La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) está decidida a atrapar a los líderes del Cártel de Sinaloa y para lograrlo, ha lanzado una nueva campaña, que consiste en distribuir pósteres con las fotos y recompensas ofrecidas por información que conduzca a la captura de los grandes capos.

Ioan Grillo, periodista con sede en México que trabaja para el diario The New York Times, informó vía Twitter de esta campaña, y publicó uno de los pósteres, colocado en San Ysidro, en la frontera con Tijuana.

BREAKING: The DEA launches new poster campaign to go after the whole Sinaloa Cartel - Caro Quintero, El Mayo and Chapitos. $45 million is offered.

The campaign comes amid frustration over level of fentanyl trafficking and lack of action in Mexico. Poster at San Ysidro border. pic.twitter.com/XzYvmrxHPD

— Ioan Grillo (@ioangrillo) May 9, 2022

Grillo, experto en temas de narcotráfico, detalló que la nueva campaña se da en medio de la frustración que existe entre las autoridades estadounidenses por “el nivel de fentanilo traficado” y lo que consideran “falta de acción” por parte del gobierno mexicano.

En el cártel aparecen las fotos de Rafael Caro Quintero, el hombre más buscado por la DEA y por quien se ofrecen 20 millones de dólares; Ismael Zambada García, “El Mayo”, por quien se ofrecen hasta 15 millones de dólares; los Chapitos: Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán, por quienes se ofrecen 5 millones de dólares por cabeza; Ismael Zambada Imperial, “Mayito”, hijo del “Mayo; Alfonso Limón Sánchez, operador del Chapo, y Alfonso Arzate García, “El Aquiles”. Combinadas, las recompensas suman 45 millones de dólares.

No se elevó la suma ofrecida por los capos, pero el objetivo de la nueva campaña es hacer visible la búsqueda de la DEA de estos narcotraficantes, y al mismo tiempo, enviarles el mensaje de que van por ellos.

El póster subraya que las llamadas son confidenciales.

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Autoridades de ambas fronteras han desmantelado un túnel clandestino entre Tijuana, Baja California, y un establecimiento en Otay Mesa, California, conocido como “Buy 4 Less”. 

Durante el hallazgo, cuatro sujetos fueron detenidos y se halló una tonelada de cocaína, valorada en aproximadamente 45 millones de dólares.

El pasadizo subterráneo, de unos 1,933 pies de longitud, 55 pies de profundidad y 4.5 pies de altura, cuenta con paredes reforzadas, sistemas de ventilación y electricidad, además de rieles para facilitar su desplazamiento. 

Este túnel, considerado uno de los más sofisticados hallados en la región en los últimos años, conecta directamente con la tienda, ubicada cerca del puerto de entrada de Otay Mesa.

Los acusados en este caso son Gregorio Epifanio Hernandez Lopez, residente de San Diego; Brandon Escalante Sandoval, de México; José Jimenez, de San Diego; y Antonio Cortez, también de México. Hernandez Lopez enfrenta cargos por conspiración para usar un túnel transfronterizo y para importar sustancias controladas, además de distribuir drogas. Los otros también enfrentan cargos similares.

El fiscal federal para el Distrito Sur de California, Adam Gordon, comentó “Para estos acusados, no fue una luz al final del túnel... sino sirenas y luces de la policía”. La operación representa un golpe significativo al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más activos en la región.

El jefe de investigaciones de HSI en San Diego, Kevin Murphy, destacó: “El descubrimiento y desmantelamiento de este túnel sofisticado, junto con la incautación de más de una tonelada de cocaína, refleja el compromiso y la colaboración de HSI y nuestros socios en la Task Force. Trabajamos incansablemente para interrumpir el flujo de narcóticos peligrosos en nuestras comunidades.”

Por su parte, la sheriff del condado de San Diego, Kelly Martinez, subrayó la importancia de la colaboración interinstitucional: “La cooperación policial es fundamental para desmantelar cárteles transnacionales. Estas operaciones conjuntas interrumpen las redes de tráfico, dificultan las finanzas ilícitas y protegen a nuestras comunidades.”

Según la denuncia federal, desde diciembre de 2025 hasta mayo de 2026, los investigadores del Grupo de Trabajo en Túneles de HSI realizaron vigilancia continua en la tienda “Buy 4 Less” tras detectar actividad sospechosa. Se observó a un grupo de siete u ocho “empleados” que ingresaban y salían de manera inusual, transportando grandes maletas que, en algunos casos, cruzaban la frontera hacia México.

El pasado 29 de mayo, en una operación encubierta, los agentes presenciaron cómo uno de los sospechosos cargaba tres grandes cajas en una camioneta color blanca, que luego se dirigió a una calle cercana. Allí, los investigadores presenciaron cómo se descargaban y cargaban paquetes en camiones y camiones de caja blanca, algunos de los cuales fueron detenidos por las autoridades tras alertas caninas que detectaron drogas.

En una inspección, las autoridades localizaron en total aproximadamente 1,029.60 kilogramos de cocaína en los vehículos interceptados, con un peso estimado de más de una tonelada. La droga, que dio positivo en pruebas de campo, se encontraba distribuida en 851 paquetes.

Tras la incautación, se llevaron a cabo diligencias en las instalaciones de “Buy 4 Less” y en una propiedad cercana en la calle 923½ Coolidge Avenue. En el interior del establecimiento, los agentes localizaron la entrada al túnel, oculta bajo el piso de una bodega.

El pasadizo, equipado con sistemas eléctricos y de ventilación, conecta con la frontera y se extiende aproximadamente 800 pies hacia México, sumando en total cerca de 2,700 pies de longitud.

Desde 1993, en el Distrito Sur de California se han descubierto 99 túneles clandestinos, de los cuales 28 son considerados de alta sofisticación. El último túnel de estas características hallado en la región fue en 2022.

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Agentes del Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. (CBP) decomisaron pastillas de fentanilo azul por valor de más de 11 millones de dólares ocultas en un automóvil en el puerto de entrada de San Ysidro.

Los hechos ocurrieron el domingo pasado aproximadamente a las 8:20 p.m., cuando una unidad K9 de CBP realizaba inspecciones preliminares y encontró a un hombre de 37 años que conducía un sedán 2008 que solicitaba su ingreso a los Estados Unidos desde México en el Puerto de Entrada de San Ysidro. 

Durante la inspección inicial, la unidad K9 de CBP alertó a los agentes de la zona de la guantera, indicando la presencia de narcóticos. Un agente de CBP remitió al conductor y al vehículo para una inspección más detallada. 

En la zona de inspección secundaria, los agentes de CBP extrajeron un total de 100 paquetes que contenían pastillas azules ocultas en el tablero del vehículo y en los asientos delanteros de los pasajeros. El contenido de los paquetes fue analizado e identificado como fentanilo. Se estima que finalmente se descubrieron 561 mil pastillas con un peso total de 123.6 libras y un valor aproximado De 11,220,000 dólares. 

El sospechoso fue entregado a la custodia del Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional para su posterior procesamiento. Los agentes de CBP confiscaron los narcóticos y el vehículo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que cambió de opinión de regresar a los militares a sus cuarteles -como lo había expresado en campaña presidencial- al ver el estado de indefensión que estaban los mexicanos y porque había un combate a bandas del narcotráfico de manera selectiva .

En conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo federal aseguró que no había ninguna una institución civil que pudiera garantizar la seguridad pública.

“¿Qué encontró que lo llevaron a dar ese viraje en su visión sobre la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles?”, se le preguntó.

“Ya en el libro que escribí antes de llegar al gobierno ya hablaba yo de la posibilidad de que el Ejército ayudara en tareas de seguridad pública, lo planteé, pero todavía lo pensé en campaña y ya cuando llegué al gobierno y vi de que pues no había seguridad para la gente, el pueblo mexicano estaba en estado de indefensión. Lo que había era un combate a bandas del narcotráfico de manera selectiva”, dijo.

“¿A qué cárteles se protegía?", se le preguntó.

“Por ejemplo me tocó en campaña ver a un grupo de supuestos delincuentes en Tepic, estaba yo ah”, por lo que pidió que se proyectara un video del operativo en el que participó la Marina para abatir al Juan Francisco Patrón, alias “H2” y en donde murieron 15 personas.

“¿Tuvo algún momento de quiebre, que momento le marco para decir tiene que seguir el Ejercito en labores de seguridad?”, se le siguió cuestionando.

“No, no no, dije tiene que seguir el Ejercito, (sino) nos vamos a apoyar en el Ejército cuando tenía que enfrentar el problema de la inseguridad y vi la gravedad de que no se tenía con quién. Imagínense para toda la República, 40 mil elementos, la mitad administrativos, la mitad operativos 20 mil de la Policía Federal, era lo único. 20 mil elementos”

“Imagínense para todo el país 20 mil y echado a perder, no todos desde luego. Sin cuarteles ahh y al mismo tiempo 350 mil elementos de Marina y de Defensa con instalaciones, con disciplina, con, profesionalismo, que no podían constitucionalmente hacerse cargo de la seguridad pública porque su misión constitucional era la defensa nacional. Es la defensa Nacional. Claro que hace falta la defensa nacional, sí pero cuando se trata de la defensa nacional como ha sucedió siempre en la historia somos todos los mexicanos los que defendemos a la patria y lo que se estaba requiriendo , lo que se necesita es la seguridad de nuestro pueblo”, contestó.

“¿No había una institucional civil que pudiera?”

“No, al contrario”, respondió.

Esta tarde fueron capturados por fuerzas estatales y federales, 164 integrantes del grupo armado Pueblos Unidos, cuando presuntamente pretendían apoderarse de los municipios de Uruapan y Parangarícutiro.

Los reportes señalan que el grupo armado se trasladaba en 28 camionetas y un vehículo blindado sobre la carretera libre que comunica a Salvador Escalante con Uruapan.

El convoy fue interceptado por personal de Guardia Nacional, Ejército Mexicano y de la Guardia Civil.

Ello, luego de que las autoridades liberaran las vías de comunicación que los civiles armados tenían bloqueados en distintos puntos de la entidad.

Los primeros informes, indican que en el operativo, fueron capturados 164 sujetos, a los que les aseguraron 142 armas largas y 44 más cortas.

También les incautaron los 29 vehículos en los que se movilizaban, entre ellos, uno con blindaje.

Los detenidos ya son trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, con sede en la ciudad de Morelia, acusados de diferentes delitos federales.

Tras la detención, el grupo armado movilizó a su base social para bloquear nuevamente distintos puntos carreteros de la entidad, entre ellos la Autopista Siglo 21.

Además, la carretera libre Uruapan- Pátzcuaro, a la altura del Puente de Ajuno y, la entrada de Uruapan, a la altura de la comunidad de Caltzontzin.

PU inició como un grupo de civiles que, decían, se formó para proteger al sector productivo aguacatero y a pobladores de Ario de Rosales, Taretan y Nuevo Urecho.

Después, se convirtió en un grupo armados que irrumpió en municipios como Salvador Escalante, Pátzcuaro y Ziracuaretiro, aunque intentó extenderse a otros más.

En Pátzcuaro, son señalados por los pobladores, de ser los responsables de las extorsiones, del cobro de piso y de asediar a la ciudadanía.

Lo mismo ocurrió en Salvador Escalante, Taretan y Ziracuaretiro, donde han sido acusados por los habitantes.

También les incautaron los 29 vehículos en los que se movilizaban, entre ellos, uno con blindaje.

Los detenidos ya son trasladados a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, con sede en la ciudad de Morelia, acusados de diferentes delitos federales.

Tras la detención, el grupo armado movilizó a su base social para bloquear nuevamente distintos puntos carreteros de la entidad, entre ellos la Autopista Siglo 21.

Además, la carretera libre Uruapan- Pátzcuaro, a la altura del Puente de Ajuno y, la entrada de Uruapan, a la altura de la comunidad de Caltzontzin.

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La Fiscalía General de la República (FGR) impugnó la suspensión de plano que impide en este momento la extradición del capo Rafael Caro Quintero a los Estados Unidos, país que lo requiere por el asesinato del agente de la DEA, Enrique "Kiki" Camarena.

Un agente del Ministerio Público de la Federación de la FGR interpuso un recurso de queja y expresó agravios contra la convalidación de la suspensión de plano, que realizó una juez de amparo del Estado de México, luego que le fuera turnado el juicio de amparo promovido por el "Narco de Narcos" ante un juzgador de Jalisco que le otorgó una suspensión de plano contra su traslado a los Estados Unidos.

"Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, agréguese el oficio suscrito por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado de Distrito, mediante el cual interpone recurso de queja y expresa agravios contra la convalidación de la suspensión de plano, derivada del proveído de veintiuno de julio del año en curso".

Aislado en un módulo de alta seguridad, con atención médica y tomando diariamente el sol en el patio, así pasa sus días el capo Rafael Caro Quintero, en el penal de máxima seguridad del Altiplano, desde donde combate su extradición a Estados Unidos, país que lo reclama por el asesinato del agente de la DEA, Enrique “Kiki” Camarena.

A su ingreso a la prisión de Almoloya de Juárez, Estado de México, la noche del 15 de julio, el llamado “Narco de Narcos” estuvo aislado unos días conforme al protocolo de Covid-19 para reos de nuevo ingreso.

Después de varios días las autoridades del Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 ingresaron al fundador del Cártel de Caborca al módulo de máxima seguridad, donde permanece, revelaron autoridades federales.