El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, inició este lunes su quinto mandato de cinco años, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con nuevas sanciones de EU y la Unión Europea (UE) contra dos de sus hijos, allegados y tres instituciones nicaragüenses. 

Ortega y Murillo juraron en el cargo por cinco años más ante el titular de la Asamblea Nacional, el oficialista Gustavo Porras, en una ceremonia oficial celebrada en la Plaza de la Revolución, en Managua, en presencia de los presidentes de Cuba, Miguel Díaz-Canel; de Venezuela, Nicolás Maduro, y de Honduras, Juan Orlando Hernández, y representantes de China, Irán y Rusia, entre otros. 

A la ceremonia acudieron los ex presidentes salvadoreños y nacionalizados nicaragüenses Mauricio Funes y Salvador Sánchez Cerén, así como el ex mandatario guatemalteco Vinicio Cerezo. 

Durante su discurso, el ex guerrillero sandinista, de 76 años y que hoy cumplió 15 años consecutivos en el poder, cargó contra EU y la UE, a los que tildó de "colonialistas criminales y esclavistas". 

El acto de investidura no contó con representantes oficiales de EU ni de los países de la UE, que han calificado de fraudulentos los comicios de noviembre pasado, en los que se impuso Ortega con sus principales contendientes en prisión o en el exilio. 

UE Y EU sanciona a los seguidores de Ortega 

Horas antes de la investidura, la UE aprobó nuevas sanciones contra Camila Antonia Ortega Murillo y su hermano Laureano Facundo, hijos del presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo. 

La UE también sancionó a la presidenta del Consejo Supremo Electoral, Brenda Rocha, a otras cuatro personas cercanas al régimen y a tres entidades del país. 

Los Estados miembros aprobaron las sanciones al considerar que las personas y las entidades afectadas cometieron "serias violaciones contra los derechos humanos" y por haber apoyado las elecciones "fraudulentas" de noviembre pasado. 

Las medidas restrictivas se aplican también contra la Policía Nacional de Nicaragua, el Consejo Supremo Electoral y el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor). 

Por su lado, Washington anunció nuevas sanciones contra seis cargos del gobierno de Nicaragua y vetó la entrada en su territorio de 116 personas que considera "cómplices de socavar la democracia" nicaragüense. 

Las sanciones afectan entre otros a la ministra de Defensa, Rosa Adelina Barahona; al jefe del Estado Mayor del Ejército, Bayardo Rodríguez; al general de brigada Bayardo Pulido; dos directivas de Telcor, y un cargo de la Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas). 

El Departamento del Tesoro los sanciona por los "actos estatales de violencia" contra la oposición política y las manifestaciones, que han dejado desde 2018, asegura, más de 300 muertos, 2 mil heridos y el encarcelamiento de "cientos de actores políticos y de la sociedad civil". 

En el caso de la directora general y directora general adjunta de Telcor -Nahima Díaz Flores y Celina Delgado Castellón, respectivamente-, el Departamento del Tesoro las penaliza por "desinformación y persecución de medios independientes". 

En paralelo, el Departamento de Estado impuso restricciones de visado a "116 individuos que son cómplices de socavar la democracia en Nicaragua, incluidos alcaldes, fiscales y administradores de universidades, así como funcionarios de Policía, prisiones y de defensa". 

Protestas en medio del exilio 

 En tanto, diversas organizaciones opositores y nicaragüenses en el exilio se manifestaron en Costa Rica y en España en contra de la investidura de Ortega, bajo el lema "Nicaragua no tiene Gobierno ni poderes legítimos del Estado". 

El lema "Ortega ilegítimo" fue el principal mensaje que motivó a esas manifestaciones, así como la exigencia de liberación de "los más de 170 presos políticos" de las cárceles del país, "justicia para los desaparecidos desde 2018" y el respeto de los derechos humanos de los nicaragüenses. 

Ortega, que gobierna sin contrapesos desde 2012, permanece en el poder desde 2007 tras haber coordinado una Junta de gobierno de 1979 a 1985 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990. El líder sandinista, cuyo nuevo mandato no ha sido reconocido por el grueso de la comunidad internacional, podrá permanecer en el cargo hasta enero de 2027 y cumplir 20 años seguidos en el poder, un caso inédito en la reciente historia de Nicaragua y en la América Latina actual.

El gobierno de Nicaragua, del régimen de Daniel Ortega, rompió las relaciones diplomáticas con Ecuador tras el asalto a la embajada mexicana en Quito.

En un comunicado, indicó que "el Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional de Nicaragua Bendita y Siempre Libre, se pronuncia en absoluto rechazo y condena a la barbarie política neofascista del Gobierno de Ecuador, cuyo admirable Pueblo merece, como siempre, todo nuestro Cariño, Respaldo y Solidaridad".

Añadió que "condenamos y rechazamos esta violación flagrante del Derecho Internacional que vemos repetirse desde Gobernantes corruptos y serviles a los Imperios".

"Ante la insólita y repudiable acción realizada esta madrugada en Quito, por Fuerzas que deberían resguardar el Orden y la Seguridad de l@s Ciudadan@s ecuatorian@s y sus Vidas, nuestra contundente, enfática e irrevocable repulsa, que convertimos en nuestra Decisión Soberana de romper toda relación diplomática con el Gobierno ecuatoriano, a la par que manifestamos, una vez más, nuestra cálida y consecuente consideración al querido Pueblo ecuatoriano, que vive tiempos de inconcebible brutalidad, y ratificamos, una vez más, nuestro apego al Derecho Internacional y a las Convenciones que rigen las relaciones civilizadas entre Estados y Gobiernos del Mundo", agregó en el comunicado.

Añadió que "el 1 de septiembre de 2020 habíamos retirado nuestra Embajada en Quito y con este pronunciamiento formalizamos la ruptura de toda relación diplomática".

El gobierno de Ortega también emitió "nuestra solidaridad y acompañamiento, en cualquier acción legal que de esto se derive, al Presidente y Gobierno de México, Don Andrés Manuel López Obrador".

La policía de Ecuador irrumpió el viernes por la noche en la embajada de México en Quito y detuvo al exvicepresidente Jorge Glas, refugiado desde diciembre en la legación, lo que derivó en la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países

México exigió este sábado "garantías" para que su personal diplomático salga de Ecuador, tras el asalto policial a su embajada en Quito.

Las autoridades vaticanas recibieron en Roma al obispo católico Rolando Álvarez y otros 18 religiosos tras su excarcelación en Nicaragua.

Álvarez, condenado a 26 años de prisión por conspiración y otros delitos, es una de las figuras religiosas más críticas del ejecutivo de Daniel Ortega y su vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo.

El documento emitido el domingo por el gobierno nicaragüense contiene los nombres de los 19 sacerdotes excarcelados y desterrados de Nicaragua, incluido el de Álvarez, y según se indica “el viaje hacia el Vaticano de dos obispos, quince sacerdotes y dos seminaristas” se concretó gracias a las “muy respetuosas y discretas coordinaciones realizadas” a través del papa Francisco y de la Secretaría de Estado de la Santa Sede.

El sitio web oficial de noticias Vatican News confirmó que los religiosos habían llegado a Roma el domingo por la tarde y eran “huéspedes de la Santa Sede”.

Rolando Álvarez, obispo de Matagalpa, al norte del país, era la voz más crítica de la Iglesia católica que aún permanecía en Nicaragua. Fue encerrado en la cárcel Modelo de Managua y condenado por “conspiración” propagar noticias falsas, obstrucción de la justicia y desacato a la autoridad, tras negarse a ser deportado a Estados Unidos junto a 222 opositores excarcelados y desterrados hace casi un año.

Como parte de la condena, también se le retiró la nacionalidad nicaragüense.

Previamente estuvo privado de libertad desde agosto de 2022, cuando la policía estableció un cerco en torno a su Diócesis de Matagalpa, a unos 130 kilómetros al norte de Managua.

El obispo auxiliar de Managua, monseñor Silvio Báez, exiliado en Miami desde 2019, había comunicado más temprano la noticia de la excarcelación y destierro en una misa en la iglesia de Santa Agatha.

Báez, que mantiene comunicación permanente con Nicaragua desde que salió del país, dijo que obtuvo la información “desde esta mañana, tanto desde Roma como de Washington y desde Managua”.

El comunicado gubernamental mencionó como un reconocimiento las posibilidades de “diálogo franco, directo, prudente y muy serio” con la jerarquía de la Iglesia católica.

Nicaragua califica a la Iglesia como “una mafia” y a los obispos como “demonios con sotana"

Con anterioridad, el gobierno de Nicaragua ha calificado a la Iglesia como “una mafia” y a los obispos como “demonios con sotana”, después de acusarlos de haber apoyado la rebelión social de 2018, que puso en jaque a la administración sandinista con protestas multitudinarias durante varios meses.

Con la voz quebrada por la emoción, el obispo Báez agradeció al papa Francisco “por su interés, su cercanía y su cariño por Nicaragua” y a “la eficacia de la diplomacia vaticana”.

“Lo cuento con profunda alegría”, señaló el prelado. “La dictadura sandinista criminal de Daniel Ortega no ha podido contra el poder de Dios”, agregó tras asegurar que los religiosos ya aterrizaron en el aeropuerto Fiumicino de Roma “y han sido acogidos por la Santa Sede”.

Agregó que todo ocurrió después “de haber orado incesantemente” por la liberación de Álvarez y de los demás religiosos “injustamente secuestrados” desde hace casi un mes.

Por su parte el presbítero Uriel Vallejos, párroco de Sébaco (norte) y exiliado en Estados Unidos, informó del destierro muy temprano en su cuenta de X.

“Los Ortega-Murillo, quiere dejar sin sacerdotes a Nicaragua. Otro avión lleno de pastores del pueblo al exilio. Viva Nicaragua libre!! Viva la Iglesia Católica!! Vivan los curas exiliados!! Vivan los exiliados!!”, escribió Vallejos.

La lista de los expulsados de Nicaragua incluye al obispo de Siuna (noreste), a monseñor Isidoro Mora y a varios sacerdotes que son autoridades en la Arquidiócesis de Managua, como los vicarios Silvio Fonseca, Miguel Mántica y Carlos Avilés.

Los demás religiosos desterrados fueron identificados en el comunicado como Óscar José Escoto, Jader Danilo Guido, Pablo Villafranca, Héctor Treminio, Marcos Díaz, Fernando Calero, Mykel Monterrey, Raúl Zamora, Gerardo Rodríguez, Ismael Serrano, Jader Hernández y José Gustavo Sandino, así como los seminaristas Alester Sáenz y Tony Palacios.

Ésta es la segunda expulsión de sacerdotes que estaban encarcelados en Nicaragua. El 18 de octubre pasado, el gobierno de Ortega desterró a 12 curas tras una negociación con el Vaticano, según se informó oficialmente en Managua.

A inicios de este año, el papa Francisco expresó su inquietud por la “preocupante situación de Nicaragua” y por la “crisis que se prolonga desde hace tiempo con dolorosas consecuencias para toda la sociedad nicaragüense, en particular para la Iglesia católica”. También hizo un llamado a “un diálogo diplomático respetuoso”.

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El Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua canceló la personalidad jurídica al partido indígena miskito Yatama de cara a las elecciones regionales del próximo año en la Costa Caribe del país, denunció este miércoles ese colectivo a través de sus redes sociales.

La cancelación de la legalidad del partido indígena Yapti Tasba Masraka Nanih Aslatakanka (Yatama, que significa "hijos de la madre tierra" en lengua miskita) se da en el marco del arresto de sus dos principales líderes, el diputado Brooklyn Rivera y su suplente, Nancy Elizabeth Henríquez James.

También sucede después de que Yatama exigiera la liberación de los diputados indígenas, pidiera a la comunidad internacional "interceder" por las comunidades originarias y denunciara que esos arrestos forman parte de una estrategia que planifica el partido de gobierno, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), para sacar "ventaja en la próxima contienda electoral regional autónoma" prevista a efectuarse en marzo de 2024.

"Adjunto con el presente oficio Certificación de la Resolución del Consejo Supremo Electoral de las dos de la tarde del día 3 de octubre del año 2023 constituida de un folio útil, en el que se le cancela la personalidad jurídica al partido regional Yatama. Sirva la presente de notificación suficiente para todos los efectos de ley”, dice la notificación firmada por el director general de la oficina de atención a Partidos Políticos del CSE, Julio Acuña.

Yatama se define como "la única fuerza política competente y de masa en la cual confían las comunidades indígenas" de la Costa Caribe de Nicaragua.

La detención de sus principales líderes se dio el viernes (Rivera) y el domingo pasados (Henríquez James) y fue la antesala para el despojo legal de su partido, denunció el colectivo.

🔴 Cancelación de personería jurídica.

El CSE de la dictadura Ort-Murillo notificó la cancelación de personería jurídica del partido Indígena Yatama, sin dar explicaciones sobre el hecho arbitrario.
Esto se suma a la detención de dos miembros del partido. pic.twitter.com/16MVyycS6V

— Activismo Ciudadano en Resistencia (@ACR_Nic) October 4, 2023

Yatama, un partido regional y antiguo aliado de los gobernantes sandinistas en la Asamblea Nacional (Parlamento), ha exigido además a las autoridades "cesar toda violación sistemática y persecución política a los líderes indígenas" y "desocupar inmediatamente la toma policial ilegal y (permitir) la reanudación de la radio emisora comunitaria".

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto a su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión.

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El Gobierno de Nicaragua que preside Daniel Ortega congeló las cuentas bancarias de al menos tres de las nueve diócesis de la Iglesia católica nicaragüense, denunciaron este sábado fuentes eclesiásticas.

Las diócesis con sus cuentas bancarias restringidas son las de Managua, que preside el cardenal Leopoldo Brenes, y las de Matagalpa y Estelí, a cargo del obispo encarcelado Rolando Álvarez, quien en febrero pasado fue condenado a más de 26 años de prisión por delitos considerados "traición a la patria", dijeron a EFE fuentes religiosas.

El cardenal Brenes, también arzobispo de Managua, dijo al portal Expediente Público que no podía confirmar el congelamiento de las cuentas bancarias de las diócesis y que de momento están "viendo cómo resolver la situación".

Por su lado, el presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, obispo Carlos Herrera, dijo a la plataforma Despacho 505 que han recibido informaciones sobre los inconvenientes con las cuentas bancarias de las diócesis, pero que no han sido notificados de forma oficial.

Transferencias denegadas

La investigadora nicaragüense exiliada Martha Patricia Molina publicó capturas de pantallas sobre intentos de transferencias bancarias a las cuentas de la Arquidiócesis de Managua, sin éxito.

"Verifique que la cuenta ingresada esté correcta e intente de nuevo", "Su transferencia no ha podido realizarse", "Cuenta no válida", son, entre otros, los mensajes que se leen al intentar hacer una transferencia en las cuentas de la Arquidiócesis de Managua, según Molina.

De momento ni el Gobierno ni la banca privada se han referido a la restricción de esas cuentas bancarias de las diócesis, ni a la detención de tres sacerdotes en esta semana.

Hace dos días, la Policía Nacional informó de que investiga al sacerdote Jaime Montesinos por cometer actos que menoscaban la independencia, la soberanía y la autodeterminación de la nación, de conformidad con el artículo 1 de la Ley de Defensa de los Derechos del Pueblo a la Independencia, la Soberanía, la Autodeterminación y la Paz.

El religioso es párroco de la iglesia Juan Pablo II del municipio de Sébaco, departamento de Matagalpa, la diócesis que dirige el obispo Álvarez.

La Policía también investiga a otros dos sacerdotes por "asuntos administrativos" de la disuelta Cáritas Diocesana de Estelí, norte de Nicaragua, que también administra Álvarez.

Acallar a la iglesia

Para el dirigente opositor nicaragüense desnacionalizado Félix Maradiaga, "el bloqueo de las cuentas bancarias de varias diócesis de la Iglesia católica en Nicaragua es un acto extremo de agresión y de persecución a la Iglesia".

"Es, además, una declaración explícita de las verdaderas aspiraciones de la dictadura: callar y disolver por completo la voz e incluso la presencia, de una institución que, por su peso moral en Nicaragua, es un obstáculo en los planes de los Ortega-Murillo, de consolidar una dictadura dinástica", advirtió Maradiaga a través de una declaración pública.

"Ya es hora de que la comunidad internacional pase a la fase de desconocimiento absoluto del régimen", agregó.

Las relaciones del Gobierno de Ortega y la Iglesia católica viven ahora momentos de gran tensión, marcadas por la expulsión y encarcelamiento de sacerdotes, la prohibición de actividades religiosas, y la suspensión de sus relaciones diplomáticas.

El papa Francisco tildó de "dictadura grosera" al Gobierno sandinista en una entrevista con Infobae, señalando "un desequilibrio de la persona que dirige" el país centroamericano.

Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se ha acentuado tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio.

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El gobierno de Nicaragua ha cometido violaciones "graves y sistemáticas" contra un segmento de su población que equivalen a crímenes de lesa humanidad, dijo el jueves un equipo de expertos en derechos humanos designado por Naciones Unidas, que pidió que se implementen sanciones internacionales.

El panel de tres expertos dijo que el gobierno ha cometido y continúa perpetrando actos de tortura, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias desde 2018.

El informe nombra al presidente Daniel Ortega y a la vicepresidenta Rosario Murillo como partícipes de las violaciones y pide acciones legales internacionales y sanciones contra los involucrados.

"El objetivo (del gobierno) es eliminar por diferentes medios cualquier voz opositora o disidente en el país", dijo a periodistas Jan Simon, presidente del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua, en rueda de prensa, y añadió que la administración en Nicaragua está "armando las funciones del Estado contra la población".

"Esto ha provocado que la población nicaragüense viva con miedo", sostuvo.

La misión diplomática de Nicaragua en Ginebra no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre los hallazgos del informe.

El grupo de expertos dijo que envió 12 cartas al gobierno desde que comenzó a trabajar hace un año, así como el informe final, pero nunca recibió una respuesta.

Ortega, que ahora tiene 77 años, llegó al poder por primera vez como líder del movimiento guerrillero sandinista que derrocó a la dictadura de Somoza en una revolución de la década de 1970.

Estuvo dentro y fuera de la presidencia a lo largo de los años, pero volvió a tomar el poder en 2007 y ha gobernado desde entonces. Grupos de derechos humanos y de oposición han acusado durante mucho tiempo a su gobierno de reprimir severamente las libertades cívicas y a sus oponentes para ganar las elecciones y mantener el control del país.

Las fuerzas de seguridad mataron a más de 300 personas en protestas antigubernamentales en 2018.

Consultados sobre la magnitud de los abusos, los expertos dijeron que habían documentado más de 100 casos de ejecuciones, cientos de casos de tortura y detención arbitraria, y miles de casos de persecución política.

Simon dijo que la situación en Nicaragua corre el riesgo de empeorar y advirtió que se avecina una "crisis humanitaria".

"Estamos muy preocupados por la situación actual", dijo. "Esperamos sinceramente que este informe pueda contribuir a prevenir una mayor espiral de violaciones y abusos sistémicos".

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