El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este viernes una recompensa 5 millones de dólares por información que conduzca al arresto o condena de cuatro narcotraficantes mexicanos, entre quienes se encuentra Aureliano Guzmán Loera, hermano de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo. 

Además del ofrecimiento por Guzmán Loera, también hay recompensas por los hermanos Ruperto Salgueiro Nevarez, José Salgueiro Nevarez y Heriberto Salgueiro Nevarez, quienes operan bajo el paraguas del Cártel de Sinaloa, informó el Departamento de Estado. 

Aureliano Guzmán Loera y los hermanos Salgueiro Nevarez están acusados de violación de las leyes de drogas de Estados Unidos. Alegan varias violaciones en materia de distribución internacional de sustancias controladas, que incluyen fentanilo, heroína, cocaína, metanfetamina y mariguana. 

Las acusaciones datan del 13 de noviembre de 2019 y del 19 de febrero de 2020, mismas que se encontraban selladas. 

High-Ranking Members of the Sinaloa Cartel Charged with International Drug Trafficking @HSIPhoenix https://t.co/v8zYYx19fu

— US Attorney Arizona (@USAO_AZ) November 5, 2021

Una de las acusaciones señala el tráfico de fentanilo, que es responsable de más del 63 por ciento de las 96 mil 779 muertes por sobredosis de drogas en los Estados Unidos entre marzo de 2020 y 2021, según la dependencia estatal.

Esta oferta se hace bajo el Programa de Recompensas de Estupefacientes (NRP) del Departamento de Estado. Esta institución ha pagado más de 135 millones de dólares en retribuciones por información que conduce a detenciones. 

Este viernes, la Fiscalía del Distrito de Arizona abrió dos acusaciones contra "miembros de alto rango del Cártel de Sinaloa por tráfico internacional de drogas". 

Los hermanos Salgueiro Nevarez presuntamente operan una facción del Cártel de Sinaloa conocida como SNO, que significa Organización Salgueiro Nevarez. Aureliano Guzmán Loera es hermano del ex líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera. 

El 17 de julio de 2019 ​Joaquín El Chapo Guzmán fue sentenciado en Estados Unidos a cadena perpetua, tras haber sido declarado culpable de ocho cargos de crimen organizado y narcotráfico. 

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Rosarito, Baja California, dejó de ser un simple punto turístico para convertirse en la pieza de un tablero mayor: el del narcotráfico internacional. Desde Washington, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos lanzó un golpe que no sólo alcanza a Los Mayos, brazo del Cártel de Sinaloa, sino que salpica directamente a la política mexicana.

La diputada de Morena Hilda Araceli Brown Figueredo, exalcaldesa de Rosarito, aparece en la lista de sancionados de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El señalamiento es contundente: durante su presidencia municipal, operadores del cártel —entre ellos empresarios y figuras locales— utilizaron su cercanía para obtener protección, colocar aliados en cargos públicos y garantizar la continuidad de las operaciones criminales.

El documento de la OFAC describe con detalle cómo bares, restaurantes y resorts de Rosarito se convirtieron en plataformas para blanquear dinero del narco, mientras la ciudad era pieza clave en el corredor de droga hacia California. En el centro de esa red aparece Brown, señalada de haber mantenido vínculos con quienes recaudaban pagos de extorsión y gestionaban la cobertura de actividades ilícitas.

“El Cártel de Sinaloa representa una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos”, sentenció John K. Hurley, subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, al anunciar la sanción. Pero más allá de la advertencia a los capos, el mensaje tiene un eco que resuena en México: la frontera entre la política y el crimen organizado se vuelve, otra vez, demasiado delgada.

La diputada, que llegó al Congreso como parte de la llamada “transformación”, ahora comparte espacio en la lista negra de Washington con capos, sicarios y prestanombres. La pregunta inevitable es cuánto daño causa a la credibilidad institucional que una representante electa, antes alcaldesa de un municipio fronterizo, sea señalada de haber servido como engranaje de uno de los cárteles más poderosos del mundo.

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A partir del inicio de la administración de Donald Trump, el 20 de enero, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo ha enviado al Senado seis solicitudes para que 309 militares de Estados Unidos, la inmensa mayoría del Comando Norte, ingresen a México con armamento, equipo táctico, aviones, helicópteros y buques con fines de capacitación.

La oposición en el Senado no ha cuestionado ninguna de las solicitudes, por el contrario, ha votado con el oficialismo por unanimidad los permisos solicitados por la Presidencia e incluso morenistas han argumentado que con ello se fortalece la soberanía del país.

Todo ello a pesar de que los últimos meses, sobre todo en febrero de 2025, elementos de la Fuerzas Armadas de México detectaron al menos tres aeronaves militares espías de Estados Unidos que han sobrevolado, fuera del Espacio Aéreo Mexicano, los límites del país, y que, entre sus funciones, está la intercepción de comunicaciones para frenar el tráfico de fentanilo y la operación de cárteles de la droga.

En diciembre de 2024, cuando Trump era presidente electo, Sheinbaum Pardo solicitó al Senado y se concedió la autorización para permitir el ingreso a la delegación de tropas de Estados Unidos, conformada por 11 elementos instructores del 7/o. Grupo de Fuerzas Especiales del Comando Norte.

Ello para participar en el evento Fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional, a realizarse en las instalaciones del Centro de Adiestramiento de Fuerzas Especiales en Temamatla, Estado de México, del 27 de enero al 23 de marzo de 2025, y en el Centro Nacional de Adiestramiento en Santa Gertrudis, Chihuahua, del 24 al 27 de marzo de 2025.

En febrero pasado, al iniciar el periodo ordinario de sesiones, el Senado aprobó la solicitud de permiso de la Presidenta para el ingreso a territorio nacional de 10 elementos militares del Ejército de Estados Unidos para participar en el adiestramiento denominado Fortalecer la capacidad de las Fuerzas de Operaciones Especiales de la Semar, a realizarse en el Centro de Capacitación y Adiestramiento Especializado de Infantería de Marina con sede en San Luis Carpizo, Campeche, del 17 de febrero al 28 de marzo de 2025.

La más grande delegación de militares armados de Estados Unidos a México se concedió el pasado 19 de marzo, cuando el Senado avaló por unanimidad el ingreso de 155 elementos de las Fuerzas del Cuerpo de Infantería de Marina del Comando Norte, a fin de participar en el Ejercicio Bilateral Anfibio FÉNIX 2025.

Dicho ejercicio se realizó del 24 de marzo al 23 de abril en tres fases en las instalaciones del Centro Regional de Adiestramiento Número 4 de la Armada de México, ubicado en la Isla Santa Margarita, Baja California Sur.

Los 155 militares ingresaron con armamento orgánico, municiones, vehículos y equipamiento especial para desarrollar su tarea.

El 9 de abril, el Senado avaló por unanimidad el permiso para el ingreso de 13 elementos armados de Estados Unidos y seis aeronaves.

Lo anterior para participar en la Feria Aeroespacial México 2025″, en las instalaciones de la Base Aérea Militar número 1 en Santa Lucía, Estado de México.

En tribuna, la presidenta de la Comisión de Defensa Nacional del Senado, Ana Lilia Rivera, aseguró que esto permite reflexionar sobre el papel que México desempeña en el escenario internacional como una nación soberana.

El 29 de abril, en vísperas del cierre del periodo ordinario, el Senado aprobó la autorización a la presidenta Claudia Sheinbaum para que permita el ingreso de 120 elementos del Comando Norte con armamento orgánico, municiones y equipo especial para el Ejercicio Especializado Conjunto 2025, del 7 al 25 de julio en el Centro Nacional de Adiestramiento de Santa Gertrudis, Chihuahua.

El dictamen detalla que la delegación ingresaría a bordo de tres aeronaves C-130 Hércules de la Fuerza Aérea de Estados Unidos que aterrizarían en la Base Aérea Militar 11, ubicada en Santa Gertrudis, el 7 de julio y saldría del país el 26 del mismo mes.

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El gobierno de Estados Unidos reconoció hoy los esfuerzos de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum contra la migración irregular y el narcotráfico, a la vez que destacó la “buena relación” que tiene con el mandatario estadounidense, Donald Trump.

En su conferencia de prensa, la vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue cuestionada acerca de los reportes de la cadena estadounidense, NBC News, acerca de que el gobierno de Trump estaría evaluando la posibilidad de atacar con drones a los cárteles de la droga en México, y el rechazo expresado por Sheinbaum a una eventual acción de ese tipo.

Leavitt dijo haber visto el reporte de NBC News, pero señaló que “no quiero confirmarlo en este podio, no quiero comentar al respecto porque no estoy segura”. Por ello, prefirió referir al reportero al Consejo de Seguridad Nacional para hablar del tema.

El periodista insistió, señalando el rechazo que expresó esta misma mañana la Presidenta Sheinbaum a la posibilidad de un ataque estadounidense con drones en territorio mexicano. “¿Cómo es la relación entre la Presidenta de México y la Casa Blanca en este momento respecto al combate a las drogas?”, preguntó.

Leavitt respondió que “la relación entre la presidenta Sheinbaum y Trump es bastante buena. Creo que ambos líderes mundiales te dirían eso”.

La vocera comentó que “el presidente ha abordado directamente con Sheinbaum una serie de temas diferentes, particularmente cuando se trata de combatir a los cárteles mexicanos de la droga o la migración ilegal, el tráfico de personas, el tráfico de drogas a través de nuestra frontera sur”.

Leavitt destacó que Claudia Sheinbaum “ha dado pasos significativos” en ambos temas.

Esta mañana, la cadena NBC informó, citando a fuentes informadas del tema, que el gobierno de Trump está evaluando la posibilidad de atacar con drones a los cárteles, aunque sus fuentes indicaron que no hay una decisión tomada al respecto.

Al ser preguntada sobre el tema en su conferencia matutina, Sheinbaum dijo que “no estamos de acuerdo. Primero, porque no estamos de acuerdo con ninguna intervención ni injerencismo. Eso ha sido muy claro. Nos coordinamos, colaboramos, no nos subordinamos y no hay injerencismo ni estas acciones”.

Además, dijo, una operación así “no resolvería nada, se les ha dicho”. La Presidenta mexicana defendió que la mejor estrategia contra el crimen organizado y el narcotráfico es “la atención a las causas”.

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María Consuelo Loera, madre de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, falleció a los 94 años de edad la tarde de este domingo 10 de diciembre, según confirmó el personal de la clínica en la que pasó sus últimos días.

La señora Consuelo padecía secuelas que le quedaron por el contagio del COVID que sufrió en 2021, según confirmó el personal médico de la Clínica Hospital Culiacán, ubicada en la calle de Mariano Escobedo y Venustiano Carranza, en el centro de la localidad.

Desde hace dos semanas la mamá del ‘Chapo’ había sido internada en una clínica privada del centro de la capital, y este domingo 10 de diciembre murió alrededor de las 14:30 horas de este domingo.

Joaquín El Chapo Guzmán pidió a un juez federal intervenir para que permitan a su abogada llevarle documentos en español a la cárcel en la que se encuentra, pues acusó que ha sido víctima de discriminación por parte de las autoridades de la prisión de supermáxima seguridad de Florence, Colorado, donde se encuentra desde 2019.

En una carta escrita a mano el 7 de agosto de 2023 y enviada al juez Brian Cogan, quien encabezó el juicio en su contra por narcotráfico, Guzmán Loera aseguró que el pasado 20 de junio, durante una visita de su abogada Mariel Colón, se le impidió a su representante legal entrar con copias relacionadas a un amparo, debido a que estaban escritas en español.

"Señor juez, aquí en la cárcel saben que yo no sé inglés y los fiscales que están al frente de las reglas siempre me han traído copias en español con respecto a mi situación jurídica. Le dijeron a mi abogada que depositara aquí en la cárcel lo que me traía en español, que ellos me entregarían los documentos y hasta el día de hoy no me los han entregado”, denunció El Chapo.

Guzmán denunció que no se le han entregado las transcripciones en español de los testimonios hechos en su contra durante su juicio, a pesar de que su abogada las envió desde hace dos años. Lo anterior fue calificado por El Chapo como "una discriminación muy grande y una violación a los derechos humanos".

El mexicano señaló que, para cualquier situación, las autoridades penitenciarias se excusan en sus dos escapes de prisión en México.

"Todo es a conciencia y mala fe a mi persona. Para todo usan la bandera (de) que porque Guzmán se fugó de la prisión en México, una salida absurda para tratar de justificar sus anomalías".

Ante eso, solicitó al juez Cogan que ordene a las autoridades que le entreguen los documentos y permitan a su abogada darle la información en español.

"Señor juez, le pido de favor que ordene a quien corresponda que, por favor, me entreguen dichos documentos y que permitan a mi abogada que pase con documentos en español a visita".

"Con respecto a mi situación jurídica, es un derecho que todo preso tiene, y ellos lo saben que están violando el derecho del preso. Escribo a través de la cárcel y también a través de mi abogada por la razón que están deteniendo mi correspondencia y por esa razón me veo obligado a escribirle a través de mi abogada. También gracias de antemano, le agradezco”, concluyó El Chapo.

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