¿Duras medidas contra las maras?: ONU preocupada por régimen de excepción

Bukele dijo que a los pandilleros presos se les ha reducido las raciones de comida

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EFE,  El Salvador, San Salvador, 

Casi una semana y media después de que El Salvador aprobó un paquete de normas para hacer frente a la violencia de las pandillas, la oficina de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos expresó este martes su preocupación por estas medidas excepcionales, señalando presuntos “tratos crueles” contra los pandilleros.

Las reacciones tienen que ver por los malos tratos contra los presos y nuevas medidas para tratar de restringir el libre ejercicio del trabajo periodístico.

"Estamos profundamente preocupados por la serie de medidas introducidas recientemente en El Salvador en respuesta al aumento de los asesinatos de pandillas", señaló la portavoz de la Alta Comisionada Liz Throssell, en una nota de prensa difundida en Ginebra.

El presidente salvadoreño Nayib Bukele impulsó la aprobación en el Congreso (controlado por sus aliados) de las medidas de emergencia, restringiendo las libertades civiles y ampliando los poderes de la policía, como respuesta a una ola de 87 homicidios ocurridos entre el 25 y 27 de marzo.

Estamos profundamente preocupados por la serie de medidas introducidas recientemente en El Salvador en respuesta al aumento de los asesinatos de pandillas

De acuerdo con Throssell, desde que entró en vigor el estado de excepción, el 27 de marzo, fuerzas policiales y del ejército han sido desplegadas en zonas con presencia de pandillas y, "según informes", "recurrieron al uso innecesario y excesivo de la fuerza".

"Algunas" personas detenidas por presuntamente ser parte de una pandilla presuntamente "han sido sometidas a presuntos tratos crueles, inhumanos o degradantes", añadió Throssell.

Esa entidad, que preside la chilena Michelle Bachelet, también alertó sobre las reformas aprobadas la semana pasada para aumentar de 9 a 45 años de prisión la pena máxima por pertenecer a pandillas, y que también fijaron penas más duras para menores que cometan delitos siendo parte de una pandilla.

Denuncias de organizaciones humanitarias

Por otro lado, las organizaciones Cristosal, Servicio Social Pasionista (SSPAS) y la Asociación Azul Originario han recibo al menos 34 denuncias por violaciones a derechos humanos en el marco del régimen de excepción entre el 27 de marzo y 4 de abril.

De acuerdo con Ábrego, 26 de las denuncias tienen que ver con abuso de autoridad y el resto con detenciones arbitrarias e intimidación.

También apuntó que la mayoría de las personas afectas han sido víctimas de agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) y de elementos de la Fuerza Armada.

Las reformas castigan hasta con 15 años de prisión la elaboración de 'cualquier manifestación escrita'

El procurador de Derechos Humanos, Apolonio Tobar, informó el lunes que su oficina ha recibido 67 denuncias de "afectaciones a derechos" bajo el régimen de excepción que vive el país, la mayoría por detenciones arbitrarias.

Para Astrid Valencia, de Amnistía Internacional, los retos en materia de seguridad pública que enfrenta El Salvador demandan acciones estatales, pero "no cualquier acción estatal", sino que tienen que ser "acciones estatales efectivas, necesarias, proporcionales y claramente apegadas a los derechos humanos".

Mordaza a la prensa

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) rechazó este miércoles las recientes reformas al Código Penal y a la Ley de Proscripción de Pandillas, las cuales conllevan la "criminalización del trabajo de los medios y de los periodistas".

En un comunicado, el organismo hemisférico agregó que dichas reformas contravienen "principios constitucionales y tratados internacionales sobre libertad de prensa y sobre el derecho ciudadano a acceder a información relevante y de interés público".

El Salvador cumple unos 11 días bajo régimen de excepción tras una escalada de asesinatos que se cobró la vida de más de 80 personas, a la que el Gobierno ha respondido con capturas masivas y encierro total para los pandilleros detenidos.

En ese escenario, desde este lunes han entrado en vigor reformas penales y a la citada ley contra pandillas y grupos criminales que fueron aprobadas por la Asamblea.

Legislativa de El Salvador, de mayoría oficialista, para frenar la escalada de violencia en el país, enmiendas que, denunció la SIP, "afectan en forma directa el trabajo periodístico".

Las reformas castigan hasta con 15 años de prisión la elaboración de "cualquier manifestación escrita", así como dibujos, pinturas, diseños, grafitis o cualquier forma de expresión visual que aludan al "control territorial" de las pandillas.

¿Cuántas capturas van?

El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, aseguró este lunes que más de 6.000 pandilleros fueron detenidos en nueve días de vigencia de un régimen de excepción en respuesta a una ola de 87 homicidios del 25 al 27 de marzo.

Con los 6.000 detenidos, más los 16.000 pandilleros que ya estaban encarcelados antes de la escalada homicida, el país tiene a "22.000" miembros de esos grupos delictivos en los presidios, dijo el mandatario al juramentar a 1.450 nuevos miembros del ejército en la Escuela Militar, en el oeste de San Salvador.

Bukele ataca a las ONG

A los 22.000 pandilleros "los tenemos sin colchonetas, durmiendo en el suelo, hacinados (y) con dos tiempos de comida", sostuvo Bukele, que censuró las críticas que le hacen organismos humanitarios a nivel local e internacional por presuntas violaciones a los derechos humanos.

En otro acto en el que juramentó a 205 nuevos policías en un cuartel del sureste de San Salvador, Bukele aprovechó para enviar un mensaje a las pandillas ante rumores de que, por las operaciones masivas de captura, pretenden "vengarse" de la población honrada al azar.

Si cometen un acto de venganza "no va haber (ni) un tiempo de comida en las cárceles (...) les juro por Dios que no comerán un arroz, y vamos a ver cuánto tiempo duran, y no me importa lo que digan organismos internacionales", enfatizó.

Tras insistir a las pandillas que "solo hay dos caminos: la cárcel o la muerte", Bukele les recomendó no resistirse al arresto porque en la cárcel "van a vivir y van a tener comida (en) dos tiempos y sin pollo".





Alto comisionado de la ONU pide proteger de la violencia el periodo electoral

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EFE,  Ciudad de México, Mexico, 

El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, dijo este lunes que se debe proteger de la violencia el importante periodo electoral en el que ha entrado México, sacudido por una serie de asesinatos de candidatos y funcionarios. "Este inmenso ejercicio de los derechos políticos y civiles debe salvaguardarse de la violencia", declaró Türk en el Consejo de Derechos Humanos, reunido en Ginebra.

Recordó que en junio se celebrarán comicios que, en conjunto, supondrán la elección de más de 20 mil funcionarios públicos, incluido el jefe del Estado, así como los miembros de las dos cámaras del parlamento federal y un amplio abanico de representantes y autoridades estatales y locales. Según datos recopilados por Data Cívica en México, desde el pasado julio hasta febrero se registraron once homicidios de candidatos, precandidatos y excandidatos asesinados documentados por Data Cívica, una oenegé mexicana especializada en el análisis de datos.

A esa cifra debe sumarse la del asesinato de uno de los aspirantes a la alcaldía de Atoyac de Álvarez (municipio del estado de Guerrero), quien fue asesinado este fin de semana cuando viajaba en su vehículo.

Proceso electoral deja más 20 políticos asesinados

El número de homicidios relacionados con la violencia político-electoral se eleva a 22 si se tienen en cuenta a funcionarios públicos y familiares de los políticos. El Gobierno de México tiene un mecanismo de protección de candidatos en el que participan varias entidades de seguridad, que también está a cargo de la seguridad de funcionarios e instalaciones relacionas con las elecciones, así como del material electoral. El 2 de junio, México vivirá el proceso electoral más amplio de su historia, al que están convocadas más de 97 millones de personas. El objetivo es renovar 20 mil 375 cargos federales, incluida la Presidencia de la República, los 500 escaños de la Cámara de Diputados y los 128 del Senado, así como nueve gobiernos estatales.

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Bukele se encamina a la reelección tras el "éxito" de su guerra contra pandillas

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AP,  Ciudad de México, Mexico, 

Pese a las acusaciones de que su candidatura viola la Constitución y que busca perpetuar su proyecto autoritario, el presidente salvadoreño Nayib Bukele se encamina a obtener la reelección en febrero en medio de una alta popularidad y sin oponentes de peso.

Con su cabello prolijamente engomado, su ropa casual y la gorra puesta hacia atrás Bukele, de 42 años, ha sabido promocionar su imagen en las redes sociales destacando el “éxito” de su guerra contra las pandillas en medio de denuncias de abuso de poder por parte de las fuerzas del Estado.

A pesar de que la Constitución prohíbe la reelección presidencial, una resolución de 2021 de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema habilitó a Bukele a volver a presentarse, lo que fue refrendado por el Tribunal Supremo Electoral. Según aquel fallo Bukele debía pedir una licencia de seis meses antes de finalizar su periodo para poder participar en la contienda.

Bukele obtuvo el permiso del Congreso para dejar temporalmente el cargo y dedicarse a la campaña al igual que el vicepresidente Félix Ulloa, quien otra vez es su compañero de fórmula.

La presidencia fue ocupada por Claudia Juana Rodríguez de Guevara, muy cercana al mandatario y hasta hace poco desconocida en El Salvador.

En una de las encuestas más recientes el 70.8% de los consultados aprobó el gobierno de Bukele y 97.7% consideró que la violencia ha disminuido. El sondeo elaborado por la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), dirigida por los jesuitas, dio una amplia ventaja al oficialista Nuevas Ideas. Según el estudio 61.7% votaría por el partido de Bukele, 2.6% por el izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y 1.5% lo haría por el derechista Arena.

Arena gobernó el país por 20 años de 1999 a 2009, mientras que el FMLN lo hizo desde 2009 a 2019, cuando Bukele arrasó en las urnas y terminó con el bipartidismo.

"Sin competencia"

“No hay ningún candidato, ningún partido que pueda competirle al presidente en este momento”, dijo a The Associated Press el abogado Eduardo Escobar de la organización no gubernamental Acción Ciudadana.

Agregó que ”lo que se prevé... es que gane la elección en primera vuelta de manera fácil” y que Nuevas Ideas “pueda tener al menos la mayoría absoluta, la mitad más uno de los 60 diputados del Congreso y la mayoría de las alcaldías”.

La abogada y analista política Bessy Ríos criticó a los partidos de oposición porque “han perdido año y medio alegando la inconstitucionalidad (de la relección), lo cual es cierto, pero no prepararon candidatos ni los promovieron”.

Napoleón Campos, especialista en temas internacionales, sostuvo que una Sala de la Corte “no puede habilitar lo que la Constitución no habilita” mientras algunos analistas consideraron que la habilitación de Bukele es “ilegítima” porque la Sala está integrada por personas afines al gobierno.

En mayo de 2021 el nuevo Congreso controlado por Nuevas Ideas y sus aliados destituyó a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, juramentó a los sucesores y aprobó una reforma para cesar a jueces y fiscales mayores de 60 años o con más de 30 años de servicio. Para los diputados de la oposición con esa reforma el oficialismo buscaba controlar el Poder Judicial.

En una entrevista con AP Juan Papier, subdirector de la División para las Américas de Human Rights Watch, sostuvo que Bukele “creó las condiciones que le permiten concentrar el poder político y buscar reelegirse para prolongar o perpetuar su proyecto autoritario”.

Laura Andrade, directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA, explicó que los salvadoreños están mayoritariamente de acuerdo con la reelección "porque no desean que haya una reversión del progreso que perciben ni de los avances en materia de seguridad”.

"Más seguridad"

“Tenemos más seguridad, mis hijos salen a jugar al pasaje (a la calle) sin problemas, los pandilleros están presos o se fueron a otro lado”, aseguró Juana Martínez, una mujer que visitaba el centro histórico de San Salvador.

El 27 de marzo de 2022, cuando se registraron 62 homicidios en un día, el Congreso aprobó un estado de excepción que limita la libertad de asociación, suspende el derecho de una persona a ser debidamente informada de sus derechos y razón de su arresto, así como a la asistencia de un abogado. Además, amplía de 72 horas a 15 días el plazo de detención administrativa y permite a las autoridades intervenir la correspondencia y celulares de quienes considere sospechosos.

El Parlamento también reformó el Código Penal para que los integrantes de las pandillas, o cualquier otra organización delictiva, puedan ser condenados a penas de 20 a 40 años de prisión. Los cabecillas de esos grupos podrían enfrentar sentencias de 45 a 60 años de cárcel.

“Hay menos muertos, vivimos más tranquilos y no me preocupa eso de la Constitución”, agregó Tomás Escalilla, un obrero de la construcción mientras esperaba el autobús en un parque de Santa Tecla, en la periferia oeste de la capital.

Liberadas de la obligación de tener que explicar cada arresto, las fuerzas de seguridad fueron de puerta en puerta, sacaron a la rastra a numerosos jóvenes y rodearon las zonas con alambres de púas para controlar quién entraba y quién salía.

Papier admitió que la política de seguridad de Bukele ha logrado reducir significativamente los homicidios y las extorsiones cometidas por las pandillas, pero afirmó que el costo del régimen de excepción “ha sido graves violaciones de derechos humanos y concentración del poder”.

Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional que recientemente presentó un informe en el que señaló al Estado salvadoreño de cometer “torturas sistemáticas en las cárceles”, expresó su preocupación por la reelección de Bukele porque teme que “puede fortalecer este tipo de prácticas”.

El gobierno asegura que las medidas extraordinarias han sido exitosas y que se ha capturado a 74 mil personas de las cuales los jueces han liberado a más de 7.000 debido a la falta de pruebas para establecer sus vínculos con las pandillas.

En 2015 El Salvador era considerado uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de 106 homicidios por cada 100 mil habitantes. En 2023 la Policía Nacional Civil contabilizó 195 homicidios hasta el 30 de noviembre contra los 598 del mismo período del año anterior.

Pero según un informe de Amnistía Internacional desde la vigencia del estado de excepción y hasta octubre se han registrado 327 desapariciones forzadas y más de 190 muertes bajo custodia estatal.

Algunos temen que, de lograr la reelección, Bukele mantenga e incluso refuerce el régimen de excepción.

Las llamadas maras o pandillas están involucradas en el narcotráfico y el crimen organizado, pero además extorsionan a comerciantes y empresas del transporte y asesinan a quienes se niegan a pagar.

En 2012 el gobierno estadounidense incluyó a la Mara Salvatrucha (MS-13), en una lista de organizaciones criminales. Tres años después, la Corte Suprema salvadoreña la declaró terrorista, así como a la pandilla Barrio 18.

“Ahora puedo entrar a los lugares donde mandaban las pandillas, entes era un suicidio”, dijo Germán Castellón, quien entrega comida a domicilio en la comunidad La Campanera, que por casi más de tres décadas estuvo bajo el control de Barrio 18.

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Estados Unidos responderá a Irán cualquier ataque, advierte Blinken desde la ONU

Antony Blinken representó a EU en la sesión de la ONU

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AFP,  United States, New York, 

El secretario de Estado, Antony Blinken, advirtió a Irán que Estados Unidos respondería de manera "decisiva" a cualquier ataque, a medida que aumentan las tensiones con la guerra entre Israel y Hamás.

"Estados Unidos no busca un conflicto con Irán. No queremos que esta guerra se amplíe. Pero si Irán o sus intermediarios atacan al personal estadunidense en cualquier lugar, no se equivoquen", explicó.

"Defenderemos a nuestra gente, defenderemos nuestra seguridad, de manera rápida y decisiva", dijo Blinken en una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU tras reivindicar el derecho de todos los países a defenderse.

Estados Unidos acusó el lunes a Irán de "facilitar activamente" ataques a bases estadunidenses en Medio Oriente y confirmó que ha enviado a varios asesores militares a Israel.

Hasta el ataque del grupo islamista palestino Hamás en territorio israelí el 7 de octubre y los bombardeos de Israel en represalia sobre la Franja de Gaza, el gobierno del presidente Joe Biden apreciaba una relativa calma con las milicias proiraníes en la región.

Pero al menos cinco ataques con cohetes y drones tuvieron como blanco tres bases militares iraquíes que albergan tropas estadunidenses como parte de la coalición internacional que combate al grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Los clérigos chiítas de Irán apoyan a Hamás, al movimiento libanés proiraní Hezbolá, a los grupos paramilitares chiítas en Irak y a los rebeldes hutíes de Yemen.

Estados Unidos vetó la semana pasada una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU sobre el conflicto israelo-palestino que condenaba expresamente los "ataques terroristas odiosos" del grupo Hamás pero no mencionaba el derecho de Israel a defenderse, como exigía Washington.

Una nueva resolución redactada por los estadunidenses circula entre los estados miembros, según fuentes diplomáticas. El texto visto por AFP afirma "el derecho de todos los Estados a la autodefensa individual o colectiva".

La nueva resolución "incorpora comentarios sustanciales que recibimos de otros miembros del Consejo en los últimos días", dijo Blinken.

Al enumerar actos de milicias de Hamás contra niños y otros civiles, Blinken preguntó: "¿Dónde está la indignación? ¿Dónde está la repulsión? ¿Dónde está el rechazo? ¿Dónde está la condena explícita de estos horrores?".

"Debemos afirmar el derecho de cualquier nación a defenderse y evitar que ese daño se repita. Ningún miembro de este Consejo, ninguna nación de este organismo, podría o toleraría la matanza de su pueblo", expresó.

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Megacárcel de Bukele cumple seis meses en El Salvador

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AFP,  El Salvador, San Salvador, 

De cráneo rapado, tatuados a veces hasta la cabeza, más de 12 mil presuntos pandilleros de El Salvador conviven en la megacárcel inaugurada por el presidente Nayib Bukele como estandarte de su guerra implacable contra las maras.

"Aquí estamos perseverando día a día", dice una de las personas detenidas como presunto pandillero.

Con capacidad para 40 mil personas, "la más grande de América" según el gobierno, la cárcel situada en Tecoluca, 74 kilómetros al sureste de San Salvador, comenzó a recibir internos hace seis meses, el 24 de febrero. La AFP visitó el presidio el lunes junto a funcionarios gubernamentales de derechos humanos.

"Aquí estamos perseverando día con día, tratando de cambiar con ayuda de nuestro Dios", alcanza a decir desde el interior de una celda José Hurquilla Bonilla, de la pandilla Barrio 18.

Organismos humanitarios han cuestionado el trato que reciben los presuntos pandilleros. La ONU denunció que entre las decenas de miles de detenidos hay al menos mil 600 menores.

La mayoría de los presos están acusados de pertenecer a las violentas Mara Salvatrucha y Barrio 18, nacidas en calles de la ciudad estadunidense de Los Ángeles a principios de la década de 1980.

"Cuando uno es niño, cualquiera le miente y lo endulza, uno cae en un error, y cuando uno ya va creciendo (...) se viene a dar cuenta", dice Nelson Velásquez, un preso de 37 años que tiene tatuado en su cabeza "MS-13" (Mara Salvatrucha).

Velásquez habló durante una visita que el comisionado de Derechos Humanos de El Salvador, el colombiano Andrés Guzmán, y la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, realizaron a la megacárcel.

En cada celda de unos 100 metros cuadrados conviven de 60 a 75 reclusos que disponen de dos inodoros y dos piletas con agua corriente para el aseo, así como dos recipientes con agua para beber.

Con las manos amarradas, vistiendo como el resto de los prisioneros camiseta, pantalón corto y máscara de un blanco impecable, Velásquez dice que ya pagó dos condenas por diferentes delitos que sumaron 15 años, pero ahora aguarda un nuevo proceso.

Los pabellones del presidio tienen un techo curvo que garantiza la ventilación natural para los presos, además de tragaluces para filtrar los rayos del sol hacia un patio que separa las celdas.

La cárcel fue construida para recluir a parte de los más de 72 mil pandilleros detenidos bajo un régimen de excepción decretado en marzo de 2022 por el Congreso a petición de Bukele, como respuesta a una escalada de violencia que se cobró la vida de 87 personas en apenas tres días.

Del total de detenidos "a la fecha son un poco más de 7 mil los que han sido liberados", informó este martes el ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro.

Para edificar la prisión el Estado compró 166 hectáreas, 23 de las cuales fueron utilizadas para levantar ocho pabellones que se encuentran dentro de un perímetro rodeado por un muro de concreto de 11 metros de altura y 2.1 kilómetros de extensión, protegido por alambradas electrificadas.

"La comida no es suficiente", dicen los presos

Tras conversar con internos de diferentes celdas, la procuradora de Derechos Humanos, Raquel Caballero, dijo que los reclusos se quejaron de que falta comida.

"Se quejan que la comida no es suficiente" y "que están en ocio, no hacen nada porque pasan encerrados", comentó Caballero a la AFP.

El penal cuenta con comedores, salas de descanso, gimnasio y mesas de ping pong, pero solo para uso de los guardias. También hay "celdas de castigo" oscuras, sin ventanas, para sancionar a reos de mala conducta.

Hay salas para audiencias judiciales virtuales para que los presos no tengan que salir de la prisión. Tampoco pueden recibir la visita de la familiares.

Durante la visita al presidio, el comisionado Guzmán preguntó a los internos sobre su situación en las celdas y la mayoría dijo que el agua "no falta", pero pidieron escobas y detergente para el aseo.

Un médico declaró que "a diario" se toman muestras de agua que son enviadas a laboratorio para garantizar su calidad.

Otros presos dividen opiniones: unos dicen que reciben a tiempo crema dental, cepillos y jabón, mientras otros reclaman medicamentos para quienes padecen enfermedades terminales.

"Hay mucho, mucho, mucho más trabajo que hacer desde el punto de vista de derechos humanos por ellos, pero lo estamos haciendo bien", dijo el comisionado Guzmán. Sostuvo que los presos "están en condiciones dignas".

La ONG de Derechos Humanos Cristosal denunció 174 muertes de detenidos bajo custodia del Estado al cumplirse el primer año del régimen de excepción, al que calificó como "una medida permanente de represión y violaciones a los derechos humanos". La ONU pidió investigar estas muertes.

La procuradora aseguró que la prisión cuenta con un equipo médico de 50 personas entre enfermeras y médicos.

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Bukele se inscribe como precandidato presidencial

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Cadena Noticias,  El Salvador, San Salvador, 

El partido Nuevas Ideas (NI) de El Salvador anunció hoy que su líder, Nayib Bukele, se ha inscrito como precandidato a la presidencia en busca de su reelección en las elecciones de 2024. A pesar de que teóricamente la Constitución prohíbe la reelección, la justicia ha habilitado esta opción.

A través de Twitter, el partido comunicó: "Comunicamos al pueblo salvadoreño que el presidente Nayib Bukele y el vicepresidente Felix Ulloa ya están inscritos como precandidatos para presidente y vicepresidente de la república de El Salvador en el partido más grande de la historia".

Tanto Bukele como Ulloa, actual vicepresidente del país, participarán en las elecciones internas que se llevarán a cabo el próximo 9 de julio, donde Nuevas Ideas definirá a los candidatos con los que participará en las elecciones presidenciales de febrero de 2024.

Bukele, de 41 años, anunció en septiembre de 2022 su intención de buscar la reelección, después de que la Corte Suprema de Justicia emitiera una resolución a mediados de 2021 que permitía la reelección presidencial inmediata, generando un debate sobre la legalidad de esta medida.

Las encuestas indican que nueve de cada diez salvadoreños aprueban la gestión de Bukele, quien ha logrado devolver la seguridad a las calles tras declarar una "guerra" a las pandillas criminales en marzo del año pasado.

La lucha contra estos grupos delictivos se ha llevado a cabo bajo un régimen de excepción, cuya última prórroga, la decimoquinta, fue aprobada por el Congreso a mediados de junio. Como resultado de estas medidas, se estima que alrededor de 70.000 presuntos pandilleros han sido detenidos y encarcelados.

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