Los talibanes detuvieron a un hombre acusado de haber vendido como servidumbre a más de un centenar de mujeres en el norte de Afganistán, tras hacerles creer que se casarían con hombres ricos, indicaron fuentes policiales.

El individuo fue arrestado el lunes por la noche en la provincia septentrional de Jawzjan, dijo a la prensa el jefe talibán de la policía provincial, Damullah Seraj.

"Estamos en los inicios de la investigación. Más tarde esperamos saber más" declaró Seraj.

Mohammad Sardar Mubariz, un responsable local de la policía, explicó a la AFP que el hombre se centraba en mujeres pobres, desesperadas por mejorar su nivel de vida.

Les prometía encontrarles un marido capaz de mantenerlas, y luego las enviaba a otra provincia donde eran vendidas prácticamente como esclavas.

El individuo está acusado de haber traficado con unas 130 mujeres.

El aumento de la pobreza es un gran desafío para el gobierno talibán, en el poder desde agosto. El nuevo régimen trata de contener la criminalidad, con una serie de robos y secuestros recientemente registrados en las grandes ciudades.

En Afganistán entregan a sus bebés de 20 días de nacidos por problemas económicos

La directora ejecutiva del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), Henrietta Fore, denunció que bebés de 20 días de nacidos son entregados en matrimonio en Afganistán para que sus familias puedan sortear las dificultades económicas, en el contexto de un aumento generalizado del riesgo de casamientos forzados para las jóvenes del país.

Incluso antes de la reciente inestabilidad política, los socios de Unicef registraron 183 matrimonios infantiles y 10 casos de venta de niños y niñas durante 2018 y 2019, tan sólo en las provincias de Herat y Baghdis. Los niños y niñas tenían entre seis meses y 17 años, dijo Fore el viernes pasado.

De acuerdo con los datos de la agencia de Naciones Unidas, una cuarta parte de las mujeres de entre 15 y 49 años se han casado antes de los 18 años en un país donde la crisis alimentaria y el inicio del invierno agravaron la situación de las familias. El año pasado, casi la mitad de la población de Afganistán era tan pobre que carecía de nutrición básica o agua potable.

La situación económica extremadamente grave en Afganistán está llevando a más familias a pobreza más profunda y obligándolas a tomar decisiones desesperadas, como poner a los niños y niñas a trabajar y casar a las niñas en edad temprana.

Además, como a la mayoría de las adolescentes, todavía no se les permite volver a la escuela en espera de que los talibanes concreten sus planes educativos tras haber conquistado el país a mediados de agosto, el riesgo de matrimonio infantil es ahora aún mayor.

De momento, el Unicef trabajará con los líderes religiosos para asegurarse de que no estén involucrados en el Nekah (contrato matrimonial) para las niñas, pero también ha llamado a las autoridades talibanes para que tomen medidas concretas para apoyar y salvaguardar a las familias y niñas más vulnerables.

El gobierno de los talibanes planteó por primera vez públicamente la posibilidad de reinstaurar la lapidación a las mujeres que cometan adulterio, un método de ejecución empleado durante el anterior régimen fundamentalista y cuyo regreso amenaza con socavar aún más los derechos femeninos en Afganistán.

El portavoz del gobierno de los talibanes, Zabiullah Mujahid, hizo anoche durante una entrevista al canal de televisión afgano TOLO la última referencia a la implementación de la lapitación, apedrear hasta la muerte en una plaza pública a una persona, como una práctica adherida a la ley sharia o islámica.

​"Una de las leyes de la sharia es la lapidación. Si se dan nuevamente las condiciones para ello, sin duda implementaremos los decretos de la sharia. Ya sea oración o lapidación, lo llevaremos a cabo", indicó el portavoz.

De acuerdo con la ley islámica, la lapidación responde a la pena con la que se castiga sobre todo a las mujeres por cometer adulterio, considerado un crimen en Afganistán.

Sin embargo, "es difícil cumplir las condiciones para la lapidación", ya que si una mujer casada y hombre cometen adulterio, "se necesitan cuatro hombres o dos hombres y cuatro mujeres como testigos" para aplicar el decreto, explicó a EFE el erudito religioso Mawlawi Mohammad Saleh.

Además, el testimonio de una mujer ante el tribunal vale la mitad que el de un hombre, mientras que las violaciones se consideran como una "confesión" de adulterio, de acuerdo con la legislación islámica.

"Falta una ley detallada y las condiciones para implementar este decreto", dijo a EFE por su parte la activista social y por los derechos de las mujeres Nahid Noor.

El regreso de esta práctica, en vigor durante el anterior régimen fundamentalista de 1996 a 2001, degrada aún más la situación de derechos de las mujeres, que desde la vuelta al poder de los talibanes en agosto de 2021 han sufrido un importante deterioro y un apartheid de género.

A día de hoy, Afganistán es el único país en el mundo que prohíbe la educación femenina, según la ONU. A ello se suma una retahíla de normas que van desde la prohibición para trabajar en oenegés o hacer deporte hasta la segregación por sexos o la imposición del velo para salir a la calle.

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Funcionarios de la Organización de las Naciones Unidas informaron que autoridades talibanas, en el este de Afanistán, han prohibido trabajar a las mujeres en la ONU.

La misión de la ONU expresó una “profunda preocupación” después de que se prohibió que su personal femenino se presentara a trabajar en la provincia de Nangarhar.

“Le recordamos a las autoridades de facto que las entidades de Naciones Unidas no pueden operar ni brindar ayuda vital sin personal femenino”, dijo el organismo mundial en un tuit.

Voceros del Talibán no estuvieron disponibles de inmediato para comentar sobre la situación y de momento se desconoce si la medida se extendió más allá de la provincia de Nangarhar.

A pesar de sus promesas iniciales de un gobierno más moderado que durante su periodo previo en el poder, el Talibán ha impuesto medidas estrictas desde que ascendió al poder en 2021, cuando las fuerzas de Estados Unidos y la OTAN se retiraron del país luego de dos décadas de guerra.

Las niñas tienen prohibido recibir educación más allá del sexto grado y a las mujeres se les prohíbe trabajar, estudiar o viajar, o incluso salir al parque, sin un acompañante varón. Además, las mujeres deben cubrirse por completo de la cabeza a los pies.

Las afganas tampoco pueden trabajar para organizaciones no gubernamentales nacionales e internacionales, afectando la entrega de asistencia humanitaria.

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Los talibanes de Pakistán anunciaron este lunes en un comunicado que ponen fin a un alto el fuego acordado en junio con el gobierno paquistaní y ordenaron a los miembros de este grupo islamista que organicen ataques en todo el país.

"Como están habiendo operaciones militares contra los muyahidines en distintas áreas, resulta necesario llevar a cabo ataques en todos los lugares que se pueda en el conjunto del país", indicó el movimiento Tehreek–e-Taliban Pakistan (TTP) en un comunicado.

El TTP había prolongado en junio una tregua de forma indefinida, por los "progresos" registrados en unas negociaciones de paz con representantes del Estado paquistaní que empezaron en mayo en la capital afgana, Kabul, bajo la mediación de los talibanes afganos.

Pero ese alto el fuego no se llegó a respetar, ni por el TTP, que perpetró ataques, sobre todo contra las fuerzas de seguridad, ni por el ejército de Pakistán, que siguió persiguiendo a los combatientes talibanes.

El TTP, una entidad separada de los talibanes de Afganistán pero que tiene una ideología parecida, es responsable de decenas de atentados en Pakistán.

Fue creado en 2007 por yihadistas paquistaníes aliados de Al Qaeda que habían combatido junto a los talibanes afganos en los años 1990, antes de oponerse al apoyo brindado por Islamabad a Estados Unidos tras la invasión de Afganistán en 2001.

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Una joven de 19 años fue explotada sexualmente por una red de trata de personas en Bogotá, Colombia, después de pasar varios meses desempleada y caer en una falsa oferta de trabajo. Pero la pesadilla llegó a su fin gracias a que su mamá se infiltró en la organización y con ayuda de la policía logró desmantenarla y rescatar a su hija.

Todo comenzó en un bar al que la víctima asistió, allí conoció a un hombre con el que bailó y platicó. Él le dijo que podía ofrecerle un trabajo con el que podría ganar mucho dinero y costear sus estudios, sueño expresado por la joven. Durante la plática le sacó mucha información personal, como su domicilio, con quién vivía, datos que podría usar en su contra más adelante, en caso de aceptar su propuesta de trabajo.

Aunque al principio no tomó en cuenta la propuesta del hombre, el pasar un tiempo sin empleo la llevó a reconsiderarla, por lo que lo buscó. La madre de la joven contó a Noticias Caracol que el captor de su hija le dijo que él y su padre tenían una empresa de eventos, en la cual las mujeres trabajaban acompañando celebraciones, recibiendo un buen sueldo por los turnos.

Inicio de la pesadilla

Cuando llegó a la dirección proporcionada por el hombre -en Mosquera- con el que bailó en el bar, se dio cuenta que lo dicho por él distaba mucho de la realidad. Lo primero que le dijeron era que tenían que “volverla mujer” y la agredieron sexualmente entre los dos. Consternada llegó a su casa preguntándose cómo se había metido en eso.

Al siguiente día, bajo coacción, la sacaron de su casa, le tomaron fotos desnuda y la agregaron a un catálogo de una página web en la que la ofrecieron como dama de compañía. La llevaron a un departamento en el que vivió con otras chicas que empezaron a reclutar.

Después de un tiempo, la madre no volvió a saber nada de su hija, por lo que decidió acercarse al hombre que le ofreció “trabajo”. Mediante una aplicación de mensajería se puso en contacto con él y poco a poco se fue ganando su confianza e infiltrando a la red criminal.

Un día hizo una fiesta en su casa, a la cual asistieron los sujetos, esa fue la ocasión que aprovechó para sacarles información, tomarles fotos y videos. Ellos cayeron en la trampa y dieron la ubicación exacta de su hija. Una vez recabadas las pruebas, acudió a la Dijin de la Policía y los denunció.

La policía hizo lo propio y realizó una redada en la dirección proporcionada por la madre, allí rescataron a la hija y las otras jóvenes secuestradas. Se determinó que la banda estaba compuesta por una familia: padre, madre e hijo. También se dijo que reclutaban mujeres incluso en colegios de la zona. Tras las investigaciones correspondientes, se logró saber que los explotadores hacían que las jóvenes estuvieran hasta con 11 hombres por día.

Hugo Pérez, director contra las violaciones a los derechos humanos al medio colombiano, dijo que las jóvenes eran vinculadas a una comunidad virtual, en las que se les creaba un perfil y desde él ofrecían servicios sexuales. Una vez que algún interesado las solicitaba, las llevaban hasta el punto que el cliente decía para cumplir estos encuentros íntimos en Funza, Mosquera, Madrid, Facatativá y otros municipios de La Sabana norte y occidente de Bogotá.

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En la Ciudad de México, una pareja fue vinculada a proceso por su probable participación, a título de autores materiales, del delito de trata de personas en su modalidad de pornografía de personas menores de 18 años de edad: tenían más de 158 mil imágenes y miles de videos con contenido sexual.

Como parte de resultados contra la violencia de género en el período comprendido entre el 3 y el 16 de septiembre, en el marco de la declaratoria de Violencia de Género, la Fiscal General de Justicia local, Ernestina Godoy, dio los detalles de este caso.

En un mensaje a medios de comunicación, informó que la investigación inició por una denuncia contra Sayuri “N” y Víctor “N”, por el delito de violación en agravio de una menor, el denunciante refirió que, a mediados de 2019, su hija empezó a tomar clases de regularización con dichas personas.

Sin embargo, de acuerdo con la indagatoria, los imputados posiblemente habrían tomado fotografías y videos a la menor de edad en actos de carácter sexual reales o en exhibicionismo.

Es por ello que el Ministerio Público solicitó y obtuvo de un juez las órdenes de aprehensión correspondientes, así como una orden de cateo para un predio de la colonia Lucas Oriente, en la alcaldía de Xochimilco, a fin de continuar con las indagatorias.

Como resultado de la diligencia, fue encontrado un estudio de grabación, así como diversos dispositivos de almacenamiento.

En octubre de ese año se hizo un desglose de la indagatoria en la Fiscalía de Investigación en los delitos en Materia de Trata de Personas, instancia que, como parte de los actos de investigación practicados, solicitó a un juez especializado la extracción de información de los dispositivos electrónicos asegurados.

Al ser analizados, fueron localizados más de 158 mil fotografías y aproximadamente tres mil 500 videos, tanto de la víctima en actos de carácter sexual y/o exhibicionismo con los imputados, así como de otras posibles víctimas menores de 18 años.

"De acuerdo a la escala de Tanner, mecanismo utilizado por nuestros especialistas para estimar la madurez sexual de las personas, las edades de algunas de las personas menores de edad que aparecen en esos archivos oscilan entre los cinco y siete años de edad, y se les observa realizando actos sexuales reales o de exhibicionismo corporal con personas adultas, en una situación de agresión sexual", explicó Godoy.

Derivado de los datos de prueba presentados por esta Fiscalía General de Justicia, un juez de control dictó auto de vinculación a proceso a Sayuri “N” y Víctor “N”, por su probable participación, a título de autores materiales, del delito de trata de personas en su modalidad de pornografía de personas menores de 18 años de edad.

Se fijaron dos meses para el cierre de investigación complementaria y se les ratificó la prisión preventiva oficiosa como medida cautelar, y se encuentran ya en el Reclusorio Sur.

La Fiscal detalló que en el período comprendido entre el 3 y el 16 de septiembre, en el marco de la declaratoria de Violencia de Género, llevaron a proceso a 99 personas acusadas de diversos delitos en contra de mujeres, adolescentes y niñas, como resultado del cumplimiento de 31 órdenes de aprehensión, así como 68 detenciones en flagrancia.

De estas personas, 61 fueron imputadas por violencia familiar; 24 por abuso sexual; siete por violación; cuatro por acoso sexual, mientras que, por feminicidio, trata de personas y contra la intimidad sexual, registramos un caso en cada uno de estos delitos.

También informó sobre otro caso: la Fiscalía Especializada para la Investigación del Delito de Feminicidio formuló imputación en contra de Miguel “N”, a quien detectives de la Policía de Investigación le cumplimentaron orden de aprehensión por su probable participación en el deceso de Areli, su esposa.

Este viernes 23 de septiembre, durante la audiencia de continuación, van a ratificar la imputación y buscarán su vinculación a proceso.

De acuerdo con la investigación realizada por el personal ministerial, policial y pericial, en septiembre de 2019, Miguel “N” probablemente privó de la vida a su pareja sentimental, al agredirla con un arma blanca.

"Lo he dicho y lo reitero: no permitiremos que el feminicidio, el más atroz de los delitos cometidos en agravio de una mujer, quede impune. Todos los días buscamos que la justicia se haga costumbre en esta ciudad", agregó.

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