El presidente de Perú, Pedro Castillo, anunció el lunes que reemplazará a su primera ministra Mirtha Vásquez y reorganizará su gabinete de izquierda moderada, en una nueva crisis en la gestión del mandatario que buscará a su tercer equipo de gobierno a poco más de medio año de mandato.

La decisión se produce horas después de la renuncia del ministro de Interior, Avelino Guillén, que gozaba del apoyo de la primera ministra en su intención de renovar a oficiales de alto rango de la policía acusados de presunta corrupción.

"Como siempre he anunciado en mis intervenciones, el gabinete está en constante evaluación. Por tal motivo, he decidido renovarlo y conformar un nuevo equipo", dijo Castillo en Twitter. "Seguiremos por el camino del desarrollo por el bien del país", agregó.

Castillo había anunciado en la noche del domingo que aceptaba la renuncia de Guillén, junto a la destitución del comandante de la policía nacional, Javier Gallardo, en medio de disputas por el relevo y ascensos de cargos clave de esa fuerza.

No esta claro si Castillo, que asumió funciones a fines de julio y había designado a Vásquez en octubre, ratificará a algún ministro de los 19 funcionarios que conforman su gabinete de ministros.

El ministro de Economía, Pedro Francke, había mostrado más temprano su respaldo al renunciante Guillén.

"Expreso toda mi solidaridad con Avelino Guillén, un paladín en la defensa de los derechos humanos. En el gabinete ha sido un puntal en la lucha contra la corrupción", afirmo Francke por Twitter. "Estoy seguro de que nos seguiremos encontrando en la lucha por un país mejor" refirió el ministro.

Riesgos en corto plazo

Vásquez calmó a los inversionistas tras dos meses de fuerte incertidumbre, que envió a la moneda local a mínimos históricos en medio de la preocupación por el rumbo de la economía del segundo mayor productor mundial de cobre.

En su carta de renuncia difundida por Twitter, la ahora exprimera ministra afirmó que decidió dejar el cargo "ante la imposibilidad de lograr consensos en beneficio del país".

El cambio del gabinete de ministros se producirá en medio de choques de Castillo con un Congreso dominado por la oposición y que ya intentó sin éxito iniciar un proceso de destitución del mandatario alegando incapacidad moral para gobernar.

Asimismo, el clima político se ha caldeado por protestas contra el sector minero e investigaciones fiscales sobre presunta corrupción y tráfico de influencias en el entorno del gobierno.

"Esto debería elevar la percepción de riesgo en el corto plazo", dijo el exministro de Economía Alonso Segura, sobre el anuncio de una renovación del gabinete.

"Dos variables van a ser determinantes. La primera, que tan rápido designe y como se perciba al nuevo gabinete", afirmó. "Segundo, cual sea la posición de las bancadas en el Congreso, si hay un nuevo intento de vacancia (destitución)", agregó.

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El canciller Marcelo Ebrard afirmó que no pretenden escalar el conflicto con Perú; sin embargo, señaló que no pueden entregarle la presidencia pro tempore de la Alianza del Pacífico al gobierno de Dina Boluarte, ni a otro país, en tanto no exista un acuerdo entre los miembros.

Además, rechazó que se vaya a llamar a rendir cuentas al representante del gobierno peruano en México, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador fue declarado persona non grata por el Congreso.

"No pretendemos escalar el conflicto en Perú. Pero lo que es un hecho es que el presidente electo de Perú está preso. Aparte, hay graves violaciones a los derechos humanos", subrayó en entrevista con medios de comunicación.

Al término del Segundo Encuentro de Empresas de Producción, precisó que para entregar la presidencia de la Alianza del Pacífico debe existir un consenso entre todos los integrantes.

La alianza está conformada por México, Chile, Colombia, Perú y próximamente, Singapur.

"El tema de Perú es que hay una interrupción en la vida política del país. Recientemente Chile dijo 'sería bueno que ya se resolviera eso'. Pues sí, pero tenemos que ver que haya un acuerdo de todos los países. Ahorita estamos como en un paréntesis, a ver cómo se resuelve por parte de las y los peruanos su situación.

Niega asperezas con Mario Delgado

El canciller también negó tener asperezas con el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, ante la falta de respuesta a sus propuestas para la elección del candidato o candidata a la presidencia.

El funcionario reconoció que no habló con el líder morenista durante su visita a Coahuila, para un evento de campaña de Armando Guadiana, por falta de tiempo.

En tanto, insistió en la necesidad de que los aspirantes a ser el candidato de Morena la presidencia se separen de sus cargos antes de la realización de la encuesta.

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La Fiscalía de Perú ratificó este martes ante un juez supremo su pedido de 36 meses de prisión preventiva contra el expresidente Pedro Castillo, al que acusa de presuntamente liderar una organización corrupta durante su gobierno (2021-2022).

La fiscal Galinka Meza presentó estos argumentos ante el juez supremo Juan Carlos Checkley durante la vista del pedido para que se emita una nueva orden de prisión preventiva contra el exgobernante, quien se presentó a la audiencia, que se celebra de manera virtual, acompañado por su abogado, Eduardo Pachas.

Castillo ya purga 18 meses de prisión preventiva desde el pasado 16 de diciembre, cuando se dictó esa medida mientras lo investigan por los delitos de rebelión y conspiración por haber intentado dar un autogolpe de Estado el 7 de diciembre.

Organización criminal comenzó en segunda vuelta de las elecciones presidenciales, afirma

Durante la audiencia de este martes, la fiscal señaló que a Castillo se le considera presunto autor del delito contra la tranquilidad pública en la modalidad de organización criminal, de tráfico de influencias y como cómplice del delito contra la administración pública, en la modalidad de colusión simple.

La fiscal agregó que esto fue "agravado por su condición de líder" y que la presunta organización criminal comenzó a gestarse cuando Castillo pasó a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales, en junio de 2021.

En ese momento, sostuvo, el todavía candidato se vinculó con personas que prestaron bienes muebles e inmuebles a su equipo de campaña y luego "vendrían a conformar el gabinete en la sombra".

Meza dijo que la presunta organización tenía una "estructura vertical, con un líder al que se le tenía que ejecutar todas las disposiciones que él pudiera sindicar" y que esta posición "era presuntamente asumida por Pedro Castillo".

El "propósito era captar el poder, copar entidades estatales y obtener ganancias ilícitas con licitaciones", dijo.

A decir a la Fiscalía, una segunda etapa se dio cuando Castillo ganó la segunda vuelta "antes de que asuma la Presidencia" y la organización "buscó copar las instituciones del Estado con la finalidad de direccionar los procedimientos de contratación pública".

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Perú cerró el sábado por tiempo indefinido el ingreso a la ciudadela inca de Machu Picchu alegando motivos de seguridad ante las protestas que piden la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, que dejan ya 46 muertos.

"Se ha dispuesto el cierre a la red de caminos inca y a la llaqta (ciudadela) de Machu Picchu ante la coyuntura social y en salvaguarda de la integridad de los visitantes", informó el ministerio de Cultura y señaló que la medida regirá "hasta nuevo aviso".

El gobierno de Boluarte tomó esta decisión luego de que el servicio ferroviario desde la ciudad de Cusco hasta Machu Picchu se suspendiera por daños a la vía férrea presuntamente provocados por manifestantes.

Al menos 400 turistas quedaron varados en Aguas Calientes/MachuPicchu, el pueblo al pie de la montaña de la urbe de piedra incaica que es una joya turística de Perú.

El ferrocarril es el único medio de transporte a la ciudadela, ya que no existe vía de transito de vehículos que la conecte con Cusco, ubicada a 110 kilómetros. 

Los turistas "no pueden salir porque la vía férrea ha sufrido daños en distintos puntos", dijo el viernes el ministro de Turismo, Luis Fernando Helguero.

Algunos, indicó, "optaron por caminar hasta Piscacucho pero eso toma seis horas y pocos pueden hacerlo".

Un muerto en enfrentamientos; queman comisaría

Un manifestante que estaba gravemente herido desde el viernes por la represión policial en las protestas en Ilave, región Puno, en el sur de Perú, falleció este sábado informó la Defensoría del Pueblo.

"Tenemos una persona fallecida en Ilave por las protestas del viernes. Es un poblador herido que estaba siendo trasladado al hospital de Puno, pero llegó cadáver", dijo a la AFP Jacinto Ticona, Defensor del Pueblo de Ilave.

"Invocamos a la policía no haga uso desproporcional de la fuerza", agregó en un intento de poner coto a la brutalidad policial, evidente según múltiples imágenes difundidas en redes y medios locales.

La represión de las protestas del viernes en Ilave, desató la cólera de la población que incendió la comisaría al amanecer del sábado, de acuerdo a diversos medios de la región Puno.

Los enfrentamientos entre pobladores aymaras y fuerzas de seguridad en esa ciudad dejaron además 10 heridos, indicaron fuentes hospitalarias.

Imágenes viralizadas en las redes sociales muestran a policías que disparan al cuerpo de manifestantes en la plaza principal de Ilave, una pequeña ciudad a 3 mil 800 metros de altitud, cercana al lago Titicaca en la frontera con Bolivia.

Otra comisaría en Puno, en el distrito de Zepita, había sido también quemada el viernes, sin causar víctimas. 

Desalojo de campus universitario en Lima

En Lima mientras tanto, la policía ingresó masivamente a la fuerza a la Universidad de San Marcos rompiendo una enorme reja con un vehículo antimotines y detuvo a decenas de manifestantes indígenas y estudiantes que ahí pernoctaban.

Estudiantes y organizaciones de derechos humanos acudieron a la sede universitaria a rechazar la intervención policial.

"Tengo familiares aquí dentro (...) no sabemos qué les puede pasar. No sé de que se les acusa", dijo a la AFP Luz María Ramirez, de 62 años, quien llegó desde Andahuaylas, epicentro de las movilizaciones en diciembre.

El gobierno peruano alega que las marchas son promovidas por movimientos y grupos sociales radicales de izquierda que han movilizado a camespinos indígenas del sur.

Las protestas en Perú desde la destitución y detención del predecesor de Dina Boluarte, Pedro Castillo, a principios de diciembre, dejan al menos 45 civiles y un policía muertos y han llevado al gobierno a imponer el Estado de emergencia en un tercio de las regiones del país, incluyendo la capital Lima y zonas del norte y sur.

El Congreso de Perú aprobó una moción parlamentaria en rechazo a "los constantes actos de intromisión en los asuntos internos" del país andino por parte de los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador, y de Colombia, Gustavo Petro.

La moción fue aprobada con 61 votos a favor, de entre 130 parlamentarios con los que cuenta el Congreso peruano y se produce días después de que ambos mandatarios, junto a los de Bolivia, Luis Arce, y Argentina, Alberto Fernández aseguraran que el exmandatario Pedro Castillo es "objeto de un tratamiento judicial (...) violatorio" y pidieran que se respete la "voluntad ciudadana" expresada en las urnas por el pueblo peruano. 

La moción plantea "expresar el rechazo a los constantes e inaceptables actos de intromisión en los asuntos que son de la jurisdicción interna de Perú por parte" de López Obrador y Petro "en perjuicio de la República del Perú".

También consideran que sus declaraciones constituyen "una violación al derecho internacional en perjuicio" de Perú y exhortan al Ministerio de Relaciones Exteriores "a que eleve la presente moción" al embajador mexicano en Lima, Pablo Monroy, que fue expulsado del país por el gobierno de la presidenta Dina Boluarte.

También pidieron que la Cancillería lleve la moción aprobada al embajador de Colombia en Perú, Eufracio Morales.

El pasado 15 de diciembre, el gobierno peruano llamó a consultas a sus embajadores en México, Colombia, Argentina y Bolivia, por lo que considera una injerencia en sus asuntos internos por dichos países, al cuestionar la sucesión presidencial en Perú.

El primer ministro peruano, Alberto Otárola, pidió seis días después a López Obrador que "pare de referirse a Perú", horas después de que el mandatario dijera que el Ejecutivo del país andino es "muy cuestionado" por "optar por la represión". 

"Hacemos un llamado a que el señor López pare de referirse al Perú, porque hemos conseguido con mucho esfuerzo que nuestro país esté en paz y no vamos a permitir que personas que no tienen ninguna relación con el gobierno de Perú puedan manifestarse causando incesante intromisión en los asuntos de Perú", dijo Otárola en una rueda de prensa.

López Obrador había dicho en su conferencia de prensa diaria que el Ejecutivo peruano es "muy cuestionado en su conjunto por su proceder, sobre todo por optar por la represión y no buscar al conflicto de Perú una salida mediante el diálogo y con el método democrático de convocar a elecciones lo más pronto posible para evitar que haya una situación de inestabilidad política".

El mandatario mexicano consideró que, esta inestabilidad, afecta "fundamentalmente al hermano pueblo de Perú".

"Sabemos distinguir muy bien entre lo que es el pueblo de Perú, un pueblo hermano, y la actitud de la llamada clase política, de los grupos de poder económico y político del Perú que son los que han mantenido esta crisis en ese país por sus ambiciones personales, sus intereses económicos", subrayó.

El gobierno mexicano ha dado asilo a la esposa e hijos del expresidente Pedro Castillo, así como al exmandatario, quien se encuentra preso en Lima tras su fallido autogolpe de Estado. El gobierno de Perú respondió expulsando al embajador de México, Pablo Monroy.

Durante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIHD), familiares del ex presidente Pedro Castillo, quien cumple una condena de 18 meses de prisión preventiva en una prisión de Lima, comentaron que éste se encuentra "delicado de salud".

​Vilma Vásquez, una de las sobrinas de Castillo, dijo que les informó a representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) "sobre la injusticia que se está cometiendo" contra el expresidente de 53 años.

"Está delicado de salud, le hablo por lo que he visto", dijo Vásquez a periodistas luego de la reunión, junto a otros familiares del ex mandatario izquierdista, con los miembros de la CIDH en un hotel el distrito residencial de San Isidro.

Vásquez refirió que los familiares del ex mandatario están sufriendo persecución, aunque no identificó quienes los acosan. "Pedimos que haya justicia y que sea muy transparente todo".

Castillo, que gobernó el país casi 17 meses, fue destituido y arrestado el 7 de diciembre luego de anunciar en un mensaje a la nación que iba a disolver el Congreso y reorganizar el Poder Judicial, en una acción fuera del orden constitucional.

Este hecho gatilló fuertes protestas pidiendo principalmente elecciones anticipadas, que en casi dos semanas han dejado al menos 22 muertos, según las autoridades.

El ex mandatario se encuentra recluido en un penal dentro de una base policial, ubicado al este de la ciudad de Lima, donde también se encuentra ex presidente Alberto Fujimori que cumple una condena de 25 años por abusos a los derechos humanos.

Castillo ha negado las acusaciones en su contra de "rebelión y conspiración" y en un mensaje por Twitter hace unos días solicitó a la CIDH que "interceda" en su caso.

Una misión de la CIDH está en Lima desde el martes y se ha reunido con representantes de organismos políticos, sociales, del Gobierno y el Congreso para recoger información sobre la crisis.

La esposa de Castillo y sus dos hijos menores llegaron el miércoles a México, cuyo gobierno les otorgó asilo, una decisión que ha generado una crisis diplomática con Perú.

El gobierno de la nueva presidenta peruana, Dina Boluarte, anunció esta semana la expulsión del embajador mexicano en Lima. Antes había llamado en consulta a sus embajadores en México, Colombia, Argentina y Bolivia, países gobernados por líderes de izquierda que han mostrado su apoyo a Castillo.

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