La presentadora de televisión Laura Bozzo ya es buscada a nivel mundial porque la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol, por sus siglas en inglés) emitió una ficha roja para dar con su paradero y detenerla. 

Funcionarios del gobierno federal revelaron que la ficha fue girada hace días a petición de la Fiscalía General de la República (FGR). La ficha fue notificada a los 195 países que integran la organización. 

Hace unas semanas un juez federal ordenó la aprehensión de la conductora de nacionalidad peruana, luego de que rehusó internarse de manera voluntaria en el penal de Santiaguito, en el Estado de México. 

Laura Bozzo debía ingresar al penal porque un juez de control la vinculó a proceso por su presunta responsabilidad en la venta de un inmueble, el cual estaba embargado por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

El inmueble en manos de las autoridades garantizaba el pago de un adeudo por parte de la presentadora de 12 millones 760 mil 071 pesos. 

Bozzo promovió un amparo para evitar ser aprehendida, pero Juan Miguel Ortiz Marmolejo, juez Noveno de Distrito de Amparo y Juicios Federales con sede en la ciudad mexiquense de Toluca, rechazó concederle una suspensión definitiva, con la cual buscaba frenar la captura. 

El juez Ortiz Marmolejo reveló a través de un acuerdo judicial que Laura Bozzo no se presentó al juzgado y no entregó su pasaporte como le fue solicitado. Al no acatar la resolución no podía concedérsele la medida cautelar. 

El delito que se le imputa no amerita prisión preventiva oficiosa, pero la FGR pidió al juez de control que impusiera la medida cautelar de prisión preventiva justificada, debido al riesgo latente de evadir la justicia, debido a su capacidad económica y por sus contactos con algunos personajes públicos. 

La conductora ha estado involucrada en diversos escándalos políticos en Perú y también ha sido denunciada por personalidades públicas en México. 

En 2018 se conoció que Laura Bozzo debía 17 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria, y que ya había agotada todas las instancias judiciales para impugnar la deuda. 

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La Fiscalía General del Estado (FGE) de Baja California informó sobre la localización y captura de Jill Lynn “N”, una mujer que era buscada por autoridades de Estados Unidos por su presunta participación en el delito de fraude.

De acuerdo con la dependencia, elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI) realizaron labores de análisis e intercambio de información con el área de Enlace Internacional de la propia Fiscalía, lo que permitió identificar que la mujer contaba con un mandato judicial vigente en territorio estadounidense.

Tras el cruce de datos con corporaciones norteamericanas, se confirmó que la orden de aprehensión fue emitida por la Corte Superior de California, en el Condado de Riverside, por el delito de fraude.

Una vez verificada la vigencia del requerimiento judicial y concluidos los procedimientos correspondientes en México, la FGE notificó a las autoridades federales competentes para iniciar el proceso de entrega de la detenida.

La institución detalló que se activaron los trámites necesarios ante el Instituto Nacional de Migración, con el propósito de que Jill Lynn “N” sea puesta a disposición de las autoridades estadounidenses y enfrente el proceso legal en su país de origen.

La Fiscalía destacó que esta acción es resultado de la coordinación binacional entre las corporaciones de seguridad de México y Estados Unidos para la localización de personas con órdenes judiciales internacionales vigentes.

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El profesional inmobiliario Luis Serrano MX advirtió que, ante el incremento de casos de fraude en el sector inmobiliario en las últimas semanas, uno de los errores más comunes entre los compradores es no analizar en profundidad el contrato de compraventa antes de entregar el dinero.

Serrano explicó que muchos de estos fraudes se originan en ofertas con precios muy por debajo del valor de mercado, lo que genera confianza y acelera la decisión de compra. Sin embargo, alertó que este tipo de ofertas suele ser una trampa, ya que el principal foco de alerta debe ser el precio, ya que cuando una propiedad está muy por debajo de su valor real, los compradores tienden a dejar de lado aspectos fundamentales, como la revisión de la documentación y el contrato.

El asesor resaltó la importancia de entender qué tipo de contrato se firma, ya que puede tratarse de modalidades como cesión de derechos o reserva de dominio, cada una con implicaciones legales distintas. Además, recomendó verificar que el contrato incluya información clara y completa del inmueble, como ubicación, superficie, clave catastral, régimen de propiedad y antecedentes registrales, además de identificar plenamente al propietario registrado en el Registro Público.

Asimismo, enfatizó que es imprescindible comprobar que la persona que recibe el pago tenga la facultad legal para vender, y que las condiciones de pago estén detalladas, incluyendo cuentas bancarias, domicilios y modalidades de pago en una o varias exhibiciones.

Serrano puntualizó que el contrato debe ofrecer certeza sobre qué se está vendiendo, cómo y cuándo se entregará la posesión, y qué mecanismos existen en caso de incumplimiento, incluyendo penalidades y contactos para resolver conflictos. También recomendó revisar cláusulas relacionadas con situaciones extraordinarias, como el fallecimiento de alguna de las partes, para asegurar la continuidad del proceso sin problemas legales.

Finalmente, recordó la importancia de verificar que la información en Registro Público y Catastro coincida con lo establecido en el contrato, pues esto garantiza que la inversión será segura y que la escrituración podrá realizarse sin contratiempos.

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Una operación internacional contra la explotación sexual infantil permitió rescatar a 65 víctimas y detener a 60 sospechosos en nueve países de Latinoamérica y el Caribe, informó la organización policial internacional Interpol.

El operativo, denominado Operación Eclipse, se desarrolló durante once meses y concluyó en enero. En la investigación participaron autoridades de Belice, Costa Rica, República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua y Panamá.

De acuerdo con Interpol, la mayoría de las víctimas tenían entre cinco y 13 años de edad y cerca del 80 % eran niñas.

Arrestos en República Dominicana

En República Dominicana fueron detenidas dos personas vinculadas con el abuso sexual de dos menores de 10 y 13 años.

Entre los arrestados se encuentra la madre de las víctimas, acusada de facilitar y participar en los abusos. El otro detenido es un delincuente sexual que residía con las menores.

Durante la investigación también se incautó material relacionado con explotación sexual infantil, lo que permitió abrir nuevas líneas de investigación y avanzar en la identificación de otras posibles víctimas.

Cooperación internacional y extradiciones

La operación incluyó cooperación entre autoridades dominicanas y panameñas. Gracias a este trabajo conjunto se logró localizar en territorio dominicano a dos sospechosos buscados por Panamá por delitos sexuales.

Tras su identificación, se inició un proceso de extradición para que enfrenten cargos ante la justicia panameña.

Redes de explotación infantil

Interpol señaló que la Operación Eclipse se centró en identificar redes de producción y distribución de material de explotación sexual infantil, así como en localizar a las víctimas.

Los presuntos responsables mantenían diferentes tipos de vínculos con los menores, incluyendo familiares, amigos, vecinos y educadores. También se detectaron agresores que operaban a través de internet o que viajaban a otros países para cometer los delitos.

Los menores rescatados durante el operativo recibieron protección por parte de las autoridades de los países participantes.

Uno de los casos más relevantes se registró en Panamá, donde los investigadores lograron identificar a una víctima que permanecía sin identificar en la base de datos de Interpol desde hacía más de una década.

En Costa Rica, por su parte, las autoridades localizaron a una menor cuyo agresor se hizo pasar por una celebridad en internet para ganarse su confianza y posteriormente la amenazó con dañar a su familia.

Interpol destacó que el intercambio de información entre los países participantes fue clave para identificar a las víctimas, rastrear a los sospechosos y avanzar en los procesos judiciales.

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El mercado inmobiliario en Tijuana ha experimentado un crecimiento significativo en los últimos años, sin embargo, este auge ha sido acompañado por un aumento en intentos de fraudes, especialmente en la compra de terrenos y viviendas entre particulares. 

Por ello, especialistas en la materia recomiendan extremar precauciones antes de realizar cualquier operación para evitar ser víctima de engaños.

Luis Serrano Macías, asesor inmobiliario y expresidente de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) en Tijuana, señaló que el primer paso para evitar caer en fraudes es analizar si el precio ofrecido realmente corresponde al valor del mercado. 

“El primer foco de alerta es el precio, porque cuando una propiedad se ofrece muy por debajo del valor real o con demasiadas facilidades de pago, lo primero que debe hacer el comprador es preguntarse por qué”, advirtió.

De acuerdo con registros de las autoridades, la mayoría de los fraudes inmobiliarios se presentan en la venta de terrenos, donde muchas operaciones se realizan entre particulares sin la revisión legal adecuada de los documentos. En contraste, los fraudes en arrendamientos son menos frecuentes, ya que estos procesos suelen ser más sencillos de cancelar. Sin embargo, en las operaciones de compraventa el riesgo aumenta debido a la cantidad importante de dinero en juego.

Serrano Macías advirtió que uno de los errores más comunes es asumir que documentos como recibos de predial o servicios acreditan la propiedad de un inmueble, cuando en realidad, el único elemento que brinda certeza jurídica es el título de propiedad debidamente inscrito en el Registro Público.

“La certeza jurídica es lo principal en cualquier operación inmobiliaria. No importa el precio o las facilidades, lo primero es confirmar que la persona que vende realmente es el propietario y que puede formalizar la operación ante notario”, recalcó.

Además, recomendó verificar la identidad y trayectoria del asesor o vendedor, asegurándose de que cuente con licencia inmobiliaria, pertenezca a una asociación profesional y tenga un domicilio u oficina verificable. 

El especialista advirtió también sobre ofertas difundidas en redes sociales que prometen oportunidades únicas, como remates, rentas con opción a compra o facilidades extraordinarias, las cuales muchas veces son utilizadas para atraer víctimas.

“En bienes raíces no existe la última oportunidad; siempre habrá otra propiedad. Por eso, la recomendación es analizar, consultar y verificar antes de entregar cualquier anticipo”, concluyó.

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La Fiscalía Regional de Mexicali obtuvo una nueva vinculación a proceso en contra de Marcela “N”, por su presunta responsabilidad en el delito de fraude.

De acuerdo con la investigación, el 9 de mayo de 2023 se firmó un contrato de prestación de servicios mediante el cual la imputada se comprometió a gestionar la compraventa de un inmueble ubicado en el fraccionamiento Jardines del Lago.

Para ello, la víctima le entregó una cantidad considerable de dinero. Sin embargo, con el paso del tiempo se constató que la imputada no efectuó trámite alguno, ni devolvió el dinero recibido, generando un perjuicio económico a la parte afectada.

Al finalizar la audiencia, el juez consideró que existen elementos suficientes para fijar en contra de Marcela “N” la medida cautelar de prisión preventiva justificada, además de conceder a la Fiscalía tres meses para la investigación complementaria.

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