para acceder a los datos de miembros de instituciones religiosas, en el marco de investigaciones relacionadas con presuntas conductas sobre violencia sexual en contra de niños, niñas y adolescentes y también ordena entregar la información relativa a los sacerdotes o clérigos que han ejercido labores pastorales y, en general, de relacionamiento con la sociedad".

"¡Ganamos! La Corte Constitucional revisó y resolvió más de 120 tutelas que pedían al @episcopadocol entregar información secreta sobre casos de pederastia en Colombia", escribió Barrientos en su cuenta de X.

Más adelante se conocerá el plazo que tiene la Iglesia católica para entregar los datos solicitados por los periodistas.

La Corte también precisó que "no toda la información que administran las iglesias, por el hecho de su origen, es reservada".

En ese contexto añadió que "el funcionamiento y el manejo de la información de los integrantes adscritos a las instituciones religiosas no constituyen una razón constitucionalmente admisible para restringir y limitar, de manera desproporcionada, los derechos fundamentales de petición y de acceso a la información periodística".

El año pasado el sacerdote jesuita Francisco de Roux, ex presidente de la Comisión de la Verdad de Colombia, pidió perdón a las a las víctimas de abusos sexuales por parte de un miembro de la Compañía de Jesús y aseguró que "hoy en día" hubiese llevado a la Fiscalía el caso del que se le acusa de haber encubierto en 2014.

De Roux fue denunciado penalmente por el supuesto encubrimiento al fallecido padre Darío Chavarriaga, acusado de abusar sexualmente de un joven y de sus siete hermanas en la década del 70.

Un hombre identificado como Fernando Llano Narváez denunció en una conferencia en la Universidad Javeriana que él y sus hermanas fueron abusados sexualmente por Chavarriaga en 1976, cuando estudiaba en el Colegio Mayor de San Bartolomé de Bogotá, perteneciente a la comunidad jesuita.

En relación con la pederastia en junio de 2020 Arquidiócesis de la ciudad colombiana de Villavicencio suspendió provisionalmente a más de 10 sacerdotes católicos por presunto abuso sexual y se puso a disposición de las autoridades competentes "para colaborar con las investigaciones que tengan lugar en este caso".

La Arquidiócesis dijo en ese momento que un hombre mayor de edad "puso en conocimiento del organismo competente hechos contra la moral sexual de parte de algunos sacerdotes" que hacen parte de ella.

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Un sujeto que era buscado por pederastia, fue capturado por agentes de la Policía Municipal en la colonia Buenos Aires.

La detención ocurrió cuando los agentes realizaban un patrullaje preventivo en el área y se percataron de un sujeto que molestaba a los transeúntes en la vía pública, por lo que rápidamente procedieron a intervenirlo. 

Dicho sujeto se identificó como Heriberto “N” de 28 años, mientras que al verificar sus datos con la Central de Radio, arrojó contar con una orden de aprehensión activa por el delito de pederastia agravada. 

Derivado de lo anterior, el hoy detenido fue presentado ante la autoridad competente para dar inicio a la carpeta de investigación.

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La Fiscalía General del Estado logró la obtención de una sentencia para un sujeto, penalmente responsable de pederastia agravada, en agravio de una menor de edad. 

El expediente detalla que, entre las 21:00 y 22:00 horas del 25 de agosto de 2021 el sentenciado Hugo Enrique Ávila Suárez, se encontraba en un domicilio por el área de Otay, en compañía de la ofendida, que en ese momento contaba con 11 años de edad y de quien se aprovechó y la tocó indebidamente. 

El 28 de noviembre del año en curso, se realizó un procedimiento abreviado, mediante el cual se le impuso una pena de 8 años de prisión, además del pago por la reparación del daño, equivalente a la cantidad de 35 mil 360 pesos; se le negaron beneficios libertarios.

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