México ha recibido hasta ahora el apoyo, bajo la figura de amicus curiae (amigos de la corte), de funcionarios estatales y federal, entre los que están 14 procuradores estatales y 25 fiscales de distrito de prácticamente todo Estados Unidos, con el fin de fortalecer su demanda en contra empresas fabricantes de armas por comercio negligente en una corte de ese país. 

Con el escrito de amicus curiae, los procuradores y fiscales estadunidenses respaldan públicamente a México ante las mociones de desestimación que han presentado los equipos legales de las empresas fabricantes de armas. 

En un acto que resulta simbólico, Maura Healey, procuradora general de Massachusetts, es quien encabezó la petición de amicus curiae por parte del grupo de procuradores estatales ante la corte en Boston donde desde agosto está alojada la demanda del gobierno mexicano. 

California, Connecticut, Delaware, el Distrito de Columbia, Hawai, Illinois, Maryland, Michigan, Minnesota, Nueva Jersey, Nuevo México, Nueva York y Oregón son los otros estados que han presentado su apoyo a México a través de sus procuradurías estatales. 

En el escrito los procuradores explican a la Corte por qué la interpretación de las empresas demandadas de la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés), se desvía del texto llano del estatuto, de la intención del Congreso al promulgar esa ley, y de las normas de construcción estatutaria fundamentales para nuestro sistema federal de gobierno. 

“En particular, explicamos que el PLCAA preserva el derecho de los demandantes a ejercitar acciones alegando violaciones conscientes de los estatutos estatales aplicables a la venta o comercialización de armas de fuego, incluyendo los estatutos de protección al consumidor de aplicación general”, se lee en el texto. 

Países y organizaciones también se vuelven 'amigos de la Corte' 

Respaldando a México como amigos de la corte, se han sumado países como Belice, Antigua y Barbuda, así como Bermudas además de algunas organizaciones de la sociedad civil, expertos en derecho internacional sobre aplicación de leyes en casos de daños transfronterizos y víctimas del impacto de la violencia armada generada por el tráfico ilícito de armas.

Algunas de las organizaciones que se han sumado a México en su demanda en contra de las principales empresas fabricantes de armas por comercio negligente son Giffords, una asociación civil con sede en Estados Unidos dirigida por la ex legisladora demócrata Gabrielle Giffords, y Everytown for Gun Safety (Cada Pueblo para la Seguridad de Armas), que cuenta con cerca de ocho millones de simpatizantes. 

Por la tarde, la defensa de México encabezada por el consultor jurídico de la secretaría de Relaciones Exteriores, Alejandro Celorio, y el abogado estadunidense especializado en este tipo de casos, Steve Shadowen, presentaron la respuesta a los argumentos iniciales de las defensas de las empresas armeras donde piden denegar la petición conjunta y cada una de las peticiones por separado que han hecho las empresas demandadas. 

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La tarde del martes, se recibió un reporte en el Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo (C5) en el que se informaba que, en un plantel educativo ubicado en el cruce del bulevar Tecnológico y la avenida Reforma, en la colonia Praderas del Ciprés de Ensenada, presuntamente un alumno portaba un arma de fuego. Ante esta denuncia, las autoridades acudieron de inmediato al lugar.

Al llegar, los oficiales se entrevistaron con el director de la institución, quien los acompañó hasta el área donde se encontraba el estudiante señalado. En presencia de los oficiales, el alumno mostró sus pertenencias al directivo, y tras la revisión, se constató que no portaba ningún tipo de arma de fuego ni objetos peligrosos.

Por solicitud del directivo, se llevó a cabo una inspección preventiva de las mochilas, así como del interior y exterior de las aulas, sin que se detectara ningún objeto que representara un riesgo o que pudiera ser un arma.

Tras verificar que no existía ninguna amenaza ni novedad, los oficiales se retiraron del lugar, manteniendo la disposición de brindar apoyo ante cualquier eventualidad.

La autoridad escolar y policial reiteraron la importancia de mantener la calma y reportar cualquier situación sospechosa para garantizar la seguridad de la comunidad educativa.

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Elementos de la Policía Municipal de Tijuana, en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Guardia Nacional y Fuerza Estatal de Seguridad Ciudadana (FESC), aseguraron a tres hombres, dos de ellos menores de edad, en posesión de un arma de fuego y diversos envoltorios con sustancias ilícitas.

Durante un recorrido de vigilancia, se recibió vía Central de Radio un reporte que alertaba sobre la presencia de personas armadas en la colonia Las Cumbres. Al arribar al lugar, los oficiales observaron a tres individuos en la orilla de un cerro, quienes al notar la unidad emprendieron la huida, solicitándose de inmediato el apoyo del Grupo de Coordinación.

Tras un operativo conjunto, fueron asegurados: Andrés Yociel “N”, de 18 años, quien portaba un arma larga tipo fusil, calibre .223 abastecido con 28 cartuchos útiles; Jesús Esteven “N”, de 17 años, a quien se le localizaron 60 envoltorios con una sustancia granulada al parecer ´cristal´; y Jesús Eduardo “N”, de 16 años, quien llevaba en una mochila 38 envoltorios de plástico con hierba verde y seca con las características de la marihuana.

Derivado de lo anterior, los tres fueron asegurados con candados de mano, informándoles sus derechos constitucionales, para posteriormente ser trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, a fin de que se determine su situación jurídica.

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La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en Tamaulipas, logró que un juez vinculara a proceso a Ulises “R” por su posible participación en delitos de portación de arma, posesión de cargadores y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como por delitos contra la salud.

La detención ocurrió en Reynosa, en la colonia Hacienda las Bugambilias, cuando elementos de diversas instituciones, incluyendo la Secretaría de Defensa, Marina, Guardia Nacional, FGR y Policía Estatal, realizaron una revisión a un vehículo en el que encontraron un arma de fuego, tres cargadores, 81 cartuchos, cocaína y marihuana.  

El juez calificó la acto de legal y dictó prisión preventiva oficiosa en CEDES, además de establecer un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

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La Corte Suprema de Estados Unidos escuchaba el martes los argumentos de dos empresas estadounidenses de armas de fuego para desestimar una demanda del Gobierno mexicano, que las acusa de ayudar al tráfico ilegal de armas de fuego a los cárteles de la droga y de fomentar la violencia armada en el vecino del sur de Estados Unidos.

El fabricante estadounidense de armas de fuego Smith & Wesson SWBI.O y el distribuidor Interstate Arms han apelado la decisión de un tribunal inferior de que la demanda podía seguir adelante afirmando que México alegó de forma plausible que las empresas ayudaron e instigaron la venta ilegal de armas, perjudicando al gobierno mexicano. Los argumentos continuaban.

El caso llega a la Corte Suprema en un momento tenso para las relaciones entre Estados Unidos y México, luego de que presidente Donald Trump impuso aranceles a los productos mexicanos y acusó a México de hacer muy poco para detener el flujo de drogas sintéticas como el fentanilo y la llegada de inmigrantes a la frontera.

La cuestión es si la demanda de México debe ser desestimada en virtud de una ley federal de 2005 llamada Ley de Protección del Comercio Legal de Armas, que protege ampliamente a las empresas de armas de la responsabilidad por los delitos cometidos con sus productos, o si la supuesta conducta de las empresas queda fuera de estas protecciones, como consideró el tribunal inferior.

La demanda de México, presentada en Boston en 2021, acusaba a las empresas de armas de violar varias leyes estadounidenses y mexicanas. México afirma que las empresas han mantenido deliberadamente un sistema de distribución que incluía a vendedores de armas de fuego que, a sabiendas, vendían armas a testaferros que luego traficaban con armas a los cárteles en México.

La demanda también acusa a las empresas de diseñar y comercializar ilegalmente sus armas como si fueran de grado militar para aumentar la demanda entre los cárteles, incluso asociando sus productos con el Ejército y las fuerzas de seguridad estadounidenses.

Las empresas de armas han argumentado que no han hecho más que fabricar y vender productos legales.

"Si México tiene razón, entonces todas las fuerzas del orden de Estados Unidos han pasado por alto la mayor conspiración criminal de la historia, que opera delante de sus narices, y Budweiser (fabricante de cerveza) es responsable de todos los accidentes causados por menores de edad, ya que sabe que los adolescentes compran cerveza, conducen borrachos y chocan", dijo a los jueces Noel Francisco, el abogado que defiende a las empresas de armas.

"EL INICIO DEL INICIO"

La tarea de la Corte Suprema es simplemente decidir si el caso puede seguir adelante, dijo a los jueces Catherine Stetson, la abogada que representa a México.

"Estamos al inicio del inicio de este caso. Este tribunal no tiene por qué avalar las alegaciones de México, pero debe asumir que son ciertas", dijo Stetson. "México debe tener la oportunidad de probar su caso".

Francisco citó un principio legal llamado causa próxima que implica cuándo una acción provoca un daño legal, y argumentó que las compañías de armas no eran la causa próxima de los daños reclamados por México.

En su demanda, México debe demostrar que las empresas de armas fueron la causa próxima de sus daños, además de demostrar que las empresas ayudaron e instigaron la venta y comercialización ilegal de armas, para eludir la prohibición general de la ley de 2005 de demandar a las empresas de armas estadounidenses por el uso indebido de sus productos con fines delictivos.

La magistrada liberal Sonia Sotomayor se mostró comprensiva con la teoría mexicana sobre el papel desempeñado por las empresas armamentísticas en el perjuicio jurídico causado al gobierno de México.

"Sabemos que un testaferro va a vender a alguien que va a usar el arma ilegalmente, porque si no fuera así, no usarían al testaferro -y esa conducta ilegal va a causar daño, y daño como este que el arma va a ser usada de alguna manera para lesionar a la gente, ¿correcto?" preguntó Sotomayor a Stetson.

México solicita una indemnización por daños y perjuicios por un importe no especificado y una orden judicial que obligue a Smith & Wesson e Interstate Arms a tomar medidas para "disminuir y remediar la molestia pública que han creado en México".

La mayoría de los 180.000 homicidios con armas en México, un país con estrictas leyes sobre armas de fuego, entre 2007 y 2019 se cometieron con armas traficadas desde Estados Unidos, según los documentos judiciales.

El tráfico de armas de Estados Unidos a México -contando las fabricadas por los acusados y otras empresas- está valorado en más de 250 millones de dólares anuales, según los documentos judiciales.

La demanda detalla que las empresas acusadas "abastecen deliberadamente el mercado ilegal mexicano vendiendo armas a través de un reducido número de distribuidores que saben que venden un gran número de armas de uso delictivo y que venden repetidamente al por mayor a los traficantes de los cárteles", dijo Stetson a los magistrados.

Según la demanda, la violencia armada alimentada por el tráfico de armas de fuego de fabricación estadounidense ha contribuido al declive de la inversión empresarial y la actividad económica en México, y ha obligado a su gobierno a incurrir en costos inusualmente elevados en servicios como la sanidad, las fuerzas de seguridad y el Ejército.

El juez de distrito Dennis Saylor, de Boston, se puso de parte de las empresas de armas en 2022 y desestimó el caso. La Corte de Apelaciones del Primer Circuito de Estados Unidos, con sede en Boston, revocó la decisión de Saylor en enero de 2024 y dictaminó que la demanda podía seguir adelante.

Se espera una decisión a finales de junio.

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En operativo conjunto, elementos de la Defensa Nacional, la Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional (GN), Seguridad Pública y la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) lograron la detención de un ciudadano estadounidense en el Puente Internacional “El Chaparral”. 

Scott Harvey Daniel Lee Thompson, de 41 años, fue interceptado al intentar ingresar a México con un arsenal; tres armas largas, dos armas cortas, 19 cargadores y 2,095 cartuchos útiles de diferentes calibres, además de tres miras telescópicas y un telescopio. 

La detención de Thompson se enmarca dentro de una estrategia de seguridad que busca desmantelar las operaciones de grupos delictivos que operan en la frontera. Según, el armamento asegurado está vinculado a la facción conocida como “Los Rusos”, que actúa en complicidad con el “Cartel del Pacífico”, uno de los grupos criminales más poderosos en el país.