La Corte Suprema de Estados Unidos ha votado a favor de anular la histórica decisión Roe v. Wade, de acuerdo con un borrador inicial de opinión mayoritaria escrito por el juez Samuel Alito que ha circulado dentro del tribunal y que obtuvo el portal Político.

El borrador repudia la decisión de 1973 que garantizó la protección constitucional federal del derecho al aborto y de una decisión posterior de 1992 -Planned Parenthood contra Casey- que mantuvo en gran medida el derecho. “Roe fue un error garrafal desde el principio”, escribió Alito.

“Sostenemos que Roe y Casey deben ser anulados”, indicó en el documento, marcado como “Opinión del Tribunal”. “Es hora de hacer caso a la Constitución y devolver la cuestión del aborto a los representantes elegidos por el pueblo”.

De confirmarse, la decisión constituiría el retroceso más grande en los derechos reproductivos en la historia de Estados Unidos. En pocas palabras, el fallo pondría fin a una garantía de medio siglo de protección constitucional federal del derecho al aborto y permitir que cada estado decida si restringe o prohíbe el aborto.

Sin embargo, aún puede haber modificaciones en el borrador. Cuando se trata de decisiones clave, como esta, suele haber múltiples borradores y cambios de voto, explicó Politico. Podrían pasar unos dos meses, antes de conocer la decisión definitiva del tribunal.

“Roe fue atrozmente erróneo desde el principio. El razonamiento era excepcionalmente débil, y la decisión ha tenido consecuencias perjudiciales. Y lejos de lograr un acuerdo nacional sobre la cuestión del aborto, Roe y Casey han inflamado el debate y profundizado la división”, detalló el documento. Según Politico, que citó a una persona familiarizada con las deliberaciones del tribunal, cuatro jueces: Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett votaron junto con Alito en la conferencia celebrada sobre el tema entre los jueces después de escuchar los argumentos orales en diciembre, y esa alineación se mantiene sin cambios.

Los tres jueces liberales de la corte Stephen Breyer, Sonia Sotomayor y Elena Kagan están trabajando en uno o más disensos, según la fuente. Falta saber cómo votará finalmente el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, y si se unirá a una opinión ya escrita o redactará la suya propia.

El Tribunal Supremo aceptó en mayo de 2021 examinar un caso presentado por el estado de Mississippi, que plantea prohibir el aborto en casi todas sus causales después de las 15 semanas de embarazo.

De aprobarse el borrador, la Corte fallaría a favor de Mississippi.

En los últimos meses, estados como Texas y Oklahoma se han sumado a los esfuerzos por restringir, incluso prohibir, el aborto, en la mayoría de las causales.

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Las denuncias presentadas contra la ministra Yasmín Esquivel Mossa por el presunto plagio de su tesis de licenciatura cuando estudió en la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), fueron clasificadas como “confidencial” por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

“…dar a conocer la existencia de alguna denuncia en contra de la persona identificada por el particular, constituye información confidencial que afecta su esfera privada, puesto que podría generar una percepción negativa de ésta, sin que se hubiere probado su responsabilidad”, detalla la repuesta de la Corte a una petición de información.

Un ciudadano solicitó a la Corte dar a conocer el número de quejas, denuncias o cualquier recurso promovido ante el Alto Tribunal, en relación con los señalamientos de plagio presuntamente cometido por la ministra.

Dar información de ministra podría afectarla

Sin embargo, el Comité de Transparencia de la SCJN señaló que la información es susceptible de generar un prejuicio e impactar en el espacio social, laboral y personal de la persona mencionada.

“En otras palabras, el hecho de revelar el dato sobre la existencia o inexistencia de recursos promovidos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionados con la persona que menciona la solicitud implica un riesgo razonable de que se genere una percepción negativa de su persona, afectando el ámbito de su vida privada”, apuntó.

Asimismo, existe la posibilidad de afectar los derechos de presunción de inocencia y de una debida defensa, ya que en tanto no exista un pronunciamiento definitivo por la autoridad competente, se expone a la persona señalada.

“En este sentido, se podrían vulnerar los derechos del debido proceso de la persona involucrada, comprometiendo no sólo el proceso a lo largo de todas sus etapas, sino también la posición procesal de dicha persona al exponerla, previa y públicamente, como denunciada por hechos constitutivos de alguna falta administrativa, en este caso, por los hechos mencionados en la solicitud…”, añadió.

En septiembre pasado una jueza federal determinó no continuar con el estudio del amparo que promovió Yasmín Esquivel, quien impugnó la reforma que entró en vigor en abril de este año del Estatuto General de la UNAM.

Dicha reforma establece el mecanismo para anular aquellos certificados, diplomas, títulos y grados académicos emitidos por la casa de estudios, cuando se acredite que el alumno o graduado no cumplió con todos los requisitos establecidos en la normativa aplicable, o bien, si se acredita que en su actuar haya prestado o recibido ayuda para la titulación y/o examen de grado.

Sandra de Jesús Zúñiga, jueza Quinto de Distrito en Materia Administrativa, indicó que en este asunto existe una causa de improcedencia, ya que la ministra “no acreditó” que la vigencia de dicho estatuto le cause algún perjuicio, “aunado a que tampoco demostró la existencia de un acto concreto de aplicación en su contra”. Por tal motivo, sobreseyó la demanda de garantías.

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En el marco del Día de Acción Global por la Interrupción Legal y Segura del Embarazo en América Latina y el Caribe, el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) hizo un exhorto a que las 21 entidades federativas en México que aún no han despenalizado el aborto cumplan la ley y eliminen barreras sociales y culturales que impiden el acceso a la interrupción legal del embarazo.

Además, el Inmujeres reiteró que es importante que en todo el país se fortalezca la educación sexual integral y el acceso a métodos anticonceptivos seguros y gratuitos como elementos fundamentales para empoderar a las mujeres y garantizar sus derechos humanos y reproductivos.

​“Desde el Inmujeres celebramos los avances significativos alcanzados en la lucha por los derechos de las mujeres y la despenalización del aborto y, conscientes de los desafíos que aún hay por resolver, celebramos la sentencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el pasado 6 de septiembre, que declaró inconstitucionales los artículos del Código Penal Federal que criminalizan el aborto autoprocurado y voluntario”, destacó el Inmujeres.

Asimismo enfatizaron que las mujeres o personas gestantes podrán solicitar la realización de un aborto en cualquier institución de salud federal, sin que ellas o el personal médico que lo practique sean sancionados.

El Inmujeres finalizó su comunicado destacando que es importante avanzar hacia un futuro en el que todas las mujeres puedan vivir sin miedo, con autonomía sobre sus cuerpos y ejerciendo plenamente sus derechos.

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La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México ha otorgado un amparo al Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), lo que efectivamente despenaliza el aborto a nivel federal en el país. Esta decisión ha sido recibida como un avance significativo en la defensa de los derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar.

El amparo presentado por GIRE estaba dirigido contra el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal, argumentando que el sistema jurídico que penalizaba el aborto en el Código Penal Federal violaba los derechos humanos de las mujeres y personas gestantes. La Primera Sala de la Corte analizó la petición y concluyó que el apartado del Código Penal Federal que criminalizaba el aborto era inconstitucional y, por lo tanto, ya no tendría efectos.

Esta decisión histórica significa que ninguna mujer o persona gestante en México podrá ser castigada legalmente por abortar. Además, las instituciones de salud federales, como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y PEMEX, están obligadas a brindar el servicio de aborto a todas las mujeres y personas con capacidad de gestar que lo soliciten.

La resolución también protege al personal médico, que no podrá ser criminalizado por proporcionar servicios de aborto. Esta medida reconoce y respeta el derecho de las mujeres y personas gestantes a tomar decisiones sobre su propia salud y cuerpo.

La despenalización del aborto a nivel federal es un hito importante en la lucha por los derechos reproductivos en México y representa un avance significativo en la protección de la autonomía y dignidad de las mujeres y personas con capacidad de gestar en el país.

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La legislatura de Iowa, de mayoría republicana, aprobó una ley que prohíbe la mayoría de abortos aproximadamente a partir de las seis semanas, en una prolongada sesión especial el martes que se alargó hasta bien entrada la noche.

La gobernadora, Kim Reynolds, dijo inmediatamente en un comunicado que firmaría la ley el viernes.

La norma se aprobó sólo con votos republicanos, en un inusual trámite legislativo de un sólo día que duró 14 horas y que incluyó sonoras -y en ocasiones tensas- objeciones de legisladores demócratas y defensores del aborto que protestaban en el Capitolio estatal.

Poco después de las 23:00 horas, los manifestantes que quedaban en la galería abuchearon y gritaron "vergüenza" a los senadores estatales en los minutos tras la aprobación de la propuesta.

Reynolds convocó la inusual sesión después de que la Corte Suprema del estado rechazara en junio reinstaurar una ley casi idéntica que había firmado en 2018.

La Corte Suprema de Iowa puso en duda que esta legislatura fuera a aprobar la misma ley que en 2018, y hoy tenemos una respuesta clara. Las voces de los vecinos de Iowa y sus representantes elegidos de forma democrática ya no pueden ser ignorados por más tiempo, y la justicia para los no nacidos no debe retrasarse

Hasta ahora, el aborto era legal en Iowa hasta las 20 semanas de embarazo. La legislación entrará en vigencia de inmediato con la firma de la gobernadora el viernes. Prohibirá casi todos los abortos una vez pueda detectarse actividad cardiaca, lo que suele ocurrir en torno a las seis semanas de embarazo y antes de que muchas mujeres sepan que están embarazadas.

Ya había preparativos en marcha para presentar rápidas impugnaciones legales ante la Corte y bloquear la medida una vez se aprobara.

En un comunicado, el director ejecutivo de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Iowa, Mark Stringer, afirmó:

La ACLU de Iowa, Planned Parenthood y la Clínica Emma Goldman siguen comprometidos con proteger los derechos reproductivos de las residentes de Iowa para controlar su cuerpo y su vida, su salud y su seguridad, lo que incluye presentar una demanda para bloquear esta ley imprudente y cruel

Entre tanto, Planned Parenthood North Central States dijo que derivaría a las pacientes fuera del estado si tenían abortos programados en las próximas semanas. La organización, el mayor proveedor de abortos en el estado, seguiría atendiendo a pacientes que se presentaran antes de que se detectara actividad cardiaca.

La norma contemplaba circunstancias limitadas que permitirían un aborto pasado el momento del embarazo en el que se detectara actividad cardiaca, como la violación, si se reportaba a las fuerzas de seguridad o personal médico en 45 días; incesto, si se reportaba en 145 días; anomalías fetales "incompatibles con la vida" y casos en los que el embarazo pusiera en peligro la vida de la mujer embarazada.

Durante buena parte de la mañana y la tarde, los cánticos de los defensores del aborto resonaron en el edificio estatal y se oían desde las salas donde senadores y representantes se reunían. Miembros del público a favor y en contra de la ley se turnaron para expresar sus posiciones a los legisladores de ambas cámaras durante un total de cuatro horas.

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La bancada de Morena en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión presentó una nueva iniciativa para que los ministros de la SCJN y jueces sean electos mediante el voto popular directo y universal, proceso que organizaría el INE, que incluye debates entre los candidatos, así como el encargo será por cuatro años con opción a una reelección.

El diputado federal, Manuel Alejandro Robles, presentó la iniciativa que contempla la creación de un consejo técnico de evaluación integrado por siete personas “de intachable calidad moral” que serán nombrados por el Presidente de la República; uno por el Pleno de la SCJN, uno por el Consejo de la Judicatura Federal; uno por el Senado de la República y dos por la Cámara de Diputados.

Dicho comité recibirá la lista completa de los aspirantes que concurran a la convocatoria pública, evaluará el cumplimiento de los requisitos constitucionales y legales, así como su idoneidad para desempeñar el cargo de Ministro o Ministra, seleccionará a los mejor evaluados en una proporción de cinco personas por vacante, cuidando que se cumplan los principios de paridad de género, adultos mayores e inclusión de los grupos sociales históricamente excluidos.

El Instituto Nacional Electoral una vez que reciba la relación de candidatos a Ministro o Ministra para la Suprema Corte de Justicia, por el Instituto Nacional Electoral, éste ordenará, en un plazo no mayor a tres meses, destaca la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria

En dicho periodo deberá también organizar por lo menos tres debates en los cuales los candidatos expondrán de cara a la nación su proyecto y plan de trabajo en caso de resultar electos.

Durarán cuatro años en el ejercicio de su encargo, al término del cual, únicamente podrán ser ratificados por un periodo más y sólo podrán ser privados de sus puestos en los casos y conforme a los procedimientos que establezca la ley.

Las Magistradas y los Magistrados de Circuito, las Juezas y los Jueces de Distrito y los juzgadores y juzgadoras de los poderes judiciales locales deberán ser elegidos mediante el proceso descrito en el artículo 96 de esta Constitución.

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