Greg Abbott, gobernador de Texas, planteó en la semana la idea de desafiar una decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos que garantiza la educación pública y gratuita a los menores inmigrantes que estén en una situación irregular en el país.

El Houston Chronicle detalló que Abbott quiere intentar restablecer una ley de Texas de 1975 que retiene fondos estatales de los distritos escolares para niños que no fueron "admitidos legalmente" en EU.

El medio indicó que Abbott dijo al conductor conservador de WOIA-AM, Joe “Pags” Pagliarulo, en la semana que “los desafíos a los que se enfrentan nuestros sistemas públicos son extraordinarios”, antes de hacer referencia a Plyler v. Doe, el fallo que anuló la ley de Texas.

“Creo que resucitaremos ese caso y cuestionaremos este problema nuevamente porque los gastos son extraordinarios y los tiempos son diferentes a cuando se emitió Plyler v. Doe hace muchos años”.

En ese caso, se dictaminó que “la educación tiene un papel fundamental en el mantenimiento del tejido de nuestra sociedad". Las personas que viven sin documentación en el país siguen siendo personas "en cualquier sentido ordinario del término" y, por lo tanto, tienen los mismos derechos básicos que cualquier otra persona en el país, recordó el Houston Chronicle.

Los demandantes en el caso Plyler, cuatro familias que perdieron el acceso a la educación bajo la ley de Texas, fueron representados por el Fondo mexicano-americano de defensa legal y educación.

El Instituto de Política Migratoria, un grupo no partidista que estudia la migración a nivel mundial, estima que hay 1.7 millones de personas que viven en Texas sin trámites, incluidas 116 mil inscritas en las escuelas.

La población estudiantil total es de 5.4 millones, por lo que los que no tienen documentación representan aproximadamente 2%.

Thomas A. Saenz, presidente y asesor jurídico de Mexican American Legal Defense and Educational Fund (MALDEF), fustigó a Abbott como un “irresponsable” y “desesperado” practicante del “populismo con silbato para perro” a imagen del expresidente Donald Trump, reportó Dallas News.

“(Abbott) está tratando de quitarle fondos a las escuelas públicas”, dijo Beto O’Rourke, el oponente demócrata de Abbott para las elecciones de noviembre.

“Esto es muy revelador, y quiero que todos pongan especial atención a cómo lo formula”, dijo O’Rourke en una rueda de prensa en el Capitolio de Texas.

“El gobernador Abott está en contra de dar educación pública a todos los niños del estado de Texas. Ahora está diciendo en voz alta lo que ya sabíamos que ha estado tratando de hacer desde que se convirtió en gobernador: quitarle fondos a nuestras escuelas públicas”.

Una vocera de Abbott no respondió a preguntas sobre cuándo podría ser presentada esa demanda y si se buscaría recuperar los gastos del Distrito Escolar Independiente de Tyler y otros distritos que tenían demandas pendientes al momento del fallo de 1982.

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Un anuncio del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, protagonizado por la secretaria Kristi Noem, ha desatado polémica en México tras emitirse en canales de televisión abierta como parte de una campaña multimillonaria contra la migración ilegal.

En el spot, que se transmite desde hace semanas en señal nacional a través de Televisa, Noem lanza un mensaje tajante:

“Si eres un criminal extranjero que está pensando en entrar ilegalmente a los Estados Unidos, ni lo pienses. No eres bienvenido. Si vienes aquí y violas nuestras leyes, te vamos a perseguir”.

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— Alex Davo ♻ (@charlie_davs) April 20, 2025

Durante la transmisión del mensaje, se observan imágenes rápidas de personas de origen latinoamericano —mayormente de piel morena y rasgos mestizos—, lo que ha sido calificado como un acto de discriminación y estigmatización por especialistas y académicos.

La Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión prohíbe expresamente la difusión de contenidos discriminatorios. El artículo 245 de esta norma establece que la publicidad no debe generar exclusión o prejuicios de ningún tipo, algo que —según Villanueva— claramente ocurre en este caso.

Críticas a la política migratoria y contexto político

El mensaje también incluye una crítica directa a la administración del expresidente Joe Biden, a la que Noem acusa de haber dejado las fronteras “abiertas de par en par”, facilitando la entrada de drogas, criminales y redes de trata de personas. Estas declaraciones coinciden con un clima político polarizado en EE.UU. y con la intensificación de campañas conservadoras de cara a las elecciones presidenciales.

La emisión de estos anuncios en México ha provocado reacciones tanto en medios como en redes sociales, donde ciudadanos y activistas señalan la incongruencia de permitir este tipo de contenido en televisión nacional, sobre todo cuando el país se encuentra entre los principales emisores de migrantes hacia Estados Unidos.

Hasta el momento, ni el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) ni la Secretaría de Gobernación han emitido un pronunciamiento oficial sobre la transmisión del anuncio en medios mexicanos.

¿Debería permitirse este tipo de mensajes en la televisión nacional?

La discusión está abierta, y pone sobre la mesa el papel que juegan los medios de comunicación en la construcción de discursos que afectan directamente la percepción y los derechos de millones de personas.

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Desde la eliminación de historias de “hablantes de código” navajos del sitio web del Pentágono hasta la demolición de un mural de “Black Lives Matter” en Washington, la administración de Donald Trump ha comenzado a desmantelar décadas de programas federales enfocados en diversidad, equidad e inclusión (DEI), cumpliendo una de sus promesas de campaña.

Al asumir la presidencia, Trump eliminó de inmediato estos programas, argumentando que fomentaban una “discriminación ilegal e inmoral”. Las medidas incluyeron la prohibición del reclutamiento de soldados transgénero y la eliminación masiva de documentos e imágenes del Pentágono relacionados con veteranos afroamericanos, mujeres e hispanos.

El impacto de estas acciones ha generado alarma. Recientemente, el Cementerio Nacional de Arlington comenzó a borrar historias de veteranos de guerra de minorías raciales de su sitio web, lo que provocó críticas de historiadores y defensores de los derechos civiles. Asimismo, la eliminación de contenido sobre figuras históricas como Jackie Robinson y los aviadores de Tuskegee, los primeros afroamericanos en la Fuerza Aérea, ha sido calificada como un intento de “borrar la historia”.

Descontento e indignación

Descendientes de los “hablantes de código” navajos, cuyo papel fue crucial en la victoria de Estados Unidos en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial, manifestaron su indignación tras descubrir que las contribuciones de sus antepasados fueron eliminadas del registro público. Zonnie Gorman, hija de uno de estos veteranos, expresó que esta acción es “una bofetada en la cara” para las comunidades indígenas que han sido históricamente invisibilizadas.

Cambio radical y resistencia

Las políticas de Trump han tenido un efecto dominó en el sector privado. Empresas como Google, Meta, Amazon y McDonald’s han eliminado o reducido drásticamente sus programas DEI. Según el New York Times, las menciones a diversidad e inclusión en las presentaciones empresariales del índice S&P 500 cayeron casi un 60% respecto a 2024.

Organizaciones como la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) advierten que estas medidas representan un retroceso significativo en las políticas bipartidistas destinadas a combatir la discriminación y abrir puertas que habían estado cerradas para minorías raciales desde la lucha por los derechos civiles en la década de 1960.

A medida que estas políticas siguen tomando forma, la eliminación de programas DEI genera un creciente debate sobre la dirección de la equidad y la justicia racial en Estados Unidos.

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En Oklahoma se dio un intento más por acotar los derechos de los migrantes sin residencia o ciudadanía con la decisión de la Junta Educativa estatal para exigir, a partir de 2025, el estatus migratorio de sus estudiantes.

La medida de inmediato agudizó el temor entre una comunidad que llega a los 90 mil habitantes sin documentos, de ellos, 6 mil son niños. La norma fue impulsada por el superintendente Ryan Walters, un político republicano que busca ser gobernador del estado.

Sin embargo, para entrar en vigor, la norma debe contar con el aval de los legisladores y firmada por el gobernador, algo que el senador de origen latino, Michael Brooks, advierte, no sucederá porque es inconstitucional.

Tras su aprobación, muchos padres de familia, de por sí preocupados por las redadas, decidieron dejar de enviar a sus hijos a la escuela, pero, al mismo tiempo, el descontento provocó la movilización de la comunidad estudiantil que, además de manifestarse afuera de la Junta de Educación, inició una campaña de información para frenar el creciente temor.

“Obviamente no es constitucional es contra la ley y desafortunadamente y el superintendente de Educación aquí en Oklahoma es un payaso, simplemente quiere nomás ganar la atención del presidente (Donald) Trump porque quiere una posición en su administración y por eso desafortunadamente en vez de poner a los niños primero, él está más interesado en cómo puede avanzar profesionalmente”, asegura el senador Brooks Jiménez.

En entrevista, sostiene que el Senado y la Cámara de Representantes tienen el poder de decidir sobre dicha norma. “Nosotros podemos cancelar esta propuesta o el gobernador, si él quiere puede cancelar eso, mientras el superintendente quiere ser candidato a gobernador en dos años”.

La abogada y activista, Claudia Mellado, afirma que este tipo de propuestas, solo buscan infundir miedo, “pero detrás de todo esto hay intereses políticos porque esta persona que está poniendo esta propuesta de pedir documentos a los niños son personas que están mirando para tener cargos políticos y es la manera de tener a la comunidad indocumentada como chivo expiatorio”.

El maestro Fernando Baqueda es uno de los convocantes a las movilizaciones y sostiene que esta norma impulsada por el superintendente, se suma a otras propuestas que ha tenido para atentar contra los derechos de los migrantes, la mayoría de ellos, habitantes de Oklahoma por décadas.

“El superintendente de las escuelas de Oklahoma, ha dicho que la culpa de la droga en las escuelas tiene que ver con los estudiantes inmigrantes, pero realmente no tiene sentido porque son niños, son adolescentes. 

“Ha dicho que los estudiantes indocumentados han sido una carga a los residentes del estado de Oklahoma y eso tampoco es cierto. Para él, querer aprobar que pidan estatus migratorio es simplemente una manera para meterles temor y miedo”. Incluso, sostiene que el funcionario ha avalado la posibilidad de redadas en escuela y ha pretendido acabar con las clases de inglés para los niños latinos.

A su vez, la abogada de la organización Identity Coalition en Oklahoma, asegura que esta norma busca solo seguir la retórica racista y discriminatoria impuesta desde Washington con el inicio del segundo mandato de Donald Trump.

“Por esa razón es que están viniendo estas leyes, pero lamentablemente es una ley que si llegara a pasar, sería contrarrestada porque es inconstitucional”, advierte.

Días después de la aprobación de esta polémica norma y de algunas manifestaciones afuera de la Junta de Educación, fue convocada una movilización que reunió a 12 mil personas de origen latino que salieron a las calles de Oklahoma a inconformarse con el endurecimiento de las medidas contra los migrantes.

El futuro de esta norma está prácticamente escrito al ser inconstitucional, además de que la comunidad académica ha cerrado filas con estudiantes y padres de familia.

La advertencia es clara: “yo como maestro no voy a dejar que ni un agente de migración toque a un estudiante mío. Tengan eso por seguro, no vamos a dejar de educarlos. Ellos van a seguir aprendiendo el idioma inglés, matemáticas, ciencias, la historia y viendo a sus amigos porque vamos a pelear en contra de esto hasta el final”, asegura categórico el maestro de inglés de niños hispanos en Oklahoma.

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"Un grupo importante de migrantes" vulneró una cerca de alambre de púas en la frontera, desbordó el control militar e ingresó a Estados Unidos desde México, en un episodio más de una crisis migratoria que alimenta las tensiones políticas en el país.

Este grupo de migrantes hizo a un lado parte de una barricada de alambre que la Guardia Nacional de Texas tiene instalada entre el Río Bravo y el muro fronterizo en la cuidad de El Paso, sur de los Estados Unidos, según detallaron las autoridades migratorias.

De acuerdo con un comunicado de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP), a partir de las 15:00 horas locales la situación ya estaba "bajo control".

En un video capturado por un fotorreportero para el diario New York Post, se observa como un grupo de migrantes jalonea y aparta el cerco de púas mientras se amontonan frente a algunos militares que trataron de contenerlos y que finalmente fueron superados. Tras vulnerar ese primer cerco, los migrantes corrieron hasta llegar al muro de altas paredes de metal, que permanecía cerrado.

Según detalló la policía de fronteras, estos migrantes fueron transportados a un centro de procesamiento, donde se les aplicará el Título 8, que bien permite acogerlos en el país mientras se tramita su pedido de asilo o su deportación si no cumplen con los requisitos.

La patrulla fronteriza dijo que priorizó el procesamiento y transporte de grupos familiares y niños. En el video, a quienes se observa forcejear con los militares son mayoritariamente a migrantes hombres.

El gobernador de Texas, Greg Abbott, dijo que la guardia nacional del estado y el Departamento de Seguridad Pública (DPS) "recuperaron rápidamente el control y están redoblando las barreras de alambre de púas".

"El DPS tiene instrucciones de arrestar a todos los inmigrantes ilegales involucrados por invasión criminal y destrucción de propiedad", agregó.

Migración, tema central de las elecciones de Estados Unidos

La migración es un tema clave para lograr el apoyo popular en las elecciones presidenciales de noviembre donde, de no mediar inconvenientes, se medirán el presidente demócrata Joe Biden y el republicano Donald Trump, quien mantiene un fuerte discurso antimigración y critica al presidente de permitir una "invasión" en el país.

Biden, por su parte, acusa a los republicanos de sabotear en el Congreso, a pedido de Trump, su propuesta de reforma migratoria.

El gobernador Abbott, aliado del candidato republicano, ha desafiado la jurisdicción federal de Biden y militarizado parte de la frontera, mientras lucha para que la justicia le de luz verde a la aplicación de una ley que permite detener en Texas a migrantes que hayan ingresado ilegalmente, e incluso expulsarlos a México.

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Una jueza estadunidense rechazó un intento de Texas de impedir que las autoridades federales de inmigración destruyeran las alambradas que el estado sureño colocó a lo largo de la frontera con México para impedir el cruce ilegal de la frontera.

La magistrada de distrito Alia Moses, con sede en la ciudad texana de Del Río, criticó en una orden escrita al gobierno de Joe Biden por su "fracaso absoluto" a la hora de impedir la entrada ilegal en el país, pero dijo que era improbable que Texas prevaleciera en sus alegaciones de que la política federal de retirar las vallas estaba fuera de la ley.

Moses denegó la petición de Texas de impedir que los funcionarios federales destruyeran la alambrada hasta que se resolviera la demanda presentada por el Estado en octubre.

El mes pasado, la jueza había ordenado al gobierno federal que se abstuviera temporalmente de cortar o retirar el alambre de espino mientras estudiaba la moción del estado. El Departamento de Justicia estadunidense no respondió inmediatamente a solicitudes de comentarios.

El fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, afirmó en un comunicado que su oficina estaba apelando la decisión. "Me decepciona que se permita que continúen los flagrantes y perturbadores esfuerzos del gobierno federal para subvertir la ley y el orden en la frontera de nuestro estado con México", indicó.

La valla de alambre de concertina fue instalada en una propiedad privada a lo largo del río Bravo por la Guardia Nacional de Texas como parte de la Operación Estrella Solitaria, una iniciativa lanzada por el gobernador republicano Greg Abbott en 2021 para disuadir el cruce ilegal de la frontera.

La demanda de Paxton alega que los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos intensificaron recientemente una práctica existente de cortar, destruir o dañar de otra manera el alambrado que el estado había colocado estratégicamente con el permiso de los propietarios.

A petición del gobierno de Biden, un juez federal ordenó en septiembre retirar la barrera de 305 metros, pero un tribunal de apelaciones permitió que se mantuviera temporalmente mientras la oficina de Paxton presentaba un recurso.

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